5 revelaciones más importantes del testigo que asegura que Giammattei recibió sobornos de constructoras
5 revelaciones más importantes del testigo que asegura que Giammattei recibió sobornos de constructoras
Una investigación realizada por El Faro revela que, según un testimonio resguardado en el tribunal D de Mayor Riesgo, durante la última campaña electoral, el presidente Alejandro Giammattei aceptó un aporte de 2.6 millones de dólares, procedentes de sobornos a empresas constructoras. En la negociación, relatan, participaron personajes de total confianza para Giammattei, como Miguel Martínez y Giorgio Bruni. Según el testigo, la fiscal general Consuelo Porras y hasta entidades bancarias han accionado para encubrir al presidente en este caso.
Una investigación realizada por El Faro revela que, según un testimonio resguardado en el tribunal D de Mayor Riesgo, durante la última campaña electoral, el presidente Alejandro Giammattei aceptó un aporte de 2.6 millones de dólares, procedentes de sobornos a empresas constructoras. En la negociación, relatan, participaron personajes de total confianza para Giammattei, como Miguel Martínez y Giorgio Bruni. Según el testigo, la fiscal general Consuelo Porras y hasta entidades bancarias han accionado para encubrir al presidente en este caso.
Estos son los puntos más reveladores de la investigación publicada la noche del 14 de febrero por el medio salvadoreño:
1. La persona de confianza que acusa a Giammattei
La publicación revela que es un exhombre de confianza del presidente Giammattei quien lo delata de haber aceptado unos 20 millones de quetzales para financiar su campaña electoral en 2019, a sabiendas de que los recursos provenían de negocios entre el exministro de Comunicaciones, José Benito, y empresas constructoras. El testimonio fue grabado bajo reserva durante una audiencia de anticipo de prueba, en presencia de la jueza Erika Aifán, dos fiscales y una abogada defensora, el 18 de mayo de 2021.
El relato de dicha persona se tomó como prueba en una investigación que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) comenzó en octubre de 2020, al encontrar 16 millones de dólares en 22 maletas, en una casa propiedad alquilada por Benito, ubicada en la Antigua Guatemala.
El hallazgo vinculó a Benito y al ex secretario privado de Giammattei, Giorgio Bruni, en una investigación por lavado de dinero.
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En noviembre del año pasado, el Ministerio Público de Consuelo Porras solicitó información a los fiscales que construyeron el caso y a la jueza Aifán para conocer la identidad del testigo que narra estas acusaciones. Sin embargo, no le proporcionaron la información.
La jueza se justificó diciendo que la identidad del «Testigo A» y su relato forman parte de una etapa procesal en la que la fiscal no ejerce control, y son pruebas bajo custodia del juez y el tribunal de instrucción.
2. El ministro que compró su lugar en el gabinete de gobierno
Durante el gobierno del expresidente Jimmy Morales, el Ministerio de Comunicaciones continuó siendo un foco de corrupción y sobornos a cambio de adjudicaciones millonarias por contratos de construcción y mejoramiento de carreteras. José Luis Benito, titular de la cartera, estaba a cargo de ese negocio.
Según El Faro, en julio de 2019, entre la primera y segunda vuelta de la elección presidencial, Giammattei estuvo presente en una reunión en la junto a Giorgio Bruni, quien era secretario general del partido Vamos, habrían tenido una llamada telefónica con Benito para cerrar un trato. Giammattei recibiría un aporte millonario a cambio de mantener durante un año en el puesto de ministro y permitir que continuaran los negocios con empresas constructoras. Ese día pactaron el aporte y la forma de entrega.
El testigo escuchó a Bruni decir a Giammattei que el dinero saldría de un anticipo pagado por el Ministerio de Comunicaciones a la empresa COAMCO, para la construcción y mejoramiento de un tramo de carretera en el departamento de San Marcos.
Este fragmento del testimonio detalla cuál sería la forma de entrega : «Giorgio Bruni le pregunta a José Luis Benito, en altavoz, que cómo iban con el tema, y (dice) que estaba presente y escuchándolo Alejandro Giammattei. Benito responde ‘ya está todo listo, lo estamos haciendo en coordinación con el ministro de Gobernación’, en ese entonces de apellido Degenhart, ‘para hacer las entregas en los lugares que ustedes nos indiquen’».
Doce proyectos de construcción de carreteras, que suman contratos por más de 1,471 millones de quetzales con cuatro empresas distintas, están vinculados a ese pacto, dijo el testigo. Y según documentos oficiales, 11 de esos proyectos fueron adjudicados y están en ejecución. Otro más se encuentra en licitación abierta.
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Aunque Benito dejó el cargo , siete de los proyectos de construcción enumerados por el testigo de la FECI fueron adjudicados durante el primer año de gobierno de Giammattei a empresas constructoras como Supervisión, Construcción y Mantenimiento (SCM), propiedad del empresario Alejandro Matheu Escamilla y que son reconocidas como afines al exministro.
Desde el 20 de octubre de 2020, Benito permaneció prófugo de la justicia y fue declarado en rebeldía por la jueza Erika Aifán en diciembre de ese mismo año. A finales de enero de 2022, se entregó para enfrentar un proceso judicial, el cual comenzó con una audiencia en la que el MP evidenció una escasa preparación y una argumentación muy pobre.
3. Los implicados en la negociación
Además del ex secretario privado, Giorgio Bruni, el testigo protegido menciona a otros exfuncionarios y algunos que aún ocupan sus cargos, que habrían estado presentes en la reunión en donde se realizó la negociación.
El ministro de Desarrollo, Raúl Romero, el exdirector del Centro de Gobierno, Miguel Martínez; y una persona más identificada como Jorge, estuvieron presentes en el momento en que Bruni le dijo a Giammattei que el dinero saldría de un anticipo pagado por el Ministerio de Comunicaciones a la empresa COAMCO, para la construcción y mejoramiento de un tramo de carretera en el departamento de San Marcos.
Una segunda fuente que formó parte del equipo de campaña confirmó a El Faro este dato. Relató que a finales de agosto de 2019 en una reunión privada, Bruni, Miguel Martínez y Giammattei «dijeron que habían trabajado con empresas constructoras a través del Ministerio de Comunicaciones para financiar su campaña».
Por otro lado, del lado de los empresarios implicados, destacan Alejandro Matheu Escamilla, propietario de la constructora Supervisión, Construcción y Mantenimiento (SCM), a la cual se le adjudicaron seis proyectos por casi 327 millones de quetzales. Las empresas COAMCO, JJRM y Prourba también fueron beneficiadas con ese pacto pero negaron a El Faro haber sido parte de algún acuerdo con el presidente.
Ninguno de los demás señalados, a excepción del ministro Raúl Romero, respondió a los cuestionamientos de El Faro al cierre de la publicación. Mientras tanto, Bruni había aceptado colaborar con la FECI para proporcionar información sobre la participación del presidente en este acuerdo. Sin embargo, cambió de decisión de forma repentina.
4. Un testimonio en manos del FBI y el Departamento de Estado
Según la publicación, es posible que desde Estados Unidos exista una investigación contra el presidente Giammattei. Sin embargo, este extremo aún no está totalmente confirmado. Tanto el FBI como el Departamento de Estado tienen desde hace meses copia del testimonio del «Testigo A».
Además, un funcionario del Departamento de Estado confirmó que el Gobierno de Joe Biden está enterado desde hace meses del contenido de este testimonio contra Giammattei. Sin embargo, se desconoce el avance de posibles investigaciones desde el Departamento de Justicia.
La grabación también llegó a manos del embajador de Estados Unidos en Guatemala, William Popp y de un agente del FBI con investigaciones en la región. El Faro también tuvo conocimiento de que el constructor Alejandro Matheu Escamilla, desde hace meses, colabora con autoridades estadounidenses.
5. La protección de Consuelo Porras
El exfiscal de la FECI, Juan Francisco Sandoval, no duda en señalar a Consuelo Porras como parte de un esfuerzo por proteger a Giammattei de estos señalamientos. «La fiscal general protege al presidente de la República, y es evidente que si lo hace es porque el presidente se lo ha pedido», dijo a El Faro. El fiscal fue removido de su cargo como parte de un esfuerzo por debilitar la fiscalía que lideró grandes investigaciones de corrupción. En ese proceso, se han entorpecido algunos procesos, incluyendo esta investigación.
Una fuente del MP relató que la investigación que involucra a Giammattei en este acuerdo ilícito llegaría «hasta donde ellos quieran» debido al control que la fiscal general ejerce sobre los casos más comprometedores para el gobierno.
En su esfuerzo por entorpecer las investigaciones, en enero Porras solicitó a la Corte Suprema de Justicia retirar la inmunidad a Erika Aifán, acusándola de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y prevaricato.
Al parecer, los esfuerzos para detener la investigación contra Giammattei involucran también a entidades bancarias que se han negado a responder requerimientos de información bancaria para aportar elementos a este caso. Según el exfiscal Sandoval, después de la salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), las entidades bancarias dejaron de responder solicitudes de la FECI.
Esto supone un esfuerzo más coordinado por bloquear cualquier pista que pueda involucrar al presidente en este intercambio millonario de sobornos para financiar su campaña electoral.
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