El reclamo de las familias de los 10 guatemaltecos desaparecidos en México: «búsquenlos»

Se despidieron de sus familias antes de ir a Chiapas, México, como lo hacían desde varios años atrás. Nada que advertir de parte de sus madres, hijos y hermanos. Era un viaje de trabajo rutinario que emprendieron los 12 hombres, esa mañana del lunes 13 de noviembre de 2023. Salieron de Cuyotenango, Suchitepéquez, con su cargamento habitual de 4 mil pollos en crecimiento para vender, de puerta en puerta, del otro lado de la frontera.

El jueves 16 por la mañana, se comunicaron por última vez. Unos con una llamada y otros con un mensaje de texto para informar que tomarían el teléfono al final de la jornada, pero no sucedió. Solo dos de los hombres regresaron al municipio, los otros diez engrosan las listas de desaparecidos en territorio mexicano.

«Se fueron a trabajar como siempre. Ya sabía uno que se iban y regresaban a los ocho días», dice uno de los familiares de los diez hombres que no regresaron. Lo hacían sin trámite de trabajo alguno o visa en tierras mexicanas.

Los dos hombres que sí regresaron contaron que se bajaron en un primer punto de la ruta, el resto siguió, según lo habitual. Por la tarde los recogerían en el mismo lugar, pero, los otros diez, nunca volvieron por ellos. Los vecinos mexicanos les advirtieron de inmediato: «Váyanse, porque a ellos de plano los levantaron». Los levantaron, una expresión que ellos no habían nunca escuchado.

A los dos que volvieron se les buscó, pero no quisieron ofrecer más declaraciones que las que rindieron ante el Ministerio Público.

El menor de los desaparecidos tenía 17 años por entonces. En abril cumplió 19. El mayor tenía 58 años. En casa de los diez, su ropa y demás objetos personales siguen en el mismo lugar donde los dejaron. «Todas sus cosas siguen como él las dejó, incluso su cama. Todos los días la tendemos bien, la sacudimos bien y yo le digo: tu cama te sigue esperando, tu familia te espera. Si las autoridades no nos dan una respuesta, que sea Dios», relata alguien de las familias.

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Al momento de publicar este texto, ha transcurrido un año y seis meses desde su desaparición. lLas familias han sido víctimas de extorsiones telefónicas y engaños. A finales de noviembre de 2023, recibieron llamadas telefónicas para pedirles Q20 mil de rescate. La mayoría hizo préstamos para salvarlos. Después de depositar el dinero «llamamos, pero ya no suena el teléfono». Eran extorsionistas. Todavía pagan la deuda adquirida con bancos y prestamistas.

Por su seguridad, las identidades de las familias y amigos entrevistados no serán reveladas.

No son difuntos

Del paradero de los diez hombres solo hay suposiciones. El día en que volvieron solo dos del grupo, las personas comprendieron que sus esposos, hermanos e hijos habían desaparecido en el país de al lado. El contexto por entonces les era desconocido.

«Una señora de allá nos dijo que no podía decirnos la realidad porque ellos también viven con temor, no pueden decir qué pasa en ese lugar. Pero que, posiblemente, pudieron haber sido levantados», señala un testimonio. No es algo comprobado sino una suposición.

En México, «levantar a una persona» es un secuestro, un paso previo a la desaparición.

Esa realidad pasó de ser un fenómeno desconocido para estas familias del sur occidente de Guatemala, para convertirse en parte de sus preocupaciones cotidianas. La violencia del país vecino las alcanzó. Desde entonces, monitorean los canales de noticias e información en redes sociales. «Vemos en los teléfonos que aparecen lugares, bodegas de personas con vida y sin vida, vemos noticias. Antes ni sabíamos cómo sufrían otras personas hasta que nosotros lo vivimos. Ahora cualquier cosa en internet, que aparecieron esos zapatos, la ropa… no podemos decir si están ellos ahí o no, queda esa duda», dice uno de los familiares.

Las palabras de la madre de uno de los desaparecidos describen cómo es vivir en vilo. «Yo sigo todas las páginas. Mire lo que pasó, encontraron un rancho con pertenencias de las personas desaparecidas. Vi una y otra y otra vez la foto, las mochilas, la ropa y me decía ‘no, ahí no está mi hijo, ahí no estaba él porque no veo ninguna pertenencia que sea de él’».

Algunas de las madres y esposas llaman a los celulares de sus seres queridos, esperanzadas en que un día respondan, pero los números ya no están activos. «Me dicen que mi hijo está muerto. Yo no enterré a mi hijo, mi hijo no está muerto hasta que yo no lo entierre», se aferra una de las madres.

Alguien que busca a su esposo coincide: «¡Ah!, el difunto. Ya no le dicen el nombre sino el difunto. A mí me desespera eso. Solo me río, mejor».

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¿Quiénes son?

En Cuyotenango, seis de cada diez personas viven en condición de pobreza. De esos seis, una (el 11 por ciento) está en pobreza extrema. Según la Secretaría General de Planificación y Programación (SEGEPLAN), más de la mitad de las personas se dedican a la agricultura: el corte de caña de azúcar, banano, tabaco, hule o café destacan en el sector. Ganan un quetzal por paso o seis surcos. La paga depende de cuántos pasos trabaje la persona por día.

Un informe del Centro Internacional para la Investigación en Derechos Humanos (CIIDH) documentó desde 2008 que, «los trabajadores se ven compelidos a trabajar en el corte de caña dada la limitada oferta de trabajo estacional en otras actividades productivas. Aceptan estas condiciones por necesidad, aunque el beneficio es muy reducido y negativo».

En las fincas bananeras, las personas suben y cortan racimos de bananos. La paga es de Q90 a Q100 por día, salen de madrugada y vuelven cerca de la medianoche a casa. Esta realidad queda a 196 kilómetros de la capital, unas cuatro horas y media en carro de uno de los 20 municipios de Suchitepéquez.

Los diez hombres que desaparecieron en Chiapas eran parte de esta población que salió en busca de algo mejor para llevar dinero a su casa.

f«Como ellos, hay miles de guatemaltecos que corren el riesgo porque (en Guatemala) no hay trabajo. Los padres de familia buscan cómo ganar Q1 mil o Q2 mil para llevar a casa. Es triste ver que ellos se ganaban la vida honradamente y les sucedió eso». E Esta es una reflexión frecuente en la región.

La venta de pollos en crecimiento es una actividad común en el lugar. Se vendían en pueblos aledaños o departamentos vecinos, pero las personas dejaron de comprar, hubo que buscar otro destino: Chiapas. Los diez hombres compraron a Q5.50 cada pollo. «Si lo vendían a Q8.50 ya le ganaban Q3», hace cuentas una de las familiares. No era un beneficio jugoso, pero alcanzaba para los gastos básicos de las familias: la renta, la comida y la educación de sus hijos.

«Una buena venta a la semana eran unos 800 quetzales. A veces, traían 200 quetzales porque debían pagar su comida. A veces el pollo no se vendía, tenían que pagarlo aunque lo trajeran de vuelta», cuenta una de las esposas. Entre los diez, el menor de 17 años aún estudiaba, quiso sumarse al viaje para ganar algo de dinero durante sus vacaciones escolares.

También había padres de familia. «Mi niña piensa que su papá no ha venido porque sus pollitos no se terminaron», dice una de las esposas. Ellas asumieron el rol de proveedoras con trabajos de limpieza y lavado de ropa en casas ajenas. Otras abrieron pequeños negocios informales para ganar algunos ingresos. En algunos casos, los niños tienen algún trabajo para aportar. Incluso con ese esfuerzo, las familias tienen dificultades para cubrir los gastos básicos.

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Frontera Comalapa, una tierra en conflicto

Desde 2021, la frontera de Chiapas con Guatemala ha sido el escenario de un conflicto armado no reconocido por las autoridades gubernamentales mexicanas, producto de una disputa territorial de estructuras de la delincuencia organizada por el control de mercancías, servicios, personas, productos legales e ilegales. Incluso de la propia vida de la población local, según el Informe de organizaciones de la sociedad civil sobre la violencia en la región frontera de Chiapas, publicado en enero de 2024.

Los primeros registros de violencia y desapariciones datan de 2006, cuando el gobierno mexicano declaró la guerra contra el narcotráfico con miles de víctimas. A Chiapas esa guerra llegó en 2021. A, La Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Siltepec, Honduras de la Sierra, Motozintla, Mazapa de Madero, El Porvenir, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Amatenango de la Frontera y Bella Vista.

«El 4 de febrero de 2022 hallaron tres cuerpos de ciudadanos guatemaltecos reportados como desaparecidos en la comunidad El Jocote, en la carretera federal 190, en el municipio de Frontera Comalapa», reporta el informe. El único antecedente documentado de desaparición de guatemaltecos, cerca de donde desaparecieron las 10 personas en noviembre de 2023. El desplazamiento forzado, las desapariciones y asesinatos se tornan cotidianas en Chiapas. La versión oficial minimiza o niega la violencia que afecta a la población.

Los «levantones» o secuestros de personas los efectúan organizaciones criminales. Es difícil documentar las desapariciones en la región fronteriza porque, debido al miedo y desconfianza hacia las autoridades, son escasas las denuncias. Aún así, las cifras oficiales evidencian un incremento. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de diciembre de 2018 a septiembre de 2023, en Chiapas 812 personas están desaparecidas y no localizadas; 58 son de Frontera Comalapa, 11 de Motozintla, 8 de Amatenango de la Frontera, 2 de Chicomuselo, 3 de Bellavista y 1 de Siltepec. Entre las víctimas figuran líderes de comunidades y organizaciones.

«En las carreteras instalan retenes de hombres armados que intimidan a las personas. Este estado de desconfianza fragmenta los vínculos comunitarios. No se fían ni de los propios vecinos, como consecuencia tiene efectos psicosociales, principalmente estrés y paranoia», señala el documento. La esposa de uno de los diez desaparecidos de Cuyotenango, relató una historia que su esposo vivió en un viaje anterior. «Él me había dicho que era algo peligroso, que ya varias veces lo habían parado. A mi hermano, incluso, le reventaron la boca. En una los hincaron en medio de la calle, les rompieron los costales con comida de los pollitos para ver si llevaba algo (escondido). Mi esposo me dijo que solo faltaba que mataran a los pollitos para ver si llevaban algo dentro​​.

Se había propuesto ir solamente hasta ese 2023 y, luego, emprender su propio negocio el siguiente año. «Quería comprar una moto y ahorrar dinero», cuenta su familia.

En México, las familias de los desaparecidos han impulsado avances en la legislación mexicana para emprender la búsqueda de personas. En 2017, se aprobó la Ley General en Materia de Desaparición de Personas (LGDP). La normativa dio paso a la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) dedicada, desde 2018, a buscar a las más de 100 mil personas desaparecidas en México. Responde al Organismo Ejecutivo y no se enfoca, como las fiscalías, en investigar delitos,sino en dar con el paradero de las personas.

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Una demanda de apoyo

Todo lo descrito es el contexto en que desaparecieron los diez hombres de Cuyotenango.

«Si ellos hubieran conocido que en Frontera Comalapa y (el resto de) la región estaba este conflicto no habrían ido a vender», infiere Victórico Gálvez Pérez, activista del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. Es una organización civil dedicada desde hace 36 años a defender los derechos humanos en Chiapas. Su trabajo es acompañar casos de graves violaciones a derechos humanos, incluida la desaparición de personas.

Ellos, desde Chiapas, y la Red Jesuita con Migrantes (RJM) en Guatemala, acompañan a las familias en este proceso. Los han representado en ambos países. «Si acá en Chiapas las familias buscadoras están cerca de las instituciones es difícil que el Estado responda, para las familias de otros países es doble o triple el trabajo», dice Gálvez. La indiferencia de las autoridades y la burocracia han sido sus desafíos.

A la fecha, México no reconoce como víctimas a las familias guatemaltecas. Hacerlo requiere de un escrito de la Fiscalía mexicana a cargo, sin eso no pueden exigir sus derechos frente a los fiscales o la CNB. Aún así, los familiares se esfuerzan por seguir la pista de la investigación. Las reuniones de avance solicitadas por la Red Jesuita y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas son virtuales. Una familia debe contar con Q60 para pagar una recarga de internet y participar desde sus teléfonos.

México les envió la carpeta de investigación en un CD. «Se nos hace una burla enviar a las familias un CD cuando apenas tienen para comer. Es ilógico pensar que posean una computadora para ver la carpeta», dice Gálvez.

Desde Guatemala, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Cuyotenango, argumentó no tener competencia ni jurisdicción para investigar este caso que ocurrió en suelo mexicano. Sin embargo, por presión de las familias y las organizaciones representantes accedió a recabar los testimonios de las familias guatemaltecas. «Aunque sin mucha empatía, ni sensibilidad», opina Gálvez.

Se asignó la investigación a la Fiscalía Contra la Desaparición Forzada de Personas, en Chiapas. Los avances son mínimos. La búsqueda ha sido generalizada, una investigación de escritorio, de girar oficios a varias instituciones: a hospitales, centrales de autobuses, instituciones de seguridad, penitenciarias, fiscalías de otros estados y comisiones de búsqueda para dar con el paradero de los diez desaparecidos de Cuyotenango.

En la última reunión entre la fiscalía y las familias, las autoridades informaron que apenas estaban por trazar un plan de búsqueda. «La investigación ha sido deficiente», resume Gálvez. Plaza Pública solicitó una entrevista con la Fiscalía mexicana a cargo del caso, pero al cierre de esta nota, no hubo respuesta.

Una de las familiares contó de sus llamadas al consulado de Guatemala en México. «Me dijeron ‘mire señora, cuando tengamos alguna noticias, nosotros la vamos a llamar’. Me dieron a entender que no querían que llamara, entonces ya no llamé. Sigo esperando la llamada del consulado».

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) en Guatemala informó a Plaza Pública que, desde diciembre de 2023 hasta la fecha, han llevado a cabo seis reuniones de trabajo, con la participación de autoridades mexicanas, instituciones de Gobierno, familiares de los desaparecidos y ONG de ambos países».

El gobierno de Guatemala ofreció apoyarlos de distintas formas, pero nada se concretó. Solo la precariedad los acompaña. Así pasan los días, meses y, por lo visto, los años, sin saber de sus hijos, esposos y padres.

Al gobierno mexicano le piden «que nos ayuden en la búsqueda porque fue en su país donde ellos –los diez– desaparecieron». Y al gobierno guatemalteco que los apoyen en su causa para dar con el paradero de los diez hombres que fueron a trabajar y desaparecieron en Chiapas.

Al cierre de este texto, las desapariciones de personas en Chiapas alcanzan a más guatemaltecos. A César Augusto Hernández (57 años), Porfirio Adalberto Dávila (53 años) y Jeremías Lemus Paredes (33 años), sus familias los buscan. Acudieron el 10 de abril de este año (2025), al consulado de Tapachula, Chiapas, México, a pedir apoyo para dar con ellos. Las circunstancias de su desaparición no están claras, sólo se sabe que iban de Tapachula a Tuxtla Gutiérrez. Como con los diez de Cuyotenango, tampoco hay resultados sobre esta otra búsqueda.