El caos silencioso: la falta de oportunidades laborales para personas con discapacidad auditiva

Empieza a amanecer y Efraín se sienta a los pies de su cama recién tendida, al fondo suena el garrido de un loro y el paso de los autos, pero él no los escucha, es no oyente desde la infancia y para contar su historia mueve mucho sus manos, en un lenguaje de señas que entendemos él y yo, pero no la mayoría de la población en Guatemala.

La calidez de su casa en Totonicapán contrasta con el frío punzante del exterior. Su esposa prepara el desayuno mientras sus dos hijas todavía duermen. El rostro cuadrado de Efraín expresa sueño y cansancio, a pesar de estar recién levantado. Se nota en su mirada que, aunque durmió, no llegó a descansar.

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Desde los trece años se ha dedicado a la confección de pantalones de lona. Sus manos teñidas de azul se mueven en el aire para expresarse: «Me levanto a las cinco de la mañana todos los días y regreso a las diez de la noche a mi casa», cuenta. Trabajar alrededor de quince horas al día es extenuante, su rostro se arruga en un gesto de dolor: «Cuando termino me duelen mucho la espalda y el cuello. En mi trabajo no puedo salir a caminar un rato, tengo que estar en un solo lugar todo el tiempo y eso es difícil».

Efraín reconoce que la discapacidad relega a las personas a los peores trabajos, a la explotación y al abuso laboral. Es un problema que tiene su raíz en la falta de educación; un alumno o alumna con discapacidad auditiva tiene muchos problemas para integrarse porque en muchos casos los docentes no manejan el lenguaje de señas. En Guatemala,  las escuelas públicas especializadas en personas con discapacidad son insuficientes.

Efraín sabe que no puede retrasarse en su trabajo, a pesar del cansancio, porque eso afecta también a sus compañeros. Es el único que puede realizar el cerrado de brazo, que consiste en unir las piezas para dar forma a las piernas del pantalón. «Algunos oyentes se comunican conmigo, otros me desprecian y me llaman “mudo”. Pero yo me apuro para que ellos no se atrasen y puedan ganar su dinero».

Al finalizar la semana Efraín entrega a su patrono la cuenta de los pantalones que elaboró, él revisa y estima el pago que le corresponde. «Si yo no me apuro en mi trabajo me pagan poquito, es mi culpa, por eso trabajo muy rápido para que me paguen bien», comenta.

Por cada pantalón confeccionado le pagan un quetzal con veinte centavos, el precio más elevado por pieza: «Hay otras piezas que solo pagan a ochenta centavos», explica. Realiza aproximadamente 1,300 pantalones semanales, y su pago en promedio son 1,500 quetzales.

De febrero a agosto trabaja de siete de la mañana a ocho de la noche porque las ventas disminuyen, pero de septiembre a enero la tarea aumenta por la demanda y debe laborar más tiempo para cumplir con las metas. «Los pantalones para diciembre se venden más», comenta.

No conoce ningún tipo de apoyo gubernamental: «No hemos visto ningún apoyo por parte del presidente, alcalde o diputados». También desconoce las leyes y los derechos laborales.

El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (Conadi), es el único ente gubernamental que diseña políticas generales de atención integral. En los últimos cinco años el presupuesto asignado a esta institución es de veinte millones de quetzales lo que representa un déficit de Q32 millones 318,000 con respecto a la ampliación presupuestaria solicitada para el ejercicio fiscal 2024, que es de Q52 millones 318,000.

El presupuesto del Conadi ha tenido una variación del 0% en los últimos cinco años, lo que implica una falta de recursos para atender las necesidades de las personas con discapacidad en Guatemala.

Caos silencioso

En su celular Miguel muestra una caseta de venta de dulces, armada completamente con láminas, donde actualmente ayuda a un amigo a vender, ya que se encuentra sin trabajo. Tiene veintiocho años, es casado, originario de Totonicapán y también es no oyente.

La forma de comunicación que utiliza Miguel para ofrecer y vender los productos es la de lectura labio facial y texto a través del celular: «Algunos no entienden y así cuesta más», comenta. Al ser un negocio informal, Miguel solo tiene trabajo por tres semanas, desde las diez de la mañana hasta la medianoche, todos los días, y recibe un salario mensual de 400 quetzales.

Antes tenía un mejor empleo en una maquila, pero en un día aparentemente normal su vida dio un giro inesperado. En su horario de almuerzo un compañero le ofreció ayuda para continuar con el corte de mantas que estaba haciendo, para que él pudiera ir a comer tranquilo. Sin embargo, hizo mal los cortes.

La ironía se tejía en la injusticia, pues la culpa recayó sobre él. Intentó explicar su inocencia con el movimiento incesante de sus brazos, pero nunca pudo hacerse entender y sus patronos tampoco intentaron conocer la verdad. El despido fue inapelable.

El día a día de la mayor parte de la población guatemalteca empieza con el ruido del tráfico, las bocinas de los buses y los gritos de los ayudantes que repiten hasta el cansancio el destino de la ruta. Para los no oyentes nada de eso existe. El de ellos es un caos silencioso. Así, salen con miedo por no poder escuchar una bocina, o que les hablen y no sepan responder. Otros se quedan en casa, por eso en Guatemala más del 84% de las personas con discapacidad están desempleadas, de acuerdo con datos de Conadi.

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Aunque la inclusión laboral de personas con discapacidad auditiva ha ido creciendo, todavía existen lugares donde sufren discriminación y explotación.

Por mucho que las leyes y políticas protejan sus derechos, hay grandes obstáculos que los vulneran a la explotación laboral, trabajo forzoso y salarios miserables; a pesar de tener capacidades para trabajar, son marginados y excluidos del mercado laboral.

Entre las leyes aprobadas está la Ley Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad —Decreto 135-96—, cuyo objetivo es garantizar el desarrollo integral, la igualdad de oportunidades y la eliminación de la discriminación. Establece la creación del Conadi, la definición de los derechos y deberes de las personas con discapacidad, la regulación de las medidas de prevención, detección, diagnóstico, integración social y laboral, así como los programas y servicios que deben brindar el Estado y las municipalidades.

La Ley de Lengua de Señas en Guatemala —Decreto 3-2020— reconoce este sistema como idioma oficial y medio de comunicación de las personas no oyentes. Integra los derechos y obligaciones de las personas que la utilizan y garantiza que las instituciones públicas y privadas la empleen, enseñen y difundan. Sin embargo, en la práctica no siempre se aplica, es frecuente que las personas no oyentes no puedan recibir atención en oficinas públicas porque nadie puede comunicarse con ellas.

El Decreto 57-2008 garantiza el derecho de acceso a la información pública de todos los habitantes con discapacidad del país. Establece que todas las entidades deben hacerlo en formatos accesibles y adecuados a las necesidades de las personas. El Conadi debe velar por el cumplimiento de esta disposición.

Es muy difícil que las iniciativas de ley para favorecer laboralmente a las personas con discapacidad se tomen en cuenta en el Organismo Legislativo: «Se requiere no sólo plantear las iniciativas, sino la voluntad política de los diputados para analizar los temas de grupos en condición de vulnerabilidad», dice Jonatan Natareno, defensor de las personas con discapacidad de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos.

Desde el 2014 el pleno del Congreso conoció la iniciativa 5125, que fue presentada por los diputados Christian Nuila, Sandra Reyes y Roberto Kestler, sin embargo, los avances son escasos: «Es una nueva ley para personas con discapacidad, que va un poco más avanzada, pero está detenida en una tercera lectura», dice Natareno.

Esta iniciativa contempla establecer una cuota para contratar a personas con discapacidad en el sector público y privado, no menor al 5%, crear programas especiales en los establecimientos educativos para atender a niños con discapacidad, instalar una oficina municipal en cada municipio para brindar atención integral y coordinar acciones con el Conadi, garantizar el acceso a servicios públicos esenciales y proporcionar capacitación a organizaciones de personas con discapacidad para fomentar su participación en la toma de decisiones que afectan sus vidas.

Más atrasada aún está la iniciativa 4796, que fue presentada por los diputados Abraham Roblero, Alicia López y Mynor Rosales en el 2014, sobre la ley de regulación de inclusión laboral para personas con discapacidad. «Es una iniciativa sobre la inclusión laboral de personas con discapacidad que todavía está en fase de iniciativa, no ha avanzado lo necesario», explica Natareno.

Emprender, como única salida

Desde su hogar, Viviana Isabel Navarro, mujer de 28 años no oyente, vestida con suéter rosa y playera amarilla, narra con lenguaje de señas lo difícil que es encontrar un trabajo en el departamento donde vive, San Marcos. La fuerza que emplea para el movimiento de sus brazos y gestos, buscan expresar lo duro que ha sido trabajar como vendedora ambulante.

Viviana comenta que su infancia fue muy difícil ya que su familia vivía en condiciones de pobreza. Con mucho esfuerzo estudió el nivel primario: «Cuando entré a primaria todos eran oyentes, yo era la única que no podía hablar, todos me miraban», recuerda.

Pudo continuar su educación básica a pesar de las dificultades económicas y de comunicación: «En la mañana iba a estudiar, en la tarde a mi trabajo y en las noches hacía mi tarea».  Su motivación la llevó a graduarse. Creía que con su titulación ya tendría un trabajo estable y con buena remuneración, pero la realidad fue muy distinta.

No consiguió un trabajo estable y tuvo que vender dulces en los buses. «Vender dulces cuesta mucho, hay días que se vende bien y días en que no hay nada», comenta.

Viviana es la esposa de Miguel Vicente, aunque ambos venden dulces, trabajan en lugares diferentes. Los esposos comentan que no conocen ninguna institución gubernamental que brinde apoyo a personas con discapacidad auditiva para encontrar empleo, pero piensan que si las hubiera de seguro los requisitos para optar a una plaza laboral serían muy complicados de llenar.

Miguel trabajó como zapatero en su tierra natal. «Caminaba tres horas a Xela para poder estudiar y regresaba a trabajar», comenta. Cuando terminó sus estudios de bachillerato buscó empleo en varias empresas. «Estuve cuatro días dejando mis papeles en muchos lugares y ninguno me aceptó».

La inclusión laboral de las personas con discapacidad es un derecho humano que contribuye al desarrollo económico y social del país. Ante esta situación, diversas instituciones no gubernamentales han asumido el compromiso de apoyar su inclusión laboral, ofreciendo servicios de orientación, capacitación, intermediación, y acompañamiento para facilitar el acceso a un trabajo decente. Destacan por su labor la Asociación de Sordos de Guatemala (Asorgua), el Benemérito Comité Pro-Ciegos y Sordos de Guatemala, la Asociación de Capacitación y Asistencia Técnica en Educación y Discapacidad (Ascated) y el Centro de Capacitación Ocupacional (CCO).

La promotora Evelin García, comenta que «el Benemérito Comité Pro-Ciegos y Sordos de Guatemala brinda el apoyo de intérprete de lenguaje de señas a las empresas e instituciones cuando lo requieran o en algunos casos a través de un convenio institucional o una alianza con las instituciones».

Pocos lugares para un trabajo decente

La historia de esta persona, a quien llamaremos Wito, un empleado con discapacidad auditiva que labora en un supermercado Maxi Despensa, es el ejemplo de las oportunidades que se pueden ofrecer a las personas para trabajar dignamente.

Wito, desde su casa, en lenguaje de señas, se expresa de manera alegre, luego de una jornada laboral. Cuenta con el apoyo de sus compañeros de trabajo, «me animan, tanto sordos como oyentes. Nos apoyamos y compartimos en el trabajo», cuenta con sus manos. Ellos le ayudaron a comprender y realizar sus funciones. Tiene un salario que le permite ahorrar y eso lo motiva, «voy a seguir, es importante ahorrar para el futuro», dice. Cada vez que puede, pide quedarse horas extra, le gusta su trabajo y eso le ayuda en sus ahorros.

No siempre fue todo así, uno de los momentos más difíciles ocurrió cuando recién había empezado y casi todos sus compañeros se fueron de vacaciones. Los empleados que llegaron para sustituirlos no eran nada amables. «Yo era el único no oyente, intentaba acoplarme y solo me ignoraban cuando les pedía ayuda. Solito me di ánimos y continué aprendiendo», recuerda.

Wito aconseja a las personas no oyentes a que se atrevan a buscar empleo en lugares seguros, donde no sean vulnerables a la exclusión y a que violen sus derechos.

Espacios para la denuncia

El desempeño de la Defensoría de las Personas con Discapacidad es fundamental para garantizarles oportunidades e igualdad de derechos. Sin embargo, el desconocimiento y la falta de cultura de denuncia provocan que en muchos casos no se tomen estas medidas.

El Defensor de las personas con discapacidad, Jonatan Natareno, comenta que es necesario seguir un proceso para dar seguimiento a las situaciones de vulnerabilidad de derechos: «En el tema de vulneración de derechos humanos, la PDH se encuentra básicamente dentro de la última ratio. Porque a nosotros nos buscan las personas con discapacidad una vez han cumplido una serie de pasos en instituciones anteriores», comenta.

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Estos pasos dependen del lugar de la vulneración de los derechos de las personas. Se debe presentar una queja inicialmente en entidades gubernamentales pertinentes hasta agotar los recursos administrativos; este proceso es crucial para garantizar una documentación exhaustiva y una presentación sólida de la denuncia ante la PDH.

En el Ministerio Público de Guatemala, a través del número 5708-7354, habilitado para personas con discapacidad auditiva, es posible realizar una denuncia de cualquier tipo a través de un mensaje de texto. Del mismo modo, la oficina del Procurador cuenta con la línea telefónica 1555 y el correo: denuncias@pdh.org.gt.

Comité Pro-Ciegos y Sordos de Guatemala

El Benemérito Comité Pro-Ciegos y Sordos de Guatemala es una institución privada no lucrativa que ha funcionado en beneficio de las personas con discapacidad auditiva y visual desde 1954. Su representante en el área de occidente, la promotora de inclusión laboral y emprendimiento, Evelin García, menciona que el principal desafío que enfrentan las personas con discapacidad al momento de optar a un empleo es la comunicación.

«Nosotros, como programa de inclusión laboral, brindamos el apoyo de una capacitación básica accesible para los asociados de las empresas que realizan inclusión laboral, los orientamos, los asesoramos y los capacitamos para buscar alternativas de comunicación, ya sean escritas o de lectura labios faciales», explica.

La cantidad de personas que tienen alguna discapacidad en Guatemala, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), es del 10.38% de la población, sin embargo, muchas son invisibilizadas: «Sabemos que hay personas con discapacidad sensorial, visual y auditiva que se encuentran aún en el anonimato, no salen de las casas por el temor que tienen las familias de que sean excluidos al enfrentarse a la realidad, y piensan que no pueden desarrollar sus habilidades en el ámbito social, escolar o laboral, son datos que aún están en el anonimato», comenta Evelin García.

El programa de inclusión laboral proporciona herramientas para las personas con discapacidad auditiva y visual que desean encontrar un trabajo formal y a emprendedores que no han tenido experiencia laboral.

El acompañamiento interinstitucional es transversal y se lleva a cabo antes, durante y después de encontrar un trabajo; también hacen visitas de monitoreo para resolver dudas y la evaluación del desempeño dentro de las empresas. 

Mediante las alianzas con empresas y organizaciones se realizan convocatorias laborales, una anualmente, teniendo así de cinco a seis personas que se incluyen a nivel nacional con estas promociones. Entre las empresas con las que se han pactado alianzas de inclusión se encuentran supermercados, restaurantes, cafeterías y panaderías. «Nuestros beneficiarios son incluidos más en áreas de cajas», cuenta.

El programa para la inclusión laboral requiere una constancia de audiometría, para establecer su tipo de sordera y buscar la mejor técnica de comunicación. La forma de reclutamiento se adapta a los requisitos de las empresas y a los perfiles definidos por sus departamentos de Recursos Humanos.

El programa llega a las personas a través de las redes sociales, por ser un medio más viable y rápido, tanto en escritura como a través de videos en lenguaje de señas. «El programa de inclusión laboral y emprendimiento del 2011 al 2022 ha realizado la inclusión laboral de 297 personas con discapacidad visual y 655 con discapacidad auditiva en el país», explica Evelin García.

Leyes exitosas

La inclusión laboral de las personas con discapacidad auditiva es un tema social y económico de relevancia, que implica el reconocimiento de sus derechos, capacidades y potencialidades, así como la eliminación de las barreras que limitan su participación plena y efectiva en la sociedad. En Guatemala la voluntad política por promover estas leyes es escasa, sin embargo, existen países que las han implementado desde hace décadas y que hoy en día son un claro ejemplo de la voluntad por tener un sistema más incluyente.

Por ejemplo, la Ley 367 de 1999 de Colombia dispone de mecanismos de integración social para las personas con discapacidad. Entre otras medidas, establece que las entidades públicas y privadas que tengan más de 50 trabajadores deben contratar al menos un 4% de personas con discapacidad que cumplan los requisitos para el desempeño de las funciones; que tienen derecho a recibir capacitación laboral acorde con sus aptitudes e intereses y a recibir incentivos tributarios y financieros para el desarrollo de actividades productivas.

En Chile existe el Servicio Nacional de la Discapacidad, que tiene como función diseñar, coordinar y evaluar las políticas, planes y programas destinados a promover la inclusión de las personas con discapacidad.

Esperanza para el cambio

En un ambiente con olor a café y el grito de su hija mayor, Efraín dice: «Hay muchos jóvenes que no estudian, pero tienen las ganas de aprender, los talleres para capacitarlos en diferentes áreas pueden ayudar a desarrollar sus habilidades y que la sociedad no subestime a las personas con discapacidad. Todos merecemos una oportunidad». Sus ojos brillan al voltear hacia la ventana, con entusiasmo observa su reloj y se levanta para desayunar y continuar con su trabajo.

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Este texto fue elaborado como parte del Programa de Formación Dual de Plaza Pública dirigido a jóvenes periodistas.