San Lucas Sacatepéquez aleja a sus jóvenes de las drogas con organización comunitaria

La primera vez que Joed Osorio consumió mariguana estaba oculta en una pizza que alguien le ofreció en la fiesta de aniversario de su escuela en San Lucas Sacatepéquez. Joed pensó que los retacitos verdes eran espinaca. Supo que no lo eran cuando sintió mareos y una elación extraña. Se asustó. Tenía 13 años. Su mamá lo llevó al médico. Un análisis confirmó que Joed había consumido cannabis.

Un año después, en otra fiesta con sus compañeros de escuela, comió un brownie. Cuando sintió mareos supo que el pastelito también contenía mariguana. Ese segundo consumo accidental ya no lo asustó. En cambio, le despertó una curiosidad obsesiva por saber más acerca de esta droga, sus distintas presentaciones y efectos. Tenía un motivo fuerte: podía estimar que casi el 90% de sus compañeros de estudios eran adictos o la vendían. Pronto averiguó que algunos de ellos preparaban pizza, brownies, galletas y pasteles con mariguana, como una maniobra de mercadeo subrepticio para conquistar nuevos consumidores y clientes.

Era 2012 y algunos profesores en los centros educativos en San Lucas empezaban a observar cómo algunos de sus estudiantes llegaban a clases con síntomas de intoxicación por drogas. “En 2014 y 2015, ¡Ay Dios! Dentro de las aulas uno lo notaba”, dice María de Ovando, la coordinadora técnica administrativa del Ministerio de Educación para San Lucas, Santiago y San Bartolomé Milpas Altas. San Lucas está ubicado a 27 kilómetros al occidente de la capital, tiene una población estimada de 27 mil personas. El censo de 2002 del Instituto Nacional de Estadística (INE) indica que el 18% de la población tenía seis años de edad o menos, el cual se duplicó en los siguientes 15 años y se concentró, según otros datos del INE, en el área urbana en un 80%. El resultado: una población adolescente numerosa.

La municipalidad de San Lucas tenía programas de prevención, pero éstos no evitaban el consumo y la venta de drogas. Tampoco lo conseguía la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas (SECCATID), la dependencia de la Vicepresidencia responsable de coordinar acciones para prevenir el uso indebido de sustancias adictivas legales e ilegales, y de rehabilitar a los adictos y su entorno familiar. Esta responsabilidad está contenida en la Política Nacional Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas, según la cual la prevención y combate al consumo y venta de drogas, entre otros objetivos, también corresponden a ministerios como Gobernación, Salud y Educación entre otros.

Para rehabilitar a los adictos, la SECCATID tiene un Centro de Tratamiento Ambulatorio (CTA) que funciona únicamente en la capital. El 95% de sus usuarios son habitantes del departamento de Guatemala. En el primer semestre de 2017, atendió a 12 usuarios de Sacatepéquez (no hay datos si alguno es de San Lucas), el tercer grupo por departamento de origen más grande, después de Guatemala y Escuintla.

En 2012 y 2013, el alcalde de San Lucas, Yener Haroldo Plaza Natareno (en el puesto desde 2004 y reelecto en 2015 como candidato de la Unidad Nacional de la Esperanza), incrementó los programas comunitarios de deporte, arte y música, orientados a una juventud sana, cuenta De Ovando. Ese trabajo le valió al municipio para, en 2014, captar la atención de la Coalición Antidrogas de América (CADCA, por sus siglas en inglés). Esta oenegé estadounidense capacita comunidades con fondos del Departamento de Estado de EE.UU., para reducir el consumo de drogas con resultados exitosos.

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Con el apoyo de esa organización el municipio creó la Coalición Comunitaria San Lucas Sacatepéquez, que integran funcionarios municipales, instancias de los ministerios de Educación, Gobernación y Salud, la Policía Nacional Civil (PNC), y la Policía Municipal de Tránsito (PMT). La coalición fue un nicho para jóvenes como Joed, primero como participantes en los talleres de prevención, luego como capacitadores. En tres años, aseguran, mejoraron el nivel académico en los estudiantes y redujeron las intoxicaciones y los hechos delictivos.

¿Qué hace CADCA?

El impacto es novedoso en San Lucas, pero CADCA lo implementa desde su fundación, hace 25 años, en otros lugares. En ese lapso ha creado cinco mil coaliciones comunitarias en EE.UU., cuenta Eric Siervo, su portavoz.

Para 2004, CADCA ya tenía suficientes resultados para que el Departamento de Estado le preguntara si podía replicar el modelo en otros países. Así surgió una alianza público-privada en la que el gobierno estadounidense financia la formación y capacitación de coaliciones en el extranjero, por medio de CADCA. Desde entonces, fundaron 229 coaliciones en otros 20 países, diez de ellos, en Latinoamérica. En Centroamérica, están en Guatemala, Honduras y Costa Rica.

El informe 2016 de CADCA reporta que, a nivel global, las comunidades donde funcionan coaliciones redujeron en un 93% los problemas ocasionados por el consumo de drogas. La reducción en el consumo de tabaco fue del 59%; la de de drogas prescritas del 77%; de mariguana, el 84%, y del alcohol del 96%. Estos datos aplican a coaliciones con al menos tres años de conformadas, que hicieron un diagnóstico el primer año y una medición de resultados dos años después.

CADCA tiene criterios claves para decidir dónde apoyar una coalición. Selecciona una comunidad donde encuentra una contraparte organizada y lista para trabajar en prevención, por eso fue que el trabajo comunitario que la municipalidad de San Lucas hacía en 2014 les instó a iniciar un plan piloto en ese municipio.

 El coordinador nacional de CADCA en Guatemala, Carlos Alvarado, explicó que también se eligió a San Lucas por su vulnerabilidad al estar entre “dos monstruos”: Antigua y Mixco, y próximo a Chimaltenango. “Hay mucha trata de blancas, consumo, distribución (de drogas), y es un lugar de paso estratégico”, dice Alvarado.

El primer paso es transferir capacidades a los líderes de cada coalición, cuenta la peruana Eda Pérez, capacitadora de CADCA. “El marco de prevención estratégica es el cuerpo y alma de la formación de las coaliciones”, agrega. Perú fue el primer país latinoamericano donde CADCA apoyó la fundación de una coalición.

El proceso, explica Pérez, consiste en identificar la capacidad organizativa y la voluntad para establecer una coalición; realizar un diagnóstico para identificar la sustancia que más se consume, los factores de riesgo en la comunidad y condiciones que facilitan el consumo; planificar conforme a estrategias para lograr un cambio de conducta; ejecutar y elaborar planes de acción por estrategia, gestionar recursos; y evaluar el impacto de los planes.

CADCA requirió la participación de por lo menos 12 sectores comunitarios: padres de familia, autoridades de salud, educación, gobierno local, policía local, organizaciones religiosas, medios de comunicación, comerciantes locales, entre otros, y especialmente los jóvenes. “Los queremos proteger a ellos, entonces necesitan tener un lugar en la mesa; ellos reconocen los problemas, y cómo se pueden solucionar”, precisa el portavoz. Por eso Joed, ahora un universitario de 19 años, integra la coalición.

“Joed, por muy joven que sea, es una pieza clave en nuestra coalición (porque) un joven convence a otro joven” con menos dificultad que un adulto, afirma De Ovando, actual presidenta de la coalición. Joed primero recibió capacitación y luego se convirtió en capacitador de otros jóvenes de su edad o menores. También ofreció información clave acerca de los puntos de venta del narcomenudeo, aunque ello le haya valido reacciones diversas de sus compañeros de estudio como rechazo, desconfianza y aislamiento. “Los que se metieron más (en el consumo o la venta), se apartaron por completo, pero luego, muchos se acercaron a mí con problemas porque ya no podían dejar de consumir, o por estar vendiendo; y me cautivó poder ayudar a las personas”, cuenta De Ovando.

La coalición de San Lucas nombró su primera junta directiva en 2015, cuando también realizó su primera encuesta de diagnóstico entre tres mil jóvenes en centros educativos y privados del municipio, de entre 11 y 18 años. A la pregunta de “¿qué drogas conoces que se consumen en San Lucas?”, el 100% respondió “mariguana”. Por ello, orientaron los programas de prevención contra el consumo y la venta de esa hierva, aunque también incluyen el control del consumo de otras drogas, alcohol y tabaco.

La encuesta reveló que el 63% de jóvenes de ese lugar, de 10 a 14 años, consumía mariguana, y menos del 3%, pegamento o inhalantes, o crack, según Reyes Gumercindo López Martínez, jefe de la PMT en San Lucas. López y De Ovando coinciden en que la mariguana es la droga más accesible en precio, por eso se consume más. En la encuesta, los estudiantes respondieron que podían comprar la droga con Q10 en adelante. Según Joed, es el precio de un porro. Una bolsa de cinco gramos cuesta Q75.

Mesas de diálogo con diferentes sectores, como los transportistas, revelaron más datos acerca de los puntos de venta de droga, que sirvieron a la PNC para hacer decomisos. La mayoría estaba frente los centros educativos: los vendedores ambulantes de comida. “Un estudiante le podía decir a otro, ‘¿me regalás la mitad de tu pan?’ porque los sobrecitos de mariguana los meten adentro de los panes”, relata Joed. “Adentro (los redistribuidores) dejaban las mochilas abiertas en las clases, y les pasaban dejando el dinero allí. Un pan costaba de Q30 a Q55”.

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El control y la vigilancia en los centros educativos aumentaron. La municipalidad prohibió las ventas de comida frente a los establecimientos, y colocó iluminación y cámaras de seguridad en los puntos de venta. La Comisión Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito (Comupre) implementó un centro de monitoreo para las cámaras, que permitió detectar más puntos de venta. López afirma que el patrullaje combinado de la Policía Municipal, PMT, PNC y el Ejército también contribuyó a reducir la distribución. La Comupre se formó en mayo de 2016, con representantes de los ministerios de Salud y Educación; el jefe de la PMT en San Lucas es su subcoordinador.

La única forma en que la coalición puede establecer que los consumidores no buscaron otros lugares de consumo y venta, fuera de áreas públicas, es que la mejora en el rendimiento escolar ocurrió simultáneamente a la reducción de casos de intoxicación identificados en las aulas, y a la reducción en delincuencia en el municipio y muertes violentas relacionadas con la venta y consumo de drogas. De Ovando cree que la coalición consigue resultados porque genera confianza, porque la comunidad conoce a sus miembros afuera de la coalición, como funcionarios o representantes de otras instancias. Algunos se conocían antes de 2014 porque trabajaban juntos en otras comisiones del municipio.

La raquítica SECCATID

En 2014, un año antes del diagnóstico de San Lucas, la SECCATID hizo su más reciente encuesta nacional sobre el consumo de drogas, con una muestra de 13,762 estudiantes de 11 a 22 años en 158 institutos (78, en el departamento de Guatemala; tres, en Sacatepéquez). Entre los chicos de 11 y 14 años, las drogas de mayor consumo eran el tabaco y alcohol, seguidos por inhalantes, mariguana y cocaína. Entre los de 15 y 18 años, eran la mariguana la cocaína y el alcohol. María Antonieta Solórzano, encargada del CTA, dice que controlar el consumo del tabaco y alcohol en menores de edad es estratégico porque son las drogas de entrada para otras más fuertes.

La Secretaría no sabe cuántos adictos reciben tratamiento por departamento fuera del CTA, ni cuáles son las drogas de mayor consumo en cada uno. “No tenemos la capacidad para hacer una encuesta a nivel departamental”, reconoce Solórzano. Juan Rafael Sánchez, secretario de la SECCATID, explica que se elabora data a partir de cifras del Ministerio de Gobernación, el Organismo Judicial (OJ), y el Departamento de Regulación, Acreditación y Control de Establecimientos de Salud (DRACES) del Ministerio de Salud, entre otras instancias. “Nos manejamos con mucho subregistro”, reconoce.

El secretario dice que hay por lo menos 98 centros privados de tratamiento para adictos a nivel nacional registrados en el DRACES, pero no hay capacidad para extraer información de cada uno. Son parte de las 12,659 clínicas de diverso tipo que están bajo la supervisión de sólo nueve empleados del Ministerio de Salud. Según Sánchez, la mayoría de los centros incumple los protocolos mínimos de atención. En algunos, los internos se quejan de padecer golpizas y ser retenidos contra su voluntad, o de no recibir tratamiento médico.

Los motivos del consumo de mariguana los conoce Joed de memoria. “Un 20%, consume por curiosidad, un 30% conocía los efectos y se metió por querer”, explica. “El resto, por lo mismo que me pasó, (consumo sin querer, porque) de todas las veces que uno prueba la mariguana, la primera vez es la mejor. Uno quiere volver a sentir eso. A mí me dio miedo, pero otros sienten una gran satisfacción, entonces lo vuelven a hacer”. La encuesta de la SECCATID reveló que el consumo de la mariguana, cocaína e inhalantes en adolescentes también está relacionado a la asociación con amigos que tienen problemas personales.

La Secretaría espera que el Congreso apruebe la propuesta de duplicar su magro presupuesto para ampliar su cobertura. La SECCATID tiene un presupuesto anual de Q5 millones, el 0.006% del presupuesto estatal de 2017, lo cual explica su reducido impacto en casos como el de San Lucas, aunque ya cumple 22 años de funcionar. De esos Q5 millones, la Secretaría emplea el 85% de su presupuesto en gastos de operación, y el pago de salarios (a 49 empleados, incluidos profesionales). El resto cubre la compra de insumos, mantenimiento de sus oficinas y el CTA, y transporte de personal, entre otros gastos.

Según la Política Nacional Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas, la ejecución de sus acciones se debe financiar con fondos que, para ese efecto, sean asignados en las instituciones que integran la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas (CCATID), y con aportes de la cooperación internacional que gestione la SECCATID. La CCATID está integrada por la Vicepresidencia de la República, Ministerio Público y los ministerios de Gobernación, Defensa, Salud, Educación, Agricultura, Relaciones Exteriores y Comunicaciones, que también están encargados de implementar las acciones que la SECCATID debe coordinar.

Los objetivos de la política van desde mejorar las condiciones socioeconómicas de la población para reducir el incentivo económico del narcotráfico, combatir el tráfico y distribución de estupefacientes; ofrecer tratamiento, rehabilitación y reinserción social a los adictos; hasta convencer a la población de la importancia de reducir la oferta y demanda de drogas lícitas o ilícitas, especialmente en los menores de edad.

El año pasado, el CAT atendió a 2,620 usuarios con terapia psicológica, familiar y ocupacional. También capacitó por medio de cinco programas en prevención a 20,447 personas de distintos grupos poblacionales: menores de edad, escolares, maestros, padres de familia, y líderes comunitarios, entre otros. Esto, afirma Sánchez, con cinco personas para ofrecer capacitaciones en todo el país. Aun así, comenzaron un sexto programa en 2017.

Señales de mejoría en San Lucas

De Ovando afirma que la encuesta para medir el impacto del trabajo de la coalición de San Lucas se realizará entre finales de 2017 y principios de 2018, pero que ya observan resultados positivos: Hay mejor rendimiento académico y menos jóvenes llegan con síntomas de intoxicación a las escuelas, ya no venden drogas en las aulas y en el parque no se observan indicios de venta ni consumo de drogas entre los jóvenes, asegura. Este año, reconoce, ha habido casos de estudiantes intoxicados, pero han sido esporádicos. “No como antes, cuando hasta los papás... El papá consumía y le daba a su hijo; ahora se han abstenido”.

Edgar Ramírez, vicepresidente de la coalición, cuenta que en una reunión con padres de familia, se les acercó una madre y les dijo al oído que allí había una pareja de padres que vendían drogas. “Nosotros seguimos con la charla. Como coalición no enfrentamos a los vendedores; nos dedicamos a hablar del impacto en la familia, y las familias han sido las más beneficiadas”.

Entre enero y julio detectaron cuatro casos graves de adicción en jóvenes, que reciben rehabilitación. En 2016 despidieron a un profesor que vendía droga a los estudiantes, aunque no fue capturado. De Ovando asegura que, desde entonces, no han ocurrido casos similares.

“Se patrulla diariamente, y ya no se mantienen los patojos consumiendo drogas en zonas públicas ni en los terrenos baldíos”, dice López, quien llegó a la dirección de la PMT hace cinco años. La Comisión Municipal de Seguridad también prohibió la venta de licor en las tiendas del casco urbano, y el consumo frente a las mismas.

López, un comisario retirado de la PNC, con 28 años de experiencia policial, cree que la Comupre también contribuyó a reducir el índice delictivo. “Antes había mucho robo a residencias y asaltos; aquí se robaban diariamente de uno a dos vehículos, y ahora en lo que va del año (enero a julio) se han robado unos tres”, afirma.

Los homicidios también se redujeron. De Ovando dice que el año pasado murieron dos jóvenes, un hombre y una mujer, en hechos violentos relacionados con la venta de drogas. Fueron dos de los tres homicidios que la PNC registró en San Lucas Sacatepéquez en 2016. En 2014, la PNC reportó nueve homicidios (de 56 en todo Sacatepéquez), cifra que bajó a seis en 2015, y tres, el año pasado. En lo que va 2017, se reportan tres casos: Una mujer asesinada en marzo, y el chofer y ayudante de un bus extraurbano acribillados en mayo. Preliminarmente, la PNC no relacionó los casos con drogas.

En San Lucas, la coalición descubrió que la mayoría de la mariguana provenía de Villa Nueva, Mixco, la zona 18 capitalina, y Chimaltenango. Según Joed, en San Lucas un sujeto la cultivaba para venderla en el municipio, Antigua y la capital, hasta que fue capturado. Entre enero y abril pasados, no hubo capturados en Sacatepéquez por delitos relacionados con drogas.

Los municipios donde no funcionan coaliciones dependen del decomiso de drogas, la captura de vendedores en el narcomenudeo, y la ayuda de la SECCATID para reducir la venta y el consumo. En San Lucas, antes de la coalición, los maestros en las escuelas ni tocaban el tema. Ahora los establecimientos buscan el respaldo de la coalición. “Si se detecta a alguien (un estudiante que consume), se llama a los padres y hay algunos jóvenes en rehabilitación porque el colegio, o instituto, tomó decisiones”, dice De Ovando. La funcionaria y otros miembros creen que no habría resultados si hubieran esperado que el gobierno central redujera el problema del consumo de drogas.

Un principio manejable

El portavoz de CADCA dice que lo ideal es fundar la primera coalición del país en una comunidad donde la drogadicción aún es manejable. Luego, se trabaja en un contexto más complejo. “En Lima, Perú, se comenzó con cinco comunidades; luego se fundaron 66 coaliciones en el país, por el éxito en la reducción del consumo, la venta, crimen, pandillaje y otros problemas”, recuerda Eric Siervo. Allí replicaron los logros de ciudades como Miami o Los Ángeles, en EE.UU., y así llegaron a Ciudad Juárez, en México, o San Pedro Sula, en Honduras. Trabajan en comunidades de entre 50 mil y 250 mil habitantes, y crean varias coaliciones en ciudades grandes.

Esto explica cómo Villa Nueva, un municipio con una población estimada de 570 mil habitantes para 2016, y donde intentaron instalar una coalición en 2010, era más compleja para manejar que San Lucas, donde la población estimada es de 27 mil habitantes. En 2016, San Lucas tuvo una tasa de homicidios de 10 por cada cien mil habitantes. La de Villa Nueva fue de 50, cuando la tasa promedio nacional era 27.8.

CADCA también selecciona municipios a dónde se pueda trasladar el problema una vez controlado el lugar donde opera una coalición. Por eso, desde 2015 apoya la formación de la coalición en San Bartolomé Milpas Altas, que colinda con San Lucas en Sacatepéquez, y en los vecinos Cantel y Salcajá, Quetzaltenango, después que se instaló la coalición en Totonicapán (cabecera) en 2016. Estos últimos tres municipios colindan entre sí y ya planifican una encuesta de diagnóstico.

En Quetzaltenango y Totonicapán ya hay pistas de adicción. Un informe de enero de 2017 de la SECCATID indica que, ese mes, Quetzaltenango fue el tercer departamento con más personas ligadas a proceso por delitos vinculados a drogas, después de Guatemala y Suchitepéquez. La mitad de los casos a nivel nacional correspondían a posesión de droga para el consumo (en abril fue el 66.9%), seguido por tráfico y almacenamiento ilícito de drogas, y “promoción o estímulo a la drogadicción”. En Quetzaltenango, de 25 casos de personas ligadas a proceso, 16 lo fueron por posesión para el consumo. Sacatepéquez no figuraba entre los departamentos con más incidencia.

Después de Petén, Totonicapán es donde más se cultiva mariguana —para consumo local, aunque la mayoría, para vender en México— según el jefe adjunto de la Fiscalía de Narcoactividad, Jorge Gálvez. La mayoría de las 1.199,050 matas de mariguana que la PNC erradicó entre enero y abril pasados, estaban en Totonicapán; el resto, en Alta Verapaz y El Progreso. Totonicapán también tiene un problema de consumo. Ramírez afirma que la municipalidad ya pidió asesoría a la coalición de San Lucas.

El jefe de la PMT de San Lucas dice que otras municipalidades a donde CADCA no ha llegado también han pedido asesoría a la coalición: Santo Domingo Xenacoj, en Sacatepéquez; Santiago La Laguna, en Sololá, y San Martín Zapotitlán, en Retalhuleu.

Todos los integrantes de la coalición trabajan en ella ad honorem.

Pese a que el alcalde enfrenta un proceso penal al haber sido acusado en 2016 y ligado a proceso por cuatro delitos (abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, atentado contra el patrimonio natural y cultural, y uso de documentos falsos), la coalición reitera que su apoyo es indispensable. La reelección de Plaza Natareno en 2015 facilitó la continuidad. Esto incluye el financiamiento de acciones de seguridad, programas de prevención para escolares, préstamo de tarimas y equipo de sonido, y el permiso para el uso de áreas públicas para actividades, entre otros aspectos.

En todos los centros educativos imparten charlas sobre drogadicción como parte del pensum de ciencias sociales en formación ciudadana. El 18 de julio pasado, López dijo que aprovecharon un taller para 1,256 alumnos acerca de la integración a maras y pandillas que impartió el Ministerio de Gobernación, para ofrecer una charla contra el consumo de drogas.

Pero López cree que el plan todavía tiene un vacío: los jóvenes que no asisten a la escuela. “Una mente desocupada es una bomba. El que está afuera (de la prevención) está vulnerable”, asegura.

Datos del INE indican que San Lucas tiene una población económicamente activa (PEA) del 45% aunque no todos quienes integran la PEA tienen empleo, o reciben sueldo que cumple con el salario mínimo, esto en una economía eminentemente agrícola, con producción pecuaria y artesanal en menor grado. Por eso el enfoque de la coalición está en los jóvenes y sus familias.

Para Alvarado se trata de construir un proyecto de la comunidad para la comunidad. “A veces creemos que es papá gobierno, papá alcalde, papá policía (quien debe hacer el trabajo)”, dice. “Al final, lo hacen los papás y mamás de la comunidad”. Y también jóvenes como Joed.