La batalla campal en contra de la CICIG retorna el péndulo a la Guatemala previa a los movimientos de la Plaza del 2015 y el reinado de las grandes droguerías-bodega de conocidos comerciantes locales vuelve a drenar las finanzas públicas.
Un reportaje de La Hora alborotó el cotarro. La comunicadora Lucero Sapalú despertó al gigante dormido en el letargo de la impunidad que ahora reina. Las adjudicaciones del IGSS volvieron a despertar polémica. Antes era JI Cohen y sus satélites, hoy resulta ser la centenaria Lanquetin.
El medicamento de la discordia fue de nuevo el Aprovel, solicitado en cantidades industriales, producto de una sociedad hipertensa, amenazada por el stress, la violencia y la carestía de la vida. La Junta Directiva del IGSS desde 2015 ha conocido y resuelto cómo lidiar con el Aprovel y otros por el estilo. En su seno aún deambulan dos viejos zorros de la política gremial, Adolfo Lacs y Francisco Mendoza, designados por las organizaciones registradas por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Ambos acuerparon la votación por unanimidad en la compra de dos medicamentos polémicos y de gran perjuicio para las finanzas del IGSS: Plavix y Aprovel, cuyos principios activos son, respectivamente, el Cloridogrel y el Irbesartan.
Tal aprobación venía ocupando el tiempo de amplias discusiones en el seno de la Junta Directiva actual, siendo que la publicación de La Hora del mes de junio, bien delata la opacidad en la que se desenvuelven nuestras instituciones descentralizadas porque la aprobación de ambos contratos –el de Plavix y Aprovel– datan del mes de marzo del presente. Tanto en la aprobación de las millonarias licitaciones, como de los contratos firmados con Lanquetin, los directores dicen algo así como «no tenemos otro remedio pues se trata de medicamentos amparados y la Corte de Constitucionalidad nos regaña y amonesta si no lo hacemos». Apelan así al controversial proceso de «judicialización de la salud».
En la lucha por los derechos de la salud es común preguntarse si la justicia puede ser una herramienta de cambio, y las respuestas a menudo cuestionan el perjuicio a las finanzas públicas en procesos de abuso, y la regresividad de las aprobaciones. Es decir, cuando los que tienen más saliva y tragan más pinol, lo hacen a costa de los marginados y sin voz.
Siri Gloppen y Mindy Jane Roseman me orientaron a entender hasta qué punto los litigios vinculados con los derechos a la salud son positivos. Así también qué hacer en términos de herramientas jurídicas o económicas –de inteligencia de mercados, ante todo– cuando el seguro social se encuentra arrinconado por una sentencia de ese corte, que inicialmente debiera ser muy bien defendida jurídicamente hablando.
En los casos que nos ocupan se volvió a utilizar la figura de proveedor único, siendo ello un evento del que hay abundantes resoluciones pasadas para contrarrestarlo; pero sospecho que están por allí muy bien engavetadas dentro de la miríada de papeleo al interior de una institución administrada a la vieja usanza, en donde aún reinan vetustos conceptos legales como: providencias, alcances, oficios y demás burocratismos de la vieja escuela gerencial.
El Aprovel es producido por Sanofi-Aventis, e internado por Sanofi-Aventis de Guatemala; monopolizado en el medio por J.I. Cohen, Farmacia Lanquetin y Bodega Farmaceutica S.A. Agefinsa. Todas ellas propiedad de conocidas familias bodegueras e internadoras de medicamentos, con grandes influencias en la esfera estatal y en la macoya de las altas cortes jurisdiccionales, y de amplias ramificaciones con bufetes de abogados, tal y como ya lo ha demostrado Plaza Pública.
¿Cómo evitar al proveedor único? Ya hay abundantes recomendaciones. Hace varios años la agencia UNOPS de Naciones Unidas realizó el estudio para el IGSS «viabilidad de estrategias de adquisición de medicamentos de un único registro ante la Agencia Reguladora Nacional». El mismo se envió a los cuerpos gerenciales, y en ello llamó la atención de una oficina que debiera tener alta responsabilidad en el asunto: el Consejo Técnico del IGSS. Resulta ser este un cuerpo técnico, muy bien pagado por cierto, al que la Junta Directiva debiera acudir para encomendarle misiones importantes como la que hoy nos ocupa, y resolver resoluciones para ampliar la base de proveedores teniendo en cuenta las regulaciones de los ministerios de salud y economía; los asuntos farmacoeconómicos del libre comercio, de las licencias obligatorias, marcas y patentes, compras en el exterior y otras medidas que parecieran hoy estar durmiendo el más que interesado sueño de los justos.
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