El exfuncionario no es alguien que piense precisamente en el bienestar colectivo. De hecho, mientras ocupó el Mingob fue promotor y firmante del acuerdo que hizo de Guatemala un «tercer país seguro», gestionado en conjunto con la excanciller Sandra Jovel. Mediante ese acuerdo se facilitaban las deportaciones masivas promovidas por el gobierno de Donald Trump.
[frasepzp1]
Sus tanes en el ejecutivo los inició en el 2010 en calidad de interventor de la entonces Dirección General de Migración (DGM). Cargo que ocupó hasta el 2012. Durante el período en el que ejerció dicha posición se produjeron diversas situaciones anómalas. En 2010, el sindicalista Fidel Pacheco denunció ser víctima de amenazas de muerte por parte de Degenhart y su entorno cercano, luego de hacer público que en la DGM funcionaba una red que falsificaba pasaportes. En julio de ese año, Pacheco fue asesinado sin que a la fecha el crimen se haya esclarecido.
En el mismo período, Carlos Barreda de León, sospechoso del asesinato de Cristina Siekavizza logró salir del país junto a sus dos hijos pequeños. Barreda pudo salir gracias a contar con pasaportes falsos, registrados en la DGM. Los mismos estaban firmados por el titular de la entidad, Enrique Degenhart.
Desde que asumió en el Mingob en 2018, Degenhart intentó establecer la ubicación de testigos protegidos en varios casos por corrupción que se ventilaban en los tribunales. Los mismos habían sido impulsados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y eran perseguidos por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). De hecho, el exjuez Miguel Ángel Gálvez, quien conocía dichos procesos realizó una especie de amonestación a Degenhart por su obsesiva insistencia en conocer la ubicación de los testigos.
Al dejar el cargo en 2020, se incorporó al Partido Unionista en donde asumió una subsecretaría general. En 2023 compitió infructuosamente en alianza con el partido Valor de Zury Ríos, para ocupar una curul.
El exministro y exinterventor de la DGM insiste en que con nuestros impuestos se le proporcione seguridad personal con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) especializados en protección a personalidades. Argumenta enfrentar una situación de riesgo por un atentado que habría sufrido hace 13 años. Por el momento, la Corte de Constitucionalidad (CC) considera innecesario conocer la solicitud que presentó Degenhart. El tribunal planteó que se debe esperar a que se resuelva una diligencia pendiente en tribunales por lo que la petición del exfuncionario no procede.
En su accionar para que se ordene al actual Mingob a que le proporcione seguridad personal, una vez más hace gala de su individualismo y afán de priorizar su necesidad particular por encima del bien común. Cada elemento de la PNC es necesario en las acciones de protección, más ahora que un número importante de estos sigue desplazado ante los disturbios promovidos por la secta Lev Tahor en la zona 3 capitalina.
Bien haría Enrique Degenhart en dejar por un lado sus caprichos personales o utilizar sus propios recursos para contar con seguridad personal.
Más de este autor