En corto: MP acusa de «terrorismo» a la directiva de los 48 Cantones que dirigió el «paro nacional» del 2023
«Cuando uno sabe que las cosas las está haciendo bajo los términos legales, bajo un mandato legal y como corresponde, uno espera no tener estos inconvenientes, pero definitivamente estamos en Guatemala», dice Luis Pacheco tras su captura y afirma que no fue notificado.
— Plaza Pública (@PlazaPublicaGT) April 23, 2025
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En corto: MP acusa de «terrorismo» a la directiva de los 48 Cantones que dirigió el «paro nacional» del 2023
El viceministro de Energía, Luis Pacheco, y Héctor Chaclán Batz, — quienes ocuparon el cargo de presidente y tesorero de los 48 Cantones de Totonicapán en 2023— fueron capturados la mañana de este miércoles 23 de abril . El presidente Bernardo Arévalo confirmó que, en total, se giraron órdenes de captura contra cinco integrantes de la directiva que fungió hace dos años.
Aunque la Constitución de Guatemala establece que «es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución», el Ministerio Público de Consuelo Porras inició acciones contra los líderes de la resistencia pacífica contra el intento de la fiscalía por anular los resultados electorales de 2023, hecho calificado por diversos sectores como un «intento de golpe de Estado».
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La Policía Nacional Civil detuvo este 23 de abril a Pacheco en un inmueble de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.
El caso está a cargo de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, que durante el operativo impidió que los abogados de Pacheco ingresaran para verificar su estado.
Pacheco ocupa el cargo de viceministro de Energía; permaneció varias horas en el lugar hasta que fue trasladado a la Torre de Tribunales.
El caso, que está a cargo del Juzgado Cuarto Penal, fue declarado bajo reserva.
A través de sus redes sociales, el Ministerio Público informó que también fue capturado Héctor Manuel Chaclán Batz, y que ambos son señalados de asociación ilícita, instigación a delinquir, terrorismo, obstaculización a la acción penal y obstrucción de justicia.
«(...) se considera que los presuntos sindicados participaron en acciones que interfirieron intencionalmente y vulneraron el correcto funcionamiento del sistema de justicia», señaló el Ministerio Público.
Fuentes cercanas al caso informaron que hay otras tres órdenes de captura contra exintegrantes de la Junta Directiva de los 48 Cantones de 2023. El presidente Bernardo Arévalo confirmó ese dato en una conferencia de prensa.
«Exigimos la liberación inmediata de nuestros hermanos, si no nos escuchan, el pueblo se levantará», dijo en conferencia de prensa la actual Junta Directiva de los 48 Cantones.
En un comunicado de prensa las autoridades indígenas de Sololá, Chichicastenango, Santa Lucía Utatlán, Santa Catarina Ixtahuacán, San Cristóbal Totonicapán y el Parlamento Xinka rechazaron la captura de los líderes que protestaron en 2023.
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«Rechazamos la utilización de los delitos de terrorismo y asociación ilícita para abordar las distintas formas de manifestación pacífica de los pueblos originarios», consignaron las organizaciones quienes se declararon en asamblea permanente e hicieron un llamado para defenderse ante los ataques de la fiscalía.
El delito de terrorismo está tipificado en el artículo 391 del Código Penal, que establece que lo comete quien «atente contra el orden constitucional, altere el orden público o ejecute actos encaminados a provocar incendio o a causar estrago o desastres ferroviarios, marítimos, fluviales o aéreos».
En octubre de 2023, Pacheco era el presidente de los 48 Cantones de Totonicapán, que junto a otras nueve organizaciones indígenas, lideraron las protestas que se esparcieron por todo el país en contra de Porras y fiscales del Ministerio Público que abrieron casos en contra del partido Semilla, luego de que el entonces candidato presidencial Bernardo Arévalo pasó a segunda vuelta en las elecciones generales.
En la conferencia de prensa que el gobierno improvisó esta mañana, Arévalo hizo dos llamados, como respuesta a las acciones del MP de Consuelo Porras: pidió a los diputados aprobar la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía para que él pueda remover a Porras, e instó al pueblo para que se manifieste contra las acciones de «criminalización» que encabeza la fiscal general.
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«Señores diputados, tienen en sus manos la posibilidad de impedir que esta gavilla de criminales siga actuando impunemente desde el MP. En sus manos hay dos iniciativas de ley que nos dan la posibilidad de poner fin al acoso y hostigamiento que este grupo político criminal está haciendo contra el Estado de Guatemala», indicó el presidente.
Un reportaje de Plaza Pública documentó que desde que Arévalo llevó una de las iniciativas para cambiar la Ley del MP, su aprobación nunca fue prioridad para la bancada Semilla y en el Legislativo tampoco existen los «acuerdos» para que esta se concrete.
Samuel Pérez, jefe del bloque oficialista, dijo que harán un nuevo acercamiento con el resto de bancadas en el Congreso para establecer cuál es la vía más efectiva para impulsar la reforma que permita a Arévalo destituir a Porras.
El caso de Pacheco no es el del primer funcionario de Arévalo perseguido por Consuelo Porras, antes de él otras figuras como la exdirectora del Instituto de la Víctima, Ligia Hernández, y el exministro de Comunicaciones, Félix Alvarado, también sufrieron persecuciones penales.
Conferencia del Ministerio Público
Fiscales involucrados en la investigación dieron una conferencia para ampliar detalles del caso; primero, arremetieron contra el presidente Arévalo y sus declaraciones.
El secretario general Ángel Pineda llamó irresponsable al presidente y pidió que presente pruebas de que los fiscales son «una gavilla de delincuentes».
Dimas Jiménez, fiscal regional metropolitano, añadió que la investigación es a personas que participaron en las protestas de 2023 y que integraron Los 48 Cantones.
«No se está criminalizando. Este tipo de bloqueos obedece a una planificación previa. El propósito colectivo no lo tenían todas las personas —que protestaron— solo las personas que están siendo objetos de investigación», argumentó. También dijo que se está investigando otras protestas que conllevaron bloqueos de carreteras.
Los fiscales anunciaron que solicitarán el retiro de inmunidad de Edgar Benjamín Tuy, quien fue líder de la Alcaldía Indígena de Sololá y ahora es el Gobernador de ese departamento. Tuy, al igual que Pacheco, fue una de las caras más visibles de las autoridades que lideraron la resistencia frente al MP.
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