Capitalismo a la chapina

En la actualidad la mayoría de los países de Latinoamérica cuentan con alguna ley de competencia, así como autoridades, que en teoría, vigilan su cumplimiento y que deberían evitar que personas o grupos económicos controlen los mercados en beneficio propio. La creación de estas leyes no siempre es fácil, diversos grupos de poder como cámaras comerciales y empresariales intentan frenarlas o incluso, ya creadas usarlas en beneficio propio.

Las primeras leyes nacionales de competencia o antimonopolio del continente fueron las de Argentina 1923 y México en 1926; en 1959, Colombia y Chile harían lo propio; mientras que Brasil avanzaría en el camino de controlar a las oligarquías en 1962. Estás leyes cambiaron sustancialmente entre 1990 y la primera década del siglo XXI. También es en esta época donde surgen la mayoría de legislaciones en materia de competencia para ajustarse a los tratados de libre comercio que el modelo neoliberal y la globalización exigían para poder hacer negocios con el mundo.

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En Plaza Pública revisamos la situación, en materia de leyes nacionales de competencia en 25 países de América Latina, encontramos que seis de los países seleccionados cuentan con una ley nacional en la materia; ocho tienen dos versiones; cinco llegaron a una tercera vuelta; cuatro han renovado sus leyes de competencia por cuarta ocasión y solo México y Chile tienen legislaciones de quinta generación.

En contraparte, cuatro países han prescindido de estas leyes, entre ellos Cuba donde el monopolio lo tiene el Estado, Haití que es un Estado fallido y Guatemala, donde al parecer, las élites son el Estado.

Dulzura y poder

Guatemala resulta ser un caso paradigmático donde las élites económicas han bloqueado varios intentos de aprobar una ley nacional de competencia, lo paradógico, es que desde 1985, el artículo 130 de la Constitución obliga a que exista una normativa al respecto. Además de que, tanto en la ley de Comercialización de Hidrocarburos, como la Ley General de Telecomunicaciones tienen apartados en la materia.

ARTÍCULO 130 - Prohibición de monopolios. Se prohíben los monopolios y privilegios. El Estado limitará el funcionamiento de las empresas que absorban o tiendan a absorber, en perjuicio de la economía nacional, la producción en uno o más ramos industriales o de una misma actividad comercial o agropecuaria. Las leyes determinarán lo relativo a esta materia. El Estado protegerá la economía de mercado e impedirá las asociaciones que tiendan a restringir la libertad del mercado o perjudicar a los consumidores.

Este artículo ha sido letra muerta durante 37 años y no hay indicios que vaya a cambiar en el futuro inmediato. La depuración en el Congreso durante el 2015 permitió que un año después avanzaran proyectos de ley de diferente índole, entre ellos el de la ley de Competencia. La elaboración de esta propuesta contó con apoyo técnico de la Unión Europea, Estados Unidos y de Chile, entre otros países de la región interesados en ingresar al mercado guatemalteco.

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Incluso, existió una coordinación de legisladores que viajaron a países donde se cuenta con leyes de Competencia para conocer el funcionamiento de la legislación legal-económica en la materia. Esta acción no fue del agrado de las oligarquías guatemaltecas que vieron amenazado su dominio exclusivo sobre diversos sectores del mercado. Tal fue el de los azucareros que conversaron con varios congresistas para proponer cambios al anteproyecto de ley que avanzaba y quedó aprobada en el tercer debate, eso antes que el oficialismo, representado por la bancada Vamos, pidiera una moción para que la iniciativa se devolviera a revisión.

Para Carlos Barreda, diputado promotor de esa iniciativa, fue «una primavera haber logrado discutir la ley de Competencia»; sin embargo, señala  a los  azucareros de haber detenido su aprobación y redacción final. Como prueba del poder y de los mecanismos  de captura del Estado que utiliza este sector, Barreda señala el caso de la exprimera dama, Sandra Torres quien, en 2015, compitió a la presidencia de Guatemala bajo las siglas del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y llevó como compañero de fórmula al empresario Mario Leal Castillo, cuya familia pertenece al sector azucarero e inmobiliario.

En su libro «Las élites industriales en Guatemala, una historia de su ascenso, (1871 -1994)», Paul Dosal disecciona a las oligarquías nacionales, para ello estudió a cerca de cien familias de la élite, de las cuales cincuenta no solo habían diversificado sus intereses económicos sino que además tienen vínculos maritales directos con por lo menos otras dos familias oligarcas, lo que aumenta su poder económico y su influencia política.

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Estas cincuenta familias, señala Paul Dosal, «controlan la industria del café, azúcar, algodón, exportadoras, bancos, industrias, venta de automóviles, hoteles, aseguradoras y constructoras. De sus filas provienen los líderes del sector privado, ministros de gobierno, diplomáticos» y hasta algunos presidentes de Guatemala. Eso sí, ningún líder militar, en los últimos 45 años, ha sido parte de la oligarquía. 

Como otros grupos económicos, los azucareros también se agruparon en una poderosa asociación que les permite mantener el control de la industria, así como defender sus intereses y privilegios frente al gobierno; en septiembre de 1957 crearon la Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua), en aquel entonces 10 ingenios controlaban el 84% de la producción del décimo tercer mayor productor de azúcar del planeta y el principal de Centroamérica.

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Casi medio siglo después, en  2006, la Comisión Económica para América Latina (Cepal) en su estudio «Condiciones general de competencia en Guatemala» señaló que los sectores avícola, azucarero, licores y de cemento hacen que haya una integración vertical y acuerdos horizontales en todos los sectores por lo que se debe identificar prácticas anticompetitivas que generan una colusión en la economía.

Una muestra de eso ello es la Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua) que de acuerdo al informe de la Cepal, aglutinaba en ese 2006 a los 16 ingenios azucareros existentes en el país y trabajaba coordinadamente con las empresas comercializadoras de azúcar, así como con la compañía Expogranel, encargada de los embarques de exportación de azúcar. Actualmente, la industria del endulzante nacional es reconocida en el mercado extranjero, según la Organización Internacional del Azúcar como el sexto exportador en el mundo.

Mayor participación para bajar gastos

Uno de los objetivos de la suscripción del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con  Estados Unidos, así como el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, es abrir el comercio en los mercados, aunque con ciertas «protecciones» para los productores nacionales de los países asociados. Pero también se contempló que cada país debe tener una Ley de Competencia para evitar prácticas desleales.

Sin embargo, Guatemala es el único país del Istmo que no cumple con ese compromiso. Y aunque en principio el ministro de Economía del Gobierno de Jimmy Morales no mostró resistencia en apoyar la ley, fue el gobierno de Alejandro Giammattei, donde esta se detuvo y regresó a la comisión de Economía, para un nuevo análisis, que en realidad implicó mandarla al congelador.

Claudia García, economista independiente y analista de esta iniciativa conocida en el Congreso como anteproyecto 5074, mencionó que la ley de competencia abriría las puerta a nuevas marcas y competidores lo que podría permitir una reducción en los costos de las mercancías, como se observa en otros mercados de la región. Esto en su opinión, beneficiaría el presupuesto de los hogares.

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A este respecto, Javier Tapia reconocido juez de Tribunal de Competencia en Chile mencionó que de acuerdo a su experiencia en las economías donde no hay una libre competencia los precios se incrementan más de 13% de lo que en otros mercados donde si se compite, lo cual hace que las personas paguen más por el mismo servicio.

García también indicó que la falta de una regulación de competencia hace que los emprendedores se enfrenten a grandes empresas con mucho poder, que le cierran el paso, de forma desleal, a los nuevos actores y sin ningún tipo de sanción, pues no se compite bajo las mismas reglas para todos.

Por su  parte el abogado e impulsor de la iniciativa de ley de Competencia, Marcos Palma, explicó que que no hay ley perfecta, pero la idea es iniciar con regulaciones para que las empresas de un sector no se pongan de acuerdo para establecer los precios y la repartición del mercado, que es lo que se conoce como cartelización.

Para Javier Tapia la oposición para que se apruebe la ley de Competencia podría significar que ciertas industrias no son competitivas aunque vendan sus productos en el extranjero, como sucede con el sector azucarero, que aunque es reconocido en el mundo, en Guatemala solo se vende su producto por normativas que dicho sector ha promovido para su aprobación y resguardar su posicionamiento.

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Este reportaje forma parte de la serie sobre microrregulaciones Capitalismo a la chapina.