El presidente resultó imputado y encarcelado. Fue un símbolo potente sobre el cual se unieron todos los sectores. Recuerdo ver esa mañana la audiencia de Pérez Molina después de haber renunciado, junto a personas del sector privado, algunos ahora acérrimos anti-Cicig.
No se sabía hasta dónde llegarían los casos ni las implicaciones. De carambola, Jimmy Morales resultó un candidato idóneo, sin riesgos para el statu quo, pues su arraigo principalmente militar provocó que no encarnara el arquetipo de reformador que ofreció.
En 2016 caminaron reformas que venían atascadas, como la de justicia y la electoral. Se promovió una agenda de avances mientras salían más casos. Esto condujo a que los diputados se dieran cuenta de que la lucha contra la corrupción no discriminaría, por lo que se enconcharon y batallaron en aras de detener a la Cicig. Diversas fuerzas emprendieron la estrategia de quitarle el agua al pez desde lo internacional, económico y político y así ideologizaron los casos.
Se pensaba llegar a un punto de no retorno que implicaría que grupos políticos y empresariales aceptaran su responsabilidad y que en adelante las cosas serían distintas. Se buscarían consensos mínimos para impulsar una agenda. Se soñaría en un nuevo país, en un ejemplo mundial. Sin embargo, esto no llegó. Se rompió hace tres años cuando el sector empresarial atacó de frente a la Cicig —algo que se habían abstenido de hacer—, cuando se declaró no grato a Iván Velásquez. Posteriormente se aprobaron los decretos de la impunidad —el nacimiento del Pacto de Corruptos—, y estos mismos grupos empresariales trataron de boicotear el paro nacional del 20 de septiembre jurando lealtad al presidente.
A pesar de estos quiebres, sigue habiendo conversaciones intersectoriales en busca de una resolución a esta gran crisis que generó un cuestionamiento del funcionamiento del poder, pues una centralización casi absoluta ha impedido que exista un Estado para toda la gente. Mientras, siguen mandando unos pocos que, en todo caso, están dispuesto a permitir cirugías refuncionalizadoras. Dicen «es esto o nada» en ejercicio de un derecho de veto ganado durante siglos.
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Usualmente, los estallidos conducen a un punto en el cual se discute un nuevo acuerdo social por medio de cambios que permiten, según las fuerzas del momento, una transformación lo más abarcadora posible. Esto no se ha dado. Solo se le ha ido metiendo más vapor a la olla. Así se han desnudado los vínculos explícitos entre el crimen organizado, el narco, políticos, capitales tradicionales y capitales emergentes. Tal es el caso de Acisclo Valladares.
El Pacto de Corruptos ha cobrado formas amplias y se ha englobado alrededor de la defensa de un orden caduco que se resiste a morir. Al saberse descubiertos y amenazados, buscan ir más allá vengándose de quienes han luchado contra la corrupción. Esto es una posibilidad real, sobre todo al ver las actuaciones de Consuelo Porras dándoles trámite a las denuncias de quienes acosan a sus mejores fiscales.
La pugna se da en cada recambio institucional, y ahora estamos frente a la elección de corte suprema y de apelaciones, así como de la Corte de Constitucionalidad en ocho meses. Más allá de la nueva configuración de estas instancias, en la cual influirá lo geopolítico —que al parecer no está del lado del Pacto de Corruptos, pues se vislumbra un viraje de timón en Estados Unidos—, la cuestión será si hay posibilidades de rutas que impliquen más aperturas. Creo que hay intenciones de parte de un sector privado no mafioso, pero es difícil superar el ostracismo que imponen los magnates promotores de impunidad.
Por otro lado, la crisis fuera de la capital se tensa por los megaproyectos, la criminalización, la falta de servicios —esto, agravado por el coronavirus— y el clientelismo de los liderazgos. «¿Dónde están los millones para paliar la pandemia?», reclaman. Varios departamentos (Quetzaltenango, Sololá, Chiquimula) se han activado manifestando contra sus diputados distritales, a quienes les reclaman que no buscan los intereses departamentales, sino que responden puramente a grupos criminales. ¿Podrán canalizarse estas llamas hacia proyectos políticos que resuciten al país? El apestoso cadáver del Estado capturado se encuentra, cinco años después, diseccionado en el quirófano.
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