De la regulación de parqueos a una ciudad para la gente

La iniciativa, por una parte, nos regresa a discusiones gastadas como aquella sobre la poca efectividad que han generado los precios tope en productos de segunda necesidad y aquella otra sobre el capitalismo salvaje y de cuates, que ha generado la liberalización desregulada de los mercados. Por otra parte, nos recuerda problemas no resueltos como el obsoleto sistema de transporte público (que impide una ciudad más humana), la pérdida de los espacios públicos y el deterioro de la red de servicios, así como las constantes violaciones de los derechos de los usuarios y de los consumidores por parte de empresarios privados y públicos, como ocurre con la desregulación de los parqueos. La ciudad de Guatemala, entonces, es el resultado de la privatización discrecional de los espacios públicos, del debilitamiento institucional y de los servicios públicos vendidos vía sobornos. Sin embargo, esta ley puede inaugurar un momento político oportuno para atender, desde las instituciones, dos de una amplia gama de problemas que nunca se resuelven: la vulnerabilidad de los consumidores y el fracasado sistema de transporte.

Como resultado de conversaciones en Twitter y con Gustavo Samayoa[1], he logrado rescatar algunas recomendaciones a la iniciativa. Primero, es importante que se especifique qué se entenderá por servicios de parqueo para reducir las ambigüedades y los vacíos que genera lo no normado y que son aprovechados por los privados para no responsabilizarse por los daños y las pérdidas causadas a los vehículos. Para ello se deberá ampliar la concepción del mero alquiler del espacio al cuidado y protección del vehículo y de sus pertenencias. Como dice la propuesta, quienes presten dicho servicio deberán contratar un seguro, pero también debería establecerse una cantidad máxima de pago por daños, ya que, al no declararse los bienes, sería muy difícil que los usuarios probaran qué pertenencias perdieron al momento de solicitar una indemnización. Cabe rescatar que muchos parqueos ya tienen seguros generales e incluso cuentan con cámaras de vigilancia, garitas de acceso y seguridad privada, medidas suficientes para cumplir con este artículo.

Segundo, para no violar los principios de competencia y de libre comercio, debería anularse la obligación de dar horas gratuitas en parqueos públicos comerciales y prohibir el cobro de parqueo una vez que el cliente consumió en el lugar, pero permitir el cobro a través de tarifas dinámicas a quienes no lo hagan. Tercero, debería obligar a crear una infraestructura con condiciones mínimas en los predios y los garajes utilizados como parqueos. Cuarto, teniendo claro que la vulnerabilidad de los consumidores no encuentra su panacea en la regulación de los parqueos, debería aprovecharse el momento político para fortalecer legal e institucionalmente una iniciativa más amplia y general para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) y para las defensorías de usuarios y de consumidores.

En cuanto a resolver el eterno problema del transporte, frente a la displicencia y negligencia del alcalde Arzú, el señor de los negocios ilegítimos e ilícitos, habrá que oponerse al aerometro que se quiere implementar sin ningún tipo de estudio previo. Este seguramente agudizará el caos urbano de una ciudad hecha laberinto y provocará que las horas familiares se dediquen a un celular y al carro mientras la gente se encuentra varada en el congestionamiento, sintiendo cómo una distancia que antes se recorría en 20 minutos ahora se recorre en 2 horas. Para modernizar el sistema de transporte se deben considerar propuestas que sí fueron estudiadas, como el Metro Riel, y recuperar la propuestas técnicas de la Multisectorial de Transportes del año 2000, en las cuales se proponía crear y generalizar el sistema Transmetro, que, basado en operar en una vía exclusiva, en contar con paradas integradas y en un cobro prepago, ha demostrado en Guatemala (en donde se implementó bien) y en varios países del mundo que garantiza seguridad, reduce el nivel de ocupación de la vía, ahorra tiempo y dinero y forma parte, junto con la recuperación de los espacios públicos y el ordenamiento del territorio, de las condiciones que se necesitan para forman ciudades sostenibles, caminables y para la gente.

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