Hace unas semanas escribí acá que este era un caso alejado de la justicia y la búsqueda legítima de la verdad, y que encuadraba más en un acto de venganza y desesperación del cada vez más reducido grupo que apoya a la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, y su gavilla. Desde un inicio se registraron anomalías graves, como mantener el caso en reserva, lo que impuso secreto y mordaza a la defensa. A Pacheco y Chaclán se les mantiene en prisión, sin que medie explicación o justificación sobre el porqué no se les otorgan medidas sustitutivas.
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Conforme pasan las semanas, este caso va acumulando más y más anomalías. Inicialmente, la jueza Carol Patricia Flores ligó a proceso penal a Pacheco y a Chaclán por la supuesta comisión de los delitos de terrorismo y obstaculización a la acción penal, desestimando las acusaciones por asociación ilícita, instigación a delinquir y obstrucción de justicia. Sin embargo, tal como dio a conocer el Ministerio Público en una conferencia de prensa, luego de un cambio de judicatura, la Sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Penal decidió resolver de manera favorable una apelación del Ministerio Público y agregó el delito de asociación ilícita.
Pese al secretismo del caso por mantenerse en reserva, ha trascendido que el Ministerio Público y la Sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Penal podrían pretender fundamentar sus actuaciones y decisiones para agregar el delito de asociación ilícita. Supuestamente, porque los 48 Cantones de Totonicapán es una entidad ilegal, por no estar inscrita en el Registro de las Personas Jurídicas (Repeju) del Ministerio de Gobernación. Si llegase a comprobarse como verídico que se intenta usar semejante sofisma en el proceso judicial en contra de Pacheco y Chaclán, algo muy típico y al estilo de las acusaciones que espeta la Fundación Contra el Terrorismo, pues no solo sería verdaderamente el colmo, sino, además, constituiría una nueva demostración cruda de racismo e ignorancia.
A ver, el Repeju fue creado mediante el Acuerdo Gubernativo número 649-2006 del 24 de mayo de 2006, mientras que el origen de los 48 Cantones de Totonicapán puede remontarse, por lo menos, a 1806, y de allí la enorme legitimidad de esa organización maya ancestral. Esperaría uno que esos 200 años de diferencia sean más que suficientes para dejar de lado cualquier señalamiento en contra de la legalidad o legitimidad de la organización a la pertenecían Pacheco y Chaclán, y que considerar esa membresía como asociación ilícita deba, tranquilamente, caer en el más llano ridículo.
Sin embargo, por cómico o ridículo que pueda ser el asunto, en realidad no lo es cuando se analiza desde la perspectiva del racismo y la discriminación. Como el caso reciente de la agresión racista que sufrió la viceministra Bertha Zapeta durante una citación en el Congreso, cada vez más el caso en contra de Pacheco y Chaclán, además de una intención descarada de venganza, también se confirma como una agresión profundamente racista por parte de los querellantes.
Solo el odio racista puede explicar que, pese a la ridiculez de las acusaciones, el caso en contra de Pacheco y Chaclán no solo no se ha desestimado, sino que continúa agravándose con la adición del delito de asociación ilícita. Y ese sí que es un peligro, toda vez ese mismo racismo permanece profundamente enraizado en las mentes de mucha gente en Guatemala. Está claro que es un cáncer social que estamos aún lejos de erradicar y sanar.
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