Los casos emblemáticos y tristes de Rubén Zamora, Luis Pacheco, Héctor Chaclán y cientos de otras víctimas perseguidas, castigadas y exiliadas por la «justicia» colonizada y perversa de Guatemala, merece una reflexión histórica y política que permita un pensamiento crítico y acción consecuente de la ciudadanía para modificar el sistema de justicia del país que manipula y desvía el principio de «Lex dura, lex», que es basamento del sistema legal y jurídico del Estado moderno, de herencia occidental.
«Lex dura, lex» es una expresión latina que se traduce como «La ley es dura, pero es la ley». Esta frase refleja la idea de que, aunque la ley pueda ser severa o incluso injusta en ciertos casos, debe ser respetada y aplicada de manera imparcial. Su origen se encuentra en el derecho romano, específicamente en la época de los glosadores (siglos XI-XIII), quienes eran juristas encargados de estudiar y comentar los textos de dicho derecho.
Así, la expresión subraya la importancia de la ley como un mecanismo necesario para mantener el orden social y la estabilidad, incluso cuando resulta incómoda o parece imperfecta. A pesar de sus limitaciones, la ley es fundamental para proteger los derechos y la seguridad de los ciudadanos.
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En el caso de aquellos afectados injustamente por el sistema de justicia, la ley no se ha aplicado de manera imparcial ni siguiendo rigurosamente los procesos establecidos, los cuales deberían estar sustentados también en principios éticos y morales, según las narrativas del sistema occidental. Los jueces encargados de estos casos han evadido, en la medida de lo posible, iniciar los procesos necesarios para determinar si la detención de los sospechosos fue justa o injusta. A pesar de no haber sido condenados en un juicio justo, ya están siendo sometidos a un castigo inmerecido al permanecer detenidos «preventivamente» durante cientos de días. Según la ley, son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
¿Con qué ética y moralidad pueden los jueces celebrar las festividades, abrazar a sus hijos y repartir regalos en Navidad, disfrutando de altos salarios y privilegios —muchos de ellos ilegales—, mientras que Zamora y las exautoridades de los 48 cantones fueron privados del calor hogareño y de la compañía de sus familias? Ellos no pudieron disfrutar de una noche de paz, como afirman los anuncios. ¿Sentirán algún remordimiento los jueces que han retrasado maliciosamente los procesos? Seguramente no. La inmoralidad, la corrupción y la pérdida de valores en este país de herencia colonial han llegado a tal punto que parece no haber lugar para la reflexión ni la justicia.
El sistema de justicia que está para proteger los derechos y seguridad de los ciudadanos, se pervierte por intereses personales, falta de responsabilidad, moralidad y consecuencia de ciertos operadores de justicia que entrampan los procesos casi en la siguiente lógica:
«Jueces que se excusan por vínculos previos con la querellante, magistrados que denuncian presiones, salas que anulan sus propias resoluciones, remisiones del caso entre distintas instancias, y un interminable ciclo de incidentes, aclaraciones, reposiciones e inconstitucionalidades que no avanzan hacia un juicio, pero sí prolongan el encierro sin justificación. Así este padre de familia... y vecino respetado fue absorbido en el expediente por una maquinaria judicial que opera con prejuicios, dilaciones y silencios»[1].
Todas esas posibilidades de retraso, tienen un precio ya sea monetario, sea por un espacio de poder o simplemente por solidaridad colonialista que defiende al sistema ante los subalternos, los no permitidos o los críticos del orden establecido.
La expresión «Lex dura, lex» tiene sus raíces en la filosofía de Aristóteles, quien consideraba que la ley debía ser una forma de justicia aplicada de manera general y abstracta, sin tener en cuenta las circunstancias individuales. En el ámbito del derecho, esta idea resalta la importancia de la seguridad jurídica y la previsibilidad, fundamentales para evitar la arbitrariedad y la injusticia, aunque la ley misma sea imperfecta.
Sin embargo, en contextos coloniales, este principio se ve distorsionado. En estos sistemas, las leyes son formuladas por quienes detentan el poder político y económico, lo que favorece los intereses de las élites y vulnera la imparcialidad. En lugar de proteger a las mayorías, las leyes tienden a consolidar los privilegios de unos pocos, perpetuando la injusticia.
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[1] https://www.pagina12.com.ar/2025/12/12/racismo-poder-y-prision-preventiv...
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