De allí que, cuando se inician procesos de reforma judicial orientados a superar esa tara, se intenta modificar ese comportamiento. La entidad que cierra el ciclo de cambios es la encargada de la persecución penal, el Ministerio Público (MP). Con las reformas de 1994, esta institución se independiza plenamente de la dependencia funcional del Ejecutivo, al separarse la jefatura del MP y de la Procuraduría General de la Nación (PGN), que anteriormente recaía en una sola persona. Asimismo, se transita hacia un sistema inquisitivo basado en la oralidad, que se proponía garantizar un funcionamiento profesional en la administración de justicia.
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Poco a poco se fue abriendo paso un esquema que, como esas hierbas que crecen entre el cemento, rompía cualquier obstáculo para salir a la luz y ofrecer a la sociedad la justicia que merece. El botón dorado llegó con un MP que definió estándares y niveles profesionales de funcionamiento y apego a la ley. De la mano de Claudia Paz y Paz, primero, y de Thelma Aldana, después, esas rutas otorgaron un brillo excepcional a la institución. Los pasos iniciales de la gestión de Amílcar Velásquez Zárate sentaron las bases de procesos que más tarde alcanzarían su consolidación.
Pero, con la llegada de Consuelo Porras, todo cambió y se vino abajo. Así lo documenta a profundidad el informe Caro ineficiente y Corrupto, el cual da cuenta de la investigación que evalúa al MP durante su gestión. El reporte es producto de un esfuerzo de la Convergencia por los Derechos Humanos, una alianza de nueve organizaciones que, desde el 2000, trabaja en favor de la democracia y los derechos.
En el texto se destaca cómo los números que Consuelo Porras usa para llenarse de espuma a la hora de lucir su trabajo, son un amaño de acciones mal encaminadas y diametralmente opuestas a su misión. La Convergencia indica que, de un índice de «efectividad más alto en 2012 22.17 %», el MP de Consuelo Porras ha caído al nivel más bajo en 2024, con tan solo 9.55 %. «El porcentaje de 9.55 % obtenido durante el año 2024, es el más bajo de toda la historia del Ministerio Público y representa apenas, la mitad de la efectividad que alcanzó Claudia Paz en 2011, con un presupuesto, cinco veces menor», indica el estudio.
Pero, ¿qué representa esto en términos concretos para las víctimas? El análisis de los datos obtenidos de los reportes del MP revela que, durante la administración de Porras, ese menos del diez por ciento de eficiencia se traduce en un índice de efectividad promedio del seis por ciento en delitos contra la vida, lo que implica una impunidad del 94 % por cada cien casos. En el caso de los delitos de violencia contra la mujer, el índice de efectividad promedio es de apenas el 3.73 %, es decir, menos del cuatro por ciento, lo que se refleja en una impunidad superior al 95 %. Por su parte, en los delitos de robo agravado, la impunidad ha alcanzado el 98.4 % bajo la gestión de Porras.
¿Cómo obtiene la faraona de la impunidad estos números? Desestimando casos. Su gran estrategia para presumir la solución de miles de expedientes consiste en archivarlos o desestimarlos. A ella no le importan las víctimas; esto queda claro con los alarmantes índices de impunidad. Utiliza el MP como herramienta para perseguir a personas honradas y viola el derecho a la justicia a quienes han sufrido crímenes de diversa índole. Encaramada en su pirámide de Gerona, Consuelo Porras ha convertido su despacho en un auténtico sarcófago de impunidad.
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