El pasado 11 de octubre, durante su intervención en la II Conferencia para la Prosperidad y Seguridad en Centroamérica, realizada en Washington, Estados Unidos, el presidente Jimmy Morales Cabrea, aseguró que su gobierno ha “detenido a más de 90 personas completamente ligadas a temas terroristas con ISIS”. Añadió que “no solo las hemos detenido dentro de nuestro territorio, sino que han sido deportadas a sus países de origen”.
El mandatario se refería al Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés), considerado una organización terrorista, integrada por fundamentalistas musulmanes que operan en Irak, Siria y Egipto, y de cuya presencia en Guatemala se desconocía de manera oficial hasta lo dicho por Morales en esa conferencia, en la que también participaron los presidentes de Honduras, Juan Orlando Hernández, de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, y el vicepresidente estadounidense Mike Pence.
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Morales no proporcionó mayores detalles de las supuestas capturas y posteriores deportaciones de las personas ligadas a ISIS a las que se refirió en Washington. Solo una de las fuentes oficiales consultadas por Plaza Pública ratificó lo asegurado por el mandatario, pero no aportó datos sobre estos hechos. No existen rastros ni registros documentales públicos de tales detenciones en la Policía Nacional Civil, el Instituto Guatemalteco de Migración ni el Ejército.
Según el método de verificación del discurso de Plaza Pública, lo dicho por el presidente Morales es “sin pruebas”, debido a que no existen evidencias o documentos creíbles disponibles para constatar la veracidad o falsedad de lo asegurado.
De acuerdo con los datos proporcionados por el Instituto Guatemalteco de Migración, entre enero de 2016 a septiembre de 2018, período que lleva Morales al frente del Gobierno, solamente se han expulsado a cinco personas provenientes de Medio Oriente, región donde tiene mayor presencia el Estado Islámico. Durante el mismo período ingresaron al país 65 personas provenientes de Afganistán y Siria.
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Plaza Pública pidió al vocero del Ministerio de Gobernación, Fernando Lucero, la información de las supuestas personas vinculadas al ISIS que habrían sido detenidas y deportadas a sus países de origen. Lucero no proporcionó la misma, y en cambio refirió al vocero de la policía, Pablo Castillo, quien sin negar o ratificar la información, dijo que se trata de “información reservada” que no estaba en disposición de compartir, y pidió que se preguntara al secretario de Comunicación de la Presidencia, Alfredo Brito. Este funcionario aseguró desconocer los detalles de lo dicho por el presidente, pero señaló que la fuente que proporcionó esa información al presidente fue la Secretaría de Inteligencia Estratégica de la Presidencia.
También se requirió detalles a Martha Larra, vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien dijo su cartera no “tiene relación con dicho tema”.
A través de un correo electrónico enviado a Plaza Pública por Mariana Anleu, de la unidad de Relaciones Públicas de la Secretaría de Inteligencia Estratégica, en nombre de Mario Duarte, titular de esa institución, el funcionario ratificó lo asegurado por el presidente Morales, pero se abstuvo de precisar detalles.
Duarte aseguró que “con el apoyo de agencias de otros países (…) individuos interceptados son entrevistados, fichados biométricamente y procesados de acuerdo a las leyes nacionales y tratados internacionales que hemos suscrito”. Se refirió a “varios ciudadanos de origen sirio que fueron detenidos en 2016 con documentación falsa, por lo cual fueron procesados y sujetos a un proceso penal”, y que posteriormente “fueron deportados de acuerdo a nuestras leyes”.
“El número de individuos interceptados, y/o detenidos, y/o procesados y/o retornados a su país de origen, como dijo el presidente, es cercano a los 100, pero no puedo darle el número específico por las limitantes de la ley de acceso a la información pública, ya que hay procesos judiciales activos”.
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En la comunicación Duarte hizo alusión al artículo 23, incisos 4 y 5 de la Ley de Acceso a la Información Pública, los cuales establecen que “se considera información reservada”, cuando la información que se difunda “pueda causar un serio perjuicio o daño a las actividades de investigación, prevención o persecución de los delitos, la relacionada a los procesos de inteligencia del Estado o a la impartición de justicia”, así como “los expedientes judiciales en tanto no hayan causado ejecutoria, de conformidad con las leyes especiales”.
El secretario de Inteligencia precisó que estas personas han sido detenidas “en puertos, aeropuertos y fronteras que son territorios internacionales. Previo a los controles migratorios”. El presidente Morales dijo en Washington que las capturas se realizaron “dentro de nuestro territorio”.
El exministro de Gobernación, Carlos Menocal Chávez, dijo que los datos proporcionados por Morales son poco probables y “difíciles de creer”. Según el exfuncionario, si los datos fuesen reales, las personas detenidas debieron haber sido sometidas al sistema judicial del país o ser procesados por el Tratado de Asistencia Legal Mutua, en este caso, con Estados Unidos, quien está interesado en estos temas. De ser así, el país del norte hubiese procedido a pedir la extradición de estas supuestas personas vinculadas con ISIS.
Menocal explicó que durante su gestión (2010-2012) se detuvieron personas migrantes de origen árabe, sin embargo, ninguno estaba vinculado con el Estado Islámico. De no haber pruebas de la vinculación de los supuestos detenidos con grupos terroristas, añadió, el Gobierno “está criminalizando a los migrantes” provenientes del Medio Oriente.
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