Más de 8 mil agentes y soldados para atrapar escandalosos callejeros, posibles delincuentes de poca monta, y dos clicas

«Mi primera medida será pedirle al Congreso tipificar a las pandillas como lo que son: terroristas», dijo Alejandro Giammattei durante sus primeros segundos como Presidente de Guatemala.

Era una promesa de campaña que repitió a gritos en su toma de posesión. Lo hizo con tanta energía que generó más expectativas de las que ha logrado cumplir. Los esfuerzos han estado llenos de espectacularidad; los resultados —por el momento— carecen de ella.

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Tanta expectativa generó que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lanzó un comunicado durante el primer día del Estado de Prevención decretado en Mixco y San Juan Sacatepéquez. El documento iniciaba con un apoyo total a las acciones del Presidente, pero en el siguiente párrafo sugería que «se hubiera esperado que compartieran sus planes antes para tener una logística preparada en cuanto a personal y equipo, como se ha hecho en otras ocasiones.»

La preocupación de la CSJ era que los juzgados de Mixco no darían abasto con tantas capturas que provocaría el estado de Prevención. Aunque la administración de Giammattei no ha hecho explícitas sus metas cuantitativas, el comunicado recuerda experiencias del gobierno pasado, en el que megaoperativos producían 150 capturas. Tantos detenidos requerían una logística especial para apoyar a los jueces a cargo.

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«En una ocasión anterior, se tuvo información precisa de parte de las autoridades competentes, sobre un operativo de este tipo… Se coordinó con los jueces para que contaran con el debido equipo, ubicándolos en instalaciones de la PNC en zona 6 y allí fueron escuchados los detenidos», se lee. 

Seis días después, cuando el Estado de Prevención terminó en Mixco y San Juan Sacatepéquez, la preocupación de la CSJ se disipó: Los resultados del operativo muestran que en total fueron detenidas 29 personas. De ellas, solo dos estaban vinculadas a extorsión y exacciones intimidatorias, y una a homicidio en grado de tentativa. Los informes oficiales no especifican su relación con la pandilla.

Muchas capturas pocos pandilleros

Más o menos capturados no significa mejores o peores resultados, aunque pareciera que el gobierno insistiera en presentarlo así.

En el discurso para presentar el estado de Prevención, Giammattei aseguró que «inicia hoy el combate contra la delincuencia, el sicariato, la extorsión y los grupos organizados en pandillas y maras».

Los decretos publicados en el Diario Oficial adelantan que estos estados de Prevención pretenden reducir la criminalidad. El texto no se centra en las pandillas, pero el Presidente ha insistido en nombrarlas como el mayor enemigo, y públicamente proyecta la idea de que estas medidas iniciales se dirigen a ellas. 

En la realidad, de los 29 capturados en Mixco, la principal causa de detención fue escándalo en la vía pública: seis personas. Le sigue robo de celulares con tres. Y luego otros delitos, como negación de asistencia económica.

Más capturas no significan mejores resultados, pero las pocas capturas realizadas tampoco afectan realmente a las pandillas tras las que Giammattei ha lanzado a las fuerzas de Seguridad y Defensa.

Los resultados en Villa Nueva y Chimaltenango muestran una tendencia similar en cuanto a los capturados no vinculados a pandillas, aunque con algunas claras diferencias.

Por ejemplo, en el primer municipio desarticularon dos clicas (subdivisiones de la pandilla) del Barrio 18, según el discurso oficial. Una fuente interna al Ministerio Público confirmó a Plaza Pública que esta investigación ya estaba lista desde finales del año pasado. Solamente esperaban la autorización judicial que avalara los allanamientos.

En Chimaltenango, las requisas a las prisiones —que usualmente muestran incautaciones que indignan a la población— mejoraron la percepción de los operativos.

Los estados de Prevención no terminarán aquí, y sus resultados tampoco, aunque el objetivo objetivo expreso de los estados de Prevención sean las detenciones.

Una fuente que asesora a la Policía Nacional Civil aseguró que el fin de los estados de Prevención no solamente deberían ser las capturas. También debe existir un trabajo de inteligencia y mapeo de grupos criminales. Los operativos entonces deben entenderse por lo tanto como parte de un trabajo mayor.

Sin embargo, esa misma fuente reconoce un grave lastre y un error de cálculo: La PNC que legó Enrique Degenhart, el anterior ministro de Gobernación, quedó desbaratada después de los despidos masivos de las cúpulas y mandos medios, y su capacidad para desarrollar estas tareas es muy reducida.

Entre 2018 y 2019, las constantes destituciones desarticularon la Unidad de Métodos Especiales (UME) operada por agentes de PNC en conjunto con el MP y que resulta clave para desarticular pandillas.

Carlos Mendoza, director del Observatorio de Violencia Homicida para el Triángulo Norte, de la Asociación Diálogos, dijo el martes en el programa radial Fíjese que que en los últimos 30 días los homicidios se habían reducido considerablemente, pero que no es posible atribuírselo a estas medidas, dado que aún no se han hecho públicos los datos para los municipios intervenidos.

Donde algunos analistas insinúan la posibilidad de que los estados de excepción sirvan para controlar adversarios políticos, muchos han destacado el carácter propagandístico de la iniciativa gubernamental. La entienden como una forma demagoga de ganar prestigio de forma rápida entre la población. A los habitantes de los lugares afectados les alivia ver la rapidez con la que Giammattei ha actuado y el estado de Prevención les parece en general una buena idea. Los números —ni los pasados ni los actuales— refrendan que lo sea.

Estas tres crónicas son viñetas que retratan los estados de Prevención de Mixco y San Juan Sacatepéquez, Chimaltenango y Villa Nueva, y sondean la percepción de algunos ciudadanos que los vivieron.

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