Aunque ineludible e indispensable, es una pregunta muy difícil de responder de manera objetiva y balanceada. Esto se debe a que, por lo menos por ahora, no existen mediciones científicas y confiables, de modo que todo queda a merced de percepciones —no necesariamente bien informadas o documentadas— o de intereses. Por un lado, el oficialismo y los militantes ciegos del partido Movimiento Semilla y peones de la propaganda gubernamental lo defenderán dogmáticamente, sin ceder un milímetro a la muy sana autocrítica, tal como consta ya en las redes sociales. Y por otro, muchos de los opositores que, con la misma ceguera y dogmatismo, peones de los fanatismos ideológicos y religiosos, censuran al gobierno actual, sin reconocerle un solo logro o acierto.
Entre estas dos posiciones extremas queda la ciudadanía y la verdad. En semejante contexto, debemos empezar a conversar del asunto y evitar tropezar con el primer pasquín propagandístico o bulo informativo que nos llegue.
Es posible que todo esfuerzo de evaluación honesto y objetivo reconozca que no todo está mal, y que sí hay avances. Por ejemplo, me parece que no sería difícil reconocer la honestidad de Bernardo Arévalo, de Karin Herrera y de la mayoría, si no todo, el gabinete de Gobierno. Más profundo y elaborado es plantear que quizá uno de los factores —definitivamente no el único— que inciden en la baja ejecución de los muy cuestionados aportes extraordinarios para los CODEDE sea que las actuales autoridades de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia están haciendo historia: el análisis de los proyectos que reciben es honesto y técnico; autorizan aquellos técnicamente bien planteados y rechazan los mal formulados, muy posiblemente impulsados por alcaldes o diputados corruptos.
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Ahora bien, tampoco sería serio y honesto sostener que todo está bien y que ya se ha logrado derrotar al cáncer de la corrupción. Es muy probable que, al reconocer avances en la lucha contra la corrupción, especialmente en el poder Ejecutivo central, se deba admitir que estos son apenas incipientes y marginales ante la magnitud, profundidad y el carácter estructural del fenómeno de la corrupción en el país. Esto se confirma cuando personas en la provincia expresan imposibilidad de denunciar actos de corrupción, por temor a ser asesinados por un corrupto, un narco alcalde o un narco diputado. En otros casos, el problema es tan grave y complejo, que la gran mayoría de la comunidad se ha beneficiado o ha participado en un acto de corrupción, más por necesidad o sobrevivencia que por afán de enriquecerse, por lo que prácticamente nadie tiene la solvencia moral para denunciar o exigir honestidad. En el Ejecutivo central, persisten las quejas de que muchos ministerios y secretarías continúan capturadas y controladas por estructuras corruptas de gobiernos anteriores.
Si datos y mediciones serias llegaran a confirmar estos elementos de análisis, se demostraría lo complicado que será evaluar la primera mitad del período presidencial de Arévalo. Será un desafío decir de manera sencilla y convincente que sí se ha avanzado en la lucha contra la corrupción, pero que, por su magnitud y carácter estructural, hace falta aún muchísimo por hacer. Y que los logros sientan, en el mejor de los casos, las bases para un inicio serio y sostenible. También habrá que explicar que, de manera inevitable, luchar contra la corrupción ha dificultado la ejecución del presupuesto y de las obras, pero que también se han enfrentado deficiencias y se han cometido errores.
Vaya desafío ser un gobierno honesto, en todo sentido.
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