Estado inmaculado e inmovilizado

Entonces comenzará la cuenta atrás para un proceso electoral que, bajo condiciones normales, se supone que insume dos años de trabajo político descubierto para perfilar candidaturas, afinar estructuras de partido y todas las tareas relacionadas. Más allá de esa expectativa propia de la clase política o de lo que quede de ella, se debe pensar en la capacidad de conformar equipo de gobierno y, una vez salvado este primer escollo, en cómo hará ese equipo para operar la maquinaria gubernamental.

La conformación de los equipos ya plantea dificultades considerables. Los funcionarios de carrera y el personal permanente en las instituciones son una porción de los empleados que mantienen una plaza por lo general operativa, ya sea con características técnicas o profesionales, siempre mal remunerados, poco motivados, reacios a asumir responsabilidades. Los parches que se han inventado para dinamizar la estructuras estatales pasan por contratar personal temporal, por honorarios, por productos o en un renglón especial que permite administrar fondos públicos y tener cuentadancia (o sea, otorga la calidad de funcionario) manteniendo siempre un contrato anual (hecho que no promueve la carrera de servicio público), aunque gozando de seguridad social y de prestaciones laborales.

Suponiendo que los funcionarios contratados por la administración pública tienen los conocimientos para desempeñarse en su puesto (a pesar de no tener soportadas y apoyadas las instituciones responsables de formarlos), queda por cumplir el tema de la necesaria experiencia, lo cual hace deseable que de una administración a otra trasciendan un significativo grupo de estos funcionarios temporales. Es en este punto donde la legendaria y las más veces inútil lucha contra las prácticas corruptas se manifiesta en cúmulos de leyes y de regulaciones bien intencionadas pero poco prácticas, de modo que se dejan baldados por anticipado los equipos de las futuras administraciones. Tomando un solo ejemplo, el requerimiento de los famosos finiquitos (que al final de cuentas solo son constancias temporales de exención de cargos) extendidos por la Contraloría General de Cuentas limitará a las personas que se encuentren en disposición de suscribir un contrato para trabajar con el Gobierno. Y si bien no haber sido condenado en firme en un juicio de cuentas debe ser un impedimento, habría que revisar si el caso de las personas que se encuentran solventando señalamientos o denuncias, incluso por temas administrativos, es igualmente punible.

Ya cuando concluya la búsqueda de estos personajes (que suman conocimiento y experiencia), que se figuran una especie en vías de extinción en tandas de cuatro años, quienes se incorporen encontrarán un galimatías de requerimientos legales y procedimentales para ejecutar presupuestos y hacer avanzar la inversión pública. La tarea de desenmarañar los hilos para el buen manejo de la administración pública pasa por modificaciones de leyes y de reglamentos en los que intervienen los organismos Legislativo y Ejecutivo. No deben postergarse las acciones que en los próximos dos años permitan recuperar las capacidades del Gobierno para ejecutar las políticas públicas. Si bien es cierto que muchos de estos candados y camisas de fuerza fueron diseñados con la intención de tener un Estado inmaculado, el resultado es que estamos teniendo un Estado inmóvil.