Los programas doctorales implican grados de profundidad y complejidad en una o varias áreas de conocimiento, los cuales se realizan bajo estudios teóricos y prácticas en investigación, que se acompañan con un equipo de trabajo (docentes y/u otros estudiantes) para reflexionar, evaluar y construir conocimiento en colectivo.
Ese proceso de investigación, en universidades serias, debe cumplir con estándares de calidad que implican, para estudiantes y asesores, asumir la responsabilidad de...
Los programas doctorales implican grados de profundidad y complejidad en una o varias áreas de conocimiento, los cuales se realizan bajo estudios teóricos y prácticas en investigación, que se acompañan con un equipo de trabajo (docentes y/u otros estudiantes) para reflexionar, evaluar y construir conocimiento en colectivo.
Ese proceso de investigación, en universidades serias, debe cumplir con estándares de calidad que implican, para estudiantes y asesores, asumir la responsabilidad de sus fuentes, así como el compromiso ético de su trabajo. Además de esto, en la investigación se involucra el comité de ética, las bibliotecas y repositorios, los tribunales examinadores y en algunos casos, otras universidades, profesionales de renombre y revistas académicas, con el objetivo de garantizar que la tesis doctoral sea un ejercicio que se rija por el método científico y que contribuya a los debates académicos del área de estudio.
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Otorgar y mantener un título académico que surge del robo de las ideas y trabajo de otras personas, no solo es deplorable sino también demuestra el paupérrimo estado de la academia en el país. El plagio está tipificado en los códigos penales como una acción criminal, pues implica violar derechos autorales y falsedad ideológica, entre otros. Sin embargo, María Consuelo Porras, actual Fiscal General, cuenta con un título de doctorado poco confiable, otorgado por parte de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, pues aparentemente pudo realizar sus estudios en un año y con posibles plagios en su trabajo de tesis que hasta contó con Wikipedia entre sus fuentes bibliográficas. A pesar de lo que puede continuar con su puesto y todavía así postularse nuevamente para un mandato más.
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En este esbozo de país, parece que no importa ni es relevante que quien determina la política general del Ministerio Público y sus criterios para el ejercicio de la persecución penal, sea quien la infringe. Puede que para algunas personas el plagio no sea un motivo suficiente para negar la participación de una abogada, sin embargo, cometer plagio es una acción consciente que mucho tiene que ver con la ética personal (esa brújula moral del día a día) y profesional (esa orientación que rige las buenas prácticas en el quehacer laboral).
Y aunque muchos estemos conscientes que funcionarios públicos actuales, como Consuelo Porras, son peones clave de un sistema promotor de la pobreza y la exclusión, y que, por tanto, sus «logros» académicos poco importan, pues sus acciones están al servicio de los criminales, no deja de ser inverosímil que las instituciones que dicen representar la academia y la justicia social, no se inmuten ante tal situación y no sancionen de forma ejemplar para sentar un precedente. Así se tra(n)zan los puestos y, por ende, nuestro futuro.
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