El exministro de Gobernación, Carlos Roberto Vielmann Montes, sindicado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) de los delitos de ejecución extrajudicial y tortura, en el caso denominado “Ejecuciones Extrajudiciales”, denunció el pasado viernes 9 de noviembre ser “víctima de un secuestro político” y aseguró que la Cicig “se volvió en una policía política”.
En declaraciones recogidas en la sede del Juzgado A de Mayor Riesgo, durante el inicio de la audiencia de primera declaración del proceso, las cuales fueron ampliamente difundidas por diversos medios de comunicación y redes sociales, el exfuncionario expuso una serie de alegatos en contra de la Fiscalía y la Cicig con el fin de debilitar la acusación en su contra.
Al menos dos de los argumentos expuestos por Vielmann Montes en su discurso mediático de defensa, son falsos según la verificación hecha por Plaza Pública, y un tercero es engañoso.
1 - Vielmann Montes aseguró que los hechos por los cuales ha sido detenido y señalado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público y la Cicig, son los mismos por los que fue procesado ante la justicia española y por los cuales la Audiencia Nacional de ese país lo absolvió el año pasado. “Nosotros ya fuimos absueltos; son los mismos hechos por los cuales se nos está juzgando”, aseguró el exministro. Esa aseveración es falsa porque los crimines por los que Vielmann fue procesado y absuelto en España son otros, totalmente diferentes a los que la Fiscalía le imputa en la actualidad.
El exministro del Interior fue enjuiciado en España por las ejecuciones extrajudiciales de siete privados de libertad dentro de la Granja Penal de Pavón en septiembre de 2005, así como por las ejecuciones extrajudiciales de dos privados de libertad que habían escapado de la prisión de máxima seguridad conocida como El Infiernito, ocurridas el 3 de noviembre y el 1 de diciembre, ambas de 2005. Mientras que ahora, según el expediente judicial que conoce del Juzgado A de Mayor Riesgo, es procesado por las ejecuciones extrajudiciales de dos privados de libertad que se habían fugado de El Infiernito y un ciudadano hondureño que supuestamente había presenciado uno de esos crímenes. Esos hechos, según la Fiscalía, ocurrieron entre el 14 y el 20 de noviembre de 2005; así como por las torturas que habría cometido en contra de cuatro privados de libertad, entre el 23 de octubre y el 19 de noviembre de 2005.
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Carlos de León, fiscal a cargo de este caso, explica que las víctimas y ocasiones de cada uno de los casos (el juzgado en España y el que se conoce ahora) son diferentes, y que según la ley se debe hacer un juicio y llegar a una sentencia por cada una de las víctimas. El pasado 12 de noviembre, la Cicig emitió un comunicado, donde señala que “la actuación imputada a los sindicados en grado de coautoría tiene que ver únicamente con los hechos nuevos”, es decir con las tres víctimas de ejecución extrajudicial y cuatro de tortura, y no con los nueve de ejecución extrajudicial por los que fue procesado en España.
Consultado al respecto, Vielmann insistió en que “definitivamente son los mismos hechos”, pero se negó a ahondar en el tema, ya que su abogado, aseguró, presentará ante el juzgado los argumentos que lo demostrarán.
2 - El exministro también aseguró que la Fiscalía y la Cicig han ofrecido ser testigos protegidos y colaboradores eficaces a privados de libertad para que declaren en su contra, a cambio de concederles la libertad. “El medio de pago que ellos (Ministerio Público y Cicig) piden para ser una estructura como las que han formado, es que la gente se vuelva testigo protegido (…) Si quiere salir libre hay que volverse colaborador eficaz”. Esta aseveración es falsa. Según consta en el expediente judicial, ninguno de los 50 testigos que han sido propuestos por la Fiscalía ha comparecido bajo la figura de testigo protegido o colaborador eficaz. El fiscal De León asegura que el Ministerio Público no ha negociado reducción ni conmutación de penas a los privados de libertad que comparecen como testigos de cargo. En el comunicado del lunes, la Cicig ratifica lo asegurado por el fiscal: “dentro del presente caso no existen colaboradores eficaces; ni tampoco han sido otorgados beneficios a los testigos”.
3 - En sus declaraciones, el exministro también aseguró que entre los testigos de cargo que la Fiscalía y la Cicig han propuesto para declarar en su contra, hay personas que integraron las bandas delictivas conocidas como Agosto Negro y Pasaco. “Yo considero que es inaudito que le den especio a verdaderos delincuentes y los consideren testigos idóneos”, indicó Vielmann. La aseveración del sindicado es engañosa, ya que si bien es cierto que cuatro de los 50 testigos que han sido propuestos por el Ministerio Público se encuentran privados de libertad en sentencia firme por delitos de secuestro y asesinato, sus testimonios son fundamentales en el proceso por ser estos las supuestas víctimas de las torturas por las que el exfuncionario es sindicato.
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Se trata de Julio Oswaldo García Palacios, Luis Humberto Arana Sarceño, Marco Tulio López López e Isaías Estuardo López Castillo, los que según el expediente judicial, declararon en 2011 ante la Fiscalía que fueron víctimas de tortura por parte de Vielmann y otros exfuncionarios de seguridad que también son sindicados en este caso.
El fiscal De León explica que la declaración de estos testigos es fundamental dentro del proceso, porque ellos fueron los supuestos agraviados, y que su comparecencia en el proceso será como víctimas de tortura no como testigos referenciales.
La Cicig explicó que “los privados de libertad que han brindado su testimonio han hablado únicamente sobre los hechos de torturas de las que fueron víctimas directas. Esas cuatro personas siguen cumpliendo su condena en calidad de detenidos y en ningún momento han sido favorecidos o han recibido beneficio penitenciario o de cualquier otra índole.”
Vielmann insiste en que “es inaudito” que se de crédito a los testimonios de “estos delincuentes”, en detrimento de la versión de los exfuncionarios que son acusados.
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