Plan antiextorsiones: la promesa que va en retroceso
Plan antiextorsiones: la promesa que va en retroceso
Fue una de las promesas más tajantes de Alejandro Giammattei. Un año después, el Ministerio de Gobernación sustentó la estrategia para reducir las extorsiones en incomunicar a los internos que realizan llamadas extorsivas, pero un Sistema Penitenciario hacinado y sin recursos no dio la talla.
Fue sintomático: el salto de 10 a 15 denuncias por extorsión a la semana, en Quetzaltenango, a mediados de noviembre de 2020. Un investigador de la Fiscalía contra las Extorsiones en ese departamento encontró la causa en el traslado, una semana antes, de seis exmiembros del Barrio 18 de la cárcel de Pavón (departamento de Guatemala) a la cárcel de Cantel, en occidente.
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Mientras los seis comparecían en varias audiencias judiciales en un caso de extorsión, en Quetzaltenango comenzó una ola de nuevas extorsiones al transporte colectivo —urbano y extraurbano—. Era evidente: los expandilleros tenían acceso a teléfonos celulares en la población general interna, donde los ubicó el Sistema Penitenciario (SP).
«Se les [debió] aislar; eso nos ha funcionado para que no tengan acceso a celulares», dice el investigador, que prefiere no ser identificado por nombre. Esto, aunque desde marzo de 2020, el SP anunció que separarían a todos los internos vinculados a extorsiones del resto de la población en Cantel y Pavón, y luego en otras cárceles del país.
El objetivo era claro: evitar las llamadas extorsivas desde la cárcel, que generan el 70% de todas las extorsiones, según David Boteo, jefe de la División Nacional contra el Desarrollo de Pandillas (Dipanda), la unidad contra las extorsiones de la Policía Nacional Civil (PNC).
Sin embargo, el caso de Cantel, entre otros, demostró que el plan no funcionó. Las extorsiones se redujeron por efectos indirectos de la pandemia, pero luego de una pausa continuaron, en particular, las cometidas desde la cárcel.
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Un celular llega a la cárcel por miedo o corrupción
«“¿Cuánto me cobrás por ingresar un aparatito?”, me dijo un interno hace un tiempo», recuerda A., un guardia penitenciario que pide hablar desde el anonimato. «“¿Qué aparatito?” le pregunté [en broma]. “¿Un microondas? ¿o un radio?”». El tipo quería un celular. A. dice que se negó, que algunas veces lo han amenazado por negarse, o los internos simplemente prueban con otro guardia. Buscan a los que observan ingresar otros objetos de posesión ilícita en la cárcel, y los chantajean con delatarlos para que cedan.
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Otros guardias se hacen de la vista gorda, no sólo por corrupción o miedo. Si denuncian el intento de soborno de un interno, acaban citados a un juzgado jurisdiccional, a donde tienen obligación de llegar cubriendo sus gastos de traslado, según A. Entonces hacen como que nada vieron. Sucede en todas las cárceles. Sólo en Pavón, por ejemplo, las autoridades incautaron 38 celulares entre junio y septiembre. Según Dipanda, Pavón es una de las cárceles más problemáticas junto a Cantel (aunque allí reciben colaboración del SP), Canadá y el Centro Preventivo de Hombres en Puerto Barrios.
«Hay total libertinaje, y corrupción de los guardias, alcaides y subdirectores», señala Boteo, aunque concede que hay corrupción en todas las instituciones: PNC, MP, y Organismo Judicial (por los recursos de exhibición personal con que los extorsionistas facilitan o bloquean sus traslados).
Las extorsiones bajaron, luego volvieron
El año 2020 registró una baja de al menos mil casos en relación con 2019, según la Unidad de Información Pública (UIP) del Ministerio de Gobernación (Mingob), que cita datos de la Policía Nacional Civil (PNC). Las cifras varían entre la UIP, el Ministerio Público (MP) y Dipanda, pero todas reflejan un descenso desde enero de 2020 (el primero en cinco años), que sólo duró hasta abril. El Mingob pretendía sostener esa reducción esperando que el SP mantuviera incomunicados a los extorsionistas en cárceles sobrepobladas en un 400%, y con un presupuesto que se ocupa en un 95% en funcionamiento.
Era imposible no adivinar el desenlace. En mayo, un nuevo aumento se convirtió en un alza sostenido hasta septiembre. En octubre y noviembre hubo entre 40 y 70 casos menos por mes, aunque la cifra mensual no bajó de 1,100 desde agosto, conforme los datos de la UIP. Para diciembre 2020, desapareció el descenso drástico del primer semestre, y retrocedió a las cifras de febrero.
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Entre enero y febrero de 2020, la nueva administración del presidente Alejandro Giammattei implementó estados de prevención en varios municipios de los departamentos de Guatemala, Chimaltenango y Escuintla. «La idea era reducir la criminalidad en las calles», explica Boteo. Los operativos permitieron capturar pandilleros vinculados a extorsiones y sicariato, que cumplían órdenes de cabecillas encarcelados. Por eso, era imperativo incomunicar a los extorsionistas tras las rejas.
El Mingob comenzó con los «imitadores», sujetos que fingen ser pandilleros o miembros del crimen organizado para amedrentar a sus víctimas, pero que carecen de recursos en la calle para cumplir sus amenazas. Cantel y Pavón eran el principal origen de sus llamadas extorsivas. Estimaciones de la Fiscalía contra las Extorsiones indican que, en 2019, de Cantel, Quetzaltenango, salía por lo menos la mitad de las extorsiones en el departamento de Guatemala y el 95% de los casos en el suroccidente del país.
Las autoridades atribuyen la reducción de 1,590 casos (según la UIP del Mingob) de enero 2020 a 936 en marzo del mismo año al aislamiento de los imitadores, y a que los estados de prevención se hicieron en dos de los cuatro departamentos de principal actividad pandillera, según Dipanda: Guatemala y Chimaltenango. Los otros dos son Sacatepéquez y Quetzaltenango. Datos policiales revelan que entre 2018 y junio de 2020, en estos cuatro departamentos ocurrió entre el 40% y 60% de las extorsiones, robos y asaltos y homicidios de todo el país. El centro de análisis Diálogos registra que Guatemala y Sacatepéquez tienen dos de las tasas de extorsión más altas del país.
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Promesa electoral
En agosto de 2019, en Quetzaltenango, Giammattei dijo que si llegaba a la presidencia su gobierno sería «implacable contra las pandillas». Habló de un proyecto de ley para identificarlas como grupos terroristas, promesa que para febrero de 2020 y luego en noviembre del mismo año tergiversó en dos propuestas legislativas (la primera exclusivamente para reformar el delito de terrorismo y la segunda mezclada en un paquete de propuestas para combatir el lavado de dinero) cuya redacción, daban espacio para criminalizar más manifestantes que a pandilleros.
Como candidato presidencial, el mandatario también ofreció condiciones carcelarias más estrictas para los pandilleros, aunque las cárceles todavía están hacinadas y tienen un promedio de diez internos por guardia. «La capacidad poblacional del Sistema Penitenciario (SP) se rebasó en 1996», dice Gerardo Villamar, jefe de la Defensoría de los Privados de Libertad, en la Procuraduría de Derechos Humanos. Giammattei conocía bien ese problema porque fue director del SP en 2006, cuando la sobrepoblación ya sumaba diez años, pero no gestionó recursos para cumplir cuando logró su objetivo de campaña.
Según el exministro de Gobernación, Carlos Menocal (2010-2012), el Consejo Nacional de Seguridad, que dirige el presidente de la República, debía y podía gestionar el presupuesto que el Mingob necesita para retomar el control de las cárceles.
En cambio, en marzo 2020, el Mingob anunció que habilitó recintos para separar a los imitadores en Cantel y Pavón. Boteo dijo que eran sitios sin tomacorrientes—si los internos conseguían celulares, no podrían cargarlos. Neutralizar a los imitadores, que generaban el 80% de las extorsiones, permitía concentrar los recursos en las violentas extorsiones de los pandilleros. Por eso, en marzo, el SP trasladó a los cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS) de Fraijanes II a un sector incomunicado de Pavoncito.
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La baja en extorsiones duró lo que el confinamiento
Mientras tanto, el inicio de la pandemia del COVID19 en el país condujo a dos medidas de contención que contribuyeron a reducir las extorsiones: (1) La suspensión total del transporte público, y (2) la suspensión de las visitas en las cárceles, que Boteo identifica como una de las principales vías de acceso de los extorsionistas a teléfonos celulares. El jefe policial admitió que habría sido imposible tomar estas medidas durante siete meses sin la pandemia. La demora en la reanudación gradual del transporte impidió alzas más drásticas en el número de casos, pese a que faltaba aislar a los cabecillas de Barrio 18 en la cárcel El Infiernito, en Escuintla, la principal fuente de extorsiones al transporte público.
El alza de las extorsiones en mayo reveló los agujeros en el plan del Mingob. Boteo dijo que ese mes un grupo de internos imitadores reanudó las llamadas extorsivas en Pavón, después que presentaron recursos de exhibición personal que obligaron al SP a sacarlos del aislamiento y devolverlos a la población general. «Argumentaban que se violaban sus derechos humanos, pero es falso», dice. «Son reos con dos y hasta tres condenas, entonces les vale seguir extorsionando».
En El Infiernito, los cabecillas de Barrio 18 todavía dirigían extorsiones en coordinación con los jefes secundarios en el Sector 11 del Centro de Detención Preventiva de la zona 18, en la capital. Eso sólo podía ocurrir porque tenían acceso ilegal a teléfonos celulares, y/o internet (equipo similar al descubierto en octubre pasado en la Granja Penal Canadá, en Escuintla).
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Trasladar pandilleros es un pulso de poder
El 20 de agosto, el Mingob trasladó a 39 cabecillas del Barrio 18, y otros tres internos, al Preventivo de la zona 18 —una escala en su traslado a otras cárceles—. Permanecieron en la antigua alcaidía, un recinto separado del Sector 11. El 31 de agosto, mientras que el SP los llevaba a Fraijanes II, Pavón, la Brigada Militar Mariscal Zavala y el Fuerte Matamoros, un grupo del Barrio 18 en El Infiernito tomó rehenes a diez guardias para exigir el retorno de sus cabecillas a esa cárcel.
El cambio de celda estaba listo pero una orden judicial impidió el traslado del principal líder de la pandilla, Aldo Dupié Ochoa Mejía (alias, El Lobo), a Matamoros y obligó al SP a internarlo en el Sector 11 del Preventivo. Fue un recurso de exhibición personal, que le permitió a Ochoa reunirse por 24 horas con los jefes secundarios del Barrio 18. Boteo dice que la reunión quizá fue clave para coordinar las extorsiones al transporte colectivo en las vísperas de su reanudación por fases.
La crisis de rehenes en El Infiernito acabó el 1 de septiembre, horas antes de que el Mingob logró impugnar la orden judicial y mover a Ochoa a Matamoros. El 3 de septiembre otro grupo del Barrio 18 en el Sector 11 del Preventivo —de donde recién habían sacado a Ochoa— tomó rehenes a otros cuatro guardias. Decía que peligraba la vida de miembros de la pandilla en Pavón, y exigía el traslado de todos los cabecillas a Fraijanes II, pero depuso las medidas un día después, sin resultados.
El 15 de septiembre la prensa divulgó el asesinato de un pandillero en Pavón. El SP y Dipanda decían que no era ninguno de los trasladados desde Escuintla, que en esa cárcel sólo había imitadores, y exmiembros de Barrio 18 y MS en recintos separados. Horas después, el entonces ministro de Gobernación, Oliverio García Rodas, reaccionó con el anuncio de la construcción de dos cárceles nuevas en 2021, con un presupuesto de 5,908 millones de quetzales, un espacio para 1,920 internos que reduciría el hacinamiento. En la práctica, reduciría la sobrepoblación del 400% al 370%, sin contar que en 2021 habrá más internos que los 25,840 que había en octubre.
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Los imitadores ganaron terreno
Para entonces, el control de las cárceles era más elusivo de cuanto admitían las autoridades. En la última semana de septiembre, el dueño de una flotilla de taxis reveló desde el anonimato que nunca dejó de pagar 125 quetzales por taxi, por semana, a la esposa de uno de los líderes de Barrio 18 trasladados a la capital—los mismos que, según el Mingob, estaban incomunicados.
Sin embargo, Boteo afirma que los líderes de las pandillas ordenaron cesar las extorsiones desde que comenzó la pandemia en marzo, hasta que volviera a funcionar el transporte colectivo. Además, explica que si las extorsiones aumentaron, es porque los casos de los imitadores subieron del 80% al 90%, mientras que los de las pandillas bajaron del 20% al 10%.
«Las llamadas de los imitadores se fueron al alza, como un globo, por la anarquía en las cárceles», agrega. El jefe de Dipanda dice que los internos extorsionistas (incluidos los pandilleros) tuvieron acceso a teléfonos celulares por medio de las encomiendas, cuando no hubo visitas entre marzo y octubre. No obstante, el portavoz del SP, Carlos Morales, afirmó en septiembre que revisaban todos los paquetes. A., el guardia penitenciario, escucha eso y se ríe. Añade que algunos guardias facilitan el contrabando de celulares.
Para septiembre, la tasa de extorsiones de 81.6 (por cada 100 mil habitantes) era inferior a la de diciembre de 2019, según el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), que analizó cifras de la PNC. Había menos extorsiones (9,579) en relación con el mismo período del año pasado (10,487), pero el número mensual no bajó de mil, en parte por la reanudación de las visitas a las cárceles el 28 octubre (acceso a más celulares), y la reanudación parcial del transporte público, ya accesible a los extorsionistas.
El CIEN reporta que, según la Encuesta Nacional de Percepción y Victimización (Enpevi) de 2018, el 60% de las víctimas eran personas en sus residencias; el 30% eran comerciantes, y el 6%, transportistas, aunque Dipanda y el MP afirman que el principal grupo de denunciantes son transportistas, seguidos de comerciantes. La Enpevi también indica que sólo una de cada tres extorsiones es denunciada.
Ningún funcionario del SP habló del acceso de los internos a celulares para hacer llamadas extorsivas. El vocero no respondió siete solicitudes de una entrevista, entre octubre y noviembre, y el 12 de noviembre, el entonces viceministro Gendri Reyes (luego ascendido a ministro de Gobernación) tampoco respondió a una petición de entrevista enviada por mensaje de texto.
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El aumento de la pena no reduce el control en la calle
Para diciembre, el Congreso cerró actividades sin discutir ni aprobar la iniciativa de ley para designar a las maras y pandillas como grupos terroristas, llevada al pleno en septiembre con el voto favorable de tres comisiones. La iniciativa contempla penas de cárcel de 10 a 30 años que contribuirían a hacinar más las cárceles. Los extorsionistas permanecerían más tiempo tras las rejas, aunque muchos ya cumplen prolongadas condenas de cárcel, que no han detenido las extorsiones.
«El incremento de penas sólo fortalece el control que, desde la cárcel, estos grupos tienen en la calle», dice José Miguel Cruz, académico salvadoreño experto en el análisis de las pandillas. «Al negarles la posibilidad de rehabilitación, no tienen nada que perder más que seguir generando dinero que les beneficie a través de las extorsiones». Ochoa, alias «El Lobo», por ejemplo, está condenado a 1,670 años de cárcel. La ley impide un encarcelamiento mayor a 50 años, pero posiblemente permanecerá el resto de su vida en prisión por la comisión de múltiples delitos.
Boteo está convencido de que la complejidad de las extorsiones y sus implicaciones requieren un esfuerzo interinstitucional. Carmen Aída Ibarra, activista del Movimiento Pro-Justicia, agrega que necesitan un enfoque integral. «No se trata sólo de construir más cárceles», dice. Ibarra habla de un proceso a largo plazo, con un presupuesto que permita implementar a plenitud la Ley Orgánica del Régimen Penitenciario, para abordar los problemas actuales del SP.
Policía y guardias penitenciarios: una relación tensa
«El Sistema Penitenciario no puede tomar decisiones que tengan un impacto en el tratamiento de la población reclusa sin la participación de otros miembros del sistema de justicia», advierte la activista. De lo contrario, el Mingob seguirá enfrentando obstáculos para el traslado o aislamiento de los extorsionistas.
En julio y agosto, las autoridades encontraron ocho celulares en el Preventivo. El 5 de septiembre, un día después de la toma de rehenes y una exhaustiva requisa en Sector 11, agentes de la PNC sorprendieron a un guardia con 8 mil quetzales, según A, el guardia que narró cómo ingresan los teléfonos a las prisiones.
El guardia sorprendido confesó que un pandillero le pagó esa suma para que le consiguiera un celular. No era una cantidad despreciable considerando que un guardia gana 5,800 quetzales al mes (menos los descuentos de ley). Según A., el guardia les entregó a los policías el celular y el dinero para que no lo capturaran.
Pero el celular no apareció. En septiembre, el Mingob no reporta celulares incautados en el Preventivo, y Boteo señala que nunca escuchó del caso que menciona A. El jefe policial agrega que la relación con los guardias penitenciarios es tensa.
«[Los guardias] nos ven como enemigos porque les hemos quitado sus negocios», dice Boteo. «Hemos consignado guardias por ingresar [objetos] ilícitos en la cárcel».
En los primeros siete meses de la pandemia, las autoridades incautaron 15 celulares en Cantel, antes que trasladaran a los seis expandilleros. Para octubre, Quetzaltenango era el tercer departamento con más extorsiones del país, después de Guatemala y Escuintla, según el MP. Diálogos registró que tenía la novena tasa departamental interanual más alta de extorsiones. Esos departamentos, Jalapa y Retalhuleu, son los cinco con más denuncias, según un informe del CIEN de noviembre pasado y la PNC.
Pese a la reducción de casos en 2020, a nivel nacional, hubo un promedio mínimo de una extorsión cada hora, según datos de la PNC y el MP. «Con la pandemia, [la extorsión] bajó, pero sólo consiguen teléfonos [los extorsionistas] y empiezan a trabajar, y si no controlamos esto, va a subir como antes», dice el investigador de la fiscalía en Quetzaltenango, donde el traslado de pandilleros en noviembre elevó los casos. «Lo de las requisas no sirve, porque les quita diez teléfonos [a los internos] y meten 20», agrega. «Es la verdad; hay que decirlo».
Boteo coincide, incluso un día después que la PNC capturó a Edgar Amílcar Estrada, alias El Choper, jefe de Crazy Rich, una de las más importantes clicas de Barrio 18. Las autoridades lo sorprendieron el 30 de diciembre en el condominio Portal de San Isidro III, en la zona 16 capitalina, donde el precio base por casa es de 697 mil quetzales, y donde Estrada vivía a costa del dinero de las extorsiones. La captura era un déjà vu. Hace tres meses, capturaron al jefe anterior de la misma clica, Melvin Ventura Esquite, alias Smaily, en otro condominio de lujo, pero en Mixco. Ambos recibían ordenes desde la cárcel para delinquir, y acabaron en las mismas cárceles donde el SP no logra incomunicar a los extorsionistas.
«Causa frustración», dice el jefe policial, porque se reconoce en un círculo vicioso, pese a las incautaciones de celulares y de información que permiten las requisas. «Es ilógico estar yendo a cada rato [a catear las cárceles] y saber que siguen llamando desde adentro», admite.
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