Lamentablemente, no para visibilizar la precariedad académica y laboral en la que permanecen quienes se dedican a estas disciplinas.Tampoco para señalar la inexistencia de instituciones que contribuyan a su valoración y desarrollo, mucho menos para reflexionar sobre el escaso espacio que se da a las científicas y científicos sociales para el análisis serio y crítico de las estructuras y dinámicas sociales, las cuales siguen colocándonos como una sociedad atrapada entre un pasado militarista, elitista, racista y misógino. Y un presente que, sin perder la memoria, sigue empecinado en construir un país plural donde prevalezcan el respeto, la justicia social, las libertades y la democracia que, aunque imperfecta, puede ser un piso común que nos separe de la barbarie.
No. Las ciencias afines están en boca de todos porque el derecho de voto de los profesionales de estas disciplinas fue violentado: no se les permitió votar, amparándose en un recurso provisional por demás insólito e incluso ilegal, según opiniones calificadas, en el proceso para elegir los cargos de magistratura titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad. Esta exclusión afecta a 7,701 colegiados de profesiones afines, de los cuales 3,039 se encuentran activos.
De un análisis político preliminar, se deduce que, en las matemáticas electorales, el voto de agremiados de profesiones afines ha hecho la diferencia en las dos elecciones anteriores, a Junta Directiva y a representantes a la Comisión de Postulación para integrar el Tribunal Supremo Electoral. No significa que todos voten por una opción determinada, pero sí que es un voto que favorece los cambios urgentes en las instituciones que, como el CANG, tienen incidencia en el ámbito político-institucional del país.
La limitación a un derecho adquirido y ejercido desde los años ochenta, cuando se agremiaron los primeros politólogos, sociólogos e internacionalistas, se da en un contexto de disputa de poder entre quienes pretenden mantener el sistema judicial al servicio de intereses particulares y quienes, expresando el hartazgo de la ciudadanía, tienen el propósito de rescatar las instituciones creadas para garantizar derechos constitucionales. Su objetivo también es frenar la impunidad que corroe los cimientos de nuestra sociedad.
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Distintos criterios se han vertido en torno a esta situación inaudita, casi todos coinciden en que esta acción legal, sienta un precedente nefasto por el uso antojadizo de los recursos de amparo, pero también manda un mensaje que vulnera los principios de igualdad y no discriminación, ya que coloca a los profesionales de ciencias afines como agremiados de segunda categoría, a partir de una lectura sesgada de la Constitución de la República. Asimismo, resulta en una falta de certeza jurídica por el cambio abrupto de las normas que han prevalecido en todas las elecciones anteriores, sin dar posibilidad de defensa a las/los directamente afectados.
La vulneración del derecho de defensa llega al punto de que los abogados, amparados provisionalmente por la Sala 6.ª, pretenden, mediante un memorial, intimidar a la actual Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios —particularmente a su presidenta— para que no dé declaraciones respecto de si la exclusión de agremiados y agremiadas de ciencias afines persiste para la segunda vuelta convocada para el 12 de febrero. Es decir, en el afán de enrarecer el proceso electoral, se suma la violación de otros derechos, incluso el de libre expresión.
En medio de esta polémica legal, no han faltado opiniones sarcásticas y peyorativas sobre las calidades profesionales de las disciplinas de las ciencias afines, descalificando su carácter científico o poniendo la formación en derecho como «superior» a la sociología, ciencias políticas, relaciones internacionales y criminología. Se ha llegado incluso a los insultos como llamar «huerfanitos» o «arrimados» a quienes, siendo agremiados del Colegio de Abogados y Notarios, pagando las cuotas correspondientes y aportando en los campos de su competencia, están siendo afectados por una decisión más política que jurídica.
Soy socióloga y considero pertinente valorar el recorrido histórico de nuestra disciplina que surgió en un contexto de represión extrema dirigida contra intelectuales que fueron asesinados, detenidos-desaparecidos o exiliados solo por ejercer su libertad académica, de pensamiento y de expresión. También los estudios sociológicos, y de otras ciencias sociales, muchas veces estuvieron bajo sospecha, incluso vetados, por críticos e incómodos. Aun así, en el casi medio siglo de desarrollo de la Sociología en Guatemala, se cuenta con figuras destacadas que han contribuido a develar las estructuras y dinámicas sociales, que han hecho propuestas para transformarlas y que persisten en la utopía de que otro país es posible.
En este contexto, exijo respeto para mí y mis colegas de las ciencias sociales (ciencias afines en el lenguaje gremial). Me siento particularmente afectada por esta situación que nos agravia, que demuestra cómo pueden ser conculcados los derechos mediante mecanismos legales en la forma, pero que, a todas luces, implican un ejercicio de violencia institucional, política, psicológica y simbólica.
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