Un proceso de cooptación y deterioro que inició hace un cuarto de siglo, llega a su momento culminante en estos días. Por un lado, su máxima autoridad, el Consejo Superior Universitario (CSU), prácticamente en la ilegalidad. Cerca de dos tercios de sus integrantes tienen vencidos los períodos para los que se les eligió. Sin embargo, siguen tomando decisiones que marcan la vida de las personas y el destino de la educación superior estatal en el país.
Esos que tienen el período acabado resolvieron expulsar a estudiantes que defendieron la legalidad en la USAC. Esos mismos buscan designar a una persona como magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC), sin esperar a que se realicen las elecciones convocadas para la próxima semana. Esos mismos son los que apañan a las versiones universitarias de las maras, los mal llamados comités de huelga de dolores (con minúscula, como deben ser llamados).
Estos grupúsculos, devenidos en bandas criminales, no han honrado ni por asomo, el sentido histórico y la tradición que la centenaria Huelga de Dolores representa para el pueblo. Al amparo de la capucha, delinquen no solo durante la cuaresma. Ahora, en todo momento aparecen como marabunta y este año no ha sido la excepción.
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Pese a que la práctica agresiva de los bautizos a personas de nuevo ingreso está prohibida, un grupo de estos delincuentes agredió a estudiantes de nuevo ingreso en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia el 22 de enero. En las redes sociales se presentaron las denuncias desde el primer momento y, conforme transcurren los días, se conocen nuevas imágenes y datos sobre los agresores.
Según los relatos iniciales el grupo de estudiantes fue literalmente secuestrado y privado de libertad, so pretexto de la celebración del bautizo, eufemísticamente llamado bienvenida. El grupo agredido fue sometido a tratos crueles e inhumanos, tortura, acoso y violencia de contenido sexual. En el caso de las estudiantes mujeres, todas las acciones son constitutivas de delito en el marco de la Ley Contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Una de las publicaciones es un audio en el que la estudiante agredida reitera todo el tiempo su negativa a participar en las acciones que la violentan.
Los agresores fueron señalados de ser aliados del usurpador de la rectoría, Walter Mazariegos. Según denuncias en redes sociales, uno de los líderes del grupo es, Azdriel Armando Betancourth también llamado Break, quien es auxiliar de cátedra en la Facultad de CCQQ y Farmacia. Anteriormente, esta persona ha sido denunciada por amenazar a estudiantes, pese a lo cual continúa laborando en la USAC y en el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP).
La Ley contra el femicidio obliga al Ministerio Público a investigar de oficio, sin que medie denuncia alguna. Con base en ello, la entidad está obligada a proceder. Como también lo está el CSU ante la violación a normas establecidas. Violación que, además, conlleva la comisión de graves delitos. Basta de tolerar a criminales con capucha.
La USAC merece el rescate del estado comatoso en que la corrupción que siguió al terrorismo de Estado la ha sometido. Guatemala merece tener una universidad estatal que forme profesionales al servicio de sus pueblos y que sea un bastión en la defensa de la democracia y la construcción de una sociedad justa.
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