Tráileres, trampa para migrantes

El calor dentro del tráiler era sofocante. Las mujeres iban de cuclillas contra las paredes con los niños en sus piernas; los hombres, sentados en hileras, uno detrás del otro, en el centro. En el contenedor viajaban unas 170 personas, a oscuras y en obligado silencio, según el relato de Yanira Chávez Santos.

Dos semanas antes, el 4 de enero de 2019, Chávez había cerrado la puerta de madera rojiza de su casa en Armenia, un pueblito en el norte de Honduras. Había pagado 5,000 dólares —una  cantidad que ella nunca hubiese podido ahorrar con su salario en una empacadora de banano— a un coyote local que le prometió llevarla a Estados Unidos junto a sus hijos, Samir, de 9 años y Emely, de 5. Su esposo, Erling Rosales, pagó por el viaje y los esperaba en Nueva Orleans, donde vivía desde hacía dos años.

Cargaba dos enormes maletas negras «con rueditas» que compró por 1,200 lempiras (unos 48 dólares) en un pueblo cercano porque el coyote le aseguró que iban a cruzar México en avión y “no podían parecer inmigrantes” en los aeropuertos. Al llegar a Estados Unidos la familia debía pagar a los contrabandistas otros 5,000 dólares.

Desde San Pedro Sula viajaron en autobús hasta la frontera de Guatemala con México, que cruzaron en lancha por un río. «Estoy un poquito más cerca de vos», le escribió entonces en un mensaje a su esposo. «No sabíamos, ni nos pasaba por la mente, todo lo que nos faltaba por vivir», recordó Chávez en octubre pasado en una entrevista con Noticias Telemundo.

En México, dice, los llevaron a Villahermosa, en el estado de Tabasco, donde esperaban al fin tomar un avión. Pero allí les quitaron los teléfonos, les obligaron a dejar botadas las maletas y les subieron a un tráiler.

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Así cruzaron 900 millas (casi 1,500 kilómetros) de Villahermosa a Reynosa, en el estado mexicano de Tamaulipas. En cuatro días de viaje sólo bajaron del tráiler tres veces. Una de ellas, ya cerca de la frontera, caminaron por un monte varias horas hasta caer la noche para evadir un retén policial. «Era horrible el frío que hacía», cuenta Chávez, «estábamos tan débiles, yo no podía caminar tan rápido con mi hija. No habíamos tomado agua en dos días».

La mujer, de 36 años, asegura que al llegar a Reynosa los coyotes que la recibieron la secuestraron junto a sus hijos y su cuñada, que viajaba con dos niños, y los retuvieron en un hotel durante dos semanas casi sin comida mientras extorsionaban a su esposo en Nueva Orleans. Rosales pagó 14,000 dólares para que les liberaran, relata. Finalmente el 3 de febrero, tras casi un mes de viaje, Chávez y sus niños cruzaron el río Grande y se entregaron a la Patrulla Fronteriza en McAllen, Texas.

«Pienso en las personas que mueren en esos contenedores. Es horrible suplicar, porque ellos pueden quizás abrir la puerta, pero no les importa. Quieren el dinero y entregar el paquete, porque a uno no lo miran como una persona. Nos miran como si fuéramos un grupo de vacas o animales», concluía su relato en Long Island, Nueva York, donde la familia vive con incertidumbre, luego de que su solicitud de asilo no prosperara.

Chávez y sus hijos sobrevivieron al terrible viaje, pero muchos otros no lo han logrado: al menos 111 migrantes que viajaban dentro de tráileres en México han muerto en los últimos seis años, asfixiados por el calor y la falta de oxígeno, o en accidentes de tránsito, entre ellos el volconazo de un tráiler en diciembre de 2021 en el estado de Chiapas, en el que perecieron 56 personas.

Noticias Telemundo y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP),  junto a Pie de Página y sus aliados Chiapas Paralelo, En un 2x3 Tamaulipas y reporteros en Veracruz, Plaza Pública en Guatemala, Contracorriente en Honduras, ICIJ en República Dominicana y Bellingcat investigaron durante siete meses el floreciente negocio de los tráileres con migrantes que cruzan las carreteras mexicanas, entrevistando a sobrevivientes, investigadores y exfuncionarios; y revisando miles de páginas de documentos. A partir de comunicados de instituciones federales y reportes de prensa, elaboramos además una base de datos con más de 170 camiones que se accidentaron, fueron detenidos o abandonados entre 2018 y 2023, que ofrecen pistas sobre cómo operan los contrabandistas. Casi 19,000 migrantes viajaban en esos contenedores, incluyendo a más de 3,200 menores.

Debido a la calidad variable de la información, y a que las autoridades mexicanas recién comenzaron a rastrear los casos desde 2022, luego del accidente de Chiapas, los datos revelan solo una pequeña porción de este tipo de tráfico de personas.

La justicia para las víctimas de este cruel negocio o sus familiares tarda en llegar, si es que llega: en los juzgados de distrito mexicanos sólo hay registro de 35 condenas por tráfico de personas entre 2016 y 2023. Veracruz, Chiapas y Nuevo León, por ejemplo, son los estados donde más tráileres son detectados cada año y donde más muertes se registran, según muestra nuestro análisis. En Veracruz, en ese mismo periodo, la Fiscalía General de la República solo abrió tres investigaciones por tráfico de personas a bordo de este tipo de vehículos, mientras que en Chiapas y Nuevo León no hay registro de ninguna investigación a nivel federal, según datos entregados por esa entidad.

En México, el tráfico de indocumentados es un delito federal, aunque puede ser investigado de forma conjunta por fiscales federales y estatales, explicaron abogados y expertos mexicanos consultados por Noticias Telemundo. Tiene un alcance “muy amplio” dependiendo de si involucra a grupos del crimen organizado o personas extranjeras, explicó Tonatiuh Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) en el Gobierno de López Obrador. Sin embargo, Guillén calificó el bajo número de investigaciones que registra la Fiscalía General de la República, como “abiertamente insuficientes” y dijo que podría poner en evidencia una “ineficacia impresionante”.

Mientras que el flujo de migrantes a través de México no deja de crecer (un 77% sólo entre 2022 y 2023, según datos oficiales), las restrictivas políticas del Gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador para frenar la llegada de migrantes, presionado por las autoridades estadounidenses, han reducido las opciones para migrar de forma legal. Ante la falta de opciones, personas y familias terminan viajando en peligrosos medios de transporte clandestinos, como los tráileres, para cruzar el país hacia la frontera norte, según los documentos analizados y múltiples testimonios recabados.

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Funcionarios y expertos advierten además que los cárteles de la droga se han ido apoderando del negocio, que tradicionalmente controlaban grupos de coyotes locales, apuntalados por la falta de recursos, personal y tecnología para revisar miles de tráileres; y por la presunta aquiescencia de algunos cuerpos policiales, que dan vía libre al paso de contenedores con migrantes por las carreteras mexicanas. En Estados Unidos, las autoridades estiman que el tráfico de migrantes les genera miles de millones de dólares a los cárteles, que parecen operar con impunidad en México.

“En estos tráileres uno sabe que va vivir o va a morir”, relata Reyna Jacinto, una inmigrante guatemalteca de 43 años que en 2005 cruzó México en camiones de carga en tres ocasiones, desesperada por reunirse con sus tres hijos en Maryland y quien fue deportada por las autoridades estadounidenses cuatro veces ese año.

Casi dos décadas después, aún tiene grabadas las imágenes de su primer viaje desde Tuxtla Gutierrez, la ciudad más grande del estado mexicano de Chiapas y a unas 100 millas (160 kilómetros) de la frontera guatemalteca. Asegura que nunca le dijeron que la llevarían en un contenedor hasta que ya lo tenía enfrente. Metieron a unas 130 personas. Viajaron durante dos días y el calor estuvo a punto de matarlos.

“Uno no lleva agua porque no puede orinar, no puede hacer sus necesidades ahí”, contó Jacinto en octubre durante una entrevista en su casa en Joliet (Illinois), donde vive con un permiso de trabajo gracias a un parole humanitario que obtuvo en 2019.

“Estaba cerrado completamente, es como estar en una olla a presión, el calor asfixia, yo me quité mi camisa. Se escuchaban gritos, golpes pegándole al carro para que se detuviera, no hay quien abra la puerta para salir”, cuenta Jacinto, originaria de Ipala, un pueblo en el sureste de Guatemala. “Pensé que me iba a quedar ahí y que no podría ver a mis hijos”, lamenta.

La cifra de migrantes interceptados en la frontera sur de Estados Unidos ha variado notablemente a lo largo de los años. Sin embargo, en los últimos tres, bajo la presidencia del demócrata Joe Biden, se han registrado cifras récord: en el año fiscal 2023 fueron casi 2.48 millones.

El récord de llegadas viene acompañado además de un aparente aumento en los tráileres con migrantes interceptados. “Siempre los han usado [los traficantes], pero no tanto como ahora”, contaba Timothy J. Tubbs, ex agente especial del Departamento de Seguridad Nacional a Noticias Telemundo, en junio de 2023. En México los reportes de personas localizadas en tráileres en los últimos tres años también han ido aumentando según el análisis hecho de Noticias Telemundo y CLIP.

En el estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala, los datos entregados por el Instituto Nacional de Migración muestran 3,300 personas localizadas en contenedores de camiones en los últimos cinco años, el 83% de ellas en 2021 y 2022. El registro de rescates, como los llama el Gobierno mexicano, cayó considerablemente en 2023, pero el INM no explicó el motivo de ese cambio. 

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En cualquier caso, el aumento reciente de migrantes que huyen de países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, pudo contribuir a que se disparara el contrabando humano en tráileres o camiones de carga en México en estos últimos años, según Tonatiuh Guillén López, excomisionado del Instituto Nacional de Migración en el Gobierno de López Obrador durante seis meses entre 2018 y 2019 (dimitió, según dijo, por un desacuerdo con el presidente por un acuerdo migratorio con Estados Unidos).

“El tráfico de personas no es un asunto nuevo”, relató, “lo que sí es nuevo es su escala y en los últimos dos, tres años es una escala abrumadora, como nunca”.

No existe una sola ruta para cruzar México de forma clandestina, pero los reportes de accidentes y tráileres interceptados dibujan la red de carreteras por las que viajan los tractocamiones con migrantes. Partiendo desde pueblos fronterizos con Guatemala, avanzan principalmente por los estados de la costa atlántica: Chiapas, Tabasco, Veracruz, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. Las carreteras federales 180 (que sale de Yucatán y sube al norte silueteando el golfo de México), 145 y 150 (que discurren por Veracruz), y 190 (que enfila hacia los estados de Oaxaca y Puebla) son las vías donde más tráileres se interceptaron en el periodo analizado cada año. También es usual que suban por la carretera de pago 145D, que sale de Tuxtla Gutiérrez y cruza el estado de Veracruz, en la que en más de una ocasión agentes federales han encontrado contenedores llenos de personas deshidratadas.

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Un trailero mexicano, que pidió no ser identificado por miedo a represalias, asegura trasladar a migrantes de Michoacán a Tamaulipas desde 2022. Le explicó a una reportera de esta alianza que en ocasiones los migrantes llegan a la Ciudad de México “como pueden” y en las centrales de autobuses de la capital los contactan los coyotes. “Les dicen, ‘nosotros tenemos un transporte seguro hasta la frontera”, cuenta, y por unos 13,500 pesos (818 dólares) los llevan hasta Michoacán. De allí los tráileres transitan la carretera federal 57 a través de Guanajuato y San Luís Potosí hasta Reynosa.

El conductor explica que un viaje de Michoacán a Matamoros, en la frontera con Estados Unidos, dura unas 15 horas, y que llevan personas de todas las edades: “Niños, bebés en brazos, mujeres, familias completas”. Estima que en cada contenedor viajan entre 50 y 100 personas, y dice que a los conductores se les prohíbe detenerse en el camino para comprobar las condiciones en las que viajan los migrantes: “No hay una consideración como para decir, ‘tienes que llevarlos cómodos o bien alimentados’. Lo que importa nada más es que lleguen a su destino”.

Cuenta que por cada viaje (o “paquete” entregado, como le dicen) a los choferes se les ofrece entre 80,000 y 100,000 pesos mexicanos (entre 4,800 y 6,000 dólares), pero no es raro que terminen recibiendo menos de la mitad. “Tienes que agarrarlos. No es negociable”, dice. Los choferes no necesariamente trabajan para los grupos criminales, explica, sino que son reclutados al azar en las centrales de carga. Negarse puede implicar la muerte. Es “mala suerte que te toque ir a cargar al lugar donde ellos tienen el viaje”, dice, “llegan y te dicen, necesito que me hagas este viaje. Ya está todo arreglado (...) es una manera amable de obligarte a hacerlo”.

Los cárteles controlan el tráfico de personas

El excomisionado Guillén asegura que el contrabando de personas a bordo de tráileres en México ya está bajo el control de los cárteles del narcotráfico, una versión que respaldan expertos y autoridades estadounidenses. “Son los dueños del tráfico de drogas, y por supuesto que son los dueños del tráfico de personas”, asegura Guillén. “Están súper metidos ahí y son los dueños de las comunidades”, agrega.

En enero, durante un encuentro sobre el combate a redes de contrabando humano organizado por la revista The Cipher Brief, un exoficial de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), David Fitzgerald, afirmó que los carteles han extendido sus alas sobre este negocio porque “pueden obtener ganancias con un riesgo muy bajo”.

Tradicionalmente los coyotes pagaban a los carteles una tarifa para mover a migrantes por sus territorios y operar en los pueblos fronterizos bajo su control. Pero esa dinámica cambió a partir del 2019, dijo

durante una audiencia en el Congreso el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), Patrick J. Lechleitner. “Algunos han adoptado un enfoque más activo en el tráfico de personas, aumentando y diversificando las fuentes de ingresos con una actividad que consideran de bajo riesgo. Los cárteles se han adaptado”, explicó.

Las penas por tráfico de personas en México oscilan entre ocho y 16 años de prisión, y son más severas que en Estados Unidos (donde una persona que transporte a indocumentados se expone a un máximo de cinco años de cárcel). Pero la mayoría de casos no se investigan por falta de denuncias, y cuando se hace, las pesquisas avanzan muy despacio o terminan en nada, explica Mónica Oehler, investigadora experta en migración de la oficina de Amnistía Internacional en Ciudad de México.

Fitzgerald señaló al cártel del Golfo, en Tamaulipas y territorios fronterizos; a los Zetas, en Nuevo León y Veracruz; y al cártel de Sinaloa como “un gran problema” en el tráfico de personas en México: “Hace dos años estos tipos solo controlaban la frontera. Se dieron cuenta, ‘¡Dios mío!, se puede ganar dinero aquí’. ¿Y qué riesgos hay?: un par de coyotes arrestados que pasan un par de meses en la cárcel”, dijo durante el panel en el que participaron otros exfuncionarios estadounidenses.

“En los últimos años, los cárteles mexicanos básicamente han pasado de operar en la frontera o cerca de ella a controlar todo el sistema migratorio desde Guatemala hasta la frontera con Estados Unidos”, explicó Fitzgerald, quien trabajó 37 años en la CIA y ha sido asesor de inteligencia del Mando Central del Departamento de Defensa.

La fragmentación de los carteles de la droga, a partir de la década del 2000, también llevó al surgimiento de grupos criminales regionales que carecen de capacidad para el tráfico internacional de drogas a gran escala, pero que han buscado otros negocios ilegales como la extorsión, el secuestro y el tráfico de personas, detalla un estudio de la Universidad de San Diego. En Chiapas, por ejemplo, el control original del tráfico de personas lo tenía el cártel de Chamula, liderado por indígenas locales. Según explicó un ex funcionario de migración conocedor de la región, que pidió no ser identificado por temor a represalias, este grupo hizo un acuerdo con el cártel de Sinaloa para operar juntos el negocio. (Ver «Crimen, impunidad y muerte detrás de la migración en Chiapas»).

El trailero que dice mover a migrantes de Michoacán a Tamaulipas, explicó que en el último año han aumentado los traslados, y estima que sólo en Tamaulipas se pueden mover unas 3,000 personas al mes. “En toda la frontera de México se hace lo mismo”, afirma, “claro, diferentes carteles, pero hacen lo mismo”.

Él dice haber llevado a migrantes en camiones que usualmente transportan pepinos o sandías. Y asegura haber transportado drogas en otras ocasiones: de cada diez viajes, estima, “puedes echar dos de migrantes y uno de de droga”.

Además, afirma que tanto choferes como las personas que transportan están a merced de las rivalidades entre carteles. En Tamaulipas, dice, las casas de seguridad son celosamente resguardadas por el cártel del Golfo para que los grupos rivales “no les roben a los migrantes”. Y la seguridad de los conductores también prende de un hilo: “Si un grupo [criminal] contrario se da cuenta, o te identifican, o te logran atrapar, ahí ya probablemente puedes perder la vida”.

El aumento de los casos y la mortalidad

Los cinco tráileres con más migrantes descubiertos entre 2016 y 2023 fueron detectados en los últimos dos años. En uno de esos casos, en julio de 2022, unas 400 personas estuvieron a punto de morir asfixiadas después de que el conductor abandonara el tráiler poco antes de un peaje de inspección en Acayucan, Veracruz. Desesperados, los migrantes rompieron el techo del contenedor y saltaron fuera; algunos se rompieron las rodillas y los tobillos en su huida.

También los accidentes y los muertos y heridos en las carreteras han aumentado: de las 111 muertes registradas a bordo de tráileres en los últimos seis años, el 72% ocurrió entre 2021 y 2023. Una de las víctimas, la nicaragüense Clorinda Alarcón, de 20 años, murió en Coahuila el 6 de marzo de 2022  cuando el tráiler en que viajaba con otras 160 personas fue abandonado al lado de la vía en Monclova, Coahuila. Los dejaron sin agua ni ventilación, ahogándose con una temperatura que rozaba los 105 grados Fahrenheit (40 centígrados). Alarcón iba con su esposo y estaba embarazada.

Por este caso, la Fiscalía General de Coahuila inició una investigación por los delitos de tentativa de homicidio y de tráfico de migrantes con agravante, según consta en un expediente de la CNDH, al que ha tenido acceso esta alianza. Al preguntar a la fiscalía por los avances de las pesquisas, no se obtuvo respuesta.

El año pasado fue el más letal para los migrantes en las vías mexicanas. Murieron 151 personas en todo tipo de accidentes en carreteras y vías férreas, según la Organización Internacional para las Migraciones. En los últimos tres años se han registrado más de la mitad de todas las muertes en una década. Guatemala y Honduras son las nacionalidades que más se repiten en las listas de fallecidos.

La mayor tragedia ocurrió el 9 de diciembre de 2021 en Tuxtla Gutiérrez cuando 56 personas, en su mayoría dominicanas y guatemaltecas, murieron al volcar el tráiler en el que viajaban junto a otro centenar de migrantes. El Gobierno mexicano creó entonces una comisión de trabajo integrada por seis países, incluido Estados Unidos, para investigar y desarticular la red criminal responsable. Prometió resultados “a la brevedad”, pero el grupo sólo se reunió una vez, en enero de 2022, según consta en un acta que entregó la Cancillería de México. Nunca más se vieron la cara. No se presentó el informe con los resultados que prometió el entonces canciller mexicano, Marcelo Ebrard. Y en cuanto a las investigaciones judiciales, aunque hubo arrestos en México, República Dominicana y Guatemala, no hay constancia de que esos casos hayan culminado en condenas para alguna persona. En Chiapas el caso sigue abierto y solo uno de los cuatro sospechosos detenidos siguen en prisión preventiva, dijo un abogado actuando en la causa que pidió proteger su identidad.

La Cancillería mexicana no contestó a una lista de preguntas sobre los resultados que prometió en 2021 cuando anunció la creación del grupo de trabajo.

Ese accidente pudo ser también un parteaguas para las autoridades mexicanas, que hasta ese momento no llevaban un recuento centralizado de las cifras de contrabando de personas en tráileres. En una respuesta enviada a Noticias Telemundo y CLIP, el Instituto Nacional de Migración reconoció que solo dispone de datos sobre casos y rescates de migrantes en vehículos de carga a partir de enero de 2022, cuando las oficinas estatales del INM comenzaron a informar diariamente de los incidentes.

El caso judicial por esas 56 muertes también ilustra la impunidad con la que operan los grupos criminales por la lentitud investigativa de la justicia mexicana, que solo resuelve 10 de cada 100 delitos por los que se abrió una investigación, según un reciente informe del centro de análisis de políticas públicas México Evalúa, que considera a las autoridades, “por regla general, muy poco eficientes”.

Además, los migrantes que suben a los tráileres engañados por los contrabandistas, o quienes fueron víctimas de maltratos, accidentes o secuestros, tienen pocos incentivos y muchas dificultades para permanecer en México de forma legal para así denunciar y participar de los procesos judiciales, afirma el abogado Axel González, abogado de la Clínica para Refugiados de la Iberoamericana de México.

Es la situación con la que tuvieron que lidiar algunas de las víctimas del accidente de Chiapas, que explicaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que rechazaron recibir la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias que les ofreció el INM porque funcionarios de esa misma institución les advirtieron que, de aceptarla, deberían volver a su país por sus propios medios, según consta en el expediente del caso.

Ya sea por miedo a represalias de los coyotes, o temor a ser deportados si acuden a las autoridades mexicanas, “ni siquiera está en sus cabezas cuando uno les pregunta ‘¿Y tú denunciaste todo esto?’”, explica Mónica Oehler, de Amnistía Internacional.  “Es un círculo de impunidad perfecto”, asegura.

Tampoco ayudaba que cuando un migrante se convertía en testigo de una investigación judicial las autoridades lo retenían en las estaciones migratorias, en algunos casos durante meses, a la espera de ser llamado a declarar por un juez, explica Oehler. “Hay que buscar mecanismos de acceso a la justicia en donde las personas puedan dar sus testimonios y seguir, pero en condiciones dignas”.

En marzo de 2023, la Corte Suprema de México determinó que es inconstitucional retener a las personas en las estaciones migratorias por más de 36 horas.

Corrupción y connivencia de las autoridades

¿Cómo es posible que tráileres cargados de migrantes recorran miles de millas por carreteras federales, sorteando puntos de inspección, sin ser detectados?

“Que llegue a pasar un tráiler con 100 migrantes en un territorio donde está el Instituto Nacional de Migración, la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina… es imposible que nadie sepa que ese tráiler lleva migrantes”, afirma la abogada Yesenia Valdez, coordinadora de defensa integral de la Fundación para la Justicia y el Estado, que asesora a migrantes y víctimas de violaciones de derechos humanos en México.

“No es un agente corrupto que ha sido captado. Estamos hablando de instituciones completas que forman parte de esta red criminal”, agrega.

María Alejandra Mángano, de la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados en Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, apunta (sin referirse a ningún país en particular) que “no hay crimen organizado que pueda desarrollarse y ser rentable si de alguna forma no se logró permear a las autoridades”.

El aumento de migrantes que viajan a Estados Unidos por América Latina y su origen cada vez más diverso —en 2019 la red detectó personas de 28 nacionalidades; el año pasado sumaban 49— sugieren que el contrabando de personas “está mutando hacia un negocio más organizado” y evidencian la necesidad de investigar posibles casos de corrupción que facilitan ese crecimiento, explica Mángano.

“En la mayoría de casos, si no en todos, se requiere de la posible corrupción de funcionarios públicos, de la posible connivencia, de negligencia o ineficacia”. Sin hablar de ningún país en particular, “lo cierto es que en la medida en que el crimen organizado crece, es porque están creciendo de alguna manera los niveles de corrupción pública”, dijo la fiscal.

Testimonios de migrantes, operadores y expertos apuntan a la existencia de una red de complicidades en México que ha permitido el florecimiento de este negocio.

El trailero que ha transportado migrantes de Michoacán a Tamaulipas afirma que los contrabandistas presuntamente pagan 500 pesos mexicanos por migrante (unos 30 dólares) a soldados para que los dejen seguir su camino por una carretera hacia la ciudad de Matamoros.“[Pagan] las veces que te detengan, pueden ser tres, cuatro o cinco veces que te detengan”, asegura.

 Noticias Telemundo y CLIP no han podido confirmar de forma independiente ésta ni ninguna de sus afirmaciones.La Secretaría Nacional de Defensa evitó referirse a la versión del trailero, aduciendo que no tiene competencia en materia de inmigración.

La Guardia Nacional no respondió al cuestionario enviado por esta alianza.

El conductor dice que transitan de madrugada para evitar los controles del Instituto Nacional de Migración. “Regularmente (los contrabandistas) te dicen que pases la Buenos Aires, en la Y griega, entre 2 y 3 de la mañana, porque a esa hora es cuando la migración no está”, dijo, refiriéndose a donde se encuentran las carreteras que suben a Matamoros y Reynosa.

Si los agentes de Migración llegan a detenerlos, cuenta, los contrabandistas les pagan 1,000 pesos mexicanos (unos 60 dólares) por cada persona en el tráiler. El pago, dice, lo hace una persona lejos de allí. “Mientras no se autorice el pago, mientras ellos no confirmen que tienen ya ese pago, no te dejan pasar”, concluye.

Noticias Telemundo y CLIP no han podido confirmar de forma independiente esa denuncia. El Instituto Nacional de Migración no respondió a las preguntas enviadas.

Sin embargo, testimonios de migrantes avalan las experiencias del trailero. David Exzequiel Portobanco, nicaragüense de 38 años que viajó en tráiler en noviembre de 2021, contó a Noticias Telemundo que en el trayecto entre Ciudad de México y Monterrey, agentes con “uniformes negros” detuvieron el camión durante una hora y media mientras presuntamente negociaban con los coyotes.

“Era como a las 10 de la noche. Nos paró la policía (...) abrieron el camión y alumbraron ahí adentro. Y después dilataron ahí, negociando, me imagino yo. Después volvieron a cerrar. Atrás, en el camión donde íbamos nosotros, iban dos personas, imagino que eran encargados de los coyotes (...) Se quedaron hablando y volvieron al camión”, narró Portobanco desde su casa en Moyogalpa, adonde regresó en diciembre pasado después de vivir dos años en Estados Unidos.

Reyna Jacinto, la migrante guatemalteca que viajó tres veces en un tráiler en 2005, asegura que en uno de esos trayectos, durante una parada, escuchó como los coyotes negociaban el pago con lo que ella dijo ser un grupo de militares: “Ellos [los coyotes] les llaman guachos. Estaban hablando de cantidades de dinero. Pero sí, esos eran soldados”.

José Luis Reyes Farías, el director de un albergue para migrantes en Acayucán, Veracruz, donde en los últimos seis años han sido detectados al menos 8 tráilers que llevaban a más de 1400 personas, según nuestro análisis de datos, dijo que ha recibido a migrantes que le cuentan haber pasado hasta por tres filtros de autoridades en las carreteras que les pidieron dinero para dejarlos seguir.

“Habrá grupos que se dediquen al tráfico de personas que tienen un trato especial, un acuerdo con la autoridad migratoria. No me cabe la menor duda. Yo no puedo explicarme esta acción tan impune, de gente que viaja de forma masiva, de distintos modos sin la complicidad de las autoridades migratorias”, dijo Farías.

Los problemas de corrupción dentro del Instituto Nacional de Migración son conocidos. En agosto de 2020, el INM despidió a más de 1,000 funcionarios por presuntos actos corruptos, entre ellos una docena de jefes de la delegación de la Ciudad de México. Meses antes, el presidente López Obrador había anunciado la separación de 500 agentes por las mismas causas, diciendo que el Instituto era una de las entidades públicas que “se echaron a perder por completo”.

“Hay una larga historia de denuncias de corrupción en nuestras instituciones”, admite el ex comisionado Tonatiuh Guillén,  “En el Instituto Nacional de Migración me ocurría con frecuencia, denuncias de policías locales, estatales y municipales, que también formaban parte de una actividad de extorsión, muchas veces de migrantes”.

Otro problema que tiene México es la falta de controles sobre la flota de camiones de carga en las carreteras, que en 2021 superaba las 600,000 unidades. Un reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), advierte que “las fuerzas policiales mexicanas no cuentan con recursos suficientes” para supervisar que los vehículos pesados cumplan con las normas de seguridad vigentes y evidenció que el país tiene un faltante de inspectores especializados.

 El informe, que no aborda el contrabando de personas, advierte que la supervisión del transporte terrestre es una actividad peligrosa para los agentes de policía en México, debido a los altos niveles de robo de carga y transporte de drogas, y propone crear una unidad especial que supervise únicamente el cumplimiento de las normas de seguridad, entre ellas el peso y el estado mecánico de los vehículos.

La dureza del viaje para los niños

En esos tráileres, bajo condiciones inhumanas, también viajan niños, en ocasiones enfermos o solos. El 7 de mayo de 2019 la Policía Federal localizó a 289 personas, en su mayoría de Honduras y Guatemala, en dos camiones en un retén conocido como la Coma. Entre los migrantes iban menores enfermos de varicela, viruela y sarampión. En junio de 2021, los coyotes abandonaron en una carretera de Veracruz a Wilder Ladino, un niño de dos años que viajaba solo en un tráiler con otras 100 personas; un joven de 25 años había muerto en el contenedor. Ese día nadie pudo decirle a los rescatistas de quién era el niño, pero un reportero de esta alianza logró hablar con su familia en Honduras para aclarar su historia.

El 25 de junio de 2021, su padre, Isidro Ladino García, al que llamaban Chilo, se despidió de su familia en San José de Miramar, Honduras, y salió hacia el norte con el pequeño Wilder. Tres días más tarde, la madre del pequeño, Lorena García, recibió una llamada de un consulado hondureño en México informándola de que su hijo había sido localizado solo junto a un tráiler abandonado.

Según explicó la familia a Contracorriente en julio de 2021, Chilo fue separado por las autoridades del grupo con el que viajaba en Tuxtla Gutiérrez, pero nadie ni nada impidió que su hijo siguiera en un tráiler que recorrió miles de millas hacia el norte del país, antes de ser abandonado al borde de la carretera ya cerca de la frontera con Estados Unidos.

Las autoridades migratorias regresaron al menor con sus familiares días después. Este equipo no ha logrado confirmar las razones llevaron a la separación de Chilo y su hijo durante el viaje.

Tampoco es raro que las autoridades encuentren niños de brazos en estos hornos rodantes, como pasó en octubre de 2022, cuando un tráiler con 110 personas fue interceptado en Tuxtla Gutiérrez. Dentro iba un bebé ecuatoriano de 5 meses y otros seis pequeños de entre 2 y 11 años, según el reporte del INM. 

Yanira Chávez lamenta en su casa de Long Island los cuatro “horribles” días que sus hijos pasaron dentro de un tráiler casi sin agua y al borde de la asfixia. “Yo no se lo deseo a nadie”, agrega. No olvida el olor a excremento, el calor, el ahogamiento, las personas desmayadas, el llanto y las oraciones, ni el polvo asfixiante que entraba por un orificio del tráiler, ni los cuatro días con las rodillas dobladas, entumecidas, sin bañarse. “No me canso de decirle a mis hijos ‘perdónenme por todo lo que inconscientemente les hice pasar’. Yo sé que los arriesgué, pero sentía que no podía dejarlos en mi país porque iba a ser peor”, dice entre lágrimas.

Yanira asegura que sus hijos han sido fuertes y dejaron atrás los recuerdos traumáticos del viaje: salir de su país, la sed y los maltratos de los coyotes, pero reconoce que su hija aún tiene pesadillas. “Es muy difícil de olvidar”.

Múltiples estudios han demostrado que las difíciles condiciones de la migración irregular —el miedo, el hambre, la falta de instalaciones sanitarias y atención médica— impactan en la salud mental de los niños, que pueden padecer ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático (PTSD por sus siglas en inglés).

¿Por qué acaban los migrantes en tráileres?

El hondureño Reynaldo Campos, de 40 años, emprendió a Estados Unidos junto a tres primos en abril de 2020 desde Ocotepeque, un municipio fronterizo con Guatemala y El Salvador. Cuenta que no tenían suficiente dinero para pagarle a un coyote, por lo que viajaron por su cuenta y lograron llegar en autobús a la ciudad de Querétaro. Allí, con otros migrantes, pagaron para subir a un tráiler en el que pasaron una noche entera, a punto de congelarse porque este iba refrigerado

“Es duro, cuando los niños empiezan a llorar”, explica, “les tapan [la boca] para que no griten”.

Recorrieron más de 430 millas (700 kilómetros) hasta Monterrey, donde los bajaron. Sin dinero, siguieron su camino a pie; unas tres horas después fueron interceptados por agentes de migración. Campos pasó detenido tres semanas hasta que lo deportaron en autobús a Guatemala. Sin dinero, regresó a Honduras a pie y pidiendo aventones. “Fue muy duro para nosotros, cruzar todo Guatemala a pie es triste”,  dijo Campos, quien actualmente trabaja en construcción en Ocotepeque.

 

Datos de 2018, los más recientes que ha publicado el Colegio de la Frontera Norte, muestran que los migrantes de Honduras, como Reynaldo, son los que más acuden a los viajes en tráiler para cruzar México. Pero no solo centroamericanos viajan en los camiones de carga, en las listas de sobrevivientes que publica con frecuencia el INM aparecen dominicanos, ecuatorianos, venezolanos, familias bangladesíes, nepalíes, uno que otro uzbeko, indios, africanos, cubanos y haitianos, por citar solo algunas nacionalidades.

¿Qué empuja a los migrantes a asumir estos riesgos? “En México no está regulado actualmente un mecanismo que permita el libre tránsito” de migrantes, explica Axel González.

No hay vías legales para cruzar el país de forma segura. Lopez Obrador llegó a la presidencia en diciembre de 2018, heredando de su antecesor una política migratoria agresiva que ya empujaba a los migrantes a pasar por México de forma clandestina, incluso en camiones de carga. Cuando asumió el poder, AMLO ofreció un “país hospitalario” y prometió que los extranjeros podrían “transitar con seguridad” o incluso quedarse en México. Anunció políticas migratorias amigables y un programa de visas de trabajo para los centroamericanos. Sin embargo, apenas seis meses después acordó reforzar la frontera con Guatemala y aumentar las deportaciones presionado por el expresidente republicano Donald Trump,  que amenazó con gravar las importaciones de productos mexicanos.

Destinó además a 6,000 agentes de la Guardia Nacional a tareas de “rescate” y “registro” de migrantes. Desde entonces esa cifra se ha quintuplicado; además, López Obrador ha intentado traspasar la Guardia Nacional (un cuerpo que él mismo creó) a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que militarizaría esos controles migratorios.

Entre junio de 2019 y febrero de 2020, el Gobierno detuvo a más de 130,000 migrantes, un aumento de casi 30% en comparación con el mismo período el año anterior, cuando se terminaba la administración de Enrique Peña Nieto.

El Gobierno de López Obrador ordenó además a las empresas de autobuses que exigieran documentos a los pasajeros —incluyendo a los mexicanos— antes de venderles un boleto. El presidente dijo en conferencia de prensa que había sido amenazado por el Gobierno de Trump con “aplicar aranceles”. “Se tienen pruebas de que, en un camión de pasaje, un porcentaje considerable viaja sin ser del país, sin ningún registro, vamos a poner orden en eso”, prometió.

En la misma conferencia, sin embargo reconoció el peligro que enfrentan los migrantes al viajar dentro de un tráiler. Tres días antes habían sido localizados en Veracruz cuatro furgones que llevaban a unas 800 personas. “Estamos hablando de familias, de niños en una situación de hacinamiento, de riesgo por asfixia.Todo eso nos corresponde evitarlo y es lo que se está haciendo combatiendo la ilegalidad”, dijo.

Meses después, el Gobierno mexicano amenazó a las empresas de autobuses con sanciones si no comprobaban los documentos de sus pasajeros, según un oficio firmado por el director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, al que tuvo acceso esta alianza de medios. El pasado octubre la medida fue declarada inconstitucional por un juzgado de la Ciudad de México al considerar que discrimina a los migrantes, viola su libertad de tránsito, y pone en riesgo “la vida, la dignidad [...]. al fomentar el mercado negro de tráfico de indocumentados”.

“Convirtieron a estas empresas en agentes migratorios”, explica Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, quién presentó el recurso judicial contra la medida. Kuhner, de origen estadounidense y residente en México desde hace 26 años, visitó junto a un notario cinco ventanillas de la Central de Autobuses del Norte, en Ciudad de México, donde trató de comprar un pasaje sin documentos migratorios. En todas se negaron a venderle el pasaje, explicó.

 Ahora su prioridad es monitorear que las empresas de autobuses acaten la orden del Juzgado y dejen de pedir documentos a los migrantes.  El Instituto Nacional de Migración declinó responder a esta alianza si ha cancelado la medida.

Tanto Kuhner como Mónica Oehler, de Amnistía Internacional, critican también los  controles migratorios que buscan impedir que los indocumentados crucen el país y convertir así el interior de México en una “frontera vertical”. “Van a las carreteras y paran de forma arbitraria, dice Kuhner, “paran los coches y los camiones [autobuses] y los revisan; ocurre desde Chiapas hasta la frontera norte”.

“Cuando alguien les ofrece cruzar México en dos días en condiciones horribles pues parece bastante atractivo en comparación con todo lo que tendrían que pasar si hacen el viaje por su cuenta”, explica Oehler.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México señaló en 2022, en su informe sobre el accidente del tráiler en Chiapas, que ante el temor a ser deportados por México los migrantes se ven obligados a “contratar el servicio de traslado ofrecido por traficantes que poco o nada les interesa su vida o bienestar”.

 

 La crisis en la frontera con México es ahora de nuevo el eje central de la campaña de las elecciones a la Casa Blanca del 5 de noviembre, y también importa en la elección presidencial del 2 de junio en México, que decidirá a la persona que sucederá a López Obrador.

En Estados Unidos, Biden ya anticipó su intención de endurecer aún más las reglas para solicitar asilo y deportar rápidamente a quienes no califican. En México, la candidata oficialista Claudia Sheimbaum respalda las medidas de López Obrador en materia de migración, mientras que la opositora Xochitl Gálvez lo acusa de haber entregado a México como tercer país seguro sin obtener nada a cambio de Estados Unidos , dejando desprotegidos a los migrantes.

Por ahora, pareciera que la única opción para los migrantes indocumentados de moverse con seguridad por territorio mexicano es solicitar el estatus de refugiado, pero ese trámite se puede demorar de tres a seis meses, por el colapso de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado. “Desde que empezó la Administración de López Obrador no ha habido ningún interés en fortalecer las iniciativas de protección del Estado. Y cuando lo hay, el presupuesto de la Comisión de Ayuda al Refugiado es minúsculo”, denuncia el excomisionado Tonatiuh Guillén.

 La tarifa de los contrabandistas de personas

“A nosotros nos pidieron 125,000 quetzales (unos 16.233 dólares) por cabeza porque era un viaje especial”, contó Sandra Coc Mohulds De Yat desde su casa en Río Dulce, en el departamento de Izabal, Guatemala.

A finales de 2021, su hermano, Andrés, su esposo, Florentin y su cuñado, Santiago Bolom Coy contactaron con un coyote local para que los llevara a Estados Unidos. El traficante les prometió un trayecto seguro. “Se refería a que no iban a sufrir, que no iban a caminar por el desierto y que en carro iban a pasar. Pero lastimosamente los colocaron en un furgón”, explica.

El 9 de diciembre, los tres hombres abordaron un tráiler en San Cristóbal de las Casas (Chiapas). Ya habían entregado parte del dinero y sintieron que no tenían otra opción:“Al final mi cuñado dijo ‘vámonos porque no hay de otra, vamos a lograr llegar a nuestro destino”, explica Coc Mohulds. Su tráiler fue el que volcó por exceso de velocidad y en el que fallecieron 56 personas —entre ellas Santiago, su cuñado— cerca de Tuxtla Gutiérrez, a unas 30 millas (52 kilómetros) de donde habían partido, en un sitio al que hoy se le conoce como la curva del migrante.

La tarifa que los coyotes cobran a los migrantes por viajar en tráiler depende de factores tan variopintos como el sitio donde lo abordan, su nacionalidad y sus redes de apoyo en Estados Unidos. “Es un negocio muy estudiado”, explica Brenda Ochoa, directora del Centro Fray Matías en Tapachula, Chiapas. Personas de Guatemala, Honduras y República Dominicana entrevistadas por esta alianza aseguran haber pagado entre 10,000 y 19,000 dólares por cabeza para que los coyotes les ayudaran a cruzar México, incluyendo el viaje en tráiler.

Reynaldo Campos dijo que pagó 10,000 pesos mexicanos (511 dólares actuales) por el viaje de 11 horas de Querétaro a Monterrey. En 2005, Reyna Jacinto pagó 40,000 quetzales por el viaje desde Guatemala, casi 8,000 dólares al cambio actual. Enzo Eras, quien viajó ese mismo año desde Ecuador cruzando buena parte de México en un tráiler, pagó 14,000 dólares por el viaje desde su país, sin saber que terminaría en un contenedor, según contó a Noticias Telemundo.

El servicio de los coyotes se ha vuelto más caro, especialmente en la última década. El cambio se notaba desde los primeros años de la administración de Peña Nieto, cuando los migrantes comenzaron a contratar contrabandistas para cruzar México con mayor frecuencia, obligados por las acciones migratorias del gobierno, según explica un estudio del Centro Strauss de la Universidad de Texas en Austin.

“Esto ya no es un grupo de coyotes informales que simplemente contrabandean a cinco, diez o quince personas”, dijo en enero John Cohen, ex subsecretario interino de Inteligencia y Contraterrorismo del Departamento de Seguridad Nacional, que también participó en el panel sobre tráfico de personas. “Es un negocio multimillonario”, agregó. Se estima que las ganancias anuales de los grupos criminales de contrabando de migrantes en la frontera con Estados Unidos, entre ellos los carteles de la droga, podrían ascender a 13,000 millones de dólares, según un reporte del diario The New York Times, que cita datos federales.

Las redes sociales sirven en algunos casos para conectar coyotes y migrantes, pero para muchos centroamericanos el voz a voz sigue siendo una de las vías fundamentales para contactar a los contrabandistas en sus pueblos, según averiguaron reporteros de esta alianza sobre terreno. El coyote local, al que se llega a través de conocidos en el barrio, familiares que ya partieron o que lo intentaron, y amigos, parece ser el primer eslabón de la odisea hacia el sueño americano.

 

Al otro lado de la frontera

El Gobierno estadounidense sabe que los carteles de la droga se han ido apoderando del contrabando de migrantes a ambos lados de la frontera, incluyendo su transporte en tráileres por las carreteras de Estados Unidos y México, según reconoció a Noticias Telemundo el jefe de la Patrulla Fronteriza, Jason Owens.

“Los mismos grupos que se encargan del tráfico de drogas también están operando la cuestión de pasar gente. Ellos están ganando dinero en ambos lados con eso”, dijo Owens durante una videollamada en febrero.

Parte del atractivo del contrabando de migrantes para los carteles de la droga es la posibilidad de ganar dinero en una actividad ilegal a la que las autoridades no dedican la misma atención que al narcotráfico, dijo el año pasado a Noticias Telemundo Arístides Jiménez, ex agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI). “Tienes menos personas investigando un crimen que deja mucho dinero (...) con el movimiento de drogas viene muchos escrutinio: la SEDENA en México, organizaciones federales: la DEA, el FBI, el HSI, todo el mundo buscando drogas”, aseguró.

En años recientes, mientras el Gobierno estadounidense incrementa su presión sobre México para que frene el tránsito de migrantes por su territorio, también ha desplegado recursos para investigar a los contrabandistas en sus propios países.

En 2021, tras duplicarse la llegada de migrantes a la frontera en los primeros meses de la Administración Biden, Estados Unidos anunció dos programas para combatir a las organizaciones de tráfico de migrantes fuera de sus fronteras, apuntando sobre todo a grupos criminales que operan en México y en los países del Triángulo Norte.

Mediante una de esas iniciativas, el Departamento de Justicia logró la extradición de varios contrabandistas de México, Guatemala y Honduras, entre ellos cuatro guatemaltecos que fueron condenados el pasado mes de noviembre a penas de cárcel de entre 10 y 40 años, acusados de llevar migrantes guatemaltecos a través de México para cruzarlos a Estados Unidos, entre ellos una joven que falleció en Odessa, Texas, en abril de 2021, y cuyo cuerpo abandonaron en la orilla de una carretera rural. Le habían cobrado 10,000 dólares a sus familiares por el viaje; tras su muerte, intentaron sobornarlos para comprar su silencio, según la acusación federal.

La Patrulla Fronteriza también investiga a estas redes criminales en coordinación con las autoridades mexicanas, explicó Jason Owens, sin ofrecer más detalles.“Tenemos investigaciones específicas contra esa táctica de los tráileres. Hay gente que muere cada año en ambos lados de la frontera”,dijo.

Mónica Oehler, de Amnistía Internacional, opina sin embargo que el problema “no va acabar nunca si no se plantea la migración de una manera diferente”, y apuesta por ver a los migrantes “no como una amenaza” sino como personas “en una situación de crisis que necesitan protección”.

El ex comisionado Tonatiuh Guillén va más allá de las fronteras y atribuye parte de la responsabilidad a los cálculos políticos en Estados Unidos. El enfrentamiento entre Joe Biden y Donald Trump tiene a la migración como punto central y las diferencias ideológicas de republicanos y demócratas han impedido durante décadas que se reforme el sistema migratorio en un país urgido de trabajadores y donde la población migrante ha sido clave para cubrir esa escasez: el año pasado proporcionó el 60% del crecimiento de la fuerza laboral. “Buena parte de la solución regional comienza y termina con la disputa política en Estados Unidos. Lo que vemos como crisis de migración, en realidad es primero una crisis política”, dijo Guillén.

Entre tanto, con la campaña electoral ardiendo a ambos lados de la frontera, y miles de carpetas de investigación varadas en los juzgados mexicanos, el tránsito de camiones cargados con migrantes de camino al norte no cesa. Miles de personas siguen pagando una pequeña fortuna por arriesgar sus vidas para luchar por un futuro diferente en Estados Unidos, como lo hicieron Yanira Chávez y sus hijos, engañados, perseguidos, extorsionados, amenazados y aferrándose a sus vidas dentro de un contenedor casi sin oxígeno, en un río o bajo el sol abrasador del desierto.

“Cuando finalmente cruzamos ese río en una balsa, mi hijo, un niño de 9 años, me dice: ‘Tranquila mami, ya vamos a salir de este infierno”,  dijo Chávez entre lágrimas, “Ya se va a acabar y en el nombre de Dios vamos a estar bien”.

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