La semana pasada, Prensa Libre publicó una nota en la que informó de las acusaciones del alcalde municipal de La Unión, Departamento de Zacapa, en contra del Diputado Distrital de ese mismo departamento, Julio Portillo. Según el jefe edil, el diputado exige sobornos a los alcaldes y a las empresas constructoras contratistas que trabajan con las municipalidades de Zacapa. Detalló que exige una comisión ilegal equivalente al 20 % del valor de los contratos financiados con los aportes extraordinarios que el Congreso de la República aprobó para, supuestamente, apoyar la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, y de 10 % por acceder a otros fondos del Codede.
En este escándalo particular, están involucrados 15 contratos de obras de infraestructura planificados a realizarse en La Unión, por un valor de Q17.6 millones. Incluyen obras de mejoramiento vial, remozamiento o construcción de edificios de centros educativos y de un centro comunitario. Ninguna de estas obras se ha ejecutado.
Ante los señalamientos, el comité ejecutivo del partido político Cabal decidió que su Tribunal de Honor iniciara el proceso de expulsión del diputado Portillo. El diputado ha esgrimido los argumentos usuales en su defensa, que goza de derecho de antejuicio, que le asiste la presunción de inocencia y, específicamente dirigiéndose al alcalde que lo acusa, exige que este presente denuncia formal en el Ministerio Público con pruebas, y que no se limite a formular señalamientos en las redes sociales.
A la fecha, Arturo Echeverría, actual Gobernador Departamental de Zacapa y presidente del Codede, y con ello quizá el principal responsable legal de su presupuesto, no se ha pronunciado.
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Más allá de la escaramuza de señalamientos entre el diputado y el alcalde, este caso es en extremo preocupante porque confirma las advertencias y preocupaciones que tan insistentemente se han estado formulando con relación del incremento enorme en las asignaciones presupuestarias para los Codede, especialmente en la forma de aportes extraordinarios. Seguramente es tan solo la puntita de un iceberg gigante, que confirma lo que la historia y la experiencia ha mostrado por décadas, que los Codede han sido, y continúan siendo extremadamente vulnerables a la corrupción.
Muestran lo mal que puede funcionar esa suerte de tríada de estamentos del poder político local: gobernaciones departamentales, alcaldías municipales y diputaciones distritales. Variando de departamento a departamento, y en función del origen de las cuotas de poder de facto, incluidas la influencia y captura del crimen organizado, especialmente del narcotráfico. La realidad cotidiana es que un estamento buscará ejercer influencia o control sobre los otros, muy especialmente cuando se trata de decisiones sobre el uso y destino de los fondos de los Codede. En este caso, un alcalde denuncia públicamente a un diputado, pero a la largo de la historia y la geografía, se han registrado diversidad de situaciones, dependiendo de si el cacique local es el gobernador, un diputado o un alcalde o grupo de alcaldes.
Esta es una advertencia muy seria y grave que no debe pasarse por alto. Más cuando en 2024 se octuplicó el monto de los aportes extraordinarios que los Codede recibían en 2021, y en este 2025, esos aportes son 23 veces más grandes que los de 2021. Es, simple y llanamente, demasiado dinero vulnerable en arca abierta. Lo más grave es que en la ley del presupuesto para 2025 quedó establecida la obligación del Ejecutivo a trasladar alrededor de Q12,000 millones, justamente a gente como la que hoy intercambia señalamientos de corrupción.
¡Cuidado con la corrupción en los Codede!
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