Hace una década, Guatemala se agitaba emocionada por la esperanza de lograr un sistema de justicia funcional, y que el imperio de la impunidad estaba —quizá por primera vez en nuestra historia— amenazado. Colectivamente logramos demostrar que incluso el propio presidente de la república, si había cometido un delito, podía ser llevado ante la justicia y que, con pleno respeto a las garantías del derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso, recibiría el castigo justo y proporcional al delito cometido, conforme a la ley. Llegamos a acariciar el sueño de una Guatemala justa.
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Por supuesto, ese sueño, esa ilusión y esperanza refrescante de hace diez años, hoy luce aplastada y prácticamente muerta. Resultado lógico de los desmanes, la corrupción, la impunidad y la venganza que imperaron en los regímenes nefastos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei. Debe hablarse, además, de la desilusión y la desesperanza que, cada vez con mayor fuerza, invaden a la ciudadanía ante la percepción de debilidad e ineficacia de Bernardo Arévalo. El pesimismo se profundiza y se propaga, junto con la convicción de que en Guatemala es imposible que las cosas se hagan bien, que la justicia y la honestidad puedan triunfar. La amarga realidad cotidiana es el éxito del corrupto y del tramposo.
Las sentencias condenatorias dictadas la semana pasada en el horrendo caso del Hogar «Seguro» Virgen de la Asunción —en el que 41 niñas perecieron, quemadas vivas— representan un acto de justicia que demoró ocho años. Sin embargo, según algunos, las condenas impuestas resultan pequeñas en comparación con la gravedad de los crímenes perpetrados. Aun con ello, es un acto de justicia que alimenta la esperanza, que apunta a reanimar el sueño por la justicia. Es desde esta perspectiva que las sentencias son poco y mucho a la vez. Poco por lo mucho que ha costado y que podría haber sido mejor, pero mucho porque es un paso en la dirección correcta.
Desde esa perspectiva esperanzadora es que deben avanzar los procesos contra las demás personas responsables. De manera muy refrescante, hasta sorprendente, es que la jueza Ingrid Cifuentes del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal aceptó la solicitud del abogado Carlos Quiej, de la Fundación Sobrevivientes, para que se investigue a Jimmy Morales por sus actuaciones en el caso, toda vez se le mencionó en varias ocasiones. La jueza Cifuentes ordenó al Ministerio Público investigar no solo al expresidente criminal, sino también a su asesor, Carlos Beltetón.
Al escuchar tan sorprendente noticia, resonaron en mi memoria las consignas de las últimas manifestaciones masivas en contra de la corrupción y la impunidad, que coreaban «¡Jimmy Morales a los tribunales!» Titulé con esa consigna una columna en agosto de 2017, luego de aquella nefasta cadena nacional en la que declaraba persona non grata al comisionado de la Cicig, y otra en agosto de 2018 cuando el MP de la recién nombrada Consuelo Porras, ojo, conjuntamente con la Cicig, solicitaban al Congreso retirarle la inmunidad a Morales. Mencionaba en esta última, que la inmunidad no es para toda la vida y, efectivamente, hoy Jimmy Morales no goza ya de esa protección. Así que, si diéramos otro pasito hacia el sueño de una Guatemala justa, toca corear, por tercera vez: ¡Jimmy Morales a los tribunales.
Debemos encontrar ánimos y fuerza colectiva para derrotar el pesimismo y la apatía. Criminales como Jimmy Morales, Miguel Martínez y Alejandro Giammattei deben enfrentar la justicia, como lección para los que hoy gozan las mieles de la impunidad.
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