De hecho, el gobierno de Arévalo ha estado bajo ataque del Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras desde que se conoció el resultado electoral, en agosto de 2023. La mafia enquistada en el MP lleva más de dos años dedicada a inventar formas para criminalizar a gente inocente. Esto, sin duda, ha sido un valladar importante para la administración de Arévalo.
Ahora bien, que el MP esté capturado por esa mafia y sea un obstáculo real no quiere decir que sea excusa para errores, arrogancia o inmadurez en el gobierno. La desastrosa forma en la que el gobierno de Arévalo realiza su comunicación social y la escandalosa manera en que se condujo la SAAS hasta abril de 2025 son problemas graves. Además, la incapacidad para ejecutar los presupuestos de inversión pública en infraestructura vial, la tardanza en devolver al Congreso el veto al Decreto 7-2025, la fuga de por lo menos 20 pandilleros de Fraijanes II y el viaje presidencial a Europa mientras el país estaba en crisis, entre otros, son errores que no se le pueden achacar al Porras y a su gavilla del MP.
Ha quedado claro que hay entidades y áreas gubernamentales en las que no saben ni pueden hacer lo que deben, lo cual no es pecado mortal. Sin embargo, lo grave es que no escuchen ni sean capaces de autocrítica, de darse cuenta de que no son infalibles, ni tienen por qué serlo. Continuar pretendiendo serlo no les hace bien. Ser arrogantes, encima de incapaces, eso sí que es pecado mortal en la administración pública.
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Conforme avanzan los procesos de elecciones de segundo grado, incluido el cambio de autoridades del MP, es natural y esperable que la tensión continúe subiendo y, con ello, los ataques en contra del Ejecutivo se tornen más agresivos y desesperados. El «caso» UNOPS es un ejemplo paradigmático, porque la gran mayoría de lo presentado por el MP no supera la calidad de bulo panfletario, una fabricación barata y burda para intentar manchar al presidente con un supuesto conflicto de interés con su hermano, pero que puede tener algún éxito mediático, impactar las percepciones de un público que no conoce, y no tiene por qué conocer las minuciosidades técnicas de la verdad.
Sin embargo, siguiendo con el paradigmático ejemplo del «caso» UNOPS, la respuesta del Ejecutivo es clave y no admite más errores. Por un lado, debe superar su desastrosa comunicación social, que brilla por inefectiva, nada convincente y, por la arrogancia que exudan algunos interlocutores gubernamentales en las cámaras, hasta molesta. Por favor, alguien que convenza al presidente Arévalo que, desde el año pasado, ¡urge un cambio correctivo en comunicación social!
Pero, y quizá más importante, no subestimar al adversario. Incluso a Curruchiche. En lo de UNOPS, preparar una defensa legal sólida, que recoja las visiones de expertos y no solo los asesores gubernamentales actuales, y que supere el señalamiento de que, a tenor de lo que establece la literal l del artículo 171 constitucional, el convenio debió aprobarlo el Congreso de la República. Deben darse cuenta de que este es un flanco que requiere manejo cuidadoso, maduro y prudente, donde la arrogancia no tiene cabida.
El panorama para los meses venideros es preocupante, y con el statu quo actual, el pronóstico es pesimista para Arévalo. Sin embargo, puede ser una oportunidad para el Gobierno, para hacer los cambios correctivos urgentes que enderecen el rumbo.
Están a tiempo. Aún. Pero no por mucho.
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