En la portada de ese capítulo específico, con letras grandes, entre comillas, me imagino que se lee: «La clave es retrasar los casos vigentes». En la primera página se debe de leer que, para obtener dichos retrasos, se debe rearticular la estructura de los jueces y cobrarles a estos los favores pendientes, así como instruir al equipo de abogados en litigio malicioso, de tal cuenta que hagan uso de cualquier recurso de forma desnaturalizada. Por supuesto, las mismas debilidades estructurales del sistema de justicia y las negligencias o deficiencias de algún fiscal también deben aprovecharse.
En el ámbito de los puntos clave aparece expulsar al comisionado de la Cicig y, con ello, debilitar el quehacer de la entidad. Seguro al pie de la página hay una nota que dice: «De ser exitoso el plan, hasta podríamos lograr que la Cicig cierre». Todo lo anterior debe estar acompañado de una estrategia de comunicación en medios y redes, de manera que se venda como víctimas a los procesados de un juego político y se arme un circo judicial: algo que ha sucedido siempre, pero la diferencia es que los hoy procesados lo hacían antes contra personas vulnerables para vender populismo penal. Por ello hay experiencia.
Finalmente, en el capítulo aparece como objetivo retomar la Fiscalía General y el Ministerio Público mediante un actor aliado, experto en derecho penal y que garantice entrar en desacuerdos con la Cicig, de modo que la minimice en todos los casos y desarticule la Fiscalía contra la Impunidad actual. Perder algunas batallas no implica que la misión fracase, pues la toma de la Fiscalía se llevará a cabo hasta ahora, en 2018, así que los golpes dados antes son independientes de este. La ventaja es que en la decisión final aparece alguien plenamente manejado por sus intereses, pero tan manejable y vulnerable que es mejor no correr riesgos. Por ello se abren dos escenarios nuevos de trabajo que era obligatorio iniciar en 2017, pues estos sí inciden en el resultado: a) garantizar que la comisión de postulación responda a esos intereses, por lo que había que retomar la presidencia de la CSJ en 2017, y b) trabajar para que en el listado de los seis elegibles entren solo expertos en derecho penal, de modo que sea más fácil que el presidente justifique su decisión y no haya oposición de la sociedad.
Siendo este el plan, sin duda escucharemos a sus voceros y comunicadores decir que los idóneos son personas expertas, que han litigado la mayor parte de su vida, que saben cómo se maneja el sistema de justicia penal, etc. Pero, en mi opinión, la discusión no se acaba en quién es experto en derecho penal o en qué criterios determinan que sí lo es. Para un MP que viene buscando estabilidad desde 2009, se requiere que la próxima persona, entre otros conocimientos, sepa de política criminal en sus ejes de investigación y de persecución. Pero, para la sociedad que ha empujado estas batallas anticorrupción, se requiere de una persona cuya historia profesional y de vida garantice como mínimo tres cosas: a) independencia de cualquier actor político; b) que, dentro de sus funciones profesionales en cualquier ámbito, siempre haya manifestado su compromiso contra la corrupción y por ende sea una persona transparente; y c) un plan de trabajo que garantice el apoyo irrestricto a la Fiscalía contra la Impunidad y el trabajo de relación con la Cicig, de tal cuenta que los casos actuales y las investigaciones en curso no se vean afectados en ningún aspecto. Es difícil encontrar a esa persona, pero el plan de la proimpunidad no debe lograr el objetivo.
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