Es cierto que una de las demandas ciudadanas más enérgicas —y, en sentido simétrico, una de las deudas más apremiantes del gobierno del presidente Arévalo— son los resultados del gasto público. Aunque el nivel promedio de ejecución presupuestaria global a junio de 2025 es similar, ni mejor ni peor que el de años anteriores, e incluso superior al registrado durante los segundos años de los dos gobiernos previos, la ciudadanía se siente profundamente insatisfecha.
Yendo más allá de los promedios globales, sí que existen focos de problemas agudos para ejecutar los presupuestos. Al 21 de julio de 2025, los ministerios de Agricultura Ganadería y Alimentación, Cultura y Deportes, Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, y los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede), habían ejecutado menos de 30 % de sus asignaciones presupuestarias.
El caso más grave es el de los Codede. Al 21 de julio, solo habían ejecutado el 17.1 % de su asignación presupuestaria vigente, que asciende a Q12,269.6 millones. Vale la pena detallar aún más: han ejecutado el 52.8 % de los Q1,043.8 millones correspondientes al aporte ordinario todavía vigente de 2024; el 49.3 % de los Q1,541.4 millones del aporte extraordinario de ese mismo año; apenas el 14.7 % de los Q4,672.5 millones del aporte ordinario de 2025; y —lo que es un verdadero escándalo— tan solo el 2.1 % de los Q5,012.0 millones del aporte extraordinario de 2025.
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Desde el año pasado, entidades como el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) vienen planteando argumentos y explicaciones técnicas del porqué se podía anticipar que semejantes asignaciones presupuestarias no se ejecutarían. Entre las razones y explicaciones técnicas destacan el tiempo que se requiere para diseñar y formular un proyecto, obtener las autorizaciones necesarias y otros pasos, hasta alcanzar, por fin, el inicio de la ejecución. Todo esto, requiere por lo menos 6 meses. Esto, si ha de ser un proyecto de verdad, ejecutado de manera proba, transparente y que genere resultados en términos de beneficios económicos y sociales para las comunidades.
Es decir, técnicamente la situación fue advertida de manera oportuna. Por ello, es inadmisible que, desde ya, se anticipe que el Ejecutivo estaría solicitándole al Congreso aprobar una norma para que, de nuevo, los Codede puedan ejecutar en 2026 las asignaciones presupuestarias que no ejecutaron en 2024 y 2025. Pero, mucho peor que esto, es el gravísimo peligro que, con el propósito de supuestamente agilizar la ejecución de la inversión pública, el Ejecutivo busque relajarse o levantar los controles anticorrupción y de transparencia que hoy, por lo menos, prevalecen sobre la ejecución presupuestaria y los procesos de adquisición pública.
Ceder a las presiones de grupos de alcaldes y diputados para levantar los controles de transparencia y anticorrupción sobre la ejecución del presupuesto sería, por mucho, el peor error del presidente Arévalo. Bajo el iluso, si no ingenuo, propósito de agilizar la inversión pública, estaría haciendo realidad uno de los sueños más salvajes de sus antecesores, Pérez Molina, Baldetti, Jimmy Morales, Giammattei y Miguelito: levantar los controles para que alcaldes y diputados se ceben con el presupuesto. Sin exagerar, suprimir los controles que actualmente tienen la Ley de Contrataciones del Estado y la Ley Orgánica del Presupuesto daría paso, inevitablemente, al aquelarre orgiástico de corrupción más escandaloso de toda la historia de Guatemala.
De acuerdo con agilizar la inversión pública, la ejecución presupuestaria para la obtención de resultados. Pero, por favor, no lo hagan al estilo Giammattei, Morales, Baldetti o Pérez Molina, háganlo bien, cumpliendo la ley y los controles anticorrupción. Para eso, justamente, fueron elegidos por la población, por tanto, es su compromiso con Guatemala.
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