Tanto en la parte financiera (aumento notable del presupuesto para seguridad alimentaria), como en la parte operativa de terreno (con los gobernadores supervisando una red ampliada de funcionarios del Estado desplegados en los municipios) y en la parte comunicacional (el tema es recurrente en los medios cada semana y no hay día que no tengamos una foto de los principales cargos inaugurando una actividad del Pacto Hambre Cero), se nota que algo se mueve en Guatemala contra el hambre que sufre la mitad de sus niños.
Como ya dije anteriormente, el tema ha traspasado las fronteras y se ha convertido en la marca-país de Guatemala: su esfuerzo contra el hambre está siendo seguido muy de cerca por la comunidad internacional. Bien es verdad que hasta ahora hay pocos datos duros que puedan mostrar avances en el Pacto Hambre Cero, recientemente el Gobierno ha reportado un notable progreso en la reducción de la mortalidad infantil asociada a la desnutrición: de una tasa de mortalidad infantil de 22 por cada mil nacidos vivos en 2011, se bajó a 11 en 2012 y a 7,5 este año. Esto supone una reducción de 66% en solo dos años, acercándose al objetivo de cero muertes por desnutrición aguda infantil que plantea el Pacto Hambre Cero. Es difícil pero está al alcance de la mano.
Y en este escenario, la sentencia de un juez condenando a Estado a llevar a cabo 25 medidas de reparación y resarcimiento a cinco familias de Camotán que tuvieron niños y niñas con desnutrición es otra prueba más de que la maquinaria del Estado se está moviendo, lenta pero inexorablemente, en la dirección correcta.
Por primera vez desde que conozco este país, tengo la convicción de que ahora sí podemos acabar con el hambre en un par de décadas. No se hagan ilusiones y no lo esperen antes porque un problema estructural de semejante tamaño e incidencia no desparece por arte de magia y voluntad de un solo mandato presidencial. Necesitaremos al menos cinco gobiernos más y el mantenimiento de esta política de Estado por otros tantos presidentes.
Pero lo interesante de esta sentencia es que obliga a diez instituciones del Estado a realizar ciertas acciones en plazos de tiempo determinados y sienta un precedente muy notable de cómo la justicia puede hacer avanzar el estado de derecho y ayudar al Gobierno a cumplir su papel de maximizar el bienestar de sus ciudadanos, especialmente de los más necesitados. De hecho, ya ha tenido eco en las instituciones de derechos humanos de toda la región y aparecerá pronto en el informe global del Relator del Derecho a la Alimentación, Olivier de Schutter.
Y este caso es aún más relevante porque los casos de justiciabilidad del derecho a la alimentación en el mundo son muy escasos (menos de diez hasta el momento) y cada caso ganado supone un paso importantísimo para la generación de jurisprudencia a nivel nacional e internacional. Ha habido casos en Honduras, Argentina, Paraguay, Colombia, Sudáfrica e India. A pesar de ser un derecho pleno y tan demandable como el derecho a no ser torturado o a la libertad de prensa, y a pesar de estar tan ligado al derecho fundamental a la vida, el derecho a la alimentación no ha tenido un camino fácil para consolidarse como un derecho conocido por la ciudadanía, aplicable por los gobiernos y exigible en los tribunales.
Y sin embargo en Guatemala, un país donde no se suelen considerar los derechos sociales como justiciables, donde la gente de la calle tiene poca confianza en los jueces y donde no hay tradición de recursos de amparo colectivo, se empieza a pedir a los jueces que intervengan en el rescate de niños desnutridos, como en el famoso caso de Brayan Yat Maas, que tuvo que ser internado con orden judicial y apoyo de la Policía, la Procuraduría y la SESAN, y que felizmente ya regresó a su casa recuperado.
Si los jueces de Guatemala se dan cuenta de la importancia del tercer poder del Estado para combatir el hambre, tanto en hacer cumplir la Constitución y la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional como en dictar medidas cautelares de amparo colectivo en casos de inseguridad alimentaria creciente o de reparo y resarcimiento en caso de violación extrema del derecho a la alimentación, tendremos un seguro frente ganador para ganarle la batalla a la inseguridad alimentaria y nutricional.
El Pacto Hambre Cero cuenta en este momento con el apoyo amplio del Gobierno, la sociedad civil, el sector privado, el Congreso de la República (donde hay un Frente Parlamentario contra el Hambre liderado por el diputado Hugo Morán), la cooperación internacional y, cada vez más, el poder judicial. No está mal para venir de donde veníamos…
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