Así claudicó Semilla ante Consuelo Porras
Así claudicó Semilla ante Consuelo Porras
La reforma para destituir a Consuelo Porras es una ley que nació muerta. Semilla admite que en 2024 no hizo lo suficiente para modificar la Ley Orgánica del MP y este año parece ser lo mismo. Hasta hoy, esa reforma es la única vía que ven los oficialistas para remover a la fiscal. Aunque en público lo niegan, se resignan a la idea de coexistir con sus verdugos y padecerlos. En las últimas semanas hubo otro intento por avanzar esta ley.
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Hay expectativa por lo que está a punto de ocurrir. Bernardo Arévalo ingresa apresurado y lo único que se escucha es el golpeteo de sus zapatos sobre el piso de madera del lúgubre Salón Banquetes del Palacio Nacional de la Cultura, la noche del domingo 17 de noviembre de 2024.
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El presidente está por emitir un mensaje en cadena nacional. Viste un traje oscuro y corbata azul. Solo lo acompañan tres guardaespaldas y su secretario de Comunicación, Santiago Palomo. Se para frente al atril de madera, saluda y empieza a leer el papel que saca de una carpeta negra:
«La justicia en Guatemala está en crisis. Hoy, nuevamente somos objeto de una acción espuria del Ministerio Público, el que ha agudizado esta crisis», dice.
Solo, ante las cámaras, se pronuncia sobre la ejecutora de la peor crisis política de su gobierno. Aparece solo y anuncia dos decisiones «de efecto inmediato», que cuatro meses después no se cumplirán.
Aparece solo y se pronuncia sobre la criminalización que recrudece el Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras contra integrantes del partido Semilla y periodistas.
Horas antes, el MP allanó la vivienda de un personaje clave del partido Movimiento Semilla, a quien le intentó aplicar un arraigo de facto. La respuesta del presidente fue convocar a una conferencia urgente en la que lee un discurso.
«Ocultando sus identidades y siguiendo órdenes ilegítimas, agentes del MP allanaron la propiedad del exministro Félix Alvarado, sustrayendo ilegalmente su pasaporte y pertenencias personales», sigue el presidente.
Al costado del Salón Banquetes, en el acceso alterno y lejos de los reflectores, observan la conferencia el diputado Samuel Pérez, el director del Inguat Harris Whitbeck y el asesor de comunicación de Arévalo, el chileno Francisco Villaroel, quien ha participado en al menos una reunión del gabinete, según registros de la seguridad presidencial. Ningún ministro se observa cerca.
«Es otra más de una seguidilla de hechos gravísimos que demuestran la arbitrariedad y cooptación de las instituciones de justicia», subraya Arévalo.
Las decisiones que anuncia Arévalo son: implementar un procedimiento para que la fuerza pública no ejecute órdenes ilegales provenientes del MP y citar a Porras para que explique «su participación en la crisis del sistema de justicia».
La realidad será que no habrá ni procedimiento ni citación, y en dos meses, Arévalo pasará de decir que la fiscal general agudiza la crisis de justicia, a restarle importancia y asegurar que los golpes del MP solo «distraen, pero no detienen».
El presidente omite que las conspiraciones encabezadas por la fiscal general, señalada de corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea, llevan casi dos años y que la crisis no cesa, sino que empeora. Una muestra es que el partido Semilla, más que detenido, está anulado a manos del MP de Porras.
***
1. La pelea a la que Semilla rehuyó en el Congreso
En el actual Congreso ni los oficialistas ni su bulliciosa oposición tienen el control; pero hay dos asuntos claros y son una suerte de pacto silencioso: ni Semilla volverá a ser bancada ni se aprobará una ley para remover a Porras, sostienen fuentes parlamentarias que piden no ser identificadas.
Hay más elementos que robustecen lo anterior.
Ese trato también alcanza a Semilla en su conjunto: «No sale la fiscal, tampoco el presidente». Es una tregua solapada donde el MP se mantiene hostil hacia el partido oficialista y sus aliados, pero que no cambia el estado de las cosas.
El 18 de noviembre, un día después de la conferencia de Arévalo, el diputado Samuel Pérez dijo a Plaza Pública que durante esa semana su bloque intentaría aprobar de «urgencia nacional» la ley para remover a Porras, que ya había discutido modelos con otras bancadas y así darle herramientas al presidente para salir de la fiscal general.
En la conversación, Pérez admitió verdades incómodas. Una es que después del 6 de mayo de 2024 —cuando Arévalo llevó al Congreso una iniciativa para separar a Porras, después de que en cadena nacional sentenció que «el oscuro ciclo de Consuelo Porras debe terminar ya»— los diputados de Semilla no hicieron lo suficiente para que la reforma fuera realidad.
«Íbamos a mocionar para hacerla avanzar; sin embargo, nosotros no hicimos el suficiente trabajo para terminar de comprender los detalles que hacían dudar a los diputados, ni ellos nos lo habían expresado en su totalidad. Y creo que hay dudas legítimas que sí pueden tener algunos en términos institucionales».
Las dudas de las que habló el diputado redundan en las excusas que legisladores esgrimen para no votar por esa ley: que la reforma no servirá para destituir a Porras porque esta no puede ser retroactiva y que necesitan discutirla más. Hay otro elemento que se repite, que en realidad parece un mantra que exculpa a muchos de apoyar las propuestas del oficialismo, las amenazas del MP.
«En ese momento no hubo ni siquiera cuórum y lo que pasó es que los llamaron (a los demás diputados) del Ministerio Público… a veces simplemente con una llamada, a veces recordándoles que tenían casos en el MP a veces diciéndoles “sabemos que han cometido delitos y los vamos a meter en este caso” y a veces otro tipo de amenazas, hubo unos dos o tres que le dijeron al presidente Nery Ramos “me está amenazando de muerte no sé quién” y eso generó un shock en general, incluso en la directiva. Entonces, las condiciones son cuesta arriba cuando se trata este tema».
El 19 de noviembre, previo a la plenaria programada para ese día, Pérez junto con sus colegas de bloque Laura Marroquín, Andrea Villagrán y José Carlos Sanabria presentaron a la Dirección Legislativa la iniciativa 6480 que elimina el artículo 14 de la Ley Orgánica del MP, con el que se norma la remoción del fiscal general. Este apartado, que se reformó en 2016 para impedir la destitución de Thelma Aldana, hoy es el candado que salva a Porras.
Contrario a la enviada por Arévalo, la nueva propuesta no establece causales de destitución, una de las excusas de algunos congresistas para poner en duda la viabilidad de la iniciativa del presidente. La segunda propuesta tampoco germinó en el pleno.
No hubo interés de los diputados ni con todos los incentivos que se pusieron en juego esas últimas semanas de noviembre de 2024, entre estos una millonaria y opaca asignación de presupuesto para obras de infraestructura y el aumento salarial de los congresistas.
El día anterior a esa sesión plenaria, cuando Plaza Pública le preguntó a Samuel Pérez qué pasaría si el nuevo intento por quitar el cerrojo que protege a Porras tampoco tuviera éxito, aseguró que solo una coyuntura como la que se vivió en esos días —la escalada de golpes a integrantes de Semilla y periodistas— podría crear un ambiente propicio para reactivar la iniciativa que cambie la Ley Orgánica del MP, en 2025.
Pérez también pronunció un discurso que suena muy parecido al que Arévalo adoptó a partir de enero de este año: Porras tendrá que salir del MP en algún momento, aunque este no llegue rápido. Además, otra verdad incómoda para Semilla es que solo tiene 23 votos seguros en el pleno.
«Más que un fracaso para Semilla, yo creo que sería un fracaso para el pueblo de Guatemala. Pero no es una única ruta, yo creo que de todas formas tarde o temprano ella va a salir del Ministerio Público, a nosotros nos gustaría que sea pronto, pero yo hoy tengo 23 votos de mi bancada que puedo asegurar que vamos a votar por eso y vamos a hacer el mejor esfuerzo en cabildear para que avance, pero no es una decisión que me corresponde a mí tomar en lo individual».
La explicación de otra diputada de Semilla, Andrea Reyes, amplía la visión sobre la realidad de las cosas en el Legislativo. Son más verdades incómodas. Nunca han logrado reunir los votos que se necesitan para aprobar esta ley, la iniciativa que envió Arévalo es inaplicable para destituir a Porras y, aunque los diputados se excusan con que tienen dudas sobre el documento, la realidad es otra:
«Pero no tiene 107 (votos) en este momento. Ahí las amenazas del Ministerio Público son mucho más fuertes, el miedo de los diputados es bastante más grande y a algunos directamente no les interesa pasar esta ley porque no confían en un fiscal puesto por el presidente Arévalo».
Para finales del año pasado, Semilla estaba enfocado en recuperar la bancada que perdió pocos días después de tomar posesión en 2024 y sus fuerzas no estaban concentradas en la reforma a la Ley del MP, según las declaraciones de Reyes días antes de que se aprobara el cambio a la Ley Contra la Delincuencia Organizada.
«Creo que ahorita no vale la pena arriesgar las demás iniciativas que sí tienen un mayor consenso con esta que es una iniciativa “anti cuórum”, o sea, si usted quiere romper cuórum, mocione que la va a conocer de urgencia nacional, se desmarcan todos (se ríe)».
A las versiones de la bancada oficialista se suman las de sus opositores, quienes coinciden en que, hasta hoy, no hay acuerdo para que Porras deje el MP:
«La reforma lo que persigue es destituir a la fiscal general, eso es. Entonces, todo mundo sabe cuál es el objetivo de la reforma, ¿verdad? Los diputados no te dan explicación por qué sí, por qué no. Siempre dicen, “yo no estoy en eso”, “yo no voy en eso”. Son muy escuetos en las respuestas y hay que respetar, pues, porque ese es el poder soberano que el pueblo les dio, va», dijo Inés Castillo, una de las cabezas de la facción de 12 diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (Une), controlada por la excandidata presidencial Sandra Torres.
Luis Aguirre, el diputado del partido Cabal que según fuentes del Congreso dirige a 14 congresistas de los 18 electos por ese partido, pero también ejerce influencia sobre legisladores de otras agrupaciones, respondió así cuando Plaza Pública lo entrevistó en noviembre de 2024:
«No tiene los votos, no está ni en tema de discusión ya… No tiene los apoyos. Acordamos no legislar de forma coyuntural, vamos a trabajar algo con los abogados algo que sea bien establecido, no de manera coyuntural en ningún tema, ni lo de la PNC… todos los temas los vamos a hacer bien trabajados».
Aguirre mostró su respaldo a Porras. Dijo que a pesar de que hay denuncias de corrupción en el gobierno de Alejandro Giammattei sin avances en el MP, él no cuestionará eso.
«Llama mucho la atención que hay casos en los que no ha habido avances, pero son temas que tiene que ver ella (Consuelo Porras), nosotros no nos vamos a meter en el trabajo que ella ha estado realizando. Sea bueno o sea malo, nosotros hemos estado yendo a ver los informes que nos ha presentado y en los informes pareciera que todo está bien; sin embargo, en el ambiente y todo lo que se ve, por supuesto que hay temas que uno quisiera que avanzaran más rápido, hay temas de corrupción de la administración pasada que no se están viendo y efectivamente tiene que dar ella sus explicaciones, verdad».
En el mismo sentido, Elmer Palencia, secretario general del partido Valor y quien lidera a nueve diputados de esa agrupación, aseguró que Semilla no se acercó durante 2024 a su facción para pedir que se aprobara la iniciativa que llevó Arévalo. Agregó que, aunque se apruebe la reforma a la Ley del MP, esta no permitirá remover a Porras:
«Yo no puedo venir y decir “miren, esta ley se va a aprobar para quitar a Consuelo Porras como fiscal general del MP” y apoyar y votar por esa reforma. Estaría engañando a la población porque no es cierto. Si al final, nosotros como bloque decidimos modificar, porque creemos que es prudente y es sano modificar la Ley Orgánica del MP, lo vamos a hacer pero a conciencia de que esa modificación no funciona para el efecto que Semilla busca, que es poder destituir a la fiscal».
El diputado José Carlos Sanabria, electo por Semilla, aseguró que hubo un intento, a finales de 2024, por someter a votación la iniciativa que él junto con Pérez y Villagrán presentaron. Pero pese a todos los ofrecimientos del bloque oficialista hacia sus electores, esa reforma no era la prioridad.
«Lo que entiendo fue que tuvimos algunos acercamientos y luego, algunos bloques nos dijeron “mirá, no creemos que en este momento hay condiciones para promoverla”, creo que hubo tal vez una lectura previa a las conversaciones que tuvimos y otra posterior y eso cambió la posición de ellos, tampoco nosotros indagamos mucho. Recuerdo que estábamos con otras negociaciones»
Sobre las razones que les dan sus colegas para no respaldar esta propuesta, Sanabria tiene sus reservas y como lo declaró Inés Castillo, los diputados dicen «no» sin tantas explicaciones. Semilla tampoco las pide.
«Nos han mostrado que tienen alguna posición de que esta es una medida un poco coyuntural, mencionan. Otros sí han mencionado —esto yo no lo he confirmado porque no tengo elementos que eso es así— que han tenido miedo, algunas amenazas. Yo te lo digo, pero no tengo ningún elemento que me permita a mí confirmarlo, hasta el momento no lo he visto y luego tampoco elaboran muchos elementos alrededor de eso y dicen “no, mirá, mejor creémos opciones distintas para aprobarla” y después nos dicen, “continuemos trabajando”».
En la plenaria del 11 de marzo de 2025 hubo de nuevo un intento por buscar los votos por aprobar una iniciativa para remover a Porras, pero las negociaciones —que no estuvieron encabezadas por Semilla, sino por diputados como Luis Aguirre y Nery Ramos, aseguraron fuentes legislativas—, de nuevo no rindieron frutos por amenazas supuestamente provenientes del MP.
2. Un mal negocio llamado «gobernabilidad»
Las declaraciones que también dio el 18 de noviembre a Plaza Pública otro de los integrantes del bloque Semilla, Raúl Barrera, parecen los últimos clavos del ataúd en el que yacen las esperanzas para remover a Porras. Más verdades, muy incómodas, para sus intereses y los de quienes dieron a Semilla el mandato de romper con la dictadura judicial de Porras.
En resumen, dijo que la bancada oficialista se plegó a la estrategia de Arévalo, quien buscó «gobernabilidad» al permitir que la fiscal general se mantenga hasta que concluya su mandato el 15 de mayo de 2026, —a menos de que exista una coyuntura «especial», como la que mencionó Samuel Pérez— aunque eso signifique gobernar con personas «indeseables».
«Nosotros percibimos, como diputados, que él (Bernardo Arévalo) ha aceptado que la fiscal general va a concluir su mandato, salvo que se dé una circunstancia muy excepcional, una correlación de fuerzas muy rara en el Congreso que nos permita hacer acopio de los votos con los cuales reformar la Ley Orgánica del Congreso, eso no ha pasado en los últimos 10 meses, no está pasando en este momento, no hay visos de que pueda suceder, razón por la cual lo que nosotros percibimos, y respaldamos al presidente en estrategia, es seguir gobernando con las circunstancias adversas»
Barrera aseguró que hay miembros del partido oficialista que quisieran desafiar al sistema, pero la decisión fue ser parte de ese orden que tanto cuestionaron y que, en campaña y cuando eran oposición, ofrecieron cambiar.
«Es notorio que el presidente no va a reñir con el marco constitucional, él no va a desafiar el orden constitucional, no va a destituir a la fiscal general salvo que la ley cambie [...]. Quien dicta la línea del Movimiento Semilla en el gobierno es el presidente y si el presidente, en lugar de desafiar al sistema prefiere gobernar con actores indeseables o hacer todo lo posible por mantener la gobernabilidad, nosotros tomamos la decisión de ir detrás de él y respaldarlo».
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El diputado dijo que el partido está consciente no solo de lo impopular de su postura, sino del desgaste que esta representa. Pero en su lógica de supervivencia política, esta administración decidió resistir a los embates del MP porque Consuelo Porras y su cúpula se encuentran en la recta final y que a partir del 15 de mayo de 2025, cuando les reste un año para que dejen el cargo, Semilla arreciará sus estrategias contra ellos.
Esa visión de la que habla Barrera sobre la resistencia de este gobierno ante el MP durante casi dos años se cimenta en que, a pesar de todos esos golpes, la fiscalía no logra retirar el antejuicio a ningún diputado, funcionario del Ejecutivo, al presidente Arévalo o a la vicepresidenta Karin Herrera.
«El presidente tomó la decisión de la gobernabilidad y la gobernabilidad tiene dos efectos: el primero es la pérdida de la credibilidad, porque la gente piensa que te acomodaste, que estás negociando con actores con los que no querrías negociar y eso pone en duda tu entereza, tu liderazgo, tu fortaleza. Pero por otro lado, el presidente ha ganado tiempo, ¿por qué ha ganado tiempo? El Ministerio Público tiene casi un año y medio conspirando contra nosotros y lo único que ha conseguido es encarcelar gente inocente. En este momento, un año y medio después de que el MP está conspirando contra el partido que gobierna, no ha conseguido desaforar a ninguno de los altos funcionarios de la nueva administración».
Sin embargo, la intención de fondo de la que habló Barrera, de que llegue un nuevo fiscal general, también es cuestionable. Explicó que con ello esperan que se archive la persecución en su contra, cuando otras veces los oficialistas solo han pedido un proceso penal justo, no que su caso se anule.
«Parte de nuestra lucha es garantizar que la próxima administración del Ministerio Público esté al frente una persona sensata que archive inmediatamente todos los casos de persecución política en contra de cualquier actor político, incluyendo nosotros, para restablecer el orden político y partidario y que nuestros derechos puedan ser restablecidos», indicó el diputado Barrera.
Victoria Godoy, otra diputada de Semilla, aseguró que los análisis legales a lo interno de su bancada concluyen que la reforma sí se puede usar para remover a Porras. Agregó que no han renunciado a lograr ese cambio, pero que las presiones de parte del MP a varios diputados son reales.
«No hemos renunciado a reformar la Ley Orgánica y estoy segura que llegará ese momento de poder hacer los cambios tan importantes para el país, porque hoy estamos viviendo bajo el temor, bajo una dictadura que nos quiere imponer el Ministerio Público de únicamente lo que les conviene [...], ahí están los abusos con el exministro Félix Alvarado llegando a su casa secuestrando documentos, lo que sucedió con la directora del Instituto de la Víctima y ahí tenemos todos los casos contra Giammattei y Jimmy Morales que siguen detenidos. Es un personaje que le está haciendo demasiado daño al país, y creo que ya llegará y estará muy cerca su momento de salir del espacio en el que está».
Aseguró que el año pasado intentaron promover la aprobación de esta reforma, pero que entendieron que antes de esto había otra tarea urgente: limpiar las cortes de justicia. Sin embargo, la conformación de esas nuevas cortes no fue del todo equilibrada como lo comunicó el oficialismo.
«Hemos buscado el cabildeo en las comisiones de trabajo para poder dictaminarla (la iniciativa), pero la respuesta ha sido la misma: hay mucho temor y pues entendíamos también que era muy importante pasar el proceso de elección de cortes, de ir limpiando las cortes para que los diputados y diputadas puedan sentirse mucho más tranquilas y tranquilos y poder tomar una decisión basados en lo que consideran y no en amenazas, entonces, hemos estado constantemente buscando y generando las condiciones».
Hay otro dato que da contexto para entender por qué Semilla no logró concretar la reforma que ofreció. La única iniciativa sobre la reforma al artículo 14 de la Ley del MP que ya conoció el pleno de diputados es la 6300 que presentaron a finales de 2023 diputados de la coalición Urng-Maíz/Winaq, liderados por la congresista Sonia Gutiérrez Raguay.
Godoy integró el año pasado la comisión a la que se envió esa propuesta, pero admitió que esta ni siquiera se conoció en la sala de trabajo.
«La de la diputada Sonia sí está en la Comisión de Asuntos de Seguridad, yo soy parte de esa comisión y pues no entramos a conocerla [...], para ponerle un ejemplo de las complejidades: en la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional somos 11 los integrantes, de los 11 está compuesta por Felipe Alejos, Sandra Jovel, Allan Rodríguez, Héctor Aldana, Víctor Valenzuela… o sea solo ahí vea la complejidad de pasar una reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público; entonces, se ha hecho complicada la tarea pero hay que buscar las formas para poder darle la viabilidad».
La manera en que el oficialismo buscó la «gobernabilidad», como lo llamó el diputado Raúl Barrera, es justo lo que parte de la población le recrimina a Semilla. Esa gobernabilidad que defiende el presidente Arévalo tiene un defecto de origen: «El problema es que esa institucionalidad es ilegítima y está cooptada, ¿cómo puede ser fiel a sus valores, cuando eso lo obligaría a reconocer una institucionalidad ilegítima?», señaló el ex comisionado presidencial de Desarrollo Rural, Adrián Zapata, en declaraciones recogidas por el programa radial Con Criterio.
Las omisiones del oficialismo también las cuestionó la organización #JusticiaYa en un video en el que criticaron cómo la búsqueda de esa «gobernabilidad» perjudica la sintonía que debe existir entre la bancada, el gobierno y el pueblo.
3. Semilla cedió y perdió de nuevo
Los diputados electos por el partido Semilla increpan a varios de sus colegas de otras bancadas que les prometieron votos, pero que hoy los traicionan.
Es la tarde del 22 de noviembre de 2024 y en el pleno los oficialistas buscan reformar la Ley Contra la Delincuencia Organizada, para revertir la cancelación de su partido, por orden del juez Fredy Orellana y recobrar vigencia como bancada.
Solo habían adoptado una posición similar el 14 de enero de 2024 cuando estaban a punto de perderlo todo: sus escaños y la Presidencia de la República. Los congresistas de Semilla recorren impacientes el hemiciclo, hablan con los miembros de la junta directiva y evitan que otros legisladores se desmarquen mientras tratan de persuadirlos para que voten por esa iniciativa. Pero el tiempo pasa y no hay más de 80 votos. Falta mucho para los 107 que necesitan, para aprobar de inmediato la reforma.
Hay muchos intereses en juego. Los demás diputados mordieron el anzuelo porque hoy está prevista la aprobación del Presupuesto General de la Nación de 148,526 millones de quetzales y la asistencia es abundante.
Pero contradictoriamente los diputados oficialistas no tienen como prioridad ese plan de gastos, sino recuperar su partido y su bloque, esa es la razón del conflicto. Semilla reprocha la falta de apoyo de sus colegas. Quieren al menos una victoria política, aunque eso les represente pelear con sus aliados de otras jornadas.
La plenaria se cancela. No hay ni Presupuesto ni reforma para revivir a Semilla.
Entre el 18 y el 27 de noviembre de 2024 en el Congreso se vivieron jornadas turbulentas, cuyas decisiones y omisiones marcan la política nacional.
Se aprobaron las leyes de Competencia, Sector Agropecuario, reforma a la Ley de la PNC y, aunque un principio no hubo «consensos», también se cambió la Ley Contra la Delincuencia Organizada, con el efecto inmediato de favorecer a Semilla, aunque cuatro meses después los diputados electos por esa organización siguen sin bancada y sin partido.
En medio de las crispadas negociaciones y sin que ninguno tratara de impedirlo, los diputados aprobaron el Presupuesto General 2025 que incluyó una opaca asignación de 12,500 millones de quetzales para obras a cargo del Ministerio de Comunicaciones y los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes).
La guinda en el apetitoso pastel de estímulos para los diputados fue el aumento de salario que se recetaron y que se concretó a finales de febrero último pese a las críticas de la población.
Con todo lo que representa, lo anterior no fue suficiente para persuadir a la mayoría de congresistas para también reformar la Ley del MP. Solo hubo un tímido intento por impulsarla, pero como ya lo admitió el diputado Sanabria, los oficialistas tenían otras prioridades.
La aprobación del Presupuesto General, con sus ampliaciones, y el Presupuesto del Congreso —que incluyó el aumento a los diputados—, así como la serie de leyes a finales del año pasado fueron intercambios para que Semilla lograra la reforma con la que buscaban revivir el partido, como lo expresó la diputada Andrea Reyes en una entrevista con Plaza Pública el 24 de noviembre:
«Si nosotros seguimos en una situación de indefensión y seguimos pasando sobre todo iniciativas de ley que son de otros bloques, que se las seguimos aprobando y todo lo que ellos quieran, pero no estamos viendo nosotros una iniciativa de ley que le puede servir el partido Semilla —le va a servir al partido Semilla y también le va a servir a los demás partidos, porque es mentira que solo para nosotros— nosotros no estamos en disposición de aprobar un Presupuesto».
Es decir, la moneda de cambio para que los oficialistas lograran la reforma a la Ley Contra la Delincuencia Organizada era un atractivo Presupuesto General.
«Así es, hay algunos que creyeron que íbamos a permitir que nos pasaran por encima con esta iniciativa de ley que es tan importante para el bloque Semilla y veían que el Presupuesto era más importante de alguna forma y que, por lo mismo, ellos podían dejar de votar con nosotros en esto porque necesitábamos sus votos para Presupuesto y la realidad es que es un poco al revés, porque el bloque Semilla es cierto que ha beneficiado el proyecto con un Presupuesto robusto como el que se va a aprobar, pero si no tenemos bloque legislativo y si seguimos en una situación de dependencia con los demás bloques, no nos interesa demasiado aprobar ese Presupuesto».
Esa lógica transaccional de votos no es nueva en el Congreso. Pero el partido Semilla ofreció no solo acabar con la corrupción, sino que ser diferente a las demás organizaciones. Cuando era candidato presidencial, Bernardo Arévalo dijo en una entrevista con Plaza Pública que «el aceite que lubrica la corrupción es el Presupuesto de obras del Estado».
El medio EP Investiga le preguntó al presidente, en enero de 2025, sobre las empresas ligadas a diputados y alcaldes que puedan beneficiarse con contratos pagados con el Presupuesto actual, y su respuesta fue: «Algunos de ellos lograrán que sus constructores participen y ganen, otros tal vez no, pero nosotros vamos a garantizar que el dinero que ha sido aprobado para implementar no se facilite como dinero para cualquier tipo de arreglo de esta naturaleza».
Aunque disminuir los flujos de dinero público hacia las redes corruptas que desde hace décadas gravitan alrededor de las obras de infraestructura del Estado, sin que eso signifique detener el trabajo del gobierno, no es tarea menor. Pero el bloque oficialista ha dejado de lado la agenda anticorrupción, además está «alimentándola», aunque de momento no tiene otra opción para su sobrevivencia, señala un informe de Insight Crime sobre el primer año de gobierno de Arévalo.
4. Doblar la apuesta
«Es que convivir con la señora (Porras) es muy duro, muy difícil porque lo que hace pasar pues que es un poco lo que hemos visto hasta ahora, que cuando nosotros logramos dar un golpe muy fuerte, ellos doblan la apuesta. Entonces, yo no veo a Consuelo Porras terminando su periodo y, sobre todo, porque el presidente Arévalo jamás la va a elegir a ella, aunque la Corte se lo ordene».
Como lo dijo la diputada Reyes, el MP dobló la apuesta, pues solo tardó 15 horas para cancelar al partido después de que el Congreso reformó la Ley Contra la Delincuencia Organizada, la noche del 26 de noviembre, horas antes de la aprobación del Presupuesto General.
Cuando los legisladores aún se recuperaban de la resaca de la plenaria que finalizó en la madrugada del 27, el juez Fredy Orellana notificó al Congreso que el partido Semilla había sido cancelado. En su oficio no citó la norma recién modificada, sino la Ley Contra el Lavado de Dinero, El Código Procesal Penal, el Código Procesal Civil y Mercantil, y la Ley del Organismo Judicial.
Pese a que lograron una alegría esporádica, cuando la Comisión Permanente los restituyó como bancada, debido a la cancelación que ordenó Orellana al Tribunal Supremo Electoral (TSE), los diputados electos por Semilla de nuevo fueron declarados como independientes y se quedaron sin el derecho de presidir comisiones de trabajo en el Congreso.
El partido apeló la decisión del Registro de Ciudadanos del TSE, pero esta no ha sido resuelta. Las decisiones más importantes del tribunal electoral están paralizadas porque cuatro magistrados titulares siguen suspendidos de sus cargos y la única titular en ejercicio, Blanca Alfaro, está enfrascada en una pugna con los suplentes por la presidencia de ese órgano.
Al igual que en la elección de magistrados en octubre de 2024 cuando, según el diputado David Illescas los oficialistas tuvieron que «ensuciarse las manos», la bancada Semilla cosechó otra derrota.
5. Se rindió Arévalo, se rindió su bancada
A partir de 2025, el presidente Bernardo Arévalo adoptó un nuevo discurso respecto de Consuelo Porras. Dijo que la salida de la fiscal general «es cuestión de tiempo» y que existen dos vías para que esto ocurra: que Porras renuncie o que llegue el fin de su periodo, el 15 de mayo de 2026.
Sobre lo primero, la propia fiscal anunció que no lo hará; y lo segundo dependerá de una coyuntura que reúna incentivos económicos para los diputados, combinados con nuevas acciones del MP que la mayoría de legisladores no estén dispuestos a pasar por alto, un escenario que no se ha presentado en los últimos dos años.
Aunque dentro del partido Semilla hay cuadros que no ven obstáculos legales para que Arévalo destituya a Porras, la «vocación profundamente democrática» del presidente es la que predomina. El bloque oficialista no ve otra salida, de momento, más que resignarse a convivir con la fiscal general que los golpea constantemente.
Pero si en el Legislativo el oficialismo no ha encontrado la fórmula para reformar la Ley Orgánica del MP, el Ejecutivo no solo sigue maniatado sino que no muestra ninguna resistencia ante eso, está paralizado sin hacer nada diferente de las acciones legales emprendidas el año pasado.
Además, a inicios de 2025 la Corte de Constitucionalidad (CC) ratificó que no se puede anular el obstáculo que impide la remoción de la fiscal general, por medio de una inconstitucionalidad, como lo pretendía un grupo de abogados.
Plaza Pública buscó entrevistar al secretario de Comunicación Social, Santiago Palomo; al secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero y al procurador general de la Nación, Julio Saavedra, para que explicaran por qué no se han emprendido nuevas acciones desde el Ejecutivo para la salida de Porras. Pero con ninguno logró entablar conversaciones.
El primero remitió a este medio con la comisionada presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, Yolanda Pérez, cuando las preguntas no estaban relacionadas con esa instancia. El segundo no respondió a las constantes solicitudes y el tercero dijo que una resolución de la CC le impedía pronunciarse sobre Porras.
Esta actitud ha llevado a los diputados de Semilla a pedir que desde el gobierno haya un cambio en la estrategia contra Porras.
«Pero lo que creo que hay que hacer es, tal vez, reorientar un poco la estrategia y no solo desde el Ejecutivo porque el Ejecutivo sí tiene que hacer un reajuste muy fuerte a la estrategia en contra de la fiscal y nosotros también tenemos que hacer un reajuste muy fuerte en contra de la fiscal, digamos, no estamos cómodos, no estamos tranquilos, no dormimos tranquilos con una fiscal así a cargo de una institución tan importante, lo vemos incluso reflejado en términos de política criminal, o sea, se investigan unos casos a la carrera y otros casos no», dijo la diputada Andrea Reyes.
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Pese a los requerimientos de un cambio en la estrategia del gobierno, esta ha sido en el último año la de soportar los embates del MP y el juez Fredy Orellana. El golpe más reciente ocurrió el 3 de marzo en el caso que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) llamó «Corrupción Semilla».
Salvador Noé Batz Chuc, exsecretario de Finanzas y Transparencia del partido, aceptó los cargos que la Feci le imputó, quien lo señala de financiamiento electoral no registrado, por no reportar al TSE aportes por 10,520 quetzales, en las elecciones de 2019.
6. Ni carta ni protocolo
Las decisiones «de efecto inmediato» que anunció Arévalo hace cuatro meses en el Salón Banquetes del Palacio Nacional ninguna se cumplió.
De acuerdo con la respuesta a una solicitud por medio de la Ley de Acceso a la Información Pública, hecha por este medio al Ministerio de Gobernación, los Protocolos de Actuación Policial en Aprehensiones, de la Policía Nacional Civil (PNC), no han sufrido ninguna modificación.
La invitación a Consuelo Porras para que explicara su responsabilidad en la «crisis en la justicia» tampoco ocurrió. El 2 de diciembre, el secretario Palomo anunció en una conferencia que la carta sería enviada a Porras para que acudiera a un gabinete sobre Derechos Humanos, creado ese mismo mes por el Ejecutivo. Pero 18 días después y al dar con lugar una inconstitucionalidad de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), la CC dejó sin efecto que se pudiera convocar a la fiscal por medio de ese gabinete.
En esta intrincada pugna hay otro factor que ha marcado la historia de Guatemala: Los Estados Unidos y su hegemonía.
Aunque al final de su visita oficial a Guatemala, el 5 de febrero, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, abogó por la democracia y la gobernanza y mencionó que las empresas no van a invertir en un país donde se va a producir un golpe de Estado, el MP de Porras no alteró su agenda de golpes hacia el oficialismo.
Ángel Pineda, el secretario general del MP, negó que durante su visita a Guatemala Rubio se haya pronunciado contra un golpe de Estado:
«Fíjese que yo no escuché que él dijera eso. Lo que escuché es que él hacía un llamado a respetar la institucionalidad, que es muy diferente [...], yo así lo entendí porque escuché que hablaba de un respeto a la institucionalidad, no con las palabras que usted mencionó».
El MP busca respaldo político al tratar de acercarse al gobierno de Donald Trump, pero no lo logra. Publicaciones de Plaza Pública dan cuenta cómo dos secretarios del MP acudieron a los actos de la toma de posesión de Trump, aunque solo lograron tomarse selfies. El hasta ahora fracasado lobby de Porras también incluye un documental en el que un youtuber hace propaganda sobre la fiscal general.
Lionel Toriello, uno de los ciudadanos que el año pasado se reunió con el presidente Arévalo en dos ocasiones para indicarle que no hay impedimento legal para remover a Consuelo Porras, tiene una lectura sobre cuál es el poder real del que la fiscal general es solo la cara visible.
«Son utilizados estos rufianes, a sabiendas, porque son el mal menor. Y es lo mismo, las élites de hoy desprecian a la “Comosiama” y a su gente, a lo que ellos consideran “su gentuza”, pero los usan y los otros se enriquecen. Tal vez esta señora no, porque esta señora parece que es un peculiar caso de fanatismo religioso y fanatismo ideológico. Pero, es decir, en general esos movimientos a través de los cuales se impide o se le hace la guerra a todo impulso renovador, es a través de gente así, que no es que sea aliada integral de la élite, sino que le sirve a la élite, se sirven mutuamente».
Toriello cree que Arévalo debió remover a Consuelo Porras en los primeros días de 2024, como lo ofreció previo a sentarse en la silla presidencial, cuando aún gozaba de un amplio respaldo popular.
«Desde el principio yo he tenido la opinión de que cuando estaba en el pináculo de su popularidad el nuevo presidente, se debió haber aprovechado para consolidar el viraje que el electorado quería, el viraje del rumbo del país. El electorado votó por un viraje, por un cambio de dirección en el país y ese era el momento idóneo para hacerlo. Sin embargo, el presidente, como he dicho hace unos minutos, es un hombre profundamente demócrata y respetuoso de las instituciones republicanas y de la ley, él escogió una ruta que le ha venido marcando su propia interpretación de lo que dice del espíritu y de la letra muerta de la ley, con el que yo discrepo».
Desde 2024, Bernardo Arévalo dio varios timonazos en su discurso sobre la fiscal general y su promesa de exigirle la renuncia, oferta con la que se granjeó una enorme simpatía durante la campaña electoral de 2023. El último cambio en su retórica fue en enero pasado, cuando dijo que la salida de Consuelo Porras del MP «es cuestión de tiempo», tiempo que se agota en mayo de 2026.
El partido Semilla, que prometió una nueva primavera para Guatemala, vive un invierno de derrotas políticas que está a punto de cumplir dos años.
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