El dilema de los sancarlistas en sedes departamentales durante la pandemia: «Comer o pagar internet»
El dilema de los sancarlistas en sedes departamentales durante la pandemia: «Comer o pagar internet»
En los departamentos, estudiar una carrera universitaria es como tirarse al agua y nadar en un «mar de dificultades». Al igual que el resto de problemas nacionales, la llegada de la pandemia dejó en evidencia innumerables debilidades de la educación pública universitaria y la necesidad de dotar con recursos a los 21 centros regionales con los que cuenta la Universidad de San Carlos. Un préstamo podría mejorar las condiciones de los centros regionales, pero la AEU lucha para que no lo modifiquen y |conviertan en un cheque en blanco.
Como si hubiera sido una premonición, el año pasado, la Universidad de San Carlos sondeó la postura de la población estudiantil a nivel nacional respecto a la posibilidad de sustituir las clases presenciales por las virtuales. El estudio estuvo a cargo del Departamento de Registro y Estadística y logró la participación del 74% de la población estudiantil nacional. Según los resultados obtenidos, la mayoría (68%) se inclinó aún por los métodos de educación presenciales. Una cuarta parte por la metodología semipresencial y apenas un 6% por la educación en línea.
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Desde mucho antes que el primer caso de COVID19 fuera oficial en territorio guatemalteco, para muchos estudiantes perseverar en una carrera universitaria ya era como nadar contra corriente, contra la falta de recursos e instalaciones. Pero ahora, para algunos, es una tarea imposible desde que la educación migró a las plataformas virtuales.
En promedio, una tarjeta de recarga de internet de 10 quetzales soporta menos de una jornada de clases virtuales.
Carol Medrano tiene 22 años, es originaria de Quiché y vive en la comunidad Xesic I, ubicada en Santa Cruz del Quiché. Un municipio en el que, según el último censo poblacional, el 67% de la población no utiliza servicio de internet y el 76% no tiene acceso a una computadora. Los datos explican por qué para Carol el paso de la educación presencial a la virtual sobrepasó sus posibilidades económicas y la obligó a suspender sus estudios de forma indefinida. Carol cuenta que 150 quetzales de internet móvil le alcanzaba para soportar dos sábados de clases virtuales de 6am a 7pm.
A pesar de ser estudiante en plan fin de semana, recibir clases virtuales suponía un gasto exagerado para ella y su familia. Especialmente, porque la crisis económica se agudizó durante el segundo trimestre del año. Carol forma parte del grupo de personas sin acceso a internet residencial en Santa Cruz del Quiché, en donde las familias priorizan los gastos para servicios básicos o para cubrir los costos de alimentación. Además, a Xesic I no llega la cobertura de los servicios de internet más populares.
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Nadie estaba preparado
En mayo de este año, estudiantes de asociaciones y unidades académicas realizaron una encuesta a más de 12 mil estudiantes de la ciudad y sedes regionales sobre el impacto de las medidas implementadas por el Consejo Superior Universitario (CSU), específicamente, la nueva modalidad de clases virtuales.
Los resultados evidenciaron la brecha de acceso a tecnologías y dispositivos entre la población estudiantil de la ciudad de Guatemala y la de centros departamentales. El 56% de estudiantes de sedes departamentales utiliza solamente celular para acceder a internet. Cabe aclarar que la facilidad de lograr conexión depende del territorio en el que residen.
La mayoría (70%) accede a internet a través del servicio prepago. Además, siete de cada diez estudiantes con servicio residencial son del campus central. Según el sondeo, en ese entonces, solo 1 de cada 10 estudiantes dijo tener garantía de poder seguir pagando el servicio de internet para seguir recibiendo clases virtuales. El 91% de población en centros regionales, en cambio, reconoció que no podría sostener esos gastos por mucho tiempo.
«Si uno elige estar en la USAC es porque no tenemos tantos recursos. Yo nunca he tenido malas notas, en serio, pero las clases en línea, los fallos de las plataformas, por las lluvias acá la luz que se va a cada rato, los problemas de señal acá en la comunidad me hicieron tomar la decisión de dejar mis estudios por un tiempo. No fue una decisión tan fácil», cuenta Carol.
Hasta hace algunos meses, Carol cursaba el cuarto semestre de la carrera de Pedagogía. Hasta hace algunos meses, también, Carol tenía un trabajo estable, pero lo perdió en medio de la crisis económica provocada por la pandemia. Era empleada de una librería.
En la población universitaria, un poco más de la mitad de los estudiantes trabajan, de estos hombres y mujeres reflejan un porcentaje similar, según una encuesta realizada por el Departamento de Registro y Estadística.
Durante los primeros meses del 2020, José Colaj, originario de la aldea Chitalul, en Quiché, se sumó al rubro de personas que además de estudiar, trabajan. La pandemia golpeó las finanzas de su familia, dedicada totalmente al comercio informal. Por esa razón, aceptó una oferta laboral que le dificultó seguir el ritmo de sus clases a distancia. Sumado a eso, relata José, la aldea en la que vive no tiene señal ni energía eléctrica estable. «Espero que no sea algo definitivo y pueda retomar el próximo semestre», dice José.
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Los gastos de José en recargas de internet rondan los 200 quetzales mensuales. Sin embargo, cuando necesita descargar libros o insumos extras para sus clases, la cuota se eleva. «No es factible pagar un servicio residencial de internet -explica- apenas estoy sustentando ese gasto de las recargas porque yo pregunté por un plan residencial y lo que no tengo es dinero para la conexión, para eso sí se gasta más y además yo sé que ya van a terminar las clases y un contrato de internet no me serviría después».
Definitivamente, ni los estudiantes, ni la Universidad, ni los docentes, estaban preparados para migrar de las clases presenciales a una modalidad virtual que exige el uso de plataformas. Especialmente, en un país donde el acceso a dispositivos electrónicos, internet y electricidad no alcanza a toda la población urbana ni rural. Tampoco la Universidad ha tenido la capacidad de compensar esas limitaciones.
«Lo que hemos intentado es ser flexibles con los estudiantes que no pueden acceder a las clases. Llegué a un punto donde del 100% de mis estudiantes, solo la mitad podía acceder a las clases, los demás tenían problemas de conectividad, problemas económicos y problemas por trabajo», cuenta uno de los docentes de CUNOR.
Según Anabella Giracca, experta en temas de educación, «si el estudiante no puede llegar a la universidad, es la universidad la que tiene que hacer todos los esfuerzos para llegar al estudiante». Esto implica, realizar acciones de descentralización y ser un brazo que debe extenderse para llegar a la mayor parte de la población.
Eso, agrega, va más allá de contar con sedes regionales en el país. Implica también garantizar un nivel académico alto y recursos que faciliten el proceso de aprendizaje, «deben hacerlo con calidad y pertinencia, garantizando la igualdad y equidad», concluye.
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Antes de la pandemia las sedes ya tenían problemas
«La verdad es que uno ingresa a la Universidad de San Carlos con mucha emoción y te vas a topar con un mar de problemas. Nos dicen que estamos en mejor universidad de Guatemala, pero se nos olvida que estamos en la peor equipada, con menos presupuesto, con muchos problemas», así es como Edgar Batres, estudiante del Centro Universitario de Occidente, ubicado en Mazatenango, resume su frustración, y la de muchos otros estudiantes, ante la falta de recursos e instalaciones adecuadas para los universitarios guatemaltecos.
Según el Ranking Mundial de Universidades 2018 del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en España, la Universidad de San Carlos se ha mantenido como la mejor universidad del país. Para la población estudiantil sancarlista el aporte de la Universidad a las comunidades del área rural y población más vulnerable, los proyectos e investigaciones de campo, respaldan esa ponderación.
«Nosotros decimos que es la mejor Universidad por cada uno de esos factores que la distinguen de las otras Universidades», dice Edgar. A pesar de eso, relata que estudiar con recursos escasos no ha sido fácil. No es el único que ha nadado contra la corriente durante los últimos cinco años de carrera universitaria. A 249 kilómetros del centro de la Ciudad de Guatemala, las condiciones en el centro universitario ubicado en San Marcos no son tan distintas a las de Mazatenango.
Menfil de León, Secretario General de la Asociación de Estudiantes en San Marcos, hace un esfuerzo por no extenderse tanto para hablar de las deficiencias de la sede universitaria a la que asiste que, por cierto, no cuenta con instalaciones propias. «Es difícil mencionar algunas de las necesidades porque la verdad son muchas», advierte y da paso a una larga lista de observaciones.
El centro de San Marcos opera desde inicios de los años 70, pero está ubicado en un edificio propiedad del Ministerio de Salud desde finales de los 80, gracias a un usufructo por 50 años. Ese edificio ha resistido el paso del tiempo y el terremoto que derribó decenas de casas la mañana del 12 de noviembre de 2012.
Ese día, cayeron sobre los pupitres varias de las planchas que formaban parte del techo instalado en las aulas. «Las paredes todavía están agrietadas e incluso, trataron la manera de darle una remodelación pero fue mínima, solo taparon las grietas», cuenta De León.
No es por desear el mal, agrega, pero si viene otro temblor como ese, el edificio en donde ha recibido clases por 5 años no resistiría.
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Educación sin instrumentos
A las aulas del centro de San Marcos las bautizaron como «gallineros». No son más que espacios prefabricados de paredes de tabla yeso con techos de lámina en donde los estudiantes reciben clases, aunque resultan demasiado pequeñas para cubrir las necesidades de la población de más de 6,400 estudiantes que asisten al centro.
Tampoco hay laboratorios aptos para las carreras de ingeniería, ni medicina. Al hacer una comparación con los recursos disponibles en el Campus Central, la brecha tecnológica con los centros regionales es más visible para los estudiantes de carreras que requieren trabajos técnicos. Por ejemplo, las ingenierías.
Roger Villegas es estudiante de Ingeniería en Agronomía en Santa Cruz del Quiché. Él, junto a sus compañeros de carrera, viaja más de 150 kilómetros hacia el Campus Central para realizar análisis de suelo, de agua u otras sustancias. «Acá no tenemos algún laboratorio que nos permita hacer un trabajo de calidad, no tenemos instrumentos, no son laboratorios que funcionen para la carrera», dice.
Mientras tanto, los estudiantes de medicina en Huehuetenango recurren al uso de sus propios cuerpos para realizar prácticas vinculadas al cuerpo humano y para identificar los organismos vitales. «Tienen que pintarse el cuerpo para simular maniquíes. Como no tienen cuerpos falsos, esqueletos o modelos de corazones, las tareas que les dejan es pintar el cuerpo e identificar el fémur, por ejemplo», explica López.
La última renovación que tuvo el único laboratorio de la sede ubicada en Cobán, no fue por decisión administrativa, sino por «causas naturales».
El año pasado, un árbol cayó sobre el laboratorio y dañó el techo de asbesto (un material prohibido en Europa y reconocido como dañino para la salud, sus fibras afectan los pulmones y pueden provocar cáncer), que fue sustituido por láminas. En otras circunstancias, quizá no habría hecho ninguna remodelación, apunta uno de los docentes del lugar.
En Cobán, Totonicapán o Quiché, los estudiantes asisten a las instalaciones tipo escuelas. La mayoría son aulas de concreto con techos de lámina o materiales similares.
De los 21 centros regionales, los que están ubicados en San Marcos, Zacapa, Jutiapa, Chimaltenango, Totonicapán, Sololá, Sacatepéquez y Retalhuleu no cuentan con infraestructura propia. El resto sí, y es la única ventaja que presumen frente al resto de sedes pero comparten una serie de limitaciones: el acceso a servicios básicos, laboratorios, bibliotecas y equipo tecnológico.
Los centros regionales universitarios, en teoría, responden a la necesidad de desconcentrar la población universitaria, los servicios universitarios, las funciones de la universidad, diversificar y democratizar la enseñanza superior, para permitir un mayor acceso de la población a la Universidad. Eso es lo que reza la Ley Orgánica de la USAC. Sin embargo, en la práctica están lejos de lograr ese objetivo.
Desde el Centro Universitario de Nor Occidente (CUNOROC), ubicado en Huehuetenango, Luis López, representante estudiantil y estudiante de Ciencias Jurídicas y Sociales, relata la experiencia de estudiar en un edificio que pareciera haber sido pensado para carreras de producción agrícola y agronomía. «Por la infraestructura de ese momento se nota que está pensada para esas carreras porque son aulas como las de primaria. En realidad, solo son cuartos a lo largo, como salones grandes, un aula detrás de la otra», relata.
Cuenta también que son aulas heredadas de hace algunas décadas. Son comparables a las que utilizan los estudiantes de la sede de Petén, Escuintla o San Marcos, en donde la población estudiantil ha desbordado a las instalaciones. En Huehuetenango, en el primer semestre, un docente da clases a 125 estudiantes en un aula de 60. En Cobán, poco más de 100 estudiantes se acomodan en clases hechas para 40 alumnos. Otros toman las clases desde el pasillo.
Según datos proporcionados por el Departamento de Registro y Estadística de la USAC, en 2020 la población universitaria asciende a 199,606 estudiantes. La mitad de ellos inscritos en centros departamentales o extensiones universitarias fuera de la ciudad. Es decir, en los 21 centros regionales con los que cuenta la Universidad, extensiones y sedes departamentales de Humanidades, distribuidos en todos los departamentos del país.
Al igual que los laboratorios, otro recurso al que ya se han resignado a no tener acceso son las bibliotecas. O al menos alguna biblioteca funcional.
En Huehuetenango o San Marcos, los estudiantes dicen que se asemeja más a una bodega de informes de proyectos universitarios pero no cumple la función de una biblioteca como fuente de información e investigación para estudiantes. Tampoco hay computadoras o centros tecnológicos. El único espacio que se asemeja a esto fue construido por iniciativa y financiamiento de los mismos estudiantes. Si el acceso a servicios básicos como agua y luz es escaso, tener acceso a internet inalámbrico, por supuesto, no es una opción.
Mishell Villegas, estudiante del profesorado de Matemáticas y Física, por su parte, cuenta que hubo que hacer una colecta entre docentes y estudiantes para comprar sus propias lámparas.
La respuesta de la Universidad ante la precariedad de sus sedes regionales es simple: Con el presupuesto actual es imposible pensar en invertir en mejores instalaciones y equipo.
Según Juan Carlos Palencia, director financiero de la Universidad, el 95% del presupuesto total de la USAC está destinado exclusivamente al pago de salarios, casi un 5% a materiales, suministros y servicios básicos. «Decir que hay tal vez un 2% del presupuesto para inversión, sería mucho», estima.
La otra mirada: Ser docente departamental
En la última asignación presupuestaria, la Universidad recibió 2,597,678, 757 de quetzales. La suma del presupuesto asignado a los 21 centros ubicados en departamentos representa el 12.87%. La sede con mayor asignación es la de Quetzaltenango, con el 3.10% respecto al presupuesto total. Esa sede, es la que registra mayor población estudiantil cada año (17 mil 900 estudiantes aproximadamente). En contraste, para las sedes de Retalhuleu y Sacatepéquez destinan el 0,06% y 0,09%, respectivamente.
Luego, en el transcurso del año, los centros deben solicitar ampliaciones extraordinarias para cubrir todos los gastos. En Huehuetenango, por ejemplo, cada año solicitan ampliaciones para la carrera de Medicina, que no figura en la asignación inicial. Esa carrera, según el presupuesto, no existe.
Según Palencia, los techos presupuestarios de las unidades ejecutoras de la USAC no han sido modificados desde hace cuatro años. En cambio, sí ha aumentado la población estudiantil que creció en 14,537 estudiantes en ese período. También cada centro inauguró nuevas carreras, sin que estas cuenten con un presupuesto asignado.
«Yo en ningún momento me opongo a un crecimiento de la universidad en su cobertura, pero se han abierto carreras fuera del techo presupuestario de las unidades. Son carreras que han tenido buena aceptación y cerrarlas significaría un daño social muy grande. Por eso se ha mantenido la cobertura, por eso necesitamos hacer asignaciones adicionales al presupuesto», agrega.
Dentro del presupuesto total, más de 261 millones de quetzales son destinados a los programas de docencia. A pesar de eso, el atraso en el pago de docentes es un problema constante en los departamentos. Marvin Herrera, coordinador académico de CUNOROC, narra que es algo que ocurre cada año y que se debe a los atrasos en la asignación de recursos. Es un problema que incluso ya se ha normalizado para los docentes.
La sede de Cobán, por ejemplo, no podría solventar todos los gastos con el presupuesto ordinario que le asignan cada año. Para cubrir el total de sus necesidades necesita que se inyecten aportes extraordinarios para cubrir el déficit presupuestario. El salario de algunos docentes depende de esos aportes y deben esperar sus pagos por meses.
Desde el Centro Universitario del Norte, en Cobán, uno de los docentes internos que antes de ser catedrático, fue estudiante en esa sede universitaria, lo explica de esta forma: «A los docentes interinos, que somos la mayoría, nos contratan cada seis meses: de enero a junio y de julio a diciembre. Empezamos a trabajar en enero y nos pagan hasta marzo y en el segundo semestre, hasta octubre».
Para atender estos problemas, la Universidad ha recurrido a medidas de austeridad, según lo explica el director financiero. A pesar de eso, asegura, el Ministerio de Finanzas ha recortado algunas asignaciones adicionales que han atrasado algunos pagos de salarios.
«Es por eso que escuchan que hay contratos atrasados. Se trata de personas contratadas para impartir cursos que se crearon fuera del techo presupuestario y nos queda el compromiso de buscar financiamiento para esos pagos», dice Palencia.
El debate por el préstamo de 120 millones de dólares
Para algunos grupos estudiantiles, como la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León (AEU), la aprobación de un préstamo millonario entre la Universidad y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) podría ser el primer paso para el fortalecimiento de los centros universitarios menos favorecidos en infraestructura y recursos. Por esa razón, promovieron su aprobación y ejecución, con la condición de que cumplan parámetros de transparencia y calidad de gasto.
El préstamo por 120 millones de dólares entre el Estado de Guatemala y el BCIE fue aprobado en abril de 2019. En las últimas tres décadas, se aprobaron dos préstamos al BCIE como parte de un programa de inversión en infraestructura, maquinaria y equipo para la Universidad de San Carlos. Con este último concluiría la tercera fase de ese proyecto.
En el artículo 5 del decreto quedó establecida la distribución de los recursos de la siguiente forma: 0% para gastos administrativos, 90%para infraestructura, maquinaria o equipo, priorizando los centros universitarios departamentales y 10% para estudios de pre factibilidad, preinversión o planificación. Especialmente, en temas de seguridad alimentaria, educación a distancia, sostenibilidad ambiental, agroindustria y diversificación agrícola.
Hasta el año pasado, el rector Murphy Paiz prometía destinar el 50.60% de los recursos a los centros departamentales y escuelas no facultativas. Pero desde 2020, inició los cabildeos para modificar el decreto y eliminar ese artículo que garantiza que los recursos serán utilizados en infraestructura y equipo. Si eso sucede, los fondos no tendrían un destino específico y la USAC tendría un cheque en blanco para usar los recursos.
La propuesta del rector ha despertado un debate entre estudiantes sobre la conveniencia de ejecutar estos recursos. Si bien hay un consenso en la importancia de invertir en la mejora de la infraestructura y equipo para las sedes más lejanas a la Universidad, el desacuerdo gira en torno a cómo utilizarán realmente esos recursos que, además, engrosarían la deuda pública del país. Ese temor, incluso, llevó a un grupo de estudiantes a tomar las instalaciones de la rectoría en las primeras semanas de septiembre de 2019 para manifestar su descontento. «Este es un gobierno universitario que busca endeudar a la población con otros 120 millones de dólares sin garantía de inversión para Centros Universitarios, cuando no exige el 5% Constitucional del presupuesto para la Universidad», argumentan.
La Asociación de Estudiantes en San Marcos, uno de los centros más afectados por las condiciones de su infraestructura, respaldan la aprobación de ese préstamo, pero también entienden las preocupaciones sobre la transparencia en el manejo de recursos.
«Estamos de acuerdo porque no tenemos espacios recreativos, laboratorios, aulas adecuadas, las instalaciones son pequeñas. Estamos de acuerdo en que vale la pena invertir en educación», explica De León, representante estudiantil.
Sin embargo, reconoce que no todos los estudiantes de la sede comparten la postura. «Es cierto, matiza, yo entiendo que es un préstamo grandísimo, es un dineral pero pueden pasar muchos años para que volvamos a tener la oportunidad de mejorar las condiciones en las que estudiamos».
«Es que hay duda de que haya intereses de Murphy Paiz o de diputados distritales para favorecerse en sus constructoras. Muchos centros necesitan el dinero y es necesario, el problema, es que no se nos está garantizando que se nos va a solventar las necesidades, dejan muchos vacíos y es posible que no cubran las peticiones de los estudiantes», añade Edgar Batres, en la sede en Mazatenango.
La AEU ha promovido una discusión entre estudiantes del campus central y sedes departamentales para llegar a un consenso sobre el préstamo millonario. La postura de la Asociación está definida: es urgente la aprobación final del préstamo, pero con la garantía de que se priorizará la descentralización y desconcentración de recursos.
«Este préstamo se generó hace más de 10 años, principalmente para recuperar los centros regionales. Inicialmente la idea era destinar la mitad del dinero para los centros. Sin embargo, luego el porcentaje se redujo», explica Laura Aguiar, secretaria de la AEU.
En medio de ese debate, nuevamente, los centros departamentales van quedando fuera de la toma de decisiones y sus necesidades ampliamente conocidas parecen no ser prioritarias para las autoridades universitarias.
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Los centros regionales son olvidados, resalta Aguiar, no son tomados en cuenta. «Es parte del problema que todo está centralizado. Acá en la sede central hay muchísimas deficiencias, pero en los centros regionales hay mil problemas más», asegura.
Plaza Pública solicitó un acercamiento con el rector de la universidad para conocer su postura sobre esta problemática, pero al cierre de este reportaje no hubo respuesta.
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