La coyuntura se posicionó de todo lo que se dice y hace respecto al poder público. Existe el fuerte sentimiento de que urge el castigo a todos los implicados, así como la recuperación de lo defraudado. Porque el caso de La Línea vino a ser la gota que colmó el vaso de una serie de evidentes abusos y de aprovechamientos personales de los recursos públicos por parte de los funcionarios afines al gobierno patriota. Del agua milagrosa que se aplicaría al lago de Amatitlán a las costosas cámaras de Gobernación, pasando por las compras onerosas del IGSS, las mochilas de la Dirección General de Educación Física (Digef), los radares del Ejército y la maquinaria pesada del Mides, la sensación del ciudadano ha sido de que el grupo patriota hizo del Gobierno su piñata sin que las grandes dificultades por las que atraviesa la sociedad se hayan enfrentado con relativa eficiencia. La reconstrucción en las ciudades dañadas por los terremotos ha sido lenta e ineficaz. Las extorsiones y los asesinatos por su causa han ido en ascenso. Todo lo anterior, acompañado de desabastecimiento de medicinas y alimentos en hospitales y centros de salud y de falta de combustible y vehículos en la PNC, ha hecho evidente que no ha habido una eficiente y racional programación del gasto.
La descomposición del grupo gobernante llegó a tal nivel de enriquecimiento acelerado y ostentoso que colmó la paciencia del ciudadano común, por lo que las acciones de la Cicig se han convertido en el punto de inflexión en la historia contemporánea del país. El ciudadano quiere a todos los corruptos fuera del poder público y ha asociado con ellos a todos los que de una u otra forma tienen relación con el poder o se interesan por alcanzarlo. Quisiera que de la noche a la mañana las cosas cambiaran y que tuviésemos cuanto antes una generación de funcionarios absolutamente probos, honestos y eficientes.
La repulsa y condena se enfoca en el jefe de todos ellos: el presidente de la República. Fue él quien los escogió y nombró, por lo que es altamente responsable de lo sucedido. Más aún porque en todos los hechos denunciados el gobernante no actuó con celeridad e imparcialidad, sino, como lo señala la denuncia del diputado Amílcar Pop, quien logró el inicio del proceso de antejuicio, defendió los actos bochornosos de sus subordinados.
La renuncia del presidente es, pues, una cuestión urgente para resolver la coyuntura. Pero con ella no se extirpará la arraigada práctica de la corrupción. Es indispensable una revisión profunda y pormenorizada de las normas legales que organizan y delimitan el funcionamiento del sector público, así como de los procesos de nominación y contratación de sus servidores. Si por un lado necesitamos una Ley de Servicio Civil basada y estructurada exclusivamente en la meritocracia, dejando de lado los favores y el tráfico de influencias en todas las instancias públicas, por el otro necesitamos establecer cuanto antes una cultura de denuncia y sanción inmediata del corruptor y el corrupto. Esto implica volver mucho más funcionales y eficientes las instituciones, desde los juzgados y los tribunales hasta los hospitales y demás dependencias que prestan servicios a los ciudadanos, con énfasis en la Contraloría General de Cuentas.
La investigación recientemente publicada por esta Plaza Pública ha demostrado que los comerciantes, en particular los importadores, viven atentos a formas y mecanismos de evasión de impuestos. Esta práctica debe ser radicalmente extirpada, lo que implica no solo mecanismos de control cruzado dentro de la SAT, sino también sanciones drásticas al corruptor, con modificaciones al Código Penal.
Urge, además, una revisión profunda de la Ley de Compras y Adquisiciones del Estado, de manera que los bienes y servicios puedan adquirirse en el menor tiempo posible y sean de la mejor calidad y al precio adecuado. Este es un punto nodal de la reforma del Estado. Y en este punto, como en todos los otros, ya hay experiencia acumulada en los países vecinos y amigos, de quienes se puede aprender.
La transparencia y la publicidad de las acciones son una cuestión central y urgente, por lo que la aplicación estricta y eficaz de la Ley contra el Lavado de Dinero y Otros Activos es indispensable. La lista de las personas expuestas políticamente (PEP) que en esa ley se establecen debe ser estrictamente monitoreada y debidamente publicitada, no solo en las cuentas activas (financiamientos) y pasivas (depósitos y obligaciones) de quienes aparecen en ella, sino también en la participación de estos en sociedades anónimas y en la adquisición de bienes muebles e inmuebles.
Pero toda esta reingeniería del Estado no puede ser hecha ni a la carrera ni a espaldas de la población. Debe ser producto de un amplio debate público en el que los ciudadanos sepamos con claridad qué es lo que se estará aprobando. De ahí que no puede ser función de este Congreso, sino, discutido en lo que resta del año, responsabilidad del próximo, el cual debería convocar a una asamblea constituyente para que se realicen todas las modificaciones que la Constitución de la República requiera, de ser posible poniendo la lápida al ya nefasto y caduco presidencialismo.
La participación de la población es indispensable. De la conquista de la calle y las plazas para protestar debe pasarse a usarlas para debatir y proponer acciones y representantes. La nueva Guatemala se dibuja en el horizonte. No la dejemos en simple ilusión y expectativa.
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