Así negociaron reformar el financiamiento electoral ilícito

En la parte alta del hemiciclo, el diputado oficialista Juan Manuel Giordano Grajeda y Felipe Alejos Lorenzana, jefe de bancada de Todos, chocaron sus puños discretamente mientras observaban el tablero de votación. El Congreso había aprobado la reforma al delito de financiamiento electoral ilícito con 89 votos a favor y 12 en contra, y el gesto era la pequeña celebración de un tránsfuga recurrente y de un congresista asediado por investigaciones de corrupción tras semanas de cabildeo por el artículo 407 N del Código Penal y por el 205 Ter de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), que busca modificar el transfuguismo y permitiría a varios legisladores migrar a otra agrupación política para los comicios electorales de 2019.

Ambos tenían en parte lo que querían: aunque el transfuguismo aún no está en agenda, varios diputados aseguran que buscarán que se apruebe el próximo miércoles.

Las votaciones por el 407 N pasaron rápido y sin la necesidad de que los operadores se movieran en búsqueda de votos. Ya tenían los números. Por momentos, algunos diputados no votaban y algún colega llamaba su atención en medio de risas.

La jugada empezó a estar clara el martes cuando la Comisión Pesquisidora que veía el antejuicio contra el mandatario por el caso de financiamiento electoral ilícito presentó su informe. Desde las reuniones iniciales, varios de sus integrantes cuestionaban si se podía acusar a alguien por un delito tipificado en un artículo que debía ser aclarado, según orden de la CC. Los congresistas, algunos de los cuales acusan de prevaricato a los magistrados de la Corte salvo cuando sus resoluciones les son útiles, recomendaron al pleno concluir el proceso legislativo para reformar el 407 N. Además lograron que no se le retirara la inmunidad al presidente Jimmy Morales.

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El informe que elaboró una comisión pesquisidora para razonar si había que quitarle la inmunidad al mandatario, fue lo que abrió la puerta para hablar ya en público de la reforma al delito e incluirla en agenda.

El plan original era aprobar el miércoles la reforma a la LEPP que pretendía que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no tuviera la potestad para cancelar partidos y al día siguiente aprobar el 407 N. Algunos diputados señalaron que se hablaba de trueques de leyes. Cada quien le ofrecía al otro las reformas que necesitaban: unos querían quitarse de encima cargos de financiamiento anómalo y otros poder reelegirse, contra la ley actual. Pero no se ponían de acuerdo en qué aprobar antes, porque los unos no se fiaban de los otros. Lo cierto es que el día que discutieron la LEPP, los diputados no aprobaron ninguna enmienda. Incluso el congresista Oliverio García Rodas tomó la palabra para decir que dejaran de votar porque no había acuerdos de nada y eso era evidente. Por cada votación únicamente obtenían entre 30 y 50 de los 105 votos requeridos.

El jueves también parecía que nada cuajaba, tras el mal sabor de boca del día anterior. Los diputados aprobaron un punto resolutivo. Parecían listos para irse cuando la moción llegó a la secretaria. La presentó Marco Lemus Salguero, de la UNE: incluía el 407 N. El secretario de la Junta Directiva, Estuardo Ernesto Galdámez Juárez (FCN-Nación), leyó el documento de manera inentendible. No fue sino hasta que el número de iniciativa apareció en el tablero de votación que se supo de qué se trataba.

Los congresistas observaban la pantalla. Óscar Argueta Mayén, de la UNE, volteaba a verla y luego contemplaba a sus colegas con una gran sonrisa dibujada en el rostro. Contrastaba con su aspecto del día anterior, cuando salió molesto del hemiciclo porque su enmienda para la LEPP fue rechazada. El resultado de la votación fueron 93 votos a favor y 21 en contra de la moción.

Los tres diputados señalados por financiamiento electoral ilícito: Blanco Lapola, Nineth Montenegro Cottom (Encuentro por Guatemala), y Roberto Villate Villatoro (independiente), votaron en contra de que se alterara el orden del día. Los dos primeros se retiraron del hemiciclo. Villate se quedó en el pleno. Siguió el tercer debate, una enmienda, la votación del artículo con la enmienda incluida, el agregado de un segundo artículo, y luego redacción final.

Después de cada votación Estuardo Galdámez observaba qué colegas no marcaban aún y gritaba sus nombres. Risas.

Andrea Villagrán, de Todos, recordó que había diputados en el pleno con un claro conflicto de interés por el tema de financiamiento electoral ilícito: “Se está ofreciendo una amnistía para que se haga cualquier cosa el día de las elecciones”, señaló, y subrayó que faltaba por resolver el amparo que ella solicitó el  24 de julio para revisar cómo se discutió esta reforma.

Pero entonces alguien pedía la palabra para razonar el voto y argumentar que únicamente hacían lo que la Corte les pidió desde febrero. Sonrisas mezcladas con apretones de mano disimulados para esconderlos de la prensa. Eran felices.

En este ambiente aprobaron el decreto 23-2018. Por primera vez en meses, los congresistas anti-Cicig se retiraban del hemiciclo con una victoria bajo el brazo.

Finalmente, el Congreso aprobó las modificaciones a las sanciones por financiamiento electoral ilícito, contenidas en el 407 N, y creó un nuevo delito contenido en el 407 O, con el cual se regula el financiamiento electoral no registrado.

En menos de una hora el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) se pronunció acerca de las reformas al financiamiento electoral. Los empresarios manifestaron que las normas aprobadas responden a lo resuelto por la CC. “Se trata de una medida positiva para que los aportes lícitos puedan otorgarse a las organizaciones políticas que participarán en la contienda. La transparencia es un elemento indispensable para este proceso democrático que se aproxima”, finaliza el comunicado.

Por el caso de Financiamiento Electoral Ilícito del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), hay seis grandes empresarios, muy estrechamente vinculados con la patronal, que están ligados a proceso: Felipe Bosch Gutiérrez, Fraterno Vila Girón, Salvador Paiz del Carmen, José Miguel Torrebiarte Novella, José Guillermo Castillo Villacorta, y José Andrés Botrán Briz. El ex director del Movimiento Cívico Nacional (MCN), Rodrigo Arenas Echeverría, también se encuentra involucrado en este caso.

La politóloga Gabriela Carrera consideró que la modificación al 407 N coincide con un momento en que hay una “moral ciudadana un poco golpeada” y otros temas que reducen el escrutinio sobre el Congreso. Primero, la atención se volvió hacia las visas no renovadas del personal de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), luego a la reestructuración del Ministerio Público (MP), y por último a la caravana de migrantes que nació en Honduras.

El 407 N como el inicio del #PactoDeCorruptos  

No es la primera vez que los diputados intentan reformar el artículo 407 N. Ocurrió ya el 13 de septiembre de 2017, cuando modificaron el Código Penal, en un movimiento que los exoneraba de culpas y de cárcel, pero también liberaba a buena parte de la población penitenciaria. Los legisladores se vieron forzados por una ciudadanía enfurecida a dar marcha atrás. Este incidente también lo recordó Alianza por las Reformas en un comunicado al señalar que ese fue el día que se fraguó el denominado Pacto de Corruptos entre el oficialismo y varias bancadas.

La agrupación de sociedad civil señaló que con las reformas “se suprimió el delito de financiamiento electoral anónimo contemplado en el artículo 407 N del Código Penal con la intención de librar de responsabilidad penal directamente al presidente Jimmy Morales y a los secretarios generales de los partidos políticos”. También señalan que los congresistas con un “claro conflicto de interés” no deberían haber votado.

El artículo, no obstante, sí debía ser reformado. Lo dijo la CC cuando les lanzó una tabla de salvación a los diputados: les exhortó a modificar el delito de financiamiento electoral ilícito porque no estaba clara la diferencia de castigos entre el financiamiento electoral ilícito proveniente del crimen organizado y el narcotráfico y el financiamiento electoral no registrado.

Era su oportunidad.

El Congreso conformó una comisión que discutió las penas que debían enfrentar los acusados y la responsabilidad que debía tener el secretario general de un partido. En ese momento, los legisladores Roberto Villate Villatoro (independiente) y Orlando Blanco Lapola (UNE) ya habían perdido su inmunidad, acusados por el Ministerio Público (MP) de este mismo delito cuya reforma estaba ahora en manos de sus colegas.

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La comisión tardó en dictaminar. Querían nueve firmas limpias, sin voto razonado, para evitar cuestionamientos, pero no las conseguían. En mayo, el diputado de la UNE Óscar Argueta buscaba esforzadamente las firmas de los colegas que integraron la comisión. Cuando las consiguió, obtuvo apoyo para una resolución que, según un análisis de la Fundación Myrna Mack, buscaba “impunidad” porque dificultaba la persecución penal.

El abogado Carlos Bezares se refirió a la reforma del financiamiento electoral ilícito como un intento para crear un “manto de impunidad”. Además, señaló el claro conflicto de interés de este Congreso para aprobar la reforma al 407 N. El jurista asegura que el procedimiento puede ser impugnado, pues los diputados que forman parte de los partidos señalados de financiamiento electoral ilícito no deberían haber votado. Es el mismo argumento que señaló Villagrán durante el pleno previo a la aprobación.

Bezares recordó que el llamado de la CC a cambiar el 407 N podría haber caído en oídos sordos, como ha sucedido en otros casos. La Corte, según explicó, exhortó a modificar el delito de tortura. El Legislativo sigue sin hacerlo. También se les ha pedido a los congresistas revisar la Ley de Minería y varios temas relacionados a las consultas populares. “Se rompe la teoría de la legislación, que establece que se debe velar por intereses generales y no por los de un grupo”, aseguró.

El fiscal de Delitos Electorales, Oscar Schaad, dijo que aún analiza qué efectos tendrá la reforma.

Financiamiento electoral ilícito v. transfuguismo: ¿qué vendría primero?

Las últimas semanas habían sido de pugna densa entre el grupo de los tránsfugas y la UNE. El meollo del asunto era simple. El primer grupo buscaba aprobar primero el 205 Ter (transfuguismo) y luego el 407 N (financiamiento electoral). El otro quería que fuera al revés. La matemática dice que el orden de los factores no altera el producto. Eso no aplica en una política llena de desconfianza, incumplimientos y traiciones.

La UNE es clave para el transfuguismo, cuya modificación requiere de 105 votos, y sin el partido de Sandra Torres los tránsfugas no tienen esperanza. Ellos lo saben y por eso decidieron usarlo para negociar los votos para el financiamiento electoral ilícito, una reforma que les resulta más urgente que la LEPP. Blanco Lapola perdió su inmunidad en marzo tras ser acusado de este delito por el Ministerio Público (MP). Pero los tránsfugas se habían negado a apoyarlo mientras no tuvieran su objetivo asegurado.

Siguieron semanas de un cabildeo intenso por parte del grupo de los tránsfugas, encabezado por la diputada de Alianza Ciudadana (AC), Delia Emilda Bac Alvarado, y el independiente, Hugo Fernando García Gudiel. Durante el pleno también se pudo observar a Alejandra Carrillo de León (independiente) y a Giordano Grajeda (FCN-Nación) operar este tema.

El proceso mostró la falta de confianza y desorganización entre los bloques. Cada sesión se veía a Bac y a García Gudiel, moverse entre sus compañeros. Alguien, cualquiera, corría a la secretaría para dejar un fólder con una supuesta moción privilegiada que nunca se conocía.

“Aún no hay números”, contestaba cualquier congresista consultado.

En la siguiente sesión se repetía todo otra vez.  

A veces, era la UNE la que creaba expectación.

“Era el 407 N”, se murmuraba en los pasillos del Legislativo. Pero tampoco cuajaba nada. El orden de los factores sí alteraba el producto.

El lunes, al salir de la reunión de jefes de bloque, Blanco Lapola aseguró que el 407 N no había sido incluido en agenda por falta de consensos. Pero que en cuanto lo hubiera, llegaría al pleno.

La tensión fue tal que un miércoles, a media aprobación de la LEPP, Mario Taracena acusó a varios diputados de solo estar preocupados con el transfuguismo cuando había más temas que ver de la ley electoral. Acto seguido, él y la bancada salieron del pleno y rompieron cuórum.

El debate sobre el financiamiento electoral se retomó a puerta cerrada hace un mes. Los diputados esperaron a que pasara la crisis del Ejecutivo para evitar la presión ciudadana y los reflectores sobre ellos. Luego, como caído del cielo, vino el anuncio del TSE acerca del proceso de cancelación de la Unión del Cambio Nacional (UCN) y Encuentro por Guatemala. Leopoldo Guerra, del Registro de Ciudadanos del Tribunal, también anunció que seis expedientes más estaban en análisis, entre los que se encuentran Todos, el Partido de Avanzada Nacional (PAN), y Convergencia. La amenaza a otros partidos erizó la piel de muchos diputados y los engranajes empezaron a funcionar. Los consensos empezaron a verse el martes cuando se archivó el antejuicio contra el presidente y la comisión mencionó la reforma al 407 N. 

Aunque los jefes de bloque de la UNE, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), AC o del Movimiento Reformador (MR) negaron esta de clase de condicionamientos cruzados y aludían a falta de acuerdos aislados, otros diputados refrendaron la existencia de esas negociaciones. La próxima semana vendrá la segunda parte. El 205 Ter aún está en juego. Es probable que luego de la aprobación del 407 N, la UNE de la opción de voto libre a sus diputados y así ofrezca los suficientes para que el transfuguismo obtenga los 105 congresistas necesarios para salirse con la suya.