Adiós, Consuelo

El 2026 abre una coyuntura que no admite ingenuidad ni silencio. La elección de la próxima Fiscal General y Jefa del Ministerio Público no es un trámite administrativo, sino el cierre obligado de un período de persecución institucional que tuvo un rostro claro: el de María Consuelo Porras Argueta.

Desde el paro nacional de 2023, pueblos indígenas y sectores no indígenas expresamos una demanda común y contundente: su renuncia. No fue una reacción emocional ni una consigna pasajera, sino una exigencia política frente a una institucionalidad capturada y utilizada como aparato de represión.

Hoy los plazos legales se cumplen y ese ciclo se agota. Ya no depende de acuerdos bajo la mesa ni de voluntades políticas que pretendan sostener lo insostenible. Se trata del cumplimiento del mandato normativo que pone fin a una gestión carente de legitimidad. Anhelar ese cambio es nombrar un límite ético y político: el país no puede ni debe seguir sosteniendo un Ministerio Público que criminalizó, persiguió y operó contra la democracia y los derechos humanos.

Bajo esta gestión, periodistas, estudiantes, defensoras y defensores de derechos humanos, operadores de justicia y autoridades indígenas fuimos perseguidos no por cometer delitos, sino por incomodar al poder. Esta criminalización no fue excepcional ni aislada, sino parte de una política sostenida que profundizó la impunidad y debilitó la confianza en las instituciones.

[frasepzp1]

La prisión de exautoridades indígenas de los 48 Cantones de Totonicapán, como Luis Pacheco y Héctor Chaclán, próximos a cumplir nueve meses encarcelados, evidencia el racismo histórico e institucional del Estado guatemalteco. Cuando los pueblos indígenas ejercemos autoridad, defendemos territorio o participamos en la vida política, la respuesta del sistema no es diálogo ni reconocimiento, sino castigo. Esta violencia es estructural, colonial y persistente.

Como mujer maya, sé que la institucionalidad nunca fue pensada para representarnos ni protegernos. El sistema de justicia ha funcionado históricamente como un mecanismo de control sobre nuestros cuerpos, nuestras voces y nuestras formas de organización. Por eso la ley no se aplica de la misma manera cuando se trata de pueblos indígenas y por eso la criminalización se ensaña con nuestros liderazgos.

Vivir bajo arresto domiciliario no es vivir en libertad. Es una prisión sin muros que suspende la vida y normaliza el castigo sin sentencia. Esta práctica no puede seguir siendo aceptada como algo «menos grave».

El cambio de Fiscal General no resolverá por sí solo la violencia estructural del Estado, pero puede abrir una grieta: detener la criminalización, revisar casos fabricados y avanzar hacia una libertad que no sea parcial ni condicionada. Aunque no decidimos directamente estos nombramientos, informarnos, vigilar y fiscalizar es una responsabilidad política de todos y todas. La justicia no se delega: se exige.