El negocio de la electricidad, un thriller de venganza en Guatemala

Un asunto de vida o muerte

En un estado asfixiante llegaron al final de su vida. Los peces quedaron atrapados en un riachuelo, porque el río grande, caudaloso y cristalino, su hábitat natural, dejó de existir; sus aguas estancadas han tomado un tono café verdoso, el afluente ahora viaja en canales y tubos por más de quince kilómetros, como víbora entre las montañas. Lo que un día fue una de sus principales venas, ahora parece un camino rural. El poco excedente que rebalsa de la gran obra de ingeniería, es lo que surte de agua a las comunidades cercanas.

La noche que empezó la pesadilla de la familia Caal, Isabel sólo deseaba dormir profundamente porque necesitaba recuperar fuerzas. Al día siguiente era la entrega de calificaciones, Bernardo acompañaría a las niñas a la escuela y asistiría a la reunión de padres de familia, mientras ella iba a su trabajo. La mañana fue tranquila, el delicioso y nutritivo desayuno estaba listo; de camino, la plática giraba en torno a lo que harían por la tarde: jugar futbol, montar en bicicleta o que papá continuara contándoles sus historias de infancia, y para celebrar «¡de almuerzo B´aacha!», pedían las niñas.

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Vio el reloj, marcaba las 11:50 am, las tripas le dedicaban un concierto, Isabel quería tomar ya el tiempo de almuerzo para ir con sus hijas, cuando de pronto su deseo por saber de las calificaciones se esfumó, la noticia era comidilla de buitres en las redes sociales. Los medios anunciaban, en letras rojas y alarmantes, ¡ÚLTIMA HORA!. La orden de captura se había filtrado. Quedó paralizada, el color de su rostro decayó a blanco pálido, su corazón, su mente y su cuerpo tomaban caminos diferentes. Se halló perdida, entre el palabrerío de los presentadores, los mensajes, el timbre de las llamadas entrantes, por unos minutos el tiempo pasaba en cámara lenta.

María Isabel, mujer de origen maya kaqchikel y de corazón q’eqchi’, nació en Chimaltenango. Desde muy joven participó en espacios de formación e incidencia política. En el seno de los movimientos sociales, hace más de veinte años, conoció a su compañero y padre de sus hijas, Bernardo Caal Xol, de origen Maya q’eqchi’, oriundo de Sepos, Semococh, una de las 195 aldeas de Santa María Cahabón, Alta Verapaz, donde vive la familia.

Ambos son educadores, sus hijas se llaman Ni’kte’ Ixch’umil Saqijix y Chahim Yaretzi Ketzalí, tienen 16 y 14 años. Ni’kte’y Chaim crecieron entre ríos, lagos y nacimientos de agua; en la época de verano disfrutaban deliciosos chapuzones en los manantiales verde cristalinos, abundantes en Alta Verapaz, sin imaginar que la defensa de esas aguas llevaría a su padre a prisión y sumiría a su madre en una lucha imparable por demostrar su inocencia.

Esos peces muertos eran el símbolo de lo que vendría: días de asfixia para la familia.

El foco

En 1990 América Latina estaba envuelta en grandes conflictos ambientales y movilizaciones sociales importantes; empresas públicas y privadas se encontraban paralizadas por el rechazo de la población al modelo económico extractivista: minería, petróleo, agroindustria e hidroeléctricas. Guatemala no estuvo ajena a este contexto, considerado uno de los países más abiertos a la inversión extranjera directa, especialmente en el sector eléctrico.

Con el sector eléctrico en Guatemala se ha jugado a una ruleta rusa desde hace mucho. A partir de los brotes de la revolución industrial, el gobierno de Justo Rufino Barrios abrió las puertas del país para la inversión en infraestructura para la generación y transporte de energía eléctrica. Desde 1886 este sector se ha visto inmerso en una sucesión convulsa de nacionalizaciones, concesiones y privatizaciones y ha sido apuesta de grandes capitales nacionales y transnacionales.

En los años 90, con la creciente demanda de energía que rebasaba los niveles de la oferta, llega la gran jugada. En 1996, mientras la tinta plasmaba la firma de la paz y con ella se «terminaba» el conflicto interno en Guatemala, el gobierno de Álvaro Arzú Irigoyen consolidaba legalmente el proceso de privatización con el Decreto 93-96, Ley General de Electricidad, bajo la promesa de producir más energía para abaratar su precio, ampliar la cobertura y la calidad del servicio y resolver las pérdidas de energía eléctrica.

Esta ley estableció el marco legal para la reconversión de la matriz energética, que se promovía desde 1986 con la Ley de Fomento al Desarrollo de Fuentes Nuevas y Renovables de Energía, la cual declara de utilidad y necesidad pública la implantación de políticas energéticas, encaminadas a promover el desarrollo, promoción y uso eficiente de las fuentes nuevas y renovables de energía.

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El interruptor

En 2012 las grandes sábanas boscosas de las Verapaces, vírgenes por cientos de años, fueron nuevamente trastocadas. Otro megaproyecto extractivo, el grupo Energy Resource Capital Corporation (ERCC), a través de su filial en Guatemala, la empresa Oxec S.A., puso especial interés sobre el caudal de los ríos Ox-eek y Cahabón, ubicados en el municipio de Santa María Cahabón, Alta Verapaz, parte del territorio del pueblo maya q’eqchi’. El objetivo era la construcción de un complejo hidroeléctrico que albergaría a por lo menos tres proyectos para la generación de energía eléctrica.

El río Ox-eek es uno de los más de cincuenta afluentes que atraviesa las montañas de la sierra Santa Cruz y desemboca en el gran río Cahabón, considerado una de las venas hídricas más importantes para el pueblo q’eqchi’. Este río nace en el municipio de Tactic y recorre 196 kilómetros, pasando por Santa Cruz Verapaz, San Pedro Carchá, Cobán, Lanquín —donde se encuentra el parque nacional Semuc Champey, que significa donde el río se esconde bajo las piedras— y Santa María Cahabón. En el límite con el departamento de Izabal se une al río Polochic, sigue su camino hasta desembocar en el Lago de Izabal y posteriormente al mar Caribe.

El complejo hidroeléctrico Oxec se encuentra ubicado a unos kilómetros de la desembocadura del Ox-eek, desde donde se observa un embalse de 350,000 metros cúbicos, una enorme piscina que almacena el agua desviada del afluente, la cual tiene como función regular el caudal que baja por una tubería de alta presión en un salto de 110 metros en dirección a las turbinas que generan la electricidad. Esa energía es trasladada a las subestaciones eléctricas de Teleman y El Estor, las cuales se encargan de aumentar la potencia eléctrica, para luego ser transportada en cables de alta tensión hacia los grandes complejos industriales y para la exportación, según investigación de la Asociación El Observador.

Amparados en la Ley General de Electricidad se crearon los órganos reguladores para este sector: el Administrador del Mercado Mayorista (AMM) y la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (Cnee); las dos empresas públicas existentes, el Instituto Nacional de Electrificación (Inde) y la Empresa Eléctrica de Guatemala S.A. (EEGSA) terminaron por privatizarse. Además, la ley ordenó la separación de los negocios de generación y comercialización, actividades del Inde y EEGSA. Desde entonces, el sector eléctrico se ha manejado desde una perspectiva de libre mercado, según el AMM.

También se fomentó la inversión privada en la cogeneración eléctrica, principalmente los ingenios azucareros, que durante la época de zafra queman toneladas de bagazo de caña, para la generación de energía térmica y eléctrica, obteniendo dos fuentes de energía a través de un mismo proceso. Más adelante, la agroindustria aceitera incursionaría con la quema del raquis —bagazo de la palma—.

La investigadora y experta en el modelo energético y su impacto socioambiental, Anne Bordatto, explica que la quema en grandes cantidades de estos bagazos es uno de los procesos más contaminantes para el medio ambiente y muy peligrosos para la salud de las poblaciones cercanas. Esta actividad es muy rentable y se desarrolla sin mayores mecanismos de control ni regulación.

Debido a la construcción del complejo hidroeléctrico Oxec, las comunidades de Santa María Cahabón iniciaron acciones de protesta pacífica:

• Primero, por el impacto ambiental y perjudicial de la presa hidroeléctrica en su territorio y los bienes naturales.
• Segundo, por la tala ilegal de más de quince hectáreas de bosque virgen.
• Tercero, por la autorización acelerada, sin consulta ni consentimiento de las comunidades, en el otorgamiento de licencias para la concesión de bienes de dominio público sobre los Ríos Oxec y Cahabón, por parte del Ministerio de Energía y Minas, a través del entonces ministro Erick Estuardo Archila Dehesa —hoy prófugo de la justicia—.

Según El Observador, desde el gobierno de Otto Pérez Molina —actualmente en prisión domiciliar— se aceleraron aún más las concesiones de megaproyectos extractivos en el país, y este fue uno de ellos.

Las tensiones se hacían presentes en el territorio y las comunidades accionaron ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Constitucionalidad (CC); realizaron denuncias ante la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y llevaron a cabo varias marchas en la ciudad capital, para que dejaran de operar las hidroeléctricas. En abril de 2016 la CSJ dio la razón a Bernardo Caal Xol, en su calidad de amparista, el 4 de enero de 2017 emitió sentencia en primera instancia sobre el Caso Oxec I y Oxec II, y los proyectos quedaron suspendidos temporalmente. Dos meses después ocurrió la conmoción en los medios y las redes sociales por la orden de busca y captura de Bernardo Caal Xol.

A orillas del río Cahabón, con la indumentaria característica de Alta Verapaz, María Josefina Caal relata: «Las comunidades en asamblea delegan a mi hermano para que fuera el portavoz del pueblo q’eqchii en calidad de representante, allí fue donde se investigó sobre el secuestro de nuestros sagrados ríos…».

En un video producido por Amnistía Internacional se observan puertas de alambre con estructura de metal, aseguradas con cadena y candado y varios hombres armados a orillas del río, mientras la voz de Josefina explica: «La empresa hidroeléctrica Oxec S.A. privatizó las riberas del río y lo desvió, esa reducción ha provocado que la alimentación de las comunidades vecinas escaseara drásticamente».

El boom de las hidroeléctricas

En el año 2003 el gobierno de Alfonso Portillo aprobó el Decreto 52-2003, Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable, que incluía, entre otros, beneficios fiscales, económicos y administrativos para la inversión en la generación de energía eléctrica en Guatemala. Con esta ley, en el 2004, el Inde aprobó el Plan Estratégico de Proyectos Hidroeléctricos, que contemplaba la construcción de tres grandes hidroeléctricas y ocho de menor escala.

Los capitales agroindustriales que habían incursionado con éxito en centrales de cogeneración, se sintieron más atraídos por el sector eléctrico debido a esta oportunidad de negocio, tal es el caso de las cementeras y textiles y de la Asociación Nacional del Café (Anacafé), que firmó convenio con Pan American Hidro (PAH), una transnacional de capital canadiense, para la construcción de hidroeléctricas en sus fincas cafetaleras.

Según el Instituto Regional de Altos Estudios Políticos, en su estudio sobre hidroeléctricas, la conflictividad socioambiental se agudizó en el país desde la primera década de los años 2000, con el evidente rechazo, principalmente por parte de sociedades indígenas y campesinas de los pueblos mayas del occidente de Guatemala a la imposición de megaproyectos extractivos en su territorio, especialmente minería e hidroeléctricas. Este fenómeno se sumó a una herencia negativa de conflictividad cotidiana desde los años 70, por sus demandas de acceso a tierra, agua y bosques.

En el año 2008 la CNEE presentó el Plan de Expansión Indicativo del Sistema de Generación 2008-2022 cuyo objetivo era diversificar la matriz energética, priorizando las energías renovables, reducir los costos de suministros, impulsar la integración energética regional y atraer inversión extranjera para renovar la matriz energética. Este proceso se concretó con la aprobación de la Política Energética 2012-2027 durante el gobierno de Otto Pérez Molina; en concreto, este plan buscaba explotar el potencial hídrico del país, como la opción más económica de suministro en el mediano y largo plazo.

Se estableció como meta pasar del 37 al 58% de la generación por hidroeléctricas, para responder a las necesidades del sector industrial y la demanda regional. Para entonces, los grandes capitales nacionales y transnacionales se repartían el territorio y apostaban grandes sumas por las mejores fuentes de agua dulce, según el estudio de la Alianza por la Solidaridad.

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La criminalización

El día que recibió la noticia, a Isabel le temblaban las manos, el sudor frío de su frente resbalaba y engrosaba las lágrimas que sin darse cuenta bailaban sobre sus mejillas. Sentía una explosión en su cabeza, no sabía qué hacer ante la abrupta noticia… Pero en realidad, sí lo sabía, lo llevaban planeando durante un tiempo. «Desde que se intensificaron las amenazas, analizamos la situación de otras resistencias, el patrón era el mismo, empiezan con difamación para confundir a la población, después vienen las amenazas y la persecución penal, por eso decidimos prepararnos», cuenta Isabel.

Estaba muy consciente de los riesgos por su labor. Su activismo no surgió de la noche a la mañana, ya que junto con Bernardo acuerparon las resistencias de Santa Cruz Barillas en Huehuetenango, San Juan Sacatepéquez y La Puya, entre otras. Siempre tuvo claridad, conocía y estaba involucrada en todos los procesos de la resistencia de Cahabón, pero aún no se había enfrentado a las brutales consecuencias de la criminalización. 

De manera introspectiva, Isabel se preguntaba quién hablaría de esos temas con sus niñas pequeñas; un silencio de corchea bastó para sentir su dolor, que se tragó con un fuerte movimiento de garganta. «Les explicamos a las niñas que ante el peligro en que nos encontrábamos había tres escenarios posibles: persecución, cárcel o asesinato, por eso, ellas debían elegir con quien querían quedarse si faltábamos. Son pláticas que la mayoría de familias no tienen, pero para nosotros se consideraba de vital importancia, organizar todo en nuestra posible ausencia», explica. Por seguridad y por estrategia no salían juntos, sus conversaciones se escuchaban chistosas, sin sentido, pero la realidad es que toda la comunicación la manejaban por medio de claves, quizá a unos 200 kilómetros podrían estar escuchándolos.

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Desde ese mediodía del miércoles 29 de marzo de 2017, el padre presente y amoroso que habían disfrutado sus hijas durante 9 y 11 años, pasó a la clandestinidad. La vida de Isabel se reconfiguró por completo, le llegó una avalancha de responsabilidades entre lo familiar, el proceso legal y la resistencia. «Tenía miedo, porque al tomar un rol protagónico, me exponía y exponía a mis hijas, pero sentía una gran responsabilidad. Leer y escuchar de las abuelas, mamá Maquin, Bartolina Sisa, entre otras, me ayudó a transformar el miedo en indignación y esa fue la fuente de energía para seguir en la lucha», cuenta Isabel.

Una cifra alarmante

3,574 defensoras y defensores han sufrido agresiones por la defensa y promoción de los bienes naturales, el territorio y los derechos humanos en Guatemala, según los datos del informe 2022 de la Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Guatemala (Udefegua). Es el número más alto que se ha registrado desde el 2001.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), describe la criminalización como «el abuso del derecho penal, para perseguir a personas defensoras de Derechos Humanos». Sin embargo, Lucía Inés Xiloj Cuín, abogada maya k’ichei, experta en derechos colectivos de pueblos indígenas, piensa que la acción de criminalizar va más allá del mal uso del derecho penal. «Este proceso inicia con una serie de actos planificados, desde la estigmatización, con la finalidad de establecer en el imaginario social que estas personas son malas o negativas y que representan un peligro para la seguridad local, e incluso nacional», explica. Lo más grave, según la experta, es que se ha evidenciado cómo los órganos jurisdiccionales también son influenciados. Esto repercute en gran medida ante el principio de presunción de inocencia y podría influir en las resoluciones judiciales.

La captura institucional del Estado guatemalteco es absoluta, indica la Udefegua y la venganza elevada a política pública; con ello se afectó profundamente el sistema de justicia, convirtiendo a la impunidad tanto en medio como en fin.

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La gota que rebalsó el vaso

El 26 de mayo de 2017 la Corte de Constitucionalidad emite sentencia en el caso Oxec I y Oxec II, donde admite que no se realizó la consulta correspondiente al pueblo maya q’eqchi’ por los proyectos hidroeléctricos. El 18 de julio de 2017 Bernardo Caal de manera voluntaria se presenta al juzgado de Cobán para arreglar su situación.

Es capturado, pero el Ministerio Público (MP) no pudo sostener el delito y el juez no encontró pruebas, sin embargo, el mismo juzgador cambió el delito para ver si se ajustaba a lo presentado por el MP, y salió libre con medida sustitutiva. Le otorgan al MP tres meses para sustentar el caso. 

«Lamentablemente todo el sistema de justicia está involucrado, desde el MP, que presenta casos con acusaciones sin sustento, débiles en argumentos, con muchas fallas técnicas y jurídicas. Aun así, los jueces los aceptan y dan trámite para que las autoridades indígenas enfrenten juicio, la mayoría de casos con sentencias absolutorias, es decir, declaran inocente a la persona, pero mientras tanto la han sometido a padecer todo este proceso tan desgastante», indica Xiloj.

El 26 de agosto las autoridades indígenas, conjuntamente con Bernardo, organizaron la consulta comunitaria en relación a los proyectos hidroeléctricos; participaron más de 25,000 hombres y mujeres de las 195 comunidades del municipio de Santa María Cahabón. El resultado fue que el 99% de los consultados rechazaron los proyectos hidroeléctricos Oxec I y Oxec II y el uso de los ríos Ox-eek y Cahabón para fines mercantilistas.
Mientras la resistencia se fortalecía, la vida le daba un breve respiro a la familia Caal Matzir. En diciembre de 2017 la laguna Lachuá fue testigo de sus últimas vacaciones; en sus aguas verdes cristalinas, se reflejaban sonrisas, alegría, respeto y unidad; lamentablemente, era una escena que duraría muy poco tiempo.

En enero de 2018, un juzgado multó a la empresa Oxec S.A. por 4 millones de quetzales debido a la denuncia por la tala ilegal de quince hectáreas de bosque en la construcción del complejo hidroeléctrico. Días después Plaza Pública publicó un documento donde se acredita que el terreno en el que se construía esa segunda fase era propiedad de la Nación de Guatemala.

No había terminado enero cuando en los medios anuncian la segunda orden de busca y captura contra Bernardo Caal. «Ya las intenciones eran claras. Cuando emiten las órdenes de captura la resistencia estaba accionando de diferentes formas, allí es cuando se intensifica la persecución penal», dice Isabel. El 30 de enero Bernardo Caal se presenta a la audiencia programada por el primer caso, es capturado y llevado a prisión preventiva a la cárcel de Cobán, Alta Verapaz.

Un día para olvidar

Fueron 310 días entre papeles, audiencias, retardos judiciales, viajes, visitas, trabajo y activismo, cuando por fin llegó el día. El atardecer pintaba el cielo de naranja que a lo lejos se tocaba con las infinitas montañas de las Verapaces, al día siguiente estaba previsto el juicio por el segundo caso, por el cual estaba en prisión.

Sentada en la pequeña sala del juzgado de Cobán, los recuerdos se agolpaban en la mente de Isabel; aunque se veían constantemente, el corazón se le detuvo cuando Bernardo ingresó con su peculiar camisa roja y las manos esposadas. Muchos recuerdos de donde escoger, hasta entonces había sido un gran compañero, nunca la relegó a los quehaceres del hogar, ella desarrollaba su vida de forma libre.

Entre términos jurídicos y papeles, el tiempo transcurría, todo estaba delante del juez, llegó el momento del fallo y el viernes 9 de noviembre de 2018, Bernardo Caal Xol fue condenado a siete años y cuatro meses de prisión, lo declararon culpable de robo agravado y detención ilegal agravada, delitos que no cuentan con medidas sustitutivas.

Las palabras del juez eran como dardos apuñalando su corazón, de pronto pensó en sus hijas y el dolor se transformó en enojo. «El Estado, que debe proteger a la familia, la ataca de forma directa, desintegrándola, la niñez se lleva la peor parte de la criminalización», dice Isabel.

Tres consignas de Isabel

Ni’kte’ y Chaim la esperaban en casa, impacientes. La realidad las desbordó, Isabel cuenta que no supo de dónde sacó las fuerzas para consolarlas, desde ese momento, empezó a priorizar la seguridad y la formación de sus hijas, «darles a conocer la realidad del país era una de mis prioridades, hablarles de que no todos los adultos son honestos, que hay jueces con malas intenciones que hacen acusaciones falsas». Una persistente tos pausa su relato.

«A su corta edad no saben del Estado patriarcal y colonial en el que vivimos, de una sociedad racista y clasista. Fue importante intensificar en ellas la lucha de los pueblos y explicar que en la cárcel no solo hay gente mala. Lamentablemente, también hay defensores y defensoras de la tierra y de los bienes naturales. No iba a permitir que sintieran pena o vergüenza por la situación de la familia, era mi misión hacer que se sintieran orgullosas de nuestra labor, contrario a lo que las empresas y el Estado pretenden en las familias, dividirlas y destruirlas», asevera Isabel.

«Mi misión era que no quedara olvidado en la cárcel, que no fuera un caso más de criminalización en este país», explica Isabel, quien brinda la primera conferencia de prensa el día de la sentencia. «Ya no bastaba con rezar, sabía que tarde o temprano tenía que hacer una lucha desde lo legal, pero también desde lo mediático, porque estos casos son políticos. Debía hacer un trabajo de hormiga. Aclarar poco a poco sobre lo que realmente sucedía. Fue un trabajo de muchos años, desde conferencias de prensa, entrevistas, invitaciones, documentales y videos informativos».

El enchufe

Un análisis sobre el tema energético realizado por la Asociación El Observador, revela cómo los últimos gobiernos han buscado convertir a Guatemala en un exportador neto de energía eléctrica, en el marco de la concreción y expansión del Sistema Interconectado de Energía para América Central (Siepac) y la Iniciativa de Inversiones Regionales de Sur América (Iirsa).

Actualmente, Guatemala es el país de Centroamérica que produce más energía y el que exporta el mayor porcentaje, a la vez que ya está vigente la interconexión con México y se han puesto en marcha otros planes energéticos con ese país. El proyecto Mesoamérica está encaminado a construir una gran infraestructura de transmisión eléctrica con vistas a la conformación de un mercado eléctrico regional integrado.

De acuerdo con los datos del MEM, en el año 2015 se contabilizaba un total de 22 centrales hidroeléctricas operando, 18 en fase de construcción, 13 en proceso de autorización y 13 en etapa de tramitación. Según la Asociación de Generadores con Energía Renovable (Ager) en julio de 2023 el 50.81% del total de la generación de energía eléctrica es producida por hidroeléctricas, seguida por el 40.26% de generación por centrales de carbón y el resto, con menor porcentaje, por medio de bunker, geotermia, solar, eólica, biogás, diesel y cogeneración, recursos que conforman la actual matriz energética en Guatemala.

Daños irreparables

Era un día de fiesta con togas y birretes, el salón de la escuela se llenaba, los niños y las niñas corrían de un lado a otro, no faltaba la madre que seguía a su hija para evitar que se le cayera el birrete y algún papá arreglando la corbata de su niño. La graduación de sexto primaria se desarrolló con total normalidad y alegría, pero había un corazón que sentía la ausencia de papá, en Ni’cte’ la sonrisa ya no fluía como antes, ya no había expresión en su rostro. Después de comer empezó a escribir. Las cartas fueron muy importantes para ella, eran la forma de sentirse cerca de su padre; aunque la comunicación era constante, no podía expresar todo, ni extenderse tanto, ya que la misiva sería leída antes por los guardias penitenciarios.

«Desde el día en que nuestro papá fue detenido, hemos tenido que arriesgar nuestra seguridad e integridad física viajando muchas horas hasta la ciudad de Cobán para visitarlo en prisión y convivir con él unas seis horas, todo ha sido muy desgastante y ha significado un cambio drástico en la dinámica familiar, ha afectado nuestra salud física y mental, no solo para nosotras, sino, sobre todo, para nuestra mamá. En ella ha recaído la sostenibilidad de toda la familia y ha tenido que asumir la responsabilidad de velar por las necesidades inmediatas de papá, como la compra de medicina, insumos de higiene y limpieza, más los gastos que genera cada visita a la prisión». Lo anterior se lee en una carta publicada por Ni’kte’ y Cahim en el diario salvadoreño elFaro.net.

Cuatro meses después de la sentencia, por disposiciones del gobierno y debido a la pandemia por covid-19, el Ministerio de Gobernación suspendió las visitas carcelarias durante siete meses. A finales de 2020 sólo permitieron el ingreso de personas entre los 18 a 60 años de edad. Durante veintidós meses Ni’kte’, Chaim y la matriarca Xol no pudieron hacer visitas, fue muy traumático para ellas, según cuentan. La madre de Bernardo sufrió en extremo, su piel reflejó el luto de su corazón, ya que se le puso totalmente negra. Ellas cayeron en una gran tristeza, con los rostros pálidos, ojos hundidos y su esperanza frustrada. También con eso tuvo que lidiar Isabel.

Durante más de cinco años la vida de Isabel giraba en torno a su familia y la resistencia, con jornadas de 20 horas de actividad física y mental. «Yo también padecí la tortura carcelaria», expresa con tristeza. Isabel no fue inmune a las enfermedades, pero las padeció en el silencio de la noche, sus dientes sufrían al unísono con su hígado. A pesar de tanto cansancio, no lograba conciliar un sueño profundo. «Siempre sentía una gran preocupación, pensaba que en cualquier momento nos podían atacar por tomar la decisión de no callar. Trataba de ocuparme y no preocuparme, pero es complejo». El enojo y la frustración eran como una gotera sobre su cabeza. Según cuenta, suspendieron cinco veces una audiencia, y entre suspensión y suspensión, pasaron dos años, además de las resoluciones de las cortes. «Todo se acumuló», dice Isabel.

¿Luz para todos?

El aumento considerable que experimentó el crudo en los primeros años del 2000 multiplicó el precio de la energía. El alza de la electricidad motivó que el Inde se viera obligado a instaurar una «tarifa social» —para hogares con consumo menor a 300 kw/mes— e iniciar así una política de subsidio para millones de usuarios del país que no tenían capacidad de pago. La tarifa social se mantuvo desde entonces para preservar el atractivo del mercado eléctrico para la inversión extranjera en el país, generando un proceso de descapitalización del operador público del sector, según indica el estudio de la Alianza por la Solidaridad. En este contexto, el Inde no ha contado con recursos económicos para promover inversiones en electrificación rural.

Estas ineficiencias del marco institucional, así como la falta de voluntad política para subsanarlas, revelan que la electrificación rural no ha formado parte de las prioridades del MEM desde entonces. El 90% de la cobertura eléctrica se habría alcanzado a fines de 2013, antes del plazo fijado en 2014. Según indica un análisis detallado por Codeca de 2014, el ritmo de electrificación descendió después de la privatización.

Entre 1985 y 2000, la electrificación se extendió en 231.5%, en cambio, entre 2001 y 2011, la expansión fue de 124.4%. Es decir que en los años previos a la privatización la cobertura eléctrica se expandió a una tasa anual de 2.6%, ritmo que descendió al 1.5% anual después de la privatización.

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Quizá estos datos expliquen por qué las luces de este «desarrollo» no se encienden para los pueblos originarios en Guatemala. Según el Inde, desde hace 150 años la oscuridad abraza a comunidades enteras, más del 11% de los hogares rurales aún no cuenta con energía eléctrica. El censo de 2018 refleja que los departamentos de Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, e Izabal, que componen la Franja Transversal del Norte (FTN), territorios con mucha riqueza natural y donde se encuentran los principales proyectos hidroeléctricos, tienen poco menos del 80% de cobertura de energía eléctrica en pleno siglo XXI. Parece más surreal que en el departamento de Alta Verapaz, con la mayor cantidad de megaproyectos hidroeléctricos operando en el país, sólo el 50.8% de los hogares cuentan con energía eléctrica y en comunidades como Senahú y Santa María Cahabón, menos del 30% de la población tienen este servicio, según el Índice de Cobertura Eléctrica 2021 elaborado por el Ministerio de Energía y Minas.

A puerta cerrada

El 24 de marzo de 2022 Bernardo Caal Xol quedó en libertad. Casi todos los medios lo anunciaron, tanto nacionales como internacionales. Las redes sociales que acompañaron el caso y otras de derechos humanos acuerpaban la noticia. Con una de sus camisas de tejido maya, peculiar en su vestimenta, fue recibido por una multitud que se presentó tanto en Cobán como en Santa María Cahabón. Isabel logró que no fuera un caso olvidado, que no quedara como un caso más de criminalización.

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Por varios meses, en una desesperante rutina, Bernardo despertaba todas las noches cada quince minutos, se sentaba, se revisaba físicamente y constataba que estaba en casa. Dormía otra vez y así seguía hasta el amanecer. Un trauma le atormentaba, había compartido celda con más de 180 presos sin clasificación de peligrosidad. «La mayoría de las personas creen que después de la prisión todo se soluciona de manera automática», dice Isabel.

A los 20 días de salir de prisión, Bernardo tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y por eso Isabel debió seguir postergando la atención médica para ella. Con acompañamiento espiritual encontraron la forma para que él pudiera conciliar el sueño, ella aún no lo logra.

Los comerciantes del sector

El economista Luis Solano de El Observador, ha puesto de relieve que los ocho grupos industriales más importantes de Guatemala (G8) participan directa o indirectamente en el negocio hidroeléctrico a través de una tupida red de alianzas. De esa manera, blindan la buena ejecución de los proyectos y dejan al Estado la resolución de los problemas socioambientales con las comunidades locales. Varios miembros de estas familias han ejercido cargos de responsabilidad en el sector eléctrico, desde el MEM, la CNEE y el Inde.

Este grupo industrial ha promovido nuevas plataformas institucionales, como la Asociación de Generadores con Energía Renovable de Guatemala (Ager), creada para difundir campañas a favor de las energías renovables en los medios de comunicación y las redes sociales y es el portavoz de las estrategias de Responsabilidad Social Empresarial de este sector.

En este contexto, las empresas transnacionales han desempeñado un papel articulador de alianzas locales para el otorgamiento de licencias de concesión de las fuentes de agua, debido a que son muy pocas las concesiones logradas directamente, tal es el caso de la empresa italiana Enel o Ecoener-Hidralia —matriz de la central en Barillas—.

«Guatemala necesita un nuevo modelo energético»

Es una de las consignas que promueve el Consejo del Pueblo Maya en Guatemala, indican que: «El sistema energético de Guatemala es un modelo extractivista que considera los bienes comunes naturales como infinitos y privilegia las ganancias sobre la accesibilidad y calidad del servicio. Bajo el argumento de la inversión, la privatización del sector eléctrico ha resultado en un nuevo modelo de despojo».

Según la Cepal, «el aprovechamiento y uso sostenible de los recursos energéticos, minerales, y de hidrocarburos que posee Guatemala puede contribuir significativamente a superar las barreras al desarrollo pues esta está extraordinariamente dotada de recursos, pero es deficitaria aún en mecanismos para asegurar que la riqueza proveniente de los mismos, sea apropiada y justamente distribuida entre sus ciudadanos».

Florece la resistencia 

María Isabel Matzir decidió y decide no callar, y sus hijas la siguen.  Ni’kte’, la mayor, desarrolló su habilidad oratoria desde la infancia, los videos familiares documentan sus intervenciones. Para ella hablar en público fue natural pues creció viendo a su madre, y las redes sociales se convirtieron en una herramienta muy útil para su inocente activismo. En el día internacional de la niña del 2019 Chaim y Ni’kte’ publicaron el primero de muchos videos, actualmente sus voces hacen eco a nivel mundial por la defensa de los ríos, el territorio y el agua. 

Para Ni’kte’ y Chaim «estos ríos y cerros no solo tienen una gran importancia espiritual en nuestra cultura maya, sino que también son una fuente esencial de sustancia. Ahí llegaban nuestras comunidades a pescar y a recoger cangrejos, jutes y todas las plantas que se encuentran dentro o alrededor del río y que han servido por siempre para alimentar a nuestras familias. Quitarnos el acceso a los ríos es condenarnos a la desnutrición. Es un asunto de vida o muerte».

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Este texto fue elaborado como parte del Programa de Formación Dual de Plaza Pública dirigido a jóvenes periodistas.