Cien años de intentar la democracia

Hace 100 años, en abril de 1920, una movilización social en contra del autoritarismo desestabilizó la república poscolonial de Guatemala, que tenía poco menos de 100 años de instituida. Exigía democracia. Hace 5 años, una oleada de manifestaciones anticorrupción sacudió lo que parecían dos décadas de buen camino de vuelta a la democracia pos conflicto armado interno. Exigía justicia.

Hubo lecturas que adjetivaron estas últimas como «espontáneas», como un «despertar», pero es claro que en este país no ha habido momento sin movimientos sociales. Por eso no hablaré de todos los movimientos sociales, sino de los movimientos sociales democratizadores. Estos serían los que tienen demandas que se enmarcan específicamente en derechos civiles y políticos de magnitud pública y nacional. También hablaré de quiénes han constituido esos movimientos.

La mayoría de los países de América andan por alrededor de los 200 años de haberse constituido en Estados-nación, de haber iniciado la construcción de un aparato político-administrativo republicano para reemplazar el aparato colonial y de haber definido quiénes eran la ciudadanía en esos nuevos países. Sin embargo, la democracia en América Latina es apenas un fenómeno del siglo XX si con democracia nos referimos a la integración de las masas a la política. El hito lo marcaron la Revolución mexicana en 1910, en el norte, y el batllismo uruguayo entre 1904 y 1916, en el sur [1].

En Guatemala, la democracia empieza, o intenta empezar, en abril de 1920 con el derrocamiento del dictador Manuel Estrada Cabrera, que supone una desconcentración del ejercicio del poder público. Ese fue el primer cambio de régimen en nuestra historia que integró a las masas a la política por medios democráticos en lugar de ser una alternancia de gobierno exclusiva entre élites dominantes o un enfrentamiento armado, como habían sido hasta ese momento desde la independencia en 1821.

Las cursivas en los párrafos anteriores hacen referencia a quiénes eran la ciudadanía y las masas para las que empezó esta democracia. Quienes tuvieron la posibilidad de identificarse políticamente como ciudadanía en esa fase fueron, en su mayoría, hombres urbanos de las capas de élite del sistema anterior: la población descendiente europea y la mestiza identificada como ladina [2] [3]. Cabe decir también que se autopercibían como masas, según algunos documentos de la fecha [4]. Esto es importante porque los trabajadores son al movimiento sindical y la comunidad indígena al movimiento de defensa del territorio lo que la ciudadanía al movimiento democratizador.

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Como en los otros cambios de régimen gubernamental de los siglos XX y XXI en Guatemala, un movimiento social democratizador no era suficiente para hacer esa transformación. Tanto en la coyuntura de 1920 como en las siguientes que mencionaré confluyeron un contexto geopolítico de pacificación o transición, una intervención estadounidense progresista, una pugna de poder entre las élites económicas y los militares locales y ese movimiento social ciudadano con demandas democratizadoras. La institucionalización del movimiento de 1920 fue el derrocamiento de un gobierno autoritario, y la victoria duró poco más de un año antes de volver a las dictaduras.

El siguiente cambio de un régimen autoritario a uno democrático fue en 1944, con la Revolución de Octubre. Con factores similares a la coyuntura anterior confluyó un movimiento social democratizador que incluyó a universitarios, profesionales, docentes y estudiantes de nivel medio de los centros urbanos del país. En esta fase incursionaron simbólicamente las mujeres como parte de la ciudadanía, tanto en el sentido social, por el papel público de las maestras en las protestas, como en el sentido jurídico, que se concretó con el sufragio femenino en 1945. Si la democracia se refleja en la posibilidad de disputar el ejercicio del poder público, la democracia empezó un poco más tarde para ellas.

La institucionalización de las demandas del movimiento social de 1944 fue visible en la ampliación de derechos civiles y políticos de los «diez años de primavera», así como en la integración de derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, el abordaje de la inclusión de la población originaria del continente en la democracia era regresivo a la mirada de la actualidad. Los pueblos indígenas eran en ese momento, en su mayoría, analfabetos y monolingües en idiomas originarios. Persistía una intención de ladinización, es decir, de despojo de la cultura propia de las poblaciones maya, xinca y garífuna por una más occidental y latina como única forma de progreso. Obtuvieron derecho al voto hasta en 1965 con el sufragio universal [5], y la democracia procedimental no había empezado para ellos sino hasta en ese momento.

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Este período terminó en 1954 con un golpe de Estado promovido por Estados Unidos ante la amenaza de democratización del poder económico que significaba la reforma agraria. La intervención se inscribió en la estrategia de las dictaduras latinoamericanas de la seguridad nacional de finales del siglo XX con el apoyo de las élites económicas y militares locales. A partir de esa intervención siguieron 30 años de dictaduras militares que se sucedieron entre sí a través de fraudes y más golpes de Estado. En ese período hubo manifestaciones del movimiento social ciudadano latente con demandas de antimilitarismo y protección de derechos humanos ante la violencia contrainsurgente. Lo conformaron estudiantes de niveles medio y superior, docentes, profesionales, obreros y campesinos. La respuesta estatal fue represión de la participación ciudadana y cierre de los espacios de poder público: la exclusión violenta de las masas de la política. Fue el período menos democrático más largo de los últimos 100 años.

Esta fase no terminó en 1996 con la firma de la paz, sino en 1985 con la asamblea nacional que redactó nuestra constitución vigente y el fin del último gobierno militar ante la elección de un presidente civil, eventos que representan la institucionalización de las exigencias democratizadoras del movimiento social, de la comunidad internacional y de algunas de las élites económicas y militares locales. Fue el retorno formal a la democracia, pero también el momento en que se gestaron las redes de captura de la estructura estatal que salieron a luz en 2015.

Se me complica analizar los años más recientes por su proximidad tanto temporal como personal, pero el país volvió a ver un movimiento social con manifestaciones masivas de demandas democratizadoras hasta 2015, ante la visibilización de la corrupción y la impunidad en el corazón del Estado. Este movimiento tuvo liderazgos visibles de población tanto mestiza ladina como maya y de mujeres. Tuvo participación en la capital y en los departamentos, de sectores intelectuales y campesinos, de élites y clases medias y bajas. La ciudadanía fue mucho más diversa para este momento de la historia. Parte de sus demandas se institucionalizaron con el derrocamiento de un gobierno corrupto y reformas electorales, pero muchas otras, de ampliación de derechos, quedaron pendientes.

Las demandas de todos estos movimientos comparten, con distintos términos, el instinto por desconcentrar el poder y detener los abusos. Dijo Arendt [6] que, de tanto en tanto, las revoluciones «pierden su tesoro». Ese tesoro, decía ella, pudo ser la «libertad pública» francesa o la «felicidad pública» americana. Quizá también fue para nosotras la democracia, la reforma agraria, los derechos humanos o la justicia.

Tal vez también podríamos decir que los movimientos sociales democratizadores tampoco han podido heredar su tesoro y que esta reflexión es un guiño a buscar ese legado.

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