Desde el primer día de audiencia, el abogado defensor Móises Galindo intentó frenar en cinco ocasiones el debate. Pero el juicio siguió su curso, y el 18 de febrero —tras 14 audiencias — llegó el turno de los acusados para mostrar las pruebas documentales y declaraciones testimoniales a su favor. Tardaron sólo cuatro días. De los 48 testigos que planeaba presentar la defensa de Esteelmer Reyes, 23 no asistieron a declarar y los acusados tuvieron que renunciar a ellos. “Se les pidió a las personas que vinieran, pero se complicaba por las cuestiones de permisos laborales, costos de transporte y hospedaje. No hay dinero para pagarles viáticos”, dijo Galindo. Por su parte, Fidencia García, abogada de Valdez argumentó que algunos de sus testigos no pudieron acudir a la audiencia debido a que no tienen recursos económicos para trasportarse desde la comunidad de Panzós, Alta Verapaz a Ciudad de Guatemala.
Ayer, en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia, a tan sólo un día para que el Tribunal dictara sentencia, se veía a un Esteelmer Reyes muy distinto al de la primera audiencia, cuando se rehusó a dar su declaración e incluso se negó a decir su nombre ante los jueces. Ahora, Reyes sí quería declarar. “Quiero saber si me van a escuchar”, dijo al sentarse en el banquillo. Así explicó que no entendía por qué estaba siendo juzgado, según su relato, en 1982 estaba en Poptún, Petén y el 10 de noviembre de ese año, fue trasladado a la zona militar No. 6 de Puerto Barrios, Izabal. “No estuve en Sepur Zarco, nunca me mandaron allí”, alegaba. Conforme iba exponiendo sus argumentos también iba perdiendo la compostura. “El 14 de junio de 2014, llegan 70 policías con 30 patrullas, tocan a las 5:45 horas a la puerta de mi casa. Cuando traté de comprender qué estaba pasando, me quisieron sacar desnudo y llevar desnudo a la torre de tribunales, ¿Dónde están mis derechos humanos? ¿Quién los respetó?”, decía con la cara enrojecida y alzando la voz. También aseguró que el día de su detención se perdieron Q14 mil de su casa.
En un momento de su intervención, Reyes se refirió al caso Sepur Zarco como “Sepur Circo”, aunque después se retractó diciendo que fue una equivocación. La jueza Yassmín Barrios le pidió que se expresara con respeto. El acusado argumentó que el Ministerio Público no presentó pruebas científicas, “me quieren imputar hasta los muertos que dejó Hitler en Alemania”. Volvió a recalcar —como lo hizo brevemente al inicio del debate— en que las juezas Barrios y Patricia Bustamante, presidenta y vocal del tribunal, no tenían competencia para juzgar este caso porque de antemano habían manifestado enemistad con su abogado. “Yo lo que observé durante todo el desarrollo de este juicio es que no se me dio la oportunidad de defenderme como yo hubiera querido, de una forma imparcial”.
Los dejan solos
Hace cuatro días, cuando todavía estaban presentando a sus testigos, ante la prensa Esteelmer Reyes hablaba con firmeza sobre la formación de los oficiales militares:“Nos debemos al Ejército. Aunque nos retiremos, aún en nuestra situación de jubilados, tenemos nuestro nacionalismo puro”, decía el acusado. Pero tras 19 audiencias, la situación cambió. Trece de sus compañeros lo dejaron solo, la lealtad militar no aplicó en su caso.
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Entre los testigos que asistieron a declarar estaban cuatro miembros del Ejército y una mujer que en 1982 cocinaba para los soldados del destacamento de Mariscos en Izabal, y dijo haber visto a Reyes allí. El militar jubilado, Gustavo Hubert Baldizón, explicó al Tribunal el funcionamiento de una unidad de artillería. El testigo no recordaba dónde conoció a Reyes. “Creo que lo conocí en la Escuela Politécnica, no recuerdo bien. Hace 15 años que no lo veo”.
En un último intento, Ismael García, el otro abogado defensor de Esteelmer Reyes solicitó agregar nuevos testigos. Su listado de personas propuestas incluía al embajador de Estados Unidos, Todd Robinson, para que explicara la política de seguridad nacional que implementaba esa nación en los países de América Latina durante una “guerra subversiva”. Pedía a Nery Rodenas, director ejecutivo de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) que hablara sobre exhumaciones. Exigía a directivos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), y de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) cadena de custodia y protocolos de seguridad establecidos en exhumaciones e inhumaciones en las fincas de Tinajas y Sepur Zarco. El Tribunal denegó la solicitud de la defensa debido a que “los testigos no fueron propuestos en su momento oportuno”, como explicó la jueza Yassmín Barrios.
Heriberto Valdez Asij, por su parte, estaba desesperado previo a declarar. Murmuraba, juntaba las manos y se reclinaba en su asiento. Varios de los miembros de la iglesia evangélica, a la cual pertence, tampoco llegaron a declarar en las audiencias. “No conozco Sepur Zarco porque está muy lejos. Yo hice patrullaje, pero en la municipalidad de Panzós, allí estuve haciendo turno, cuidando la municipalidad, cuidando el juzgado de paz. Los militares nos pedían que hicieramos turno, nosotros no teníamos la culpa, es la ley militar de Cobán porque si uno no hacía turno, recibía castigo”, explicó Valdez al Tribunal. Cuando la jueza Yassmín Barrios indicó que dictaría sentencia el 26 de febrero, se acercaron cuatro miembros de su iglesia, le pusieron las manos sobre la cabeza y oraron por él. Valdez lloraba y oraba con ellos.
Las contradicciones del caso
La defensa de Esteelmer Reyes aseguró que tienen 19 certificaciones del Servicio de Ayudantía General del Ejército para demostrar que no estuvo en el destacamento de Sepur Zarco. Según el libro de la Guarda de Prevención del Ejército, el subteniente Reyes Girón estaba en la base militar No. 6 de Puerto Barrios, Izabal, desde el 10 de noviembre de 1982 hasta el 28 de abril de 1984. “No podía estar en dos lugares a la vez”, argumentaba Galindo, en sus alegatos finales en relación a que el Ministerio Público registró el asesinato de Dominga Coc —víctima de violencia sexual en el destacamento de Sepur Zarco — y sus hijas Hermelinda y Anita, a orillas del río Rojquipur, el 24 de noviembre de 1982. También presentaron un documento del movimiento migratorio del acusado, donde consta que el 16 de abril de 1982 estaba en Venezuela, “Por lo que miente la testigo Margarita Chub Choc que dice que lo vio llegar el 15 de abril de 1982 a Sepur Zarco”, dijo Galindo en sus conclusiones. Además mostraron al Tribunal el historial clínico de Reyes, en el que indica que no tiene lesiones, heridas, ni cicatrices en ojos o cara, como indicó un testigo de la Fiscalía. “Con un palo le dieron en el ojo; sangraba”, decía el testimonio.
El destacamento de Sepur Zarco estuvo ubicado entre Alta Verapaz e Izabal, fue un lugar para la recreación militar que funcionó de 1982 a 1988. En una de las pausas decretadas por el Tribunal se le cuestionó a Esteelmer Reyes sobre su estadía en Izabal.
—¿Usted dice que sí estuvo en Izabal, y el destacamento de Sepur Zarco estaba entre Alta Verapaz e Izabal?
—Pero en ese tiempo pertenecía a Cobán. Los destacamentos de Izabal eran sobre la carretera: Amates, Morales y Trinchera que era el puerto “Modesto Méndez”. La población civil desconoce qué es la jurisdicción. Yo no puedo ir a meterme a Poptún o Alta Verapaz, si yo estaba en Puerto Barrios, mi departamento era Izabal. Sepur Zarco era de Cobán, no de Izabal.
—¿Cuál fue su función en la zona militar de Izabal?
—No salí de ahí. Yo soy artillero, cuando las unidades de infantería se iban, resguardamos el comando, fuimos el apoyo directo al comandante. Yo no tengo nada que ver con destacamentos. También dicen que estuve dos años en Sepur Zarco, eso es imposible porque un oficial de infantería que va a cubrir destacamento no está más de tres meses.
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Ante el Tribunal, Reyes declaró que no conocía ningún plan Victoria hasta que el Ministerio Público se lo mostró en el transcurso del debate. “No formé parte de ningún plan militar de la zona de Izabal, cuando llegué, me integré a las actividades de fin de año”, afirmó. Sin embargo, el día anterior habló a los reporteros sobre las estrategias del Ejército. “Se asustan por ver un plan Sofía o Victoria, cuando el Ejército toda la vida ha funcionado con planes. Planes de corto, medio y largo alcance. Eso no es nuevo. Nosotros nos manejamos con base a eso. Y dentro de esos planes está qué es mi actividad como artillero”
El abogado defensor, Móises Galindo descalificó la mayoría de peritajes y declaraciones de los testigos de Fiscalía. “Todos mienten”, aseguró. Sólo dio validez al peritaje cultural de Irma Alicia Velásquez, porque no menciona a su representado. Galindo sugirió que las mujeres víctimas no fueron violadas en repetidas ocasiones, sino que podía tratarse de prostitución consentida. “Con la crisis del café, muchas comunidades perdieron sus ingresos económicos, por lo que muchas mujeres fueron obligadas a prostituirse”, dijo.
Galindo pidió al Tribunal que analice los informes de exhumaciones realizadas en las fincas de Tinajas y Sepur Zarco, que según él, se realizaron sin orden de juez de paz. Señaló incongruencias en exhumación del cuerpo de Pedro Tiul, indicó que en un documento de Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (Conavigua) aparece exhumado en el año 2000 en la finca de Tinajas, y en un oficio de la Fundación de Antropología Forense (FAFG), se consigna que fue exhumando en la finca de Sepur Zarco en 2014. También mostró ambigüedad en informes de exhumación de Dominga Coc, según explicó, en el 2001, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA) documentó que la víctima no tenía hijas y en un oficio del 15 de mayo de ese año, el Ministerio Público agregó a dos hijas.
El viernes 26 de febrero a las 16:00 horas, el Tribunal de A de Mayor Riesgo dictará sentencia. La Fiscalía pide 1290 años de prisión para Esteelmer Reyes por los delitos de crímenes de guerra en su forma de esclavitud sexual cometidos contra 15 mujeres q’eqchí que sufrieron violaciones en el destacamento de Sepur Zarco y la posible responsabilidad en los asesinatos de Dominga Coc y sus hijas. Para Heriberto Valdez Asij, solicitaron 340 años de prisión por su supuesta responsabilidad en siete desapariciones forzadas.
La defensa espera sentencia condenatoria. “La Fiscalía y querellantes lucharon para que este Tribunal conociera el caso, porque saben que los condenarán por ser militares. Si usted jueza (Barrios), quiere condenar a Esteelmer Reyes, adelante, les va a durar poco la alegría. Este caso se cae porque se cae”, dijo Galindo al finalizar sus conclusiones. Los abogados defensores ya están planeando la apelación de la sentencia.
