Cada tres horas una persona es capturada por narcomenudeo

En 2017 las fuerzas de seguridad capturaron en promedio a una persona cada tres horas por delitos vinculados al narcomenudeo: 3,014 detenidos (hasta el 23 de diciembre), según datos de la Policía Nacional Civil (PNC). Pero según cifras del Ministerio Público (MP), un tercio de esa cifra no es procesado y solo 215 fueron condenados.

Los casos ocurren en casi todas las regiones del país: en marzo de 2017, la PNC capturó a Antonio Tzampip Pérez, de 24 años, un heladero que también vendía mariguana a un costado del parque central en Antigua Guatemala, Sacatepéquez; le incautó dos bolsas con pequeños envoltorios de droga. En septiembre, capturó a una adolescente en la zona 5 capitalina; le incautó tres libras de mariguana, 40 cápsulas de cocaína, y 60 piedras de cocaína (crack). En diciembre pasado, capturó en Jalapa a Jorge Álvarez Cerna y Sara Bonilla Salazar, y les incautó Q26 mil, y colmillos de cocaína y crack.

El Ministerio Público (MP) determina el o los delitos por los que acusará a un detenido con base en la cantidad de droga que se le incauta. De los 3,014 detenidos el año pasado por narcomenudeo, el Organismo Judicial (OJ) registra que 1,908 fueron ligados a proceso por posesión para el consumo (el 63%), delito que la Ley de Narcoactividad castiga con penas de cuatro meses a dos años de cárcel, y multas de Q200 a Q10 mil. Otros 478 fueron procesados por promoción o estímulo a la drogadicción (el 15%), con penas de dos a cinco años de cárcel y multas de Q5 mil a Q100 mil. El resto fueron absueltos o ligados por otros delitos.

Según el OJ, en promedio, fue condenado cerca del 88% de los procesados en casos relacionados con drogas. Sin embargo, el MP registra cifras mucho menores: 579 ligados a proceso por posesión para el consumo (casi una cuarta parte de la cifra del OJ) y 223 condenados (menos de la mitad); otros 303 fueron ligados a proceso por promoción o estímulo a la drogadicción, y 366 condenados (más del total porque algunos inicialmente no fueron ligados por ese delito, y por ello aparecen más condenados que ligados a proceso). La vocera del MP, Julia Barrera, explica que las cifras de la Fiscalía son distintas porque incluyen casos en los que hubo modificación del delito, o que se dictó falta de mérito.

Algunos casos avanzan con relativa rapidez. Una mujer capturada el 19 de junio pasado en la zona 9 capitalina fue condenada tres meses después. Llevaba encima suficiente mariguana para justificar una sentencia mínima por promoción y fomento del cultivo, tráfico o fabricación de drogas: seis años inconmutables de cárcel y una multa de Q10 mil, según el artículo 40 de la citada ley.

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Mientras los detenidos hacinan más las cárceles, sobrepobladas en un 300%, y saturan de casos a la Fiscalía de Narcoactividad, las autoridades desconocen el impacto de los operativos en la cantidad de droga disponible en las calles. “No se podría decir si ha disminuido o aumentado, porque esta actividad ilícita cambia tanto de modalidad, que es difícil detectarla”, dice Óscar Dávila Mejicanos, viceministro de Asuntos Antinarcóticos del Ministerio de Gobernación (Mingob).

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Entre enero y septiembre de 2017, la Fiscalía de Narcoactividad de la capital conoció 279 casos nuevos. Siete de cada diez por narcomenudeo, y el resto por narcotráfico. En las fiscalías de Narcoactividad en Chiquimula y Quetzaltenango, que cubren el nororiente y occidente del país, cerca del 70% de los expedientes también son de narcomenudeo. Las fiscalías abren casos con base en las denuncias recibidas en la línea antinarcótica 1577, al corroborar que hay venta de droga en el lugar denunciado. Por este medio recibió 1,044 denuncias a nivel nacional entre enero y agosto de 2017, según la PNC.

El MP ligó a proceso a 2,386 personas por los delitos de posesión para el consumo y promoción de la drogadicción entre enero y noviembre de 2017, según datos del OJ que consigna la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas (Seccatid). De esa cuenta, el Estado habría gastado por lo menos Q14 millones en ese rubro el año pasado, de acuerdo con un estimado conservador que revela que el Estado gasta unos Q7 millones en procesar mil detenidos en casos relacionados con drogas. La Seccatid, cuyo trabajo es prevenir, reducir y tratar las adicciones, mantiene un presupuesto anual de Q5 millones.

Detonante de la demanda: accesibilidad

La Fiscalía de Narcoactividad sitúa el principal mercado del narcomenudeo en el departamento de Guatemala, donde hubo más personas ligadas a proceso en 2017 por delitos relacionados con el consumo y venta al menudeo, según cifras del OJ. El MP ubica otros mercados claves en Antigua Guatemala, Sacatepéquez y Panajachel, Sololá, aunque hay más procesados en Quetzaltenango, Suchitepéquez y Retalhuleu. También hay frecuentes incautaciones y capturas en Chiquimula y Jutiapa.

Para Dávila, la presencia de las maras define la geografía del narcomenudeo en el departamento de Guatemala: principalmente en Villa Nueva y Mixco, y las zonas capitalinas 6, 18, y 10 (en centros nocturnos). “No quiere decir que no haya mujeres (no pandilleras) y personas mayores a cargo de los centros de distribución”, afirma. En diciembre pasado, por ejemplo, la PNC capturó a un hombre de 72 años con tres libras y media de mariguana en Moyuta, Jutiapa. Un fiscal del MP—quien pidió no ser identificado—dice que las pandillas delegaron el narcomenudeo a sus parejas (novias o esposas), y a personas ajenas a las pandillas, cuando las extorsiones se volvieron su principal fuente de ingreso.

El mercado del narcomenudeo lo abarca la mariguana en cerca del 70%, según estimaciones de las autoridades con base en los decomisos que realizan. El bajo peso de las hojas secas permite adquirir grandes volúmenes a un bajo precio. El fiscal dice que una bolsa de dos gramos se compra en Q20 en la zona 19, o en Q50, en la zona 10. En San Lucas Sacatepéquez, un cigarro de mariguana se vende en Q10, según Joed Osorio, un capacitador de la Coalición Contra las Drogas en ese municipio.

La cosecha en Totonicapán y Quiché, los principales departamentos productores de marihuana en el país, se vende casi exclusivamente en la capital, según el fiscal citado. El viceministro agrega que parte de la cosecha también se vende en México y El Salvador. Aun así, la demanda en la capital estimula la producción en el occidente, y en la Ciudad de Guatemala. En 2017, la PNC erradicó plantaciones en las zonas 7 y 5.

Después de la mariguana, la droga más vendida es el crack. Se vende en unos Q50 cada piedra, principalmente en las zonas del centro y norte de la capital. En 2017, la PNC incautó 4.8 kilos en los departamentos Guatemala, Jalapa y Escuintla. Otros departamentos con alta incautación son Santa Rosa, San Marcos y Suchitepéquez valorados en Q345 mil.

El origen de la cocaína y sus derivados para el narcomenudeo son las rutas del narcotráfico: los proveedores pagan una parte del transporte con droga, que genera un mercado local, según el MP. El precio de la cocaína en polvo varía según el sector y el grado de pureza: puede ser 80% o más alto, o hasta menor al 30%. Un investigador del MP señala que un colmillo de cocaína (equivalente al contenido de tres cápsulas) cuesta entre Q100 y Q150. Un exdistribuidor dice que cada cápsula se vende en Q100, y que el precio del colmillo puede subir hasta Q250 si la cocaína es de alta pureza.

Las drogas sintéticas ocupan menos del 10% del mercado porque son más costosas. Una pastilla de ecstasy cuesta unos Q80. El avalúo de 22.7 kilos de anfetaminas (uno de los posibles ingredientes del ecstasy), que la PNC incautó entre enero y septiembre de 2017, es de Q17 millones. La venta de las drogas sintéticas “ocurre más en Antigua Guatemala, y en bares y discotecas de la zona 10 y en las zonas 14, 15 y 17, donde hay más turismo o poder adquisitivo”, según el investigador del MP. Las autoridades sospechan que una porción se fabrica en Guatemala, y otra, es parte de los cargamentos en ruta hacia EE.UU. Un exdistribuidor dice que algunos distribuidores tienen contactos en las discotecas que reciben los pedidos de los clientes, salen del local, hacen y pagan el pedido al vendedor, reciben la droga y regresan al local a entregarla.

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Ninguna de las dos herramientas que se usan en el país para medir el consumo de drogas revela el impacto de los operativos contra el narcomenudeo en el consumo. Una es la encuesta nacional que la Seccatid hizo en 2014 entre escolares, la cual reveló que la mariguana es la droga que más consumen. La otra son los boletines mensuales de los usuarios atendidos (el 95% del departamento de Guatemala) en el único centro de tratamiento del Estado, ubicado en la capital y que la Seccatid administra. En el primer semestre de 2017, por ejemplo, de 1,245 usuarios (varios, referidos por el OJ), el 30% eran adictos a la mariguana. Entre ellos, tres de cada cuatro tenían entre 10 y 19 años. Ninguna otra droga ilegal registró un consumo mayor.

El encargado de la Seccatid, Rafael Sánchez, dice que el presupuesto de la entidad es insuficiente para medir los niveles de adicción a nivel nacional en grupos de diversas edades.

Muchos detenidos y poca droga

Los casos de narcomenudeo tienen una relación opuesta a los de narcotráfico: muchos detenidos y bajo decomiso de droga. En 2017, la PNC hizo 3,014 capturas por narcomenudeo y 92 por narcotráfico. En promedio, decomisó 146 kilos de cocaína por cada detenido por narcotráfico, mientras que sólo una libra de mariguana procesada y 1.60 gramos de crack por cada detenido por narcomenudeo.

La incautación de la mariguana procesada aumentó desde 2015, pero disminuyó la erradicación de plantaciones, aunque Dávila cree que la erradicación en los primeros nueve meses de 2017, 5.1 millones de matas, comenzó a afectar el mercado local de consumo. No obstante, hace diez años la PNC erradicó el doble sin un impacto aparente. La mayor erradicación del año pasado ocurrió en Totonicapán, el departamento de mayor producción, y en Chiquimula, San Marcos, Huehuetenango, Petén y Quiché. Entre enero y septiembre del año pasado, la PNC erradicó 5.1 millones de matas de hierba, las cuales valoró en Q1.9 mil millones.

Respecto al crack, el año pasado la PNC incautó la mitad de lo incautado en 2011, el año del mayor decomiso anual en el último decenio, según datos de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) que consigna la Seccatid. De los decomisos de cocaína al narcomenudeo no hay información reciente. La PNC no provee datos de decomisos en gramos (sólo en kilos) desde 2014. Sus registros sí indican que, entre 2006 y 2013, la incautación anual osciló entre los 5,005 gramos (5 kilos) y 10,999 gramos (10.9 kilos), cuando el decomiso al narcotráfico se contaba en miles de kilos.

Que las rutas del narcotráfico generen narcomenudeo explica (en parte) los decomisos de cocaína en cantidades pequeñas en departamentos donde hay trasiego a gran escala. Un ejemplo es Chiquimula, donde la PNC sólo incautó 170 gramos (ni medio kilo) en 2017. Las autoridades identifican varios factores para explicar la reducida cantidad de droga incautada al narcomenudeo:

(1) La ley permite los cateos solo entre las seis de la mañana y las seis de la tarde, y solo con una orden judicial. Los distribuidores aprovechan para mover la droga entre las seis de la tarde y las seis de la mañana. “Es el mejor horario para esconder (o trasladar) algo”, dice Dávila. No es el único horario de traslados a juzgar por las capturas ocurridas durante el día, pero reduce las posibilidades de incautar más droga.

(2) Los distribuidores y vendedores manejan cantidades pequeñas de droga para evitar pérdidas grandes en las incautaciones, y tienen suficientes ojos en las calles. Para el envío de la mariguana hacia la capital, los productores en Totonicapán y Quiché ocultan los paquetes de hojas secas en costales de papas o zanahorias transportados en camionetas de parrilla hasta la terminal de la zona 4 capitalina, en la madrugada. “En algunos registros se detectan”, dice un fiscal. Sin embargo, admite que la Fiscalía de Narcoactividad no tiene la capacidad para catear todos los autobuses de las rutas desde el occidente hasta la capital, y tampoco ha tenido mucho éxito en los operativos en la terminal. La incautación de mariguana más reciente que recuerda en el lugar data de 2015 e involucró varios quintales.

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El fiscal explica que es difícil ubicar la droga porque los “banderas”, vigilantes de los distribuidores, alertan de la presencia de las autoridades. “Cuando llegamos al lugar, encontramos nada”, señala. “En la ruta, y en la zona de almacenaje, también les avisan si hay vigilancia policial”. Dávila reveló que por lo general los traficantes transportan un máximo estimado de dos libras. En ocasiones, mochileros transportan la droga. “Hay intermediarios que llegan a los centros de distribución en la capital para venderla, pero no hemos identificado cómo lo hacen”, afirma.

La mariguana y otras drogas son llevadas en automóviles, motocicletas o en autobús. Los centros de distribución más conocidos son el Barrio El Gallito en la zona 3, la colonia San José La Chácara en la zona 5, y la Universidad de San Carlos de Guatemala en la zona 12 (a cuatro cuadras del único centro estatal de tratamiento de adicciones). En la zona 1, en la Plaza de la Constitución, han incautado mochilas a vendedores con cantidades considerables de mariguana procesada.

Dado que los distribuidores llevan media libra de mariguana o menos, las 3,510 libras de mariguana procesada que la PNC incautó en 2017 habrían requerido al menos siete mil traslados para llegar a su destino. Un decomiso excepcional, en octubre de 2017, involucró 26 paquetes de mariguana que dos sujetos pretendían ingresar a la cárcel El Boquerón, en Santa Rosa.

El funcionario del MP dice que la vigilancia de banderas en el Barrio El Gallito contribuyó a obtener “pocos resultados en ese sector”. No obstante, en octubre pasado, el MP logró capturar y ligar a proceso a ocho sujetos que operaban en La Chácara y otras colonias de la zona 5 capitalina, después de realizar 22 cateos también en las zonas 4, 14 y 16, Ciudad Quetzal y Palencia.

(3) Los distribuidores y vendedores logran deshacerse de la droga antes de los cateos o capturas. “Al ser alertados, ellos son expertos en idearse un hoyito, una ventanita, para solo sacar la mano y dar el producto”, explica Dávila. Afuera, alguien lo recibe y se hace humo. El viceministro subraya que los vendedores no arriesgan un punto de distribución por una cantidad pequeña de droga, y se deshacen con rapidez de cuanto pueden. “Sabemos que los abastecen periódicamente para vender, pero no podemos hacer un trabajo de rastreo tan puntual por los ‘banderas’”, dice el viceministro. “Tenemos una red de cámaras, pero en algunos puntos no hay cobertura”.

Por lo general, los distribuidores ocultan la droga en casas particulares con puertas reforzadas, según el MP. Mientras la Policía intenta abrir la puerta, los ocupantes lanzan la droga en el inodoro y tratan de escapar. Dávila dice que han encontrado desagües o tuberías de pilas atascados con colmillos de cocaína y envoltorios de droga.

(4) Los investigadores policiacos en unidades especiales de apoyo de la PNC son insuficientes. Una fuente del MP señala que el número reducido de incautaciones de droga al narcomenudeo también obedece a que los distribuidores tienen cómplices en las comisarías y subestaciones de la PNC. “Tienen protección”, dice la fuente. “Cuando se le pide a las comisarías verificar una información, o investigar (a una persona), no lo hacen por ser conocidos; por eso trabajamos con la SGAIA”. Sin embargo, eso limita el apoyo policial. Según Dávila, los 1,200 elementos de la SGAIA se convierten—en el mejor de los casos—en unos 750 por turno al considerar los descansos, vacaciones, personal administrativo y de personal a otros operativos. No obstante, el funcionario afirma que la SGAIA efectúa sondeos regionales para trasladar información al MP y judicializar los casos.

Dávila afirma que decir que hay corrupción en todas las comisarías y subestaciones del país es una exagerada generalización. Sin embargo, la fuente del MP no dijo que todos los policías son corruptos, sino que el narcomenudeo tiene suficientes contactos en las comisarías y subestaciones que filtran información, y no haya resultados. De ahí que los operativos a gran escala los ejecutan la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) o la SGAIA. La Fiscalía destacó que esas unidades de la PNC son esenciales para obtener resultados. El viceministro señala que “las unidades especiales antinarcóticas impulsan y lideran las investigaciones para preservar la información”, y se involucra a las comisarías en los operativos sólo cuando es necesario.

Asimismo, la Inspectoría General de la PNC acompaña los operativos de grandes decomisos de droga o dinero, lo cual, asegura, les da buenos resultados.

No hay una medición de cuántas incautaciones y capturas se frustran por la corrupción. Los casos que involucran policías, según datos oficiales, son menos del 1% del total de la fuerza policial. El MP registra 153 agentes de la PNC procesados por delitos relacionados con el narcomenudeo y el narcotráfico entre 2009 y 2017.

No obstante las acciones contra la corrupción, los casos de narcomenudeo no se investigan con la rapidez necesaria. “El personal investigativo en las unidades operativas de la SGAIA no se da abasto”, admite el funcionario del MP. Agrega que tampoco se dan abasto las 50 personas empleadas en la Fiscalía de Narcoactividad en la capital (fiscales, auxiliares fiscales y personal administrativo), ni otras 80 en las fiscalías en Chiquimula y Quetzaltenango.

Dávila reconoció que la SGAIA tiene insuficiente personal para cubrir los casos, pero no precisó la cantidad de elementos operativos y de investigación asignados a la SGAIA (la PNC tampoco respondió a la pregunta).

(5) La violencia en el narcomenudeo influye en la efectividad de los operativos. El MP y Dávila coinciden en que la rivalidad entre los grupos de narcomenudeo genera violencia, particularmente en la capital. En marzo de 2017, por ejemplo, el líder de una banda en la zona 5 fue asesinado; la banda fue capturada siete meses después. “La vigilancia (en zonas de distribución) no es continua sino en segmentos cortos, porque es muy peligroso”, dice el funcionario del MP. Cada caso requiere al menos tres vigilancias, con diferentes investigadores y vehículos, para evitar ser reconocidos —lo cual se dificulta porque no siempre tienen los vehículos necesarios—. En casos de Mixco y la zona 21, en 2016, los investigadores debieron abandonar la vigilancia repentinamente porque los identificaron y les dispararon. Es usual la incautación de armas de fuego a los distribuidores y vendedores. En junio pasado, en Villa Nueva, la PNC le incautó una subametralladora, una pistola y mariguana a dos menores de edad. En septiembre pasado, en un centro comercial en la zona 15 capitalina, la PNC le incautó mariguana, dos pistolas, y dinero a una persona capturada.

Los esfuerzos del combate al narcotráfico son proporcionales a sus resultados: a) la demanda promueve la disponibilidad de la droga en la calle, b) la mayoría de las personas detenidas son ligadas a proceso por consumo y las menos por promocionar la drogadicción, c) casi un tercio de los capturados por narcomenudeo no es acusado y sale libre con relativa rapidez, y d) al menos tres de cada cuatro ligados a proceso no son condenados y vuelven a la calle. Así, el impacto de una captura cada tres horas se diluye.