En 2015 el ingreso de divisas por exportaciones, uno de los sectores más privilegiados en Guatemala, registró una caída de 0.5 % (52 millones de dólares estadounidenses menos que en 2014). Y según los pronósticos del Banco de Guatemala, la caída de los precios internacionales de los productos que exportamos continuará en 2016. En contraste, las remesas que envían los migrantes, expulsados de Guatemala por la situación de pobreza y marginación, en 2015 crecieron 13.4 % (741 millones de dólares más que en 2014) y a enero de 2016 se incrementaron 18.3 %. Y los pronósticos del Banco de Guatemala apuntan a un crecimiento de 8.5 % (534 millones de dólares más que en 2015) al final de 2016.
Al mismo tiempo, el Gobierno de Guatemala está aplicando medidas de austeridad, lo que implica contener el gasto público en salud y educación y, con ello, continuar exportando (expulsando) migrantes. Y es que no se debe olvidar que las personas se ven obligadas a migrar porque en Guatemala no encuentran empleo y no pueden acceder a servicios de educación y salud, entre otros, algo que, según la Constitución, es obligación del Gobierno.
Esta situación refleja no solo cuán injusto es el modelo económico que prevalece en Guatemala, sino también que es insostenible. Nótese que este modelo ni siquiera resulta beneficioso para los exportadores, los privilegiados en esta historia, quienes, a pesar de haber logrado vender más el año pasado, terminaron ganando menos ante una caída de los precios internacionales. Y lo que es peor, quieren remendar el asunto pagando menos impuestos (maquilas) y reduciendo los salarios de sus trabajadores ya de por sí bajos: su ministra de Trabajo ya anunció la intención de volver a insistir en los salarios diferenciados, pese a reiterados señalamientos de violaciones a los derechos humanos de los trabajadores que todavía no han optado por migrar.
Estos datos deberían forzarnos a reflexionar en la necesidad de un modelo de desarrollo que anteponga a quienes están en riesgo de migrar, y no a los sectores tradicionalmente privilegiados, que continúan siendo promocionados como los motores del desarrollo económico, particularmente a las cada vez menos rentables exportaciones. En tanto continuemos creyendo ciegamente en el modelo económico tradicional, Guatemala continuará sufriendo un deterioro social que se traduce en más pobreza, desempleo, desigualdad y violencia, pero sobre todo seguirá expulsando lo más valioso: sus jóvenes.
El Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte se nos está ofreciendo como una oportunidad para lograr frenar esta migración vía una mejora en las condiciones económicas y sociales. Sin embargo, su sesgo proempresarial presenta el peligro de relegar dicha mejora a un placebo propagandístico que no resolverá la crisis, con lo cual se desperdiciará una oportunidad más de lograr el cambio en las relaciones económicas y sociales que realmente necesita Guatemala.
Me pregunto si este plan podrá rescatarse y si puede evitarse que solo sea otro show inútil para mantener el statu quo. Las reuniones como la recientemente celebrada con el vicepresidente Biden deberían aprovecharse como un espacio para empezar el proceso de cambio: darle prioridad al enfoque de derechos y abandonar el sesgo proempresarial. ¿El presidente Morales estará representándonos en esas reuniones atendiendo a esta urgencia de cambio, al servicio de los más necesitados y en riesgo de engrosar las estadísticas de los migrantes, o como actor servil del poder económico tradicional?
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