Pero algo sabemos. El rol de Arzú en la privatización de las telecomunicaciones no empezó en 1996 con su presidencia, sino en 1991, cuando fue canciller en el gobierno de Serrano Elías. Serrano Elías no tenía particular interés en privatizar Telgua, pero debía resolver un problema considerable de deuda internacional. Para renegociar 70 millones de dólares estadounidenses de la deuda bilateral que Guatemala tenía con México, envió a su canciller, Arzú, a México en 1991. Arzú logró un acuerdo según el cual México reestructuraría la deuda ante el compromiso de Guatemala de privatizar varias empresas, entre ellas Telgua, llamada entonces Guatel.
Desde ese momento quedó afirmado el interés de México en Guatel. Pero el viaje de Arzú ocurrió solo meses después de que el Grupo Carso, de Carlos Slim, y otras compañías hubieran adquirido Telmex. México también había empezado a actuar como un líder regional, sobre todo en negocios.
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No tardaron los problemas políticos de Serrano Elías en relegar a un segundo plano los preparativos para privatizar Guatel. Y tampoco levantó mucho el vuelto durante el gobierno siguiente, el de Ramiro de León Carpio. De León Carpio contrató al ahora difunto líder ideológico liberal Manuel Ayau para que preparara la reforma de la Ley de Telecomunicaciones y el proceso de privatización. Pero De León Carpio enfrentó el mismo dilema que sus antecesores: si la privatización se hacía bien, la venta de los activos del Estado podía contribuir a hacer los servicios de telecomunicaciones más eficientes y a proveer un considerable monto de ingresos a las arcas del Estado; si se hacía mal, existía el riesgo de entregarle una mina de oro solamente a un grupo de empresarios y en el proceso afianzar el poder de un nuevo —o de un viejo— grupo de la élite. Sin embargo, esto último estaba ya a punto de suceder con la compra de la primera concesión celular por parte de Mario López Estrada, entonces ministro de Comunicaciones, hoy dueño de la compañía Tigo (que controla el 43 % del mercado de la telefonía del país) y considerado el hombre más rico de Guatemala. De León Carpio no impulsó el proceso con mucho ímpetu.
De ese modo, no fue sino con la llegada de Arzú a la presidencia cuando comenzó la privatización. Con apoyo de USAID, la agencia de cooperación estadounidense, un grupo de empresarios y de políticos empezó a preparar una propuesta de ley para reformar las telecomunicaciones. Este grupo, liderado por Alfredo Guzmán, se inspiró y apoyó en el grupo cercano a Ayau, de la Universidad Francisco Marroquín. Arzú había sostenido conversaciones con Ayau cuando aún era candidato presidencial, y Ayau recordaba que Arzú había apoyado la privatización a regañadientes y con una condición: que la empresa de telecomunicaciones no fuera vendida a «la oligarquía».
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Es difícil saber en quién pensaba Arzú cuando hablaba de «oligarquía». Porque, obviamente, él mismo se consideraba parte de ella. Lo que es cierto es que, cuando Arzú llegó al poder, cambió la directiva de Guatel y puso a Alfredo Guzmán como director. Aunque, dentro del marco de los acuerdos de paz, Arzú negoció y aceptó préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo y con el Banco Mundial para la «reforma del Estado» que incluyeron condiciones relacionadas con la venta de Guatel, la venta estaba ya en camino y las condiciones fueron más proforma que una presión real. Se aprobó entonces una Ley de Telecomunicaciones que se inspiraba en las ideas de Manuel Ayau y que es considerada la más liberal de las Américas, y se puso en venta Guatel.
El primer intento fracasó por falta de ofertas. La única empresa que se mostró interesada fue Telmex. En las condiciones de venta se estipulaba que la compañía compradora tenía que contar con al menos 1.5 millones de líneas en operación y con al menos 10 millones de quetzales en ventas. Con ello se excluía en la práctica a las empresas locales. La oferta de Telmex se rechazó supuestamente por que «ni siquiera cubría el valor de los bienes de la empresa». Pero sucedía también que, a pesar de los vínculos que existían entre México y Guatemala desde hacía varios años, había un recelo contra los mexicanos y muchos no los querían como nuevos dueños de Guatel. Según Guzmán, en cambio, parte de la culpa de este primer fracaso la tenía la misma ley. Dado que era muy liberal, implicaba competencia desde el primer día y así ofrecía a los nuevos dueños menos oportunidades de volverse monopolio, razón por la cual la compañía no resultaba lo suficientemente atractiva.
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La solución fue cambiar la ley y las condiciones de venta. Como resultado, Luca, S. A., un grupo de inversionistas locales liderado por el hondureño Ricardo Bueso, ganó la subasta. Después vendieron Telgua a Telmex con un excelente margen de ganancia, y más tarde otros inversionistas reemplazaron a Bueso en Luca, S. A., como principal inversionista local.
La condición expresa de Arzú (que no se le vendiera a la oligarquía) parecía cumplirse. En cambio, entraron en el juego otros actores, cercanos al presidente, que pertenecían a las nuevas élites. Entre ellos estaban Alfredo Guzmán y Fritz García-Gallont, gerente de Telgua y ministro de Comunicaciones respectivamente.
No sabemos con certeza cuál otro de los grupos locales ganó algo con la venta de Telgua y qué otras cosas obtuvieron. Lo que sabemos es que los que perdieron, por lo menos en el corto plazo, fueron, por un lado, los usuarios de Guatemala, que recibieron una Telgua operada por Telmex con poca competencia, y, por el otro lado, el Estado de Guatemala, que obtuvo pocos ingresos de la venta, los cuales, de haber sido mayores, podrían haberse dedicado a los proyectos sociales incluidos en los acuerdos de paz o a pagar deudas.
¿Cuál fue el interés particular de Arzú en esta privatización y en la forma como se realizó? ¿Fue Arzú un neoliberal? Es cierto que llegó a apoyar la privatización, pero menos como un instrumento económico que como una manera de cambiar relaciones de poder a favor de un sector emergente. No fue liberal en el sentido de Ayau ni fue neoliberal su ideología. Arzú era más bien un hombre que supo manejar un proceso político en la compleja situación de la transición de la Guatemala de posguerra. Una transición de un Estado —y de un sector de telecomunicaciones— controlado por los militares en alianza con la oligarquía a un Estado controlado por la oligarquía en alianza con élites emergentes y con el consenso de viejas y nuevas facciones dentro de los militares.
Nota de la autora. Este ensayo se basa en un trabajo extenso presentado en el libro Globalización, Estado y privatización: proceso político de las reformas de telecomunicaciones en Centroamérica, de Benedicte Bull (Flacso, 2008).
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