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Agentes en un centro de llamadas en Guatemala./ Foto: Agexport

#EnCorto La propuesta de ley de EE. UU. que amenaza más de 40 mil empleos en Guatemala

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#EnCorto La propuesta de ley de EE. UU. que amenaza más de 40 mil empleos en Guatemala

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Desde Estados Unidos, una iniciativa despierta preocupaciones en el sector económico de Guatemala. La propuesta es conocida como Ley para Mantener los Centros de Llamadas en América 2025 y plantea la repatriación de call centers. El efecto para la economía guatemalteca podría ser grande debido a que actualmente hay entre 40 y 50 mil puestos de trabajo en los centros de llamadas estadounidenses que funcionan en el país.

El impacto que la propuesta de Ley para “Mantener los Centros de Llamadas en América” 2025 –Estados Unidos– preocupa a sectores empresariales en Guatemala, en especial a la industria de call centers, ya que puede implicar la pérdida de más de 40 mil empleos.

Fue presentada por dos senadores: el demócrata por Arizona, Rubén Gallego y el republicano por Virginia Occidental, Jim Justice.

Se promueve como una normativa de grandes beneficios para las empresas en Estados Unidos que mejorará la calidad de atención y servicio al cliente.

¿Qué plantea la propuesta?

Los senadores que impulsan la Ley para Mantener los Centros de Llamadas en América 2025, argumentan que el sector emplea a unos 3 millones de representantes de servicio al cliente en todo el país. El dato es de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS por sus siglas en inglés).

La propuesta surge ante el hecho de que, en los últimos años, muchos operadores se trasladaron al extranjero y cerraron o redujeron sus puestos de trabajo en Estados Unidos. “Como resultado, la BLS proyecta una pérdida de 150 mil empleos en centros de llamadas en Estados Unidos para 2033”, justifican Gallego y Justice.

Por esas razones, la propuesta busca revertir esta tendencia al limitar los beneficios federales a las empresas que envían los trabajos de los centros de llamadas al extranjero.

La iniciativa plantea:

  • Exigir a las empresas notificar al Departamento de Trabajo (DOL por su siglas en inglés) al menos 120 días antes de reubicar un centro de llamadas en el extranjero o de subcontratar a otra entidad que reubique el mismo trabajo en el extranjero.
  • Ordenar al DOL que mantenga una lista pública de empleadores que reubicaron el trabajo del centro de llamadas en el extranjero. Los empleadores permanecerán en esta lista durante cinco años, a menos que devuelvan un número igual o mayor de puestos de trabajo a Estados Unidos. O modifiquen los términos de su contrato con la dependencia que realiza trabajo de centro de llamadas fuera del país, para exigir que se realice en EE. UU.
  • Los empleadores en esta lista no serán elegibles para nuevas subvenciones federales y préstamos con garantía federal. Los empleadores tienen 180 días para ser eliminados de la lista y así ser elegibles para dichos beneficios.
  • Exigir a las agencias que den preferencia a los empleadores estadounidenses que no aparecen en la lista al momento de otorgar contratos. Además, se exige que todo el trabajo relacionado a centros de llamadas en contratos federales se realice en EE. UU. Exigir a los trabajadores de los centros de llamadas que revelen inmediatamente a quienes los llaman cuál es la ubicación física del centro y/o si se utiliza inteligencia artificial. Además, los trabajadores de llamadas deberán transferir las comunicaciones a un centro de llamadas ubicado en EE. UU. si un cliente lo solicita. Exigir al DOL que elabore un informe sobre la cantidad y la ubicación del trabajo realizado en centros de llamadas para el gobierno federal. También sobre cualquier pérdida de empleos asociada con el uso de inteligencia artificial para la atención al cliente en centros de llamadas federales.
  • Los requisitos del proyecto de ley se aplicarán a las empresas que emplean a 50 o más empleados a tiempo completo o esa misma cantidad trabaje al menos 1 mil 500 horas semanales.

¿Cuál sería el impacto para Guatemala?

El economista Erick Coyoy advierte que el impacto sería principalmente hacia las empresas de call center que prestan un servicio al cliente a personas residentes de Estados Unidos, aunque no para otras regiones del mundo. A pesar de eso, el impacto sería considerable para un país como Guatemala, en el que varias empresas prestan ese servicio y para ello emplean a miles de jóvenes guatemaltecos.

Sus efectos concretos aún no están del todo claros ya que la propuesta aún no ha sido discutida ni aprobada.

Luis Pablo San José, economista del Consejo Nacional Empresarial (CNE), considera que, además de esos puestos de trabajo, también estarían en riesgo los puestos de trabajo indirectos como los proveedores de servicios. Los trabajos de mantenimiento, infraestructura, servicios a empleados, suministro, transporte, por mencionar algunos. “El efecto podría ser mayor de lo estimado, es difícil de cuantificar sin un estudio detallado”, explica.

La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) manifestó recientemente que la industria de proveedores externos o Business Process Outsourcing (BPO), tiene un “papel estratégico” tanto en la economía guatemalteca como en la estadounidense. Según el Banco de Guatemala, en 2023 se registraron 44 mil 298 puestos de trabajo en actividades de call center. De acuerdo con datos de la Asociación, de manera directa contrata a “más de 50 mil guatemaltecos y de forma indirecta respalda a decenas de miles más a través de industrias y servicios vinculados”.

Agexport estima que, por cada empleo directo en el sector, se generan en promedio 2.5 empleos adicionales en la economía local, lo que representa un impacto total cercano a los 175,000 puestos de trabajo a nivel nacional. En términos concretos, la industria inyecta más de 600 millones de dólares anuales a la economía nacional, aseguran.

Y añaden: la iniciativa no es nueva. Ha habido intenciones similares que no han avanzado debido a las implicaciones económicas y logísticas que la implementación de una normativa así implicaría para las empresas en Estados Unidos.

“Aunque la probabilidad de que esta legislación avance es baja, sus posibles repercusiones no deben subestimarse”, advierten. De ser aprobada, podría provocar la pérdida de miles de empleos en Guatemala y estimular un aumento en los flujos migratorios, en especial entre los jóvenes que verían reducidas sus oportunidades laborales en el país.

San José señala que, desde el Ministerio de Economía, se podrían tomar varias acciones para anticiparse a los efectos que esta normativa podría tener. Por ejemplo, la diversificación de mercados y la creación de incentivos para las empresas.

En 2024, la titular del Ministerio de Economía, Gabriela García, señaló los BPO “como una prioridad para la nueva agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera”. En su participación en el BPO Innovation Summit 2024, actividad organizada por Agexport, destacó su papel como generador de empleos y motor del desarrollo económico del país.

La cartera no ha anticipado qué acciones se podrían tomar desde Guatemala para mitigar los efectos que podría tener la propuesta.

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