No tan casuales. Los menos vacunados reflejan las vidas prescindibles para el capitalismo

Para esa fecha, el 84% de la población mayor de 11 años del municipio de Guatemala contaba ya con la primera dosis y el 42.3% había completado el esquema de vacunación. Al mismo tiempo en varios municipios de Quiché, Totonicapán, Huehuetenango, Sololá y Alta Verapaz el porcentaje de personas que había recibido la primera dosis no alcanzaba ni siquiera el 10% de la población elegible.

La vacunación se orientó a la población ladina, urbana y escolarizada, según el Laboratorio de Datos. Basta con ver los mapas de vacunación por municipio de residencia publicados por el Mspas para constatar que la vacuna se ha concentrado las principales ciudades del país: Guatemala, Huehuetenango, Antigua Guatemala, Quetzaltenango, San Marcos y Guastatoya.

Los nombres de los municipios en los que el porcentaje de personas vacunadas con la primera dosis no llegaba al 10% el 23 de septiembre, constituyen una reiteración de la historia de la desigualdad en Guatemala: San Pedro Jocopilas, San Antonio Ilotenango y San Bartolomé Jocotenango en Quiché;  Santa María Chiquimula y Santa Lucía La Reforma en Totonicapán; San Ildefonso Ixtahuacán, Cuilco, Colotenango, San Rafael Petzal, San Gaspar Ixchil, San Mateo Ixtatán y Santa Bárbara en Huehuetenango;  Nahualá, Santa Catarina Ixtahuacán y Concepción en Sololá; Raxruhá, Senahú, Chisec y Panzós en Alta Verapaz, y Jocotán en Chiquimula. No es difícil darse cuenta de que se trata de municipios marginalizados que presentan altos índices de pobreza y cuya población es mayoritariamente maya.

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¿Baja incidencia? Sí, pero no oculta el alto exceso de mortalidad

De manera similar, la capacidad de para hacer pruebas y medir la incidencia de casos de COVID ha estado concentrada en las ciudades y en los municipios en donde el porcentaje de población en condición de pobreza es menor al 50%. En los municipios más pobres y con menos acceso a la escuela no se llega al mínimo recomendado de pruebas. Así, se conoce de manera muy imprecisa la evolución e impacto de la pandemia. Dada esta desigual aplicación de pruebas entre los territorios, medir el exceso de mortalidad, según el Labdatosgt, constituye una herramienta adicional para evaluar dicho impacto.

Entre los municipios anteriores, los que pertenecen a los departamentos de Quiché, Totonicapán, Sololá y Huehuetenango son parte de un conjunto de localidades sobre todo rurales con incidencia baja de casos de Covid, pero muestran un promedio de exceso de mortalidad de poco más del 40%, cercano al 45-50% de los municipios más urbanos con alta incidencia.

Esto sugiere que el impacto de la pandemia es más alto de lo que podemos estimar a partir de la incidencia de casos y la mortalidad por Covid.

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Aunque puede plantearse que la baja densidad poblacional de estos municipios, en comparación con la de las ciudades, favorecería una menor propagación de los contagios y por lo tanto haría menos urgente vacunar, hay otros factores a considerar. La población de las tierras altas del occidente del país recurre desde hace décadas a distintas formas de movilidad humana como un medio para subsistir. En particular, en algunos de los municipios menos vacunados de Totonicapán, Quiché y Sololá encontramos un alto nivel de migración laboral interna, lo cual puede aumentar el riesgo de contagio.

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Por ejemplo, según el Censo Nacional de Población de 2018, en Santa María Chiquimula, Santa Lucía la Reforma, San Bartolomé Jocotenango, San Pedro Jocopilas y San Antonio Ilotenango, entre el 25 y 48% de la población económicamente activa ocupada dijo trabajar fuera de su municipio. En Santa Lucía la Reforma, San Bartolomé Jocotenango y San Pedro Jocopilas la mayoría indicó que la ciudad de Guatemala constituía su principal destino laboral. En casos como los de Santa María Chiquimula y San Antonio Ilotenango, con muchos pequeños comerciantes, los datos del censo muestran que se circula por casi todo el territorio nacional.

Abandono estatal y rechazo a la vacuna, dos caras de la misma moneda

Durante los primeros meses de 2020 escuché a la filósofa Judith Butler decir que “la pandemia toma lugar en el contexto del cambio climático y de la destrucción del medio ambiente, pero también toma lugar en el contexto de una forma de capitalismo que continúa tratando la vida de los trabajadores como prescindible”.

Como lo planteó Butler, cuando se trata la vida de los trabajadores como vidas prescindibles, eso se expresa en la estructura desigual de los sistemas de salud y en las decisiones de los gobiernos sobre el manejo de la pandemia: quién recibirá primero la vacuna y a quién se le pondrá al alcance suficiente información, en dónde promueve el gobierno mecanismos para identificar los focos de contagio, evaluar el desarrollo de la pandemia y su impacto, y en dónde no.

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Se ha hablado de la reticencia, e incluso oposición, a la vacuna en algunos de los municipios de población mayoritariamente maya. Fue noticia la retención del personal del Ministerio de Salud y destrucción de vacunas en Fray Bartolomé Las Casas, Alta Verapaz. Tanto la desconfianza e incredulidad ante la vacunación, como el hecho de que el Estado haya relegado a esos municipios empobrecidos, parecen ser caras de una misma moneda.

Esta tensión está inscrita en las interacciones de largo aliento entre Estado, capitalismo y comunidades indígenas, y en la manera en que a partir de estas interacciones las comunidades y sus territorios han sido reconfigurados como espacios marginales, pero útiles.

Los municipios menos vacunados son conforman espacios histórica y geográficamente empobrecidos.

Quiché y Totonicapán, desventajosamente interconectados

Aquí me detendré, en específico, en el proceso que configuró a los municipios de los departamentos de Quiché y Totonicapán como lugares marginales, pero interconectados de manera desventajosa con las zonas de crecimiento económico.

En Quiché San Pedro Jocopilas, San Antonio Ilotenango y San Bartolomé Jocotenango eran para octubre los municipios en los que menos del 10% de las personas mayores de 11 años habían recibido la primera dosis de la vacuna. En los vecinos Joyabaj, Sacapulas, San Andrés Sajcabajá, Uspantán y Zacualpa también se había vacunado poco, menos del 15% de la población elegible había recibido la primera dosis y el porcentaje de personas con el esquema completo no llegaba al 7%. En la mayoría el porcentaje de población rural en condiciones de pobreza estaba por encima del 70% en 2011, según el Instituto Nacional de Estadística. Más del 75% de la población de todos ellos habita en áreas rurales.

Durante la segunda mitad del siglo XIX, este conjunto de municipios se transformó, junto con otras localidades quichelenses,  en una zona proveedora de trabajadores temporales para la agricultura de exportación. Una “reserva laboral indígena marginal”, como escribió el historiador Jean Piel[1]. Junto con Piel, otros historiadores[2] han explicado cómo esta zona fue expulsada a la marginalidad: se expropiaron tierras comunales y ejidales en la segunda mitad del siglo XIX; en su mayor parte, élites ladinas locales y departamentales sujetaron a las autoridades comunitarias indígenas en corporaciones municipales controladas; leyes, decretos, reglamentos y mecanismos disciplinarios de trabajo forzoso; se empleó la represión como respuesta ante la movilización social y política de la población para demandar cambios sustanciales en su condición de vida y trabajo. 

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A lo largo del siglo XX, las familias indígenas de las áreas rurales de estos municipios quedaron atrapadas en un círculo de sobrevivencia entre la agricultura familiar en suelos inadecuados, y el trabajo estacional en condiciones precarias en las fincas agroexportadoras de la bocacosta y costa sur. Según el estudio “Caracterización del fenómeno migratorio laboral en Guatemala” del Mspas, Igss y la Ops[3], todavía en 1995 el 70% de los trabajadores agrícolas temporales que migraban a los principales municipios cañeros de Escuintla provenía de Quiché.  En la actualidad, siete de los ocho municipios menos vacunados de Quiché son considerados parte del corredor seco, pero, aunque no están situados en las zonas más áridas, sí se encuentran entre los que presentan los niveles más altos de inseguridad alimentaria y pobreza. Su mayor vulnerabilidad ante el cambio climático está relacionada con los procesos que produjeron su marginalización histórica.

Los municipios menos vacunados del departamento de Totonicapán, Santa María Chiquimula y Santa Lucía La Reforma tuvieron una historia de relaciones socioespaciales distinta a la de los municipios quichelenses.

En ambos municipios, los medios de vida de sus habitantes se desarrollaron sobre todo en relación con la dinámica comercial de los municipios más urbanizados situados en el valle de Quetzaltenango y Totonicapán, pero siempre han ocupado un lugar periférico en esta.

Desde las primeras décadas de la colonia, la economía de dicho valle se reorganizó con base en el cultivo de trigo, la crianza de ganado ovino y la manufactura de textiles. Al final del siglo XVIII, el valle de Quetzaltenango y Totonicapán constituía el mayor surtidor de trigo para el Altiplano Occidental, así como para la Nueva Guatemala, El Salvador y Verapaz[4]. La manufactura artesanal de textiles de algodón y lana fue también otro de los motores de la economía del valle y del crecimiento de sus redes comerciales

Este crecimiento económico y comercial tuvo impactos tempranos sobre los ecosistemas. Al final del periodo colonial, los suelos menos aptos para la agricultura presentaban ya signos de agotamiento.

En Santa María Chiquimula y Momostenango, según el geógrafo Thomas Veblen[5], el sobrepastoreo de ovejas erosionó gravemente importantes porciones de tierra. Al mismo tiempo las tierras disponibles se comenzaron a emplear de manera más intensa: el cultivo comercial de trigo en el valle de Quetzaltenango y Totonicapán desplazó al maíz hacia suelos menos propicios para la agricultura, y la mayor ocupación del territorio dificultó disponer de suficiente tierra para rotar su uso y dejar zonas en barbecho.

Con la delimitación político-administrativa republicana las comunidades de Santa María Chiquimula y Santa Lucía la Reforma quedaron inscritas en espacios municipales caracterizados por montañas de pendientes inclinadas y suelos de vocación forestal, sobre los que continuó el pastoreo de ovejas y se extendió la agricultura de granos básicos.

En el largo plazo esta combinación de características geográficas y medios de vida conllevó erosión y bajos rendimientos agrícolas.

Hoy se habla de la expansión del corredor seco hacia Santa María Chiquimula, Santa Lucía la Reforma y San Bartolo Aguascalientes. La amenaza por sequía era previsible, pues las montañas situadas al norte del departamento, que miran hacia el este, están del lado opuesto de donde viene el viento y por ello ahí llueve menos que en otras partes del Altiplano.

Ya en los años 70, Veblen describió esta zona como una extensión de la cuenca del río Motagua, caracterizada por su aridez. Además, la deforestación avanzó en Momostenango, Santa María Chiquimula, Santa Lucía la Reforma y San Bartolo Aguascalientes durante el siglo XX. Al comienzo de los años 1970, Veblen también advirtió sobre este proceso y los datos del Sistema de Información Forestal de Guatemala muestran que, en efecto, entre 1991 y 2016, en estos municipios ocurrió la mayor pérdida de bosque del departamento.

Ante la escasez de tierra y la degradación de los suelos, la venta de madera así como de porciones de bosques privados para explotación ha supuesto ingresos complementarios de subsistencia.   Si bien en estos municipios el pequeño comercio ambulante o en plazas de mercado ha constituido uno de los medios de vida más importantes, esta actividad por sí sola nunca ha garantizado el sustento y necesita desarrollarse de manera complementaria con la agricultura para el autoconsumo familiar.

Hace algunos años me reuní con grupos de mujeres en Santa Lucía La Reforma, quienes me contaron que sus esposos se ausentan por temporadas para emplearse, por ejemplo, como cargadores con carreta en algún mercado de Ciudad Guatemala, empleados en una tienda de barrio de la capital o Quetzaltenango, comerciantes callejeros de productos de consumo diario, cargadores de bultos o piloto de camioneta. Las mujeres quedan a cargo del cuidado de la milpa familiar o se emplean en casas de vecinos para limpiar sus milpas o para lavar ropa y platos.

El departamento de Totonicapán padece una alta desnutrición crónica infantil. Pero los índices son más graves al norte del departamento, abandonados y descuidados por el Estado. En 2015, según un censo del Ministerio de Educación y el Ine, el 73% de los alumnos de primer grado de primaria de Santa María Chiquimula y el 70% de los de Santa Lucía La Reforma sufrían desnutrición crónica. En municipios como Totonicapán, San Cristóbal Totonicapán y San Francisco el Alto, eran 20 puntos porcentuales menos.

Hoy, seguimos recibiendo noticias sobre la oposición a la vacuna en comunidades y municipios que coinciden con los lugares que presentan los porcentajes de vacunación más bajos. A la vez, el mapa de municipios menos vacunado corresponde con el de lugares históricamente considerados fuente de mano de obra barata  (“mozos de finca”, “trabajadores informales”), y desatendidos en aspectos básicos como la salud y la educación.

Sin duda, el desarrollo de campañas informativas con una perspectiva intercultural es clave para contribuir con la vacunación y para tratar de dialogar con formas distintas de comprender y abordar la enfermedad. Pero los salubristas se enfrentan con el enorme desafío que significa la desconfianza generada por siglos de descuido e indolencia estatal.