Tras una visita de una semana a Guatemala, luego de la controvertida elección en el Congreso de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Cortes de Apelaciones, mediante un pacto político entre los partidos mayoritarios, el jurista español José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito de la Sala Penal del Tribunal Supremo Español, da cuenta de una profunda preocupación por el proceso de elección de las máximas autoridades del Organismo Judicial de Guatemala.
Martín resalta que si bien en la teoría un sistema abierto como el que plantean las Comisiones de Postulación es mejor a cualquier sistema cerrado de designación, en la práctica éste ha sido pervertido desde adentro. La participación como comisionados por parte de decanos de universidades sin un sólo graduado, asemejan “barcos fantasmas, universidades fantasmas utilizadas solo para ingresar al sistema” asegura. El jurista también califica como “perverso y excesivo” el protagonismo y el peso del Colegio de Abogados en el proceso de selección.
En su lugar propone un verdadero fortalecimiento de la carrera judicial y un mayor peso a la experiencia profesional comprobable, por parte de los jueces que busquen una magistratura y dejar atrás la cultura de la “titulitis”, el engrosar los currículos con títulos y diplomas de dudoso validez u origen. “Es inexplicable que profesionales en la carrera judicial con 15 o 20 años de experiencia, y con una labor elogiada en el mundo de la justicia, sean postergados por abogados cuyo único mérito es haber egresado de la universidad y haberse apuntado en el Colegio de Abogados, sin tener después ninguna experiencia. Nos parece insoportable desde cualquier lógica”.
Por estas razones, entre otras, la Comisión Internacional de Juristas, de la cual Martín forma parte, pide una revisión del proceso de Comisiones de Postulación, de su ley específica, de la Ley de la Carrera Judicial, y una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Relatora Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados a Guatemala.
¿Cómo evalúan el CIJ el reciente proceso de selección de magistrados del poder judicial de Guatemala?
La conclusión a la que hemos llegado después de hablar con muchos sectores de la sociedad guatemalteca es que habría que retocar los aspectos de la participación de las universidades. Y, sobre todo, que el ejercicio de la profesión en la carrera judicial tenga más peso; en la elección de las Salas de Apelación, esa experiencia supusiera un 80% de la calificación, por ejemplo. Aparte de eso, existen otras posibilidades que no requerirían modificar la Constitución y que encajarían en los pactos internacionales que regulan el acceso a la justicia, y el derecho a dos instancias, parece poco funcional que la segunda instancia sea integrada por magistrados elegidos políticamente.
Como sucede en Guatemala donde los magistrados de las Salas de Apelaciones son elegidos finalmente por los diputados…
Sí, lo normal en otros países es que la carrera judicial se prolongue hasta la Sala de Apelaciones. Dentro del proceso natural de todo sistema judicial, establecido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos existe el derecho a la doble instancia (Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley. Art 12. 5.). Así funciona dentro de un sistema judicial, no dentro de un sistema donde por un lado va la carrera judicial y por otro las Cortes de Apelaciones, eso no tiene explicación alguna. Se podría cambiar sin necesidad de modificar la Constitución, simplemente con una interpretación racional dentro de los pactos internacionales, la ley reguladora de la Carrera Judicial y la propia Constitución.
¿Cómo evitar que algunos de los integrantes de las Comisiones de Postulación, como los decanos de las facultades de Derecho o representantes del Colegio de Abogados manipulen la elección de las autoridades judiciales?
Hemos propuesto varias correcciones, en el tema de las universidades hay dos soluciones: una de ellas es que no puedan participar en las comisiones aquellas universidades que no tengan dos o tres graduados de Derecho. Deben tener sus decanos, profesores y alumnos, para que no haya universidades fantasmas. Con decanos que lo mismo podían ser entrenadores de baloncesto, cumpliendo la misma función. Todas estas universidades sin graduados deberían ser expulsadas de la comisión, hay un fraude de ley. Esta proliferación de universidades no tiene relación con la demanda. En cuanto al gremio de abogados, sería muy difícil negarle al Colegio de Abogados la legitimación para intervenir en la elección, pero el correctivo es sencillo: frente a una persona con una experiencia profesional acreditada, todo aquel que no tenga experiencia profesional debe ser postergado y esto se soluciona con el puntaje.
¿Cómo evitar que otros operadores políticos ajenos al sistema, ganen influencia promoviendo cursos, talleres o hasta proporcionando becas entre los postulantes?
Se puede hacer con una modificación de la Ley de Comisiones de Postulación, la cual no necesita tocar la Constitución. Contemplar la posibilidad de que más sectores participen de manera abierta: grupos empresariales, sindicales, organizaciones sociales reconocidas que puedan participar, aunque habría que tener cuidado de que estas organizaciones no proliferaran como setas al ser incorporadas. En cuanto a los cursos, talleres y becas es preocupante, y nos toca porque uno de esos títulos ha sido pagado en una universidad de España y me consta que la actividad académica fue escasa y la actividad turística y lúdica fue mayor. Esa es una tendencia que en España también existe y que llamamos “titulitis” (acumular títulos y diplomas). La solución es decirles que está bien que pongan sus diplomas en sus casas, pero no les demos mayor valor en el proceso de postulación, que no acreditan nada más que se ha viajado.
Usted destactó una foto de prensa con dos diputados (Salvador Baldizón, de Líder, y Gudy Rivera, del PP) repartiéndose la lista de los magistrados de la CSJ electos.
Es cierto, todo esto es peligrosísimo, cuando se podría evitar perfectamente. Todos los poderes del Estado en una sociedad democrática están sometidos a la ley. Y los legisladores no son unos seres inmunes que puedan actuar arbitraria y autoritariamente casi como seres autistas, que sólo le dan al botón para votar. Entonces si una Comisión de Postulación propusiese en el caso de la CSJ a 26 candidatos en igualdad de condiciones debería puntuar por sus méritos del 1 al 13 para los titulares y luego el resto. Eso ya no sería sólo una postulación, sino una evaluación llevada a cabo rigurosamente después de muchos filtros. La cual debería ser tomada en cuenta de manera obligatoria por los parlamentarios, salvo que explicasen porque no aceptaban al designado como primero y prefirieran al puntuado como séptimo.
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Es decir, aplicar un filtro más técnico que político…
Sí, por su puesto, respetando que los parlamentarios son los depositarios de la soberanía popular, pero que tuviesen que explicar públicamente porque alteran el orden de elección. Que lo explicaran ante otros órdenes de la sociedad, como el sector judicial, que también son depositarios de la soberanía y titulares de la justicia, se dice en la Constitución que la soberanía mana del pueblo, y ellos también son pueblo.
El objetivo de incluir a los rectores y decanos en el proceso de elección de los aspirantes a magistrados era apelar el carácter académico de éstos, para reducir la politización del proceso…
Un sistema abierto a la sociedad es un sistema mejor, si se hace de forma transparente y no de una forma perversa como se ha hecho o se está haciendo en esta últimas comisiones y si no se corrige en las próximas. El Gobierno debería de ver también que lo primero que ven las empresas al invertir en un país es si funciona el sistema judicial. Y este proceso genera dudas sobre el sistema.
En el caso de la elección del Tribunal Supremo Electoral se dio la situación de que una semana antes de la elección ya se sabía a qué partido respondería cada magistrado. ¿Cómo queda un proceso con semejantes señalamientos?
El juez tiene su doble faceta como poder judicial y como ciudadano. Como ciudadano dependiendo del país puede o no estar afiliado a un partido, tener simpatías o demás. Pero lo que me llama la atención es como se dice aquí “estos me pertenecen a mí, esta es mi cuota” y acabo de leer hoy una noticia sorprendente, y es que uno de los diputados encargados de selección de magistrados de las Salas de Apelaciones, como si fuese un seleccionador deportivo, se ha pasado a otro partido.
¿Cómo se puede respetar la división de poder cuando encontramos a un Ejecutivo que le pide al Legislativo que elija a integrantes del sistema de justicia? ¿No daña esto la credibilidad de la democracia?
Por supuesto, lo daña. Me llama la atención la insensibilidad del poder político, el Ejecutivo y Legislativo. Pocas veces he visto en un país una actividad tal sobre las irregularidades, y la intolerable injerencia del poder Ejecutivo a través de los legisladores. Si existe esta insensibilidad el problema es un problema político de fondo, que afecta la propia calidad democrática de la sociedad guatemalteca.
Hasta las propias cámaras empresariales se han pronunciado suspicaces sobre este proceso.
Yo creo que todos los estamentos de la sociedad guatemalteca tienen que reflexionar seriamente sobre el introducir estas modificaciones u otras parecidas a la Comisiones de Postulación, habría que convocar a todos los que ya han presentado propuestas de reforma para que, por parte del poder Legislativo, se pudieran dar cambios que corrigieran estos defectos.
¿Qué contacto tuvo en esta visita con la academia en este proceso de evaluación de las Comisiones de Postulación?
Al inicio de las Comisiones de Postulación si tuvimos entrevistas con tres de los principales decanos, en esta ocasión no hemos tenido oportunidad de hablar con la academia. Pero aparte de cual pueda ser su opinión se tendría que preguntarles cuál es su postura ante la proliferación de universidades privadas creadas para participar en el proceso de postulación, no pueden evadirse diciendo que no es de su competencia. No lo es administrativamente, pero lo es en tanto que son conocedores como nadie del estamento académico y saben de las necesidades de la sociedad guatemalteca.
¿Cómo queda la imagen internacional del sistema de justicia guatemalteco ante tantos señalamientos de irregularidades en este proceso?
La mayor parte de los observadores internacionales, e incluso las empresas que se dedican a hacer evaluaciones de calidad institucional y transparencia, han tenido una muy mala impresión de todo esto, y sus informes serán negativos, lo cual no es para nada bueno para Guatemala. También hay que decir que tal vez algunos de los elegidos de esta forma tan irregular en la práctica respondan de manera distinta. Si eso se produce será una suerte para la sociedad guatemalteca, pero claro es mejor no dejar en manos del azar el sistema judicial.
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¿Cree que haya sido correcto que la Corte de Constitucionalidad negara un amparo promovido en contra del Congreso por anticipar la elección de magistrados sin que se hubiera agotado el plazo para presentar apelaciones?
Los tribunales debemos ser muy respetuosos con las formas, probablemente la decisión (de negar el amparo) hubiera sido la misma, pero al menos se debió haber esperado a que se agotase el plazo. Ese es otro factor más de desconfianza. Me pregunto: ¿por qué la Corte de Constitucionalidad da lugar con esta conducta a que se incremente el factor de desconfianza?
Pareciera que nos encauzáramos hacia democracias corporativistas, que defienden intereses sectoriales o de gremios.
Hay intereses en influir en la conformación de una Sala Penal porque los mismos políticos pueden ser enjuiciados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones; el crimen organizado y el narcotráfico también están interesados en estas cortes. También tienen interés en las Salas de lo Contencioso Administrativo pues un juez puede anular una decisión administrativa. Y es lógico que los políticos tengan una cierta tentación, al menos, en su conformación. Ahora bien, el juez tiene que ser muy consciente de que no tiene un poder omnímodo y que está sometido a la ley, es responsable de sus actos, tiene que explicar todavía más que los legisladores por qué toma una decisión.
El problema es cuando cada una de las etapas tiene un componente político en la designación de los jueces.
A los jueces hay que valorarlos por el contenido de sus resoluciones. He venido en varias ocasiones a Guatemala, me he leído por ejemplo la sentencia del Tribunal de Alto Impacto en el caso de genocidio contra José Efraín Ríos Montt y me pareció una sentencia jurídicamente impecable. Cualquier jurista externo a la sociedad guatemalteca llega a la misma conclusión, y la prueba es que la Corte de Constitucionalidad anuló no la sentencia en sí, si no el procedimiento a partir de un incidente vergonzoso con el abogado de la defensa, un personaje de tal naturaleza que debería avergonzar al propio Colegio de Abogados de tenerlo en su seno.
El tema del juicio por genocidio tuvo incidencia en este proceso de elección de magistrados a Salas de Apelaciones: decenas de jueces se excusaron de conocer el caso, supuestamente, porque estaban a la espera de que finalizara el proceso de elección.
Yo conozco la naturaleza de los jueces, algunos lo harían por evitar una incomodidad y un riesgo. Porque es un riesgo y una responsabilidad un caso así y hay gente que no quiere asumir esa carga. El Organismo Judicial debería tener elementos probatorios para decirle a esa gente que no sirven para jueces, que se dediquen a otra cosa, a lo mejor pueden ser magníficos abogados, pero no jueces.
