En todos los casos existe una visión común: no permitir ningún cambio que abra la puerta hacia una sociedad más justa y equitativa. Sin embargo, al final, todos los grupos giran alrededor del patrimonio del Estado, ya sea impulsando proyectos sin regulación, manteniendo privilegios —como en materia fiscal o en proyectos de minas e hidroeléctricas—, o bien asegurando la obtención de contratos amañados.
Estas posturas, que luchan por mantener el estatus —unos por privilegios, otros por enriquecerse a costa del patrimonio del Estado—, han generado una situación en la que diferentes grupos persiguen el mismo propósito. Aunque convivan en un mismo entorno —el llamado pacto de corruptos— y tengan grandes diferencias —desde élites económicas hasta crimen organizado y narcotráfico—, aceptan dicha convivencia, pues lo que realmente les interesa es mantener el control del Estado, de sus instituciones y de sus privilegios.
Con la llegada del presente régimen, la situación cambió tanto en las interacciones de poder como en las posturas frente a la corrupción. Esto alertó a todos los grupos que han medrado del Estado y sus instituciones, pues la actitud de no corrupción y los indicios de posibles transformaciones de fondo los preocupó aún más, llevando a que adoptaran una postura de rechazo frente a cualquier intento de cambio.
Ni siquiera las mínimas intervenciones como el seguro de transporte, que constituía un avance importante, aunque pequeño hacia una sociedad más civilizada fue producto de un embate de choque para evitar que se pusiera en vigencia.
Pero una cosa trascendental es que las instituciones han venido degradándose vertiginosamente. Ejemplos de ello es un MP que se dedica a atacar cualquier atisbo de oposición, mientras en una puerta de carrusel entran personas decentes que son opositores o hacen su trabajo decentemente, en el sentido contrario, salen auténticos delincuentes a gozar de sus fortunas.
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La USAC entró en una crisis derivada de la connivencia que distintos rectores han mantenido con los gobiernos de turno, entregando la institución y participando en actos de corrupción. Hoy, el rector llegó de manera mañosa y constituye un auténtico usurpador, respaldado por un grupo de profesionales y estudiantes que lo apoyan, mientras que solo unas pocas excepciones se oponen.
La PDH se ha convertido en un simple apéndice de estos grupos, designando a un profesional que parece más interesado en disfrutar de sus altos emolumentos que en cumplir con el mandato de defender los derechos de la población. Su inacción y falta de liderazgo dejan en evidencia la captura política de la institución y la ausencia de cualquier compromiso real con la justicia.
La CC representa hoy la máxima vergüenza en materia de justicia. Sus integrantes se han alineado con estos grupos, y sus resoluciones actúan en contra de cualquier intervención del actual régimen, coordinándose con otras instituciones degradadas para mantener el poder. Resulta pertinente preguntarse si esta institución debería continuar existiendo, ser reformada, cerrada o al menos mejorar sus mecanismos de postulación y designación.
Recientemente, nació finalmente la Superintendencia de Competencia, con un directorio de abogados que desconocen por completo la materia económica de la competencia. Todo indica que esta superintendencia se convertirá en otro tribunal jurisdiccional, con una visión formalista de la ley, cuando su función debería centrarse en la economía. Para mayor vergüenza, se adjudicaron salarios elevadísimos y, recientemente, se supo que nombraron —sin ningún concurso— a funcionarios ligados a los gobiernos de Morales y Giammattei. Como bien dice el adagio: lo que empieza mal, termina mal…
Y para dar otra muestra, la Municipalidad de Guatemala se embarca en un proyecto que solo puede interpretarse desde los ojos del negocio y la corrupción. Al final, no solo enfrenta serios señalamientos de ilegalidad, sino que tampoco ofrece un beneficio social colectivo ni contribuye a atenuar o reducir el tráfico en la arteria por donde circulará.
Así, las instituciones se han degradado velozmente, lo que únicamente favorece a grupos que sacan provecho de la situación, sin considerar que la sociedad, en cualquier momento, puede levantarse para frenar esta vorágine absurda que hunde cada vez más a las personas que vivimos en el país.
Esta decadencia institucional no es más que una manifestación clara de un colapso civilizatorio que asfixia a la sociedad y nos deja ante un futuro incierto.
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