El reciente éxodo de nicaragüenses ha roturado una larga estela. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) habla de más de 87,000 nicaragüenses que buscan protección en Costa Rica y hace un año hablaba de un total mundial de más de 103,600 nicaragüenses desplazados desde 2018.
Existen indicadores de una creciente migración de nicaragüenses hacia los Estados Unidos. Debido al carácter no autorizado de ese grupo poblacional, las fuentes disponibles solo nos dan una idea indirecta y aproximada, probablemente mucho menor del flujo real. Según datos de la Oficina de Aduanas y de Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), en el último y todavía inconcluso año fiscal —desde octubre de 2020 hasta julio de 2021, solo en diez meses— hubo 33,184 detenciones de nicaragüenses, volumen muy por encima de los años anteriores: 1,721 en 2017, 4,014 en 2018 y 14,248 en 2019. Podemos comparar mes a mes los años 2020 y 2021 para tomar nota del dramático incremento: las 303 capturas de febrero de 2020 llegaron a 748 ese mismo mes en 2021, en marzo pasaron de 320 a 1,990, en abril de 120 a 3,120, en mayo de 149 a 4,451, en junio de 134 a 7,441 —un verdadero salto— y en julio de 153 a 13,391.
También el número de nicaragüenses ingresando de forma legal ha crecido en un plazo muy corto y ha pasado de 3,692 en enero a 7,375 en junio de 2021. Algunos de estos migrantes se convierten posteriormente en overstayers: personas que se quedan una vez que venció el tiempo de su estadía autorizada.
Estos aumentos de migración autorizada y no autorizada se traducen en una mayor presencia de casos de nicaragüenses en las cortes migratorias estadounidenses. Hubo 4,145 casos en septiembre de 2018, que subieron hasta llegar a 12,006 en diciembre de 2019, un incremento de casi 190 %.
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El Gobierno de Estados Unidos está tomando en consideración la situación de la que huyen y le permite a un porcentaje cada vez mayor de nicaragüenses ingresar al país mientras esperan la resolución de sus peticiones de asilo: 20 % en 2019, 35 % en 2020 y 45 % en 2021. Estar dentro de los Estados Unidos, en lugar de esperar en México, aumenta las probabilidades de ser representados por un abogado. De ahí el éxito de muchos nicaragüenses en la obtención del asilo, que se beneficiaron de tasas de aprobación del 36 % en 2020, cifra superior al 26 % que promedian todas las nacionalidades, el 17 % de los salvadoreños, el 13 % de los guatemaltecos y el 11 % de los hondureños. Estas nacionalidades ejercen mucha más presión sobre el sistema de refugio y asilo estadounidense porque sus volúmenes de solicitantes y detenidos todavía siguen siendo muy superiores a los de nicaragüenses. La CBP da cuenta de que las aprehensiones de estas nacionalidades duplican o hasta quintuplican las de nicaragüenses. Pero la migración engendra migración: una vez que esta ola de migrantes se establezca, llamarán a sus familiares y Nicaragua se sumará a los países del norte de Centroamérica como un emisor recurrente de migrantes hacia Estados Unidos. No sabemos por cuánto tiempo la administración de Joe Biden mantendrá su política de relativa condescendencia o cuándo emprenderá otras estrategias.
El descontento, por un efecto paradójico, transforma este éxodo en ayuda económica. El aumento de los migrantes se convierte —no de inmediato— en un incremento de las remesas que permiten mantener a flote economías familiares que naufragaron y, al mismo tiempo, la sobrevivencia del sistema expulsor. La migración genera un producto externo bruto creciente que desdice de la soberanía financiera: 1,501 millones de dólares en 2018, 1,682 millones en 2019 y 1,851 millones en 2020, según el Banco Central de Nicaragua. En el primer semestre de 2021 van sumando 1,030 millones de dólares, que mantienen la tendencia ascendente. Así se cierra el círculo vicioso: los expulsados sostienen al expulsor.
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