La narrativa es conocida y peligrosa: convertir a exautoridades indígenas y defensores de derechos en «terroristas». Una etiqueta funcional al poder, útil para borrar la legitimidad histórica de las formas propias de organización de los pueblos indígenas y justificar su persecución. No hay terrorismo en las asambleas comunitarias ni en la autoridad comunitaria ni en la defensa del territorio. Lo que hay es una amenaza para un orden colonial que no tolera la autonomía ni la memoria.
El Ministerio Público repite con solemnidad la consigna de «fuerza y firmeza» frente al terrorismo. Pero esa firmeza tiene destinatarios precisos: se ejerce con rigor quirúrgico contra autoridades indígenas y pueblos organizados, y se diluye cuando la violencia proviene de estructuras criminales reales. No es una política de seguridad, es una puesta en escena. La mano dura no combate el terror: lo administra, lo tolera y, en ocasiones, lo acompaña.
La farsa se vuelve evidente cuando se observa el trato diferenciado que el propio Ministerio Público aplica según el sujeto que tiene enfrente. Hoy, en lugar de perseguir con rigor a quienes asesinaron cobardemente a agentes de la Policía Nacional Civil, el MP optó por protegerlos, solicitando únicamente que fueran ligados por portación ilegal de armas y posesión de drogas. Ignoró deliberadamente los delitos graves asociados a sus actos terroristas, aquellos que permitirían juzgarlos bajo la nueva Ley antipandillas. No fue un error técnico: fue una decisión política.
Ahí se revela la grieta profunda del sistema. Mientras a líderes indígenas se les construyen expedientes desproporcionados para encajarlos forzosamente en figuras de terrorismo, a pandilleros que asesinan se les reduce la responsabilidad penal. La ley se endurece contra quienes constitucionalmente tienen el derecho de organización y se flexibiliza para quienes siembran muerte.
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¿Quiénes son entonces los terroristas? ¿Los que defienden derechos o quienes matan con impunidad y encuentran complicidad institucional? El Ministerio Público ya no actúa como garante de justicia, sino como un aparato selectivo que protege a unos y castiga a otros. Su servilismo al poder y su complicidad con estructuras criminales conviven con la criminalización sistemática de los pueblos indígenas. No es una contradicción: es la lógica de un Estado que sigue operando bajo parámetros coloniales, donde la vida indígena organizada es vista como amenaza y la violencia criminal como un daño administrable.
Desde la prisión, sin embargo, la palabra no ha sido derrotada. Luis Pacheco y Héctor Chaclán han escrito varias cartas recordándonos que haber servido como autoridades comunales de los 48 Cantones de Totonicapán no es delito; que la protesta pacífica en defensa de la democracia es un derecho constitucional; y que ninguna autoridad indígena es una asociación ilícita. Han sostenido con claridad política lo que el sistema pretende borrar: que la dignidad no se criminaliza y que la resistencia continúa, incluso cuando el castigo busca quebrarla.
Por eso esta columna no es un lamento. Es un reconocimiento a la resistencia de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, que incluso desde el encierro siguen interpelando a un sistema injusto. Es también una denuncia contra la narrativa que pretende convencernos de que defender derechos, organizarse históricamente y ejercer autoridad comunitaria es sinónimo de terrorismo.
No lo es. Terrorismo es usar la ley para infundir miedo, silenciar a los pueblos y garantizar impunidad. Terrorismo es un sistema judicial que persigue la dignidad y protege la violencia.
Hoy, más que nunca, es necesario acompañar.
Acompañar desde la palabra, desde la calle, desde la memoria activa.
Porque el olvido también es una forma de condena.
Esta columna está dedicada a la resistencia de Luis Pacheco y Héctor Chaclán.
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