Una radio comunitaria que hace el trabajo de gobierno
Una radio comunitaria que hace el trabajo de gobierno
En un cuarto formado con tablas de madera, entre el calor del caribe y con un fondo musical de arpa, marimba, tamborón y violín, una mujer de cabello negro largo enciende un micrófono. Es Ana Chen, directora de la radio comunitaria índígena Xyaab’ Tzuultaq’a, La voz de los cerros, en El Estor, Izabal. Ella trabaja a distancia desde 2021 por la criminalización que se dirigió hacia la radio. Eso no le permite permanecer en su comunidad, pero hoy fue la excepción: regresó a la cabina.
Ana se educó a través de la radio pero no imaginó ser radialista: «desde mi inconsciente sabía que la radio era un poder, pero que yo nunca iba a tener ese poder en mis manos», dice.
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«Uno de los que me inspiró fue Víctor Maquin», dice Chen, refiriéndose a la persona de quien cuelga un retrato en la cabina. «La radio era su alegría, donde pasaba la mayor parte del tiempo».
Maquin murió poco después que la radio fuera allanada por segunda vez el 28 de octubre de 2021. «La familia dice que fue un paro cardiorespiratorio, yo digo que todo esto que pasó fue la causa», comenta Chen, para quien Maquin es un mártir de la comunicación radial en El Estor.
Antes hubo otro allanamiento, en 2019, durante el estado de sitio en El Estor, en respuesta a la muerte de tres soldados que, según dijo el Ejército, combatían al narcotráfico y por eso ingresaron a la comunidad Semuy II. La comunidad desmintió la versión por medio de la radio, dijeron que el ejército llegó para reclutar jóvenes. Hubo tensión por la incursión, una mujer y un hombre heridos y los soldados muertos. El caso aún está en proceso judicial.
La cobertura agudizó la criminalización, dirigida tanto a la radio como la Defensoría Q’eqchi’, instancia que acompaña casos de violaciones a derechos humanos y colectivos del pueblo q’eqchi’. Ambas fueron allanadas sin orden judicial.
Julie López es periodista especializada en temas de narcotráfico y afirma que en los lugares donde las comunidades son más criminalizadas y victimizadas hay una combinación de por lo menos tres factores: «es uno de los municipios más pobres; una zona donde hay ausencia del Estado y vacío de poder, y tres, es una ruta para tráfico o siembra de droga».
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Edison Lanza, entonces Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se pronunció en su cuenta de Facebook: «En Guatemala un estado de excepción decretado para enfrentar al crimen organizado, se utiliza para perseguir y cerrar una vez más a una radio comunitaria de los pueblos mayas».
No fue la única vez que la radio fue allanada o perseguida, ni la única manera en que se ha hostigado a quienes comunican desde ahí. Ana también ha vivido persecución y por eso trabaja a distancia.
Además de la criminalización por su trabajo en la radio, dice que ha tenido que abrirse brecha en un municipio machista. Ella es la única mujer radialista en Xyaab’ Tzuultaq’a, y la única en medios de comunicación de El Estor. También es directora de la radio y periodista de la Red de Comunicadoras Indígenas Jun Na’oj y de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER).
«No fue fácil irme, pero si no lo hubiera hecho no sé qué me hubiera pasado», afirma. Ana por varios meses permaneció alejada de su familia y su pueblo, pero aún así continúa con su trabajo pues, para ella y la comunidad, es importante mantener viva la radio.
Libertad de expresión sin frecuencias comunitarias
«Para nosotros la radio es muy importante. Cuando viene mi esposo a la casa lo primero que hace es encenderla. Nos hablan y nos informan en nuestro idioma», dice Reginalda Che, una campesina q´eqchi´que junto a su familia cría pollos para vender la carne por libra en una pequeña tienda.
El pequeño receptor portátil a través del que Reginalda se informa, cuelga de un lazo en su casa, una pequeña construcción de madera, palos de caña y techo de lámina en el barrio Santa Cruz, en las faldas del cerro del mismo nombre. Como su vivienda hay muchas otras en El Estor.
En Guatemala, hay 424 emisoras de radio licenciadas en frecuencia FM y 90 en frecuencia AM, de ellas sólo una es comunitaria indígena según datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT). Sin embargo, La Red Centroamericana de Radios Comunitarias Indígenas cuenta 60 radios comunitarias indígenas en el país.
Desde el siglo pasado no existía más que un relato hegemónico en los medios de comunicación. En este contexto, las radios comunitarias permitieron un espacio para los pueblos organizados, un ejercicio para fortalecer su derecho a la información y a la expresión. La necesidad por construir un canal alternativo de información es prioritaria y les permite un modelo distinto de los medios comerciales.
Sin embargo, el Estado aún adeuda el acceso a frecuencias radioeléctricas a los pueblos indígenas a pesar del compromiso escrito en los Acuerdos de Paz.
De acuerdo a una sentencia emitida en 2021 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la forma en que se regula la radiodifusión en el país es una prohibición de facto, casi absoluta, al ejercicio al derecho de libre expresión de los pueblos indígenas y, a su vez, les impide ejercer su derecho a participar en la vida política, económica y cultural.
«La radio es parte de nuestra vida. Si desaparece nos va a doler porque es nuestra, es parte de nosotros, nos habla en nuestro idioma, eso nos une» afirma Reginalda, quien desde que la radio se inauguró baja a la cabecera municipal cada año para celebrar el aniversario. Che no recuerda su edad, pero sí aquella fiesta de inauguración en marzo de 2017.
Las cuatro veces que se apagó la radio
La primera transmisión de Xyaab’ Tzuultaq’a fue a las nueve de la noche del sábado 4 de marzo de 2017. Siete años habían necesitado para concretar el proyecto.
Las personas de las comunidades cercanas contribuyeron con tablas y mano de obra para construir la primera cabina. Participaron vecinos, autoridades ancestrales y representantes de 60 comunidades e instituciones. Fue una fiesta que se extendió hasta el domingo y después de horas de festejo, la radio se apagó por primera vez.
«Estábamos cansados, así que apagamos y nos fuimos a descansar» recuerda Robin Macloni, de la Defensoría Q’eqchi’. Mientras tanto, en las comunidades vecinas se preguntaban qué había pasado. Desde aquel inocente error, la radio organizada ya en horarios de 4:30 de la mañana a 10:00 de la noche no se apagaría más que en eventos donde fue obligada a hacerlo.
La estigmatización y el miedo es difícil de soltar y el pueblo q’eqchi’ ha sufrido múltiples violencias. Por eso, no todo fue fiesta en la inauguración, también hubo una capacitación en seguridad. Tenían el antecedente de Éxitos 97.1 FM, una emisora privada que entre alabanzas y prédicas, informaba a las comunidades y daba espacio para que presentaran sus demandas y que fue allanada en 2016. El director y dueño de la emisora fue encarcelado.
«Al señor se lo llevaron no por radio ilegal, sino porque desde allí la población recibía formación en derechos humanos y denunciaba la corrupción y la contaminación por parte de las empresas», explica Juan Bautista, corresponsal del medio Prensa Comunitaria.
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Aquella prevención no fue en vano.
Ya organizados por la radio se conformó el Consejo de Autoridades Ancestrales Maya Q’eqchi’ de El Estor. «Hacíamos los fines de semana trabajo de recolección de fondos, venta de atol y tamalitos, comida tradicional del pueblo maya q’eqchi’. Aquí se vendía en la radio, todo estaba bien bonito pero, cayó el conflicto entre la minera y la gremial de pescadores y la radio pues tuvo que informar lo que estaba pasando», dice Macloni, quien también dirige la Asociación Estoreña para el Desarrollo Integral (AEPDI).
El 27 de mayo de 2017, durante la primera resistencia antiminera, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) asesinaron a Carlos Maaz. Desde la radio se pidió al Ministerio Público (MP) levantar el cadáver que yacía bajo el sol abrasador del mes más cálido en El Estor. El MP no acudió, así que decidieron sepultarlo. «A través de la radio se buscó apoyo para la familia, se logró conseguir block y arena para enterrarlo» recuerda Macloni.
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La radio se apagó nuevamente en septiembre de 2019, cuando fue allanada por el caso Semuy II. Volvió a encenderse hasta enero de 2020.
El miedo a que se allanaran otra vez la radio hizo que seis meses después se apagara nuevamente. Recién empezaba el mandato de Alejandro Giammattei cuando decretó dos estados de prevención en El Estor, en 2020. El argumento fue el combate al crimen organizado. «La radio se apago porque hay un miedo al terrorismo de Estado», dice Macloni.
Volvieron a transmitir hasta septiembre de ese año.
En 2021, del 4 al 24 de octubre las comunidades manifestaron pacíficamente en la ruta principal de El Estor para exigir ser tomados en cuenta en la pre consulta (que ya se desarrollaba fuera) sobre el proyecto minero Fénix y exigir la suspensión de sus operaciones, tal y como lo ordenó la Corte de Constitucionalidad (CC) en 2019. En la radio se anunciaron los turnos de las comunidades que manifestaban. Se coordinó también el suministro de alimentos de día y de noche.
Por veinte días sólo el transporte de la mina no pudo transitar. Autoridades locales y gobierno central participaron en un desalojo violento de quienes manifestaban. La radio reportó los sucesos.
Giammattei, declaró estado de sitio en El Estor y otros municipios. Ese mismo día, el 24 de octubre, el MP y la PNC allanaron de nuevo la radio.
Hubo presencia militar y policial. Durante dos meses 700 militares y más de 500 policías ejecutaron 90 órdenes de captura y 40 allanamientos. Luego del allanamiento a la radio, resalta el de la casa del periodista estoreño Juan Bautista Xol.
«Ya sabíamos que lo primero que intentarían era allanar la radio y así fue. Logramos sacar el equipo», relata Robin.
Esta cuarta vez, la radio dejó de transmitir durante dos meses. Las y los radialistas se escondieron y el trabajo de la radio se debilitó, pero lo habían previsto.
Según un comunicado de prensa del Ministerio de Energía y Minas (MEM), la consulta se declaró concluida el 10 de diciembre, pero en San Juan Chamelco, Alta Verapaz, a casi 160 kilómetros de distancia de El Estor, la radio comunitaria fuera de operaciones no pudo informar como lo hizo en otras épocas en que se vio afectada la población, como fue en marzo de 2020 cuando se decretó cuarentena por la pandemia de COVID-19.
«Hicimos el trabajo que debía hacer el gobierno»
En la radio implementaron medidas sanitarias y continuaron su labor, «Durante la pandemia promovimos la medicina natural. Realmente la población sobrevivió no por la asistencia del Estado, sino porque las comunidades compartían sus conocimientos de medicina ancestral», cuenta Ana Chen.
En la radio se hablaba de agroecología, diversificación de cultivos, alimentación saludable, «un poco en contra de la hegemonía del discurso sobre la salud que promovía el gobierno, desde la prácticas ancestrales El Estor sobrevivió» asegura.
«También hicimos el trabajo que debía hacer el gobierno, nosotros tradujimos la información que daba el Ministerio de Salud sobre los protocolos de seguridad, sobre qué era el COVID. Lo compartimos en nuestro idioma, en q’eqchi’, porque aquí la mayoría somos hablantes maya q’eqchi’», añade.
La pandemia no había pasado cuando en noviembre ingresó el huracán Eta, seguido dos semanas después por el huracán Iota, uno de los más poderosos de categoría cinco.
Izabal recibió el impacto. En El Estor, hubo inundaciones sin precedentes, deslaves y comunidades enteras casi desaparecidas. Sobre esto informó la radio. También coordinaron ayuda humanitaria.
«Se organizó un espacio en la radio para recibir donaciones de la gente que venía a dejar huipiles, cortes, zapatos, comida enlatada, agua, caites. Toda la ayuda se coordinó desde la radio y nosotros la distribuimos con todo y lo que conlleva porque las comunidades son muy lejanas y de difícil acceso», dice Ana. «Más de 1500 costales de alimentos se distribuyeron», agrega Robin.
Esto resulta relevante en El Estor, donde casi 8 de cada 10 personas en el área rural viven en pobreza según datos de 2018 del Instituto Nacional de Estadística (INE). La pobreza extrema llega a un nivel alto según el Índice Socioecológico realizado por el Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad (IARNA). La mayoría de familias subsisten del comercio de sus productos agrícolas y de la pesca.
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La criminalización de la comunicación comunitaria
Según Macloni, «cuando la radio tenía un año al aire empezó una campaña en redes sociales y en medios comerciales para deslegitimarla: «se decía que era una radio subversiva, anti desarrollo, incluso la minera cooptaba a miembros de la AEPDI dándoles trabajo, así comenzó a provocar división», dice.
«En el Estor hay una estructura de corrupción que puede servir a las empresas de minería que quieren tener el derecho de contaminar, criminalizar y además sin ser penalizadas, sin ser controladas. Pero estas mismas estructuras también sirven al narcotráfico, al contrabando o a las empresas de monocultivos», comenta López.
El especial periodístico Secretos Mineros de Forbidden Stories reveló cómo la empresa CGN-Pronico que opera para la compañía ruso-Suiza Solway, usaba estrategias militares que responden a una política similar a la contrainsurgente, para detener a la resistencia de El Estor que se opone al proyecto minero Fénix. Parte de esta estrategia consiste en identificar, vigilar, e infiltrar, hasta llegar a desarrollar actos de espionaje.
En El Estor, comunicadores, periodistas y radialistas, así como la Defensoría Q’eqchi’, autoridades comunitarias y líderes de la gremial de pescadores padecen desde hace siete años las consecuencias de este plan.
Tan solo en 2017 tres periodistas de Prensa Comunitaria fueron criminalizados, dos de ellos perseguidos penalmente por motivos relacionados a su trabajo. Jerson Xitumul fue encarcelado durante 39 días y el caso contra Carlos Choc, después de un largo proceso fue desestimado y cerrado.
Por su parte, las y los radialistas indígenas, técnicos y miembros de la Junta Directiva de Xyaab’ Tzuultaq’a fueron estigmatizados y criminalizados.
El 14 de enero de 2022 el juez Edgar Aníbal Arteaga López, del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Izabal, solicitó orden de aprehensión en contra de 12 personas, entre ellos Raúl Tacaj comunicador y presidente de la Junta Directiva de la radio comunitaria, sindicados por instigar a delinquir, hechos vinculados supuestamente con la manifestación de octubre de 2021.
En agosto de 2022 el caso de Tacaj fue declarado bajo criterio de oportunidad, le impusieron una multa de 1,000 quetzales. «Los castigaron, eso fue lo que hicieron», afirma Macloni.
A Ana la acosaron en su casa y en redes sociales: «mi foto circulaba en Facebook con frases denigrantes, me insultaban, se burlaban de mí», dice y agrega que usaron su rostro en publicaciones falsas. Además notó vehículos cerca de su vivienda. « Sentía que me vigilaban», dice. Ella tuvo que dejar su indumentaria para poder salir de El Estor, situación que la marcó: «me escondía como si hubiera hecho algo malo».
En una conferencia de prensa, Arnoldo Tzub, de AEPDI, contó que durante el allanamiento a la radio en 2021, los policías preguntaban «¿dónde están Robin y Raúl?». También les decomisaron documentos y los carnés que les acreditaban como comunicadores comunitarios. «El despliegue de policías fue impresionante, acordonaron toda la cuadra, más de veinte policías ingresaron a las instalaciones» dijo Arnoldo.
Por las acciones de criminalización, las comunidades organizadas presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
«Nos persiguen por defender al medio ambiente. Nosotros ya no salimos mucho a la calle, en cualquier momento nos podían detener, nos podían llevar a la cárcel o nos desaparecen, porque eso es lo que hacían, desaparecer», dice Guillermo Sam Kabnal, actual vicepresidente de la junta directiva de la radio.
«Va a florecer nuevamente, va a crecer, va a levantar»
La Defensoría Q’eqchi’ guarda fotos que muestran que desde que la radio inició, las personas viajaban desde sus comunidades sólo para conocerla y hablar en ella.
«Los niños de la escuela Aldea Cahaboncito venían, hablaban sobre la importancia de aprender a leer y escribir en nuestro idioma, incluso los padres de familia venían y también participaban», cuenta Petrona Bac Cucul, maestra originaria de la comunidad Pataxte.
Actualmente Xyaab’ Tzuultaq’a está activa pero con una programación irregular. Los programas en vivo son ocasionales, la música de marimba y arpa sigue sonando, aunque parece que la estrategia son las cuñas y los micro programas pre grabados producidos por radialistas y organizaciones como la Fundación Guillermo Toriello. El proyecto se sostiene por el pago de esta pauta, donaciones comunitarias y de los socios y la junta directiva, además del apoyo económico de AEPDI.
Bac no solo es maestra, antes de la radio, apoyaba a la Defensoría con un programa sobre los derechos de las mujeres indígenas en otra emisora. Cuando nació Xyaab’ Tzuultaq’a, su programa se basó en promover los derechos culturales de los pueblos indígenas.
«Cuando estamos trabajando, la gente en el campo estamos escuchando, nos estamos informando y formando, porque también se forma a través de la radio comunitaria. Eso nos ayuda bastante a crear conciencia, a fortalecer lo que ya sabemos y lo que somos», asegura.
Guadalupe Xol Quinich, del Consejo de Autoridades Ancestrales fue una de las principales promotoras de la radio. Ella tenía un espacio en la radio donde promovía la participación de las mujeres. «Antes no sabían sus derechos, lo escucharon ellas y los hombres y han tomado conciencia, la radio ha servido mucho», dice.
«Estamos luchando. Los jóvenes siempre nos preguntan ¿qué pasó con la radio? Es preocupante porque no hemos podido salir al aire como anteriormente», dice Sam, quien solía transmitir un programa llamado Lo que saben y lo que hacen los q’eqchi’. «La radio es una ventana que le sirve a las comunidades para conocer un sinfín de temas» afirma Julio Cu Ramírez, quien en su programa Hablar de Justicia informaba sobre procedimientos legales, leyes e instrumentos jurídicos. «La radio contribuyó en gran medida con las instituciones. La muni, la policía, el centro de salud, el MP, todos usaban la radio para pasar sus anuncios o compartir información de su quehacer».
«La radio tiene futuro a pesar de que hay intereses, gente que maneja el poder desde arriba y que puede incluso hacerla desaparecer, pero hay que dejar el miedo», puntualiza Cu y agrega: «va a florecer nuevamente, va a crecer, va a levantar y va ser la misma emisora que fue a su inicio, esa emisora que todos querían escuchar y donde todos querían hablar».
Alfredo Rax, Coordinador de la Red Centroamericana de Radios Comunitarias Indígenas dice que «lo que hay que aprender de la radio Xyaab’ Tzuultaq’a es cómo a pesar de la criminalización, la persecución, la difamación y las calumnias que han recibido los comunicadores de la radio, han mantenido su ideal». Para él, la radio es la universidad del pueblo, un lugar de convergencia: «por eso es nuestra universidad, donde lo que no se sabe se pregunta, más de alguien sabe la respuesta y soluciona».
La recompensa de hacer radio, según Ana, es «la satisfacción de convertir los sentires en palabras y que las comunidades indígenas ejerzan su derecho al uso de sus propias formas de comunicación».
Reginalda agrega: «a mi lo que más me gustan son los sones que pasan en la radio, hasta las niñas (sus nietas) se ponen a bailar».
Esta investigación se desarrolló en colaboración con el Fondo Resiliencia de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional.
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