Estado laico de derecho

En otra oportunidad expresé que el Estado laico no es en sí mismo la separación de lo religioso del quehacer político, sino la libertad de conciencia, la no discriminación y el trato igualitario de las personas sin distinción de sus diversas creencias y formas de pensar. El artículo 4 de la Declaración Universal de la Laicidad en el Siglo XXI, presentada en el Senado francés en el 2005, expresa: «Definimos la laicidad como la armonización, en diversas coyunturas sociohistóricas y geopolíticas, de los tres principios ya indicados: respeto de la libertad de conciencia y de su práctica individual y colectiva, autonomía de lo político y de la sociedad civil frente a las normas religiosas y filosóficas particulares [y] no discriminación directa o indirecta hacia seres humanos».

En ese sentido, el creciente intento de imponer normas de carácter religioso, como el estudio bíblico obligatorio o la declaración de un día específico como día de la Iglesia evangélica, entre otras, representa una violación del Estado de derecho en relación con el artículo 4 de la Constitución Política de la República, en el cual se regula que en Guatemala «todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos». Y es violatorio también del Estado laico en cuanto a lo que el artículo 36 de la misma Constitución regula: «Toda persona tiene derecho a practicar su religión o creencia […] sin más límites que el orden público y el respeto debido a la dignidad de la jerarquía y a los fieles de otros credos».

Es evidente que, ante la ilegitimidad de muchos actores políticos, presentar iniciativas como las referidas, admitir prácticas religiosas en oficinas estatales, contratar a personas pertenecientes a sus propias Iglesias, decir «Dios bendiga Guatemala» y utilizar indiscriminadamente la palabra bendiciones, entre otras prácticas, lo único que busca es tratar de ganar legitimidad mediante el dogma, pues existe incapacidad técnica y política.

«Quienes defienden los derechos civiles de todo tipo tienen, por lo tanto, la necesidad de recordar de manera permanente a legisladores y a funcionarios públicos que su papel no es el de imponer políticas públicas a partir de sus creencias personales, sino el de llevar a cabo sus funciones de acuerdo con el interés público» (Roberto J. Blancarte).

Con lo dicho, no quiero decir que esté prohibido tener religión o expresar creencias, sino que no puede admitirse que se intente, por vía de legislaciones ordinarias, emitir normas que regulen a todas las personas cuando muchas de ellas no profesan el mismo culto, no comparten el mismo dogma o simplemente, en su libertad de pensamiento, no son creyentes. Creo que esto lo entienden las personas religiosas serias, con estudios teológicos de verdad, y no con aspirantes a líderes religiosos que, en su radicalismo de comprensión, pero no de estudio, desvirtúan los postulados religiosos modernos.

El artículo 9 de la Declaración Universal de la Laicidad en el Siglo XXI establece: «El respeto concreto de la libertad de conciencia y de la no discriminación, así como de la autonomía de lo político y de la sociedad frente a normas particulares, deben aplicarse a los necesarios debates […] relacionados con el cuerpo y la sexualidad, la enfermedad, la muerte, la emancipación de las mujeres, la educación de niños, matrimonios mixtos, la condición de adeptos de minorías religiosas o no religiosas, los no creyentes y aquellos que critican la religión».