El orden ideal requiere acciones de gobierno en los territorios rurales que precedan a las acciones privadas. Es necesario un nivel de inversión pública para generar condiciones favorables a la inversión privada. Tal es el caso de los proyectos de riego, de la conservación de los suelos, de la electrificación, del saneamiento ambiental, de los caminos rurales y de otros elementos que inciden directamente en la calidad de vida de las personas y en las condiciones de competitividad de los emprendimientos rurales.
Organizando la implementación de políticas en una manera sistémica, el sector público, además de invertir, deberá aportar asistencia técnica, crear incentivos y diseñar regulaciones para que sobre una plataforma de ordenamiento territorial y de certeza jurídica tengamos detonadores de empleo rural a partir de la agroindustria, el turismo, las actividades forestales, los servicios no agrícolas y los recursos del mar, entre otros. El resultado del círculo virtuoso así generado nos haría esperar situaciones positivas en materia de manejo de la vulnerabilidad, de seguridad alimentaria, de empleo rural y de acceso a recursos estratégicos (agua y otros servicios ambientales), entre otros.
El modelo conceptual que se implemente debe contener intervenciones diferenciadas para distintos tipos de productores (los campesinos sin tierra, los de subsistencia, los campesinos en transición y los excedentarios y comerciales pequeños), de modo que se rescaten y adapten los encadenamientos productivos en un marco lógico que permita mantener los dos objetivos mayores: la seguridad alimentaria y la reducción de la vulnerabilidad ambiental.
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Usualmente se cree que la seguridad alimentaria depende en exclusiva de los pequeños productores de subsistencia o de los recién incorporados a cadenas productivas. Ese concepto limitado debe romperse. Debe entenderse que la seguridad alimentaria depende de la disponibilidad de los alimentos y de la capacidad de acceso a estos. Aspirar a producir todos los alimentos que se consumen en un país dentro del mismo país significa una calidad de autarquía alimentaria, que no es viable en la mayor parte del planeta. O sea, hay alimentos que deben ser importados y para poder importar se deben generar divisas mediante las exportaciones. En este punto abordamos otro de los paradigmas fundamentales: no se puede ser reduccionista al abordar el tema de la seguridad alimentaria y el de los territorios rurales.
Producir eficientemente en un marco de cuidado y reducción de la vulnerabilidad ambiental pasa por un tema: el del manejo adecuado de las cuencas hidrográficas. Ciertamente hay quienes dicen que la cuenca es un sistema en el que entra y sale agua, pero ojo también acá con los enfoques reduccionistas. El agua es el recurso sobre el cual descansa, en nuestro caso, la totalidad de los demás recursos para mejorar las condiciones de vida rurales. Sobre este recurso descansan el suelo, los bosques, la sanidad, el paisaje y un largo etcétera. Así pues, primero lo primero. Y para eso es necesario ordenar y manejar adecuadamente las cuencas.
Y para concluir esta serie de tres columnas, hay que decir las cosas como son. Hay un factor decisivo y casi siempre obviado en todas las intervenciones sobre cómo alcanzar el desarrollo rural: hay que realizar, aparte de las inversiones económicas, grandes inversiones en capital social. Y esto se hace a partir de una decisión política a gran escala. Y para alcanzar esta decisión política habrá que llevar a cabo un lobby que permita renovar la clase política y consolidar funcionarios públicos con visión de Estado.
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