Concretamente se han publicado cuatro informes (Tomos I y II de las encuestas 2012 y 2013) que forman parte de un plan de trabajo de cuatro encuestas anuales.
Fuente: Presentación Robles, M. (2014). “Segunda Encuesta de Monitoreo del Plan del Pacto Hambre Cero. Resultados del estado nutricional”, IFPRI, Guatemala, 25 de julio de 2014.
Según el plan de trabajo, será hasta que se lleve a cabo la encuesta de finales de 2015 que se presentará el informe con los resultados de la evaluación de impacto; es decir, será hasta en 2016 que se podrá responder a la pregunta: ¿cuánto de los cambios de los indicadores nutricionales pueden atribuirse a la implementación del Plan del Pacto Hambre Cero?
Respecto a este punto quiero destacar que la validez del resultado depende, en buena medida, de que la implementación haya sido tal como se diseñó la evaluación; es decir, que efectivamente haya una diferencia en el tiempo de implementación de las actividades del Plan del Pacto Hambre Cero entre los municipios frontera de tratamiento y control; y que el tratamiento en los municipios de la fase 1 se haya iniciado posteriormente al levantamiento de la línea de base (se reportó del 10 de noviembre al 24 de diciembre de 2012).
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En cuanto a los resultados del monitoreo 2013, presentados públicamente el 25 de julio del año en curso, considero que otros columnistas ya han destacado aspectos relevantes como: 1) la imposibilidad de atribuir causalidad a cambios en los indicadores nutricionales; 2) la conveniencia de incluir en los informes explícitamente si las diferencias en los indicadores nutricionales son o no estadísticamente significativos (por ejemplo, al hacer una prueba de hipótesis sobre la diferencia entre la prevalencia de la desnutrición crónica en las muestras 2012 y 2013 encontré que no era significativa con un nivel de significancia de 5% pero sí con un 10%); 3) la imposibilidad de calificar si una reducción de 1.7 puntos porcentuales en los hogares de la muestra de los 166 municipios priorizados es “positivo” o “negativo” a partir de tendencias históricas que corresponden a otros ámbitos geográficos, a otros grupos etarios, a hogares con otras características, o a plazos de tiempo con otros contextos; es decir, se puede caer en la tentación de comparar peras con manzanas; 4) el hecho de que mantener reducciones anuales de 1.7 puntos porcentuales en la prevalencia de la desnutrición crónica infantil es insuficiente para alcanzar el objetivo del Plan del Pacto Hambre Cero de reducirla en 10% para finales de 2015 (por cierto, para medir este resultado sería necesario que el próximo año se lleve a cabo una medición a nivel nacional con una muestra comparable con la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 2008-2009); y 5) la conveniencia de que además de publicar los informes exista un acceso público a las bases de datos de todas las encuestas junto con la información técnica relevante.
Finalmente, destaco algo que no he visto señalado por otros columnistas y que me parece que sería muy útil para el debate actual es la presentación pública de los informes con los resultados relacionados con los bienes y servicios sanitarios, la alimentación y las correlaciones con el estado nutricional (Tomos III de las encuestas 2012 y 2013). Por ejemplo, en el capítulo VIII de las encuestas se colecta información sobre prácticas clave para prevenir la desnutrición crónica infantil como la lactancia materna y la alimentación complementaria. El énfasis del monitoreo debe corresponder a este tipo de información y no tanto a los cambios en los indicadores nutricionales que sabemos que toman más tiempo.
Jorge Lavarreda es miembro del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).
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